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PULPO POLÍTICO

“De tin marín de do pingüe…”

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Se omitió la presencia del Poder Judicial en uno de los actos republicanos más importantes del país * En el marco de la elección judicial, tres ministras, afines al partido en el poder, hacen acto de presencia en el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política en lugar de la ministra presidenta Norma Piña Hernández

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El choque entre los Poderes Ejecutivo y Judicial -iniciado e impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador- continúa con el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que quedó de manifiesto el pasado 5 de febrero, al conmemorar en Queretaro el 108 aniversario de la promulgación de la Carta Magna.

Y es que, por primera vez en la historia de uno de los actos republicanos más importantes de la nación, se omitió y negó la presencia del Poder Judicial.

En lugar de estar representado el Poder Judicial por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, acudieron al acto las tres ministras alineadas al partido en el poder: Yasmín Esquivel Mossa, quien causó revuelo en su momento al ser señalada de plagiar su tesis profesional.

Lenia Batres Guadarrama, “la ministra del pueblo”, cuya capacidad ha sido ampliamente cuestionada y quien también causó escándalo con un video que se hizo viral en redes sociales.

Loretta Ortiz, quien se autodefine como fundadora de Morena, y que además se han valido y aprovechado de distintos espacios en medios y foros para promover su imagen de cara a la elección judicial, aunque la reforma no permite precampañas.

En este acto quedó en entredicho el texto constitucional, que en su Artículo 41 a la letra dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la ciudad de México, en lo que toca sus regímenes en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningun caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”.

 

VICIADO DE ORIGEN

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Senado de la República suplir en sus funciones al Comité de Evaluación del Poder Judicial para integrar la lista de candidatos del PJF que aparecerán en las boletas para la elección del próximo 1 de junio, se desprenden varios hechos que vician de origen lo que será la primera elección del Poder Judicial:

1.- El fallo del TEPJF es violatorio al de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- El proceso se realizó por sorteo, por tómbola, como si se tratara de un juego de feria de pueblo, al famoso “de tin marín de do pingüe”.

3.- El sorteo se realizó con la presencia únicamente de senadores de Morena, la oposición se negó, todo lo cual implica que se incurrió en violaciones que influyeron en la equidad de la contienda electoral.

Respecto al sorteo llevado a cabo en la Cámara de

Senadores, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) señaló: “La llamada reforma judicial no puede ser tan importante como para destruir el orden constitucional, minar la función de protección de los derechos humanos, del amparo, llevar a un enfrentamiento de poderes políticos y, sobre todo, minar el acceso a la justicia y sus garantías como la independencia judicial”.

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) calificaron el fallo del TEPJF como mera simulación.

“No vamos a validar esa farsa, es una farsa desde que inició. Han destruido al Poder Judicial”.

Recordemos que esta reforma judicial es una iniciativa, para muchos más bien “capricho”, de López Obrador que presentó en febrero de 2024 para elegir a jueces, magistrados y ministros en las urnas por voto popular.

La regresiva iniciativa ha estado plagada de irregularidades, ya con mayoría calificada en el Congreso: Primeramente, se aprobó en octubre de 2024 en la Cámara de Diputados y en el Senado, con métodos gansteriles para lograr los votos de los Yunes, ampliamente cuestionados, al tiempo que se aprobó la llamada “supremacía constitucional” para dejar al Poder Judicial actual sin herramientas legales para echar abajo la polémica reforma judicial.

Como bien lo dijo Gerardo Fernández Noroña, esta reforma “ni dios padre la detiene”, haciendo eco a la posición presidencial de que “la refroma va porque va”, y también es una manera de emular a su antecesor, maestro y guía, “porque lo digo yo”, con el arguemnto que es un “mandato” del pueblo de México.

Haber ganado con el apoyo popular de casi 36 millones de mexicanos no da derecho a legisladores morenistas y a Sheinbaum Pardo a interpretar que las reformas regresivas de AMLO eran un “anhelo del pueblo”.

Pero “Cosumatum est”, ya quedaron formalmente integradas las listas de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los perfiles más “idóneos” para continuar el camino a la elección judicial que se concretará el primer domingo de junio de 2025.

 

COSTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

Si lo que se pretendía con la reforma judicial era democratizar ese poder y evitar la corrupción, por la forma en que el proceso se ha llevado a cabo, todo indica que el resultado sea todo lo contario.

Además, los costos políticos y económicos para el país y para la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum todavía están por evaluarse y verse.

Hasta el momento su costo económico será muy similar al de las elecciones presidenciales de 2024, pero con muchos vicios acumulados, que muestran que los ciudadanos que acudan a la elección sólo tendrán de una sopa: Los candidatos casi en su tottalidad están alineados con el partido en el poder y los votos por vez primera no serán contados por los propios ciudadanos.

Falta lo más importante: Observar y atestiguar cómo reaccionarán los mercados, las inversiones nacional y extranjera, en el supuesto caso de ver amenazada su inversión por falta de seguridad y garantía jurídica, lo mismo que saber cómo repercutirá en la revisión y el futuro del T-MEC.

Cuando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ignoran, la justicia se politiza, las instituciones se fracturan y el país se encamina hacia la incertidumbre.

Estamos viendo cómo el equilibrio de poderes se tambalea ante nuestros ojos.

 

RUPTURA ENTRE PODERES

El Poder Judicial, en las democracias contemporáneas, como la mexicana, tiene la función de ser un mecanismo de control constitucional, y también puede cuestionar si una modificación de cualquier ley viola o no los derechos humanos o los derechos civiles fundamentales.

Es del dominio público que la reforma judicial ha ocasionado una ruptura entre poderes. Nadie ha negado la necesidad de reformar al Poder Judicial, pero para hacerlo más eficiente en la impartición de justicia, para combatir los núcleos de corrupción que existen en algunos juzgados y tribunales, y para acabar con el nepotismo al interior del mismo, el aspecto más polémico de la reforma es la elección de jueces, magistrados y ministros.

Por el lado oficial se afirma que con ello se “democratizará” el Poder Judicial, y por otro lado los mismos protagonistas del Poder Judicial, especialistas en derecho y escuelas de derecho (valga la redundancia), consideran que con ello se politiza ese poder, se involucran intereses políticos, partidistas y de grupos de la delincuencia organizada que pueden cooptar los procesos de la elección judicial.

Por lo antes expuesto, consideran que la reforma es un golpe directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Es un salto al abismo, un ensayo muy peligroso.

Ningún país del mundo elige a todos sus jueces cual si fueran representantes populares. En Estados Unidos sólo se eligen jueces estatales o locales, pero es producto de una tradición que nació con su auténtico federalismo hace más de doscientos años.

Nadie está en desacuerdo con realizar una reforma integral a la justicia que debe abarcar, en primer término, el sistema de procuración y administración de justicia que depende del Poder Ejecutivo y que debe incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales, así como el papel muy importante que juega el Ministerio Público, que por definición es un organismo público, tiene la representación de los intereses sociales.

Si se logra una reforma integral se logrará combatir la impunidad y hacer válida la misión de la ley penal: Garantizar la paz, convivencia y la armonía social; prevenir y combatir la aparición de conductas delictivas, así como proteger los bienes jurídicos fundamentales.

Es de sabios rectificar. Vale la pena que la Presidenta Sheinbaum actúe con sensatez, mesura y patriotismo. Que haga a un lado las venganzas políticas y caprichos de su jefe y mentor para poner en marcha una auténtica reforma integral de la justicia.

Hay la esperanza de que la doctora Sheinbaum actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.

En un nuevo ambiente plural, participativo y democrático, su gobierno debe abocarse a planear, diseñar e implementar las reformas que requiere México para iniciar una auténtica transformación que ubique a nuestro país como una de las diez economías más importantes del mundo.

Un gobierno que genere mejores condiciones de vida para la totalidad del pueblo de México, que incluya a los más pobres, a las clases medias y medias altas.

Debe poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, políticas energética y alimentaria, entre otros. Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida.

 

*** Académico y consultor.

PULPO POLÍTICO

Bienestar para Azcapotzalco, mi prioridad: Nancy Núñez

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La alcaldesa es un valioso activo de la Cuarta Transformación * Núñez Reséndiz ha mostrado y demostrado con grandes resultados una nueva forma de gobernar, con una visión progresista, participativa y con un enfoque comunitario

 

MARKOFLOS

 

En esta su revista política IMPACTO, hemos sido críticos del oficialismo, lo mismo de algunos de sus personajes, como de algunas acciones o políticas públicas que se han puesto en marcha por políticos de los gobiernos de la Cuarta Transformación, de todos los niveles, desde el Poder Ejecutivo federal, como del Poder Legislativo, así como de gobernadores y alcaldes de todo el país.

Hemos dicho que, por sus resultados y acciones, muchos políticos le han dado desprestigio al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Es del dominio público que hay muchos personajes que le han hecho mucho daño al gobierno transformador, como Cuauhtémoc Blanco Bravo, Félix Salgado Macedonio, Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Ovalle, Layda Sansores y Manuel Bartlett Díaz, por sólo mencionar los más célebres. Sin embargo, también reconocemos a militantes, y políticos de menor nivel que le dan sustento y legitimidad al partido en el poder.

Es el caso de la alcaldesa de Azcapotzalco de la Ciudad de México, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, quien a principios de este año apareció en encuestas de algunos medios especializados en CDMX con el porcentaje de mayor aceptación y reconocimiento por los ciudadanos de la capital del país con un 65.4 por ciento, seguida por Iztapalapa -con 62.9 por ciento- y por la Cuauhtémoc, con 55.5 por ciento.

Estas cifras resultan razonables si se conocen las cualidades políticas de la alcaldesa: Resultados, cercanía con la gente, carisma, sencillez, experiencia política (desde abajo) y una probada convicción política de servicio.

En declaraciones recientes deja en claro su forma y estilo de gobernar: “Desde el primer día que asumí el gobierno de Azcapotzalco, tuve claro que quería hacer las cosas de forma distinta. Mi filosofía es simple: Más territorio, menos escritorio”.

Señala también que antes las decisiones se tomaban sin conocer la realidad de las colonias y que su gobierno tendrá cercanía con la ciudadanía.

“Decidí dejar atrás ese modelo de gobernar desde el escritorio, donde las decisiones se tomaban sin conocer la realidad de las colonias. Hoy recorremos casa por casa, colonia por colonia, barrios, pueblos y unidades habitacionales, para escuchar, atender y resolver”, añade.

Recalca que los funcionarios no pueden ser figuras lejanas o distantes del pueblo.

“Las autoridades no podemos ser figuras lejanas. Yo soy una alcaldesa cercana, que da la cara, que está presente y que construye comunidad”, agrega.

 

SEMBLANZA

Nancy Marlene Núñez Reséndiz, es comunicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 2021 fue electa diputada del Congreso de la CDMX por el distrito III de Azcapotzalco, luego de haber realizado durante años trabajos y acciones en favor de su comunidad.

En 2022 Núñez fue la primera candidata en hacer públicas sus intenciones de competir por la titularidad de la misma alcaldía.

En 2024 logró la candidatura por Morena para la alcaldía y en los comicios generales obtuvo el 51.92% de los votos, quince puntos sobre el porcentaje obtenido por la entonces alcaldesa titular y candidata panista a la reelección Margarita Saldaña, quien se quedó atrás con el 36.76 por ciento de los votos.

 

GRANDES RESULTADOS EN SEGURIDAD

La alcaldesa Nancy Núñez presentó un balance de su gestión en seguridad pública, destacando avances tangibles en la reducción delictiva y la recuperación de espacios públicos. Las estrategias clave con impacto medible son:

a).- Operativo Frontera: que implica la colaboración con Naucalpan y Tlalnepantla para una vigilancia metropolitana.

b).- Inteligencia policial, que dio por resultado mil 750 denuncias ciudadanas procesadas mediante Asambleas de Construcción de la Paz, así como un sistema de georreferenciación de delitos en tiempo real.

c).- Coordinación con las autoridades federales y de la CDMX con despliegue permanente de la Guardia Nacional y Semar, así como acceso directo al sistema C5 de la Ciudad de México.

 

LOGROS DESTACABLES

Entre los principales logros en la alcaldía Azcapotzalco bajo la gestión de Núñez Reséndiz destacan los siguientes:

*** Desarticulación de 4 puntos de venta ilegal de hidrocarburos.
*** Reducción del 18 por ciento en robos a comercios (comparado con el año 2023).
*** Disminución del 12 por ciento en delitos patrimoniales.

*** Recuperación de nueve espacios públicos antes controlados por grupos antisociales.

Los grandes resultados no son mágicos, se logran a base de un trabajo titánico y todos los días, por algo la alcaldesa diariamente encabeza las Mesas de Construcción de la Paz.

“…Nos reunimos con la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, Juzgados Cívicos y la Fiscalía General. Desde ahí definimos estrategias como el Operativo Frontera, el seguimiento a la Patrulla Violeta, que atiende casos de violencia contra mujeres, y promovemos Asambleas de Construcción de la Paz en colonias con mayores niveles de incidencia delictiva”, expresa Nancy Núñez.

“Estamos transformando a Azcapotzalco con acciones, no con discursos”, afirma la alcaldesa durante la presentación del informe de seguridad en el Centro de Mando y Control, donde demostró el funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia con reconocimiento facial.

Asimismo, en pro del pueblo de Azcapotzalco, anunció la implementación de las siguientes medidas:

Escuadrón Vecinal: Capacitación a 300 líderes comunitarios en prevención.

Centros de Justicia Cercana: Atención jurídica y psicológica a víctimas.

Expansión tecnológica: Ciento cincuenta nuevas cámaras con analítica de comportamiento.

 

‘BIENESTAR EN LA COMUNIDAD, EJE DE MI GOBIERNO’

Es innegable que la seguridad de las mujeres es una prioridad en la administración de Núñez Reséndiz.

“La seguridad se construye con participación ciudadana y herramientas modernas”, dice la alcaldesa al anunciar que replicarán el modelo de Mesas de Construcción de la Paz en las 58 colonias de la demarcación

“Como mujer feminista, para mí es fundamental garantizar espacios seguros para todas. La seguridad de las mujeres no es un tema secundario: es una prioridad que atraviesa todo nuestro gobierno”, añade.

La alcaldesa Nancy Marlene Núñez Reséndiz ha subrayado que “el eje de mi gobierno es el bienestar en tu comunidad. Y eso se traduce en atender las necesidades más sentidas: Mejorar el alumbrado, podar árboles, reparar baches, desazolvar, pintar cruces peatonales, fortalecer la seguridad. Pero también en ir más allá, en transformar los espacios públicos y generar condiciones reales para el desarrollo social”.

Enfatiza que una de sus metas es Azcapotzalco es tener espacios seguros, dignos y bien cuidados.

“Pusimos en marcha la estrategia de Parques y Espacios Bienestar, con la que hemos intervenido desde áreas verdes al interior de las colonias hasta grandes pulmones como el Parque Tezozómoc, la Alameda Norte y el Parque Azcatl Paqui.

“Queremos que todas y todos tengan acceso a espacios seguros, cuidados y dignos.

“Estoy convencida de que el mejor camino para transformar Azcapotzalco es trabajar desde abajo, con las y los vecinos, fortaleciendo la comunidad y entregando resultados”, agrega.

Reitera Nancy Marlene Núñez que un sello en su administración será hacer a un lado el escritorio.

“Por eso no nos separamos del territorio. Así gobernamos y así vamos a seguir: Con cercanía, con compromiso y con el corazón bien puesto en cada rincón de nuestra alcaldía”, enfatiza la alcaldesa.

Ante estas acciones, anote usted a Nancy Marlene Núñez Reséndiz como un valioso activo de la 4-T.

Sería deseable que más políticos del gobierno transformador tuvieran un perfil semejante, dado que la mayoría de los mexicanos ha depositado su confianza en ese proyecto político.

Núñez Reséndiz ha mostrado una nueva forma de gobernar en Azcapotzalco, con una visión progresista, participativa y con enfoque comunitario. ¡Enhorabuena por la Ciudad de México y por México!

 

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PULPO POLÍTICO

Continúan las pesquisas

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Capacidad y honestidad de Bertha Alcalde al frente de la FGJCDMX * Evelia Cruz González, una fiscal ejemplar en la alcaldía Azcapotzalco * Un equipo femenino que muestra coordinación para la impartición de justicia e investigación de casos como el asalto que sufrió esta Casa Editorial

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Desde hace décadas en materia de la administración e impartición de justicia, los gobiernos de todos los colores partidistas han quedado a deber a los mexicanos.

El diagnóstico está muy claro: En materia de administración de justicia, la importancia de las fiscalías es fundamental para combatir la impunidad, la violencia, la corrupción, la delincuencia, el crimen organizado y toda clase de delitos.

Las fiscalías de la mano del Ministerio Público tienen la responsabilidad de realizar las investigaciones e integrar expedientes o carpetas debidamente integradas y fundamentadas como primera condición, para dar paso a la debida impartición de justicia que corresponde al Poder Judicial. Sólo así se evitará “la puerta giratoria” para los delincuentes.

Para cumplir con ese propósito, en 2014 se reformó el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear una Fiscalía General autónoma que reemplazó a la anterior Procuraduría General de la República (PGR) y a partir de 2017 este esquema se replicó en todas las entidades federativas del país.

En 2018 se nombró al primer fiscal General de la República y en paralelo se nombro a la primera fiscal de la entidad más grande e importante del país, la CDMX.

Esto representó un gran paso para mejorar la justicia y cumplir con su premisa de combatir la impunidad.

En enero de 2025 fue nombrada la segunda titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y con su nombramiento se abre una nueva ruta en la búsqueda de contar con una “#FISCALÍA QUE SIRVA A MÉXICO”, con mayor independencia y autonomía, con perfil idóneo por experiencia y preparación para el cargo y por eficacia en sus resultados.

Es el caso de Bertha Alcalde Luján, licenciada en derecho con mención honorífica por la UNAM, maestra en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York y cuenta con una destacada trayectoria en el servicio público y el ámbito jurídico, especialmente en el área penal.

Ha ejercido como abogada litigante, docente en el Consejo de la Judicatura Federal y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), así como asesora de diversas instituciones en la reforma del Sistema de Justicia Penal.

En su experiencia como servidora pública ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan: Abogada general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comisionada de operación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y, más recientemente, directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el servicio público destaca su participación en el diseño institucional de la Guardia Nacional, la creación del Registro Nacional de Detenidos, la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el combate a la corrupción y la ejecución de programas contra medicamentos falsificados y clínicas clandestinas.

La plataforma de trabajo de Bertha Alcalde para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que está cumpliendo al pie de la letra, se enfoca en las siguientes prioridades: Ofrecer una atención de calidad que acerque la institución a la ciudadanía; fortalecer el servicio profesional de carrera; mejorar los procesos de investigación de los delitos; optimizar la atención a víctimas y grupos prioritarios; combatir los delitos relacionados con violencia de género; eficientar el uso de tecnologías de la información para ampliar los canales y modalidades de denuncia, así como reducir el rezago en la atención de casos e implementar mecanismos de evaluación del desempeño de las y los servidores públicos.

El nombramiento de Bertha María Alcalde fue cuestionado por el Consejo Judicial Ciudadano, el órgano encargado de evaluar a los aspirantes a la Fiscalía, sobre el posible conflicto de interés que entrañan los lazos de su familia con Morena.

Sin embargo, fue la propia fiscal quien defendió su trayectoria y su especialización en derecho penal, y puso en segundo plano la importancia de su apellido.

“Mi hermana (presidenta del partido Morena), mi madre (excolaboradora de Andrés Manuel López Obrador), tienen un vínculo clarísimo con el partido en el poder, pero me parece que el hecho de tener lazos familiares con personas en el partido no me descalifica como candidata”, expresó como argumento en defensa de sus aspiraciones para llegar a la FGJCDMX.

Su madre, Bertha Luján, y su padre, Arturo Alcalde, podrían decir con gran autenticidad que la fiscal es “orgullo de su nepotismo”, ya que su nombramiento no contraviene ningún precepto legal, por el contrario, pasó todos los filtros y pruebas para demostrar su brillante trayectoria, que reúne experiencia, capacidad y honestidad para el cargo.

Ojalá que otros nombramientos que denotan algún rasgo de “nepotismo” tuvieran el perfil idóneo que amerita el cargo, como en este caso.

Como ya es del dominio público, su revista política IMPACTO en días pasados sufrió el embate de la delincuencia organizada, cuyas instalaciones fueron allanadas y asaltadas por un grupo de vándalos.

Esta Casa Editorial expresa su reconocimiento y agradece la atención que ha prestado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para las investigaciones del caso y dar con los presuntos responsables.

Las pesquisas siguen para esclarecer los hechos delictivos.

En mancuerna con la licenciada Evelia Cruz González, la fiscal de la alcaldía Azcapotzalco, otra joven que reúne preparación y experiencia, llevan a cabo una labor profesional y ejemplar en las indagaciones.

Es innegable que el equipo formado por Bertha Alcalde y Evelia Cruz es una muestra clara de coordinación entre mujeres y un dúo eficaz en el servicio público.

¡Enhorabuena!, porque ojalá existan más “FISCALÍAS QUE SIRVAN A MÉXICO”, con personas preparadas, capaces y experimentadas, con vocación de servicio y eficacia en resultados, para combatir la impunidad, la violencia y la delincuencia.

Alcanzar la justicia y el combate a la impunidad es un anhelo de millones de mexicanos, y el trabajo impecable de Alcalde y Cruz va por esa ruta.

 

***Académico y consultor.

 

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PULPO POLÍTICO

Fin de la democracia, consummatum est

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Desaparición de organismos autónomos, el golpe traidor * El Estado Mexicano regresó a la opacidad, a ser juez y parte -como ocurría en los años 70s- en los procesos de transparencia, evaluación, auditoría, avances, alcances y calificación de la actividad gubernamental

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Una sociedad informada es libre y democrática, una sociedad que no lo está es controlada y manipulada.

Especialistas en administración pública, académicos, juristas y constitucionalistas han señalado que la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, o su incorporación a las dependencias del Poder Ejecutivo, es “un retroceso para la democracia en nuestro país”, debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado.

Se pierden contrapesos de órganos separados del gobierno, que garantizaban derechos fundamentales de los ciudadanos, la transparencia en el gasto y la gestión pública, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la regulación de precios y balances en el mercado de la energía y las telecomunicaciones.

Todo indica que el Estado Mexicano regresó a la opacidad, a ser juez y parte -como ocurría en los años 70s- en los procesos de transparencia, evaluación, auditoría, avances, alcances y calificación de la actividad gubernamental.

La transformación hizo a un lado a los organismos que habían construido, reglas claras, estipulaciones y parámetros con base a análisis, estudios, investigaciones, evaluaciones internas y foráneas que permitían a cualquier ciudadano contar con herramientas e instituciones para saber si realmente se hace lo adecuado o no en las decisiones del país.

La fortaleza del liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha alcanzado para trascender, más allá de su sexenio, en todas las iniciativas de ley, ocurrencias y hasta caprichos personales, que no pudo concretar por la falta de quórum legislativo para cambios constitucionales.

En febrero de 2024, dio a conocer un paquete de 20 iniciativas de ley que turnaría al Legislativo. El segundo piso de la transformación ha dado puntual cumplimiento a los proyectos que dejó pendientes el anterior gobierno.

Los más polémicos, cuestionados y “regresivos”: La reforma judicial, la reforma electoral y la desaparición de los organismos autónomos.

En enero de 2021 fue la primera vez que el presidente López Obrador (así lo sigue llamando la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo) hizo pública la intención de desaparecer los organismos autónomos, pues al parecer le estorbaban en su afán controlador del poder.

Sus argumentos fueron que existían actos de corrupción y despilfarro al interior de casi todos los organismos autónomos constitucionales: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu); Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En días pasados se consumó la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI.

La reforma establece que sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (la antigua Secretaría de la Función Pública).

Con ello se elimina todo el sistema nacional y los sistemas locales de transparencia y protección de datos.

Se ha reiterado que esta reforma implica una merma para el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Al eliminar al INAI, además, se pierde la legitimidad activa que el ciudadano tenía para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones que atentasen contra los derechos en cuestión, facultad misma que fungía como un mecanismo abstracto de constitucionalidad y en última instancia, como mecanismo de contrapeso entre los Poderes.

Se afecta la facultad de toda persona de acceder a la verdad, la transparencia y rendición de cuentas. Así, se han realizado reformas en cada organismo, a pesar de la necesidad de contar con organismos autónomos y técnicamente especializados.

En el caso de la eliminación del IFT se puso de manifiesto que esto se contraponía al T-MEC, en el cual se estableció que lo referente al ámbito de las telecomunicaciones debe ser regulado por un autónomo, no solo con personalidad jurídica, sino con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión. Derivado de ello, el IFT se convirtió en una especie de “Frankestein”. “El IFT dividió sus funciones en tres instituciones. Una de ellas, la más técnica, quedará adscrita a la Agencia Digital, otra quedará como un organismo descentralizado que estará sectorizado a la Secretaría de Economía (…) y el otro organismo dependerá de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual tendrá, entre sus competencias, la regulación de las radios comunitarias, entre otros temas”.

Respecto a la Cofece, tanto AMLO como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la culpan de haber frenado el crecimiento de las paraestatales del país.

“La Cofece se ha dedicado a parar a las empresas públicas (…). Las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente el sexenio de 2012 a 2018, vean lo que hicieron con Pemex y con la CFE”.

Coneval, que había logrado una perfección para la evaluación de programas sociales y para la medición de la pobreza, con estándares reconocidos internacionalmente, será un apéndice más del INEGI.

En materia educativa, primero se eliminó al INEE, con lo que se perdió la oportunidad de evaluar la calidad de todo el Sistema Educativo Nacional. Ahora, de un plumazo, también desaparece la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

 

CONSUMMATUM EST

Al parecer una gran parte de mexicanos, al menos 35 millones, está contenta con recibir dinero de los programas sociales -dádivas del gobierno de la 4T- y no le interesa conocer cuánto se gastó y a quién se le adjudicaron las grandes obras públicas.

No le interesa saber si se implementa un programa social cómo se está ejecutando, cuál es el padrón de beneficiarias y beneficiarios.

Estas funciones no deben ser realizadas por el mismo gobierno que las lleva a cabo, porque si hay un acto de corrupción o si la obra se ejecutó de manera inadecuada, o si no se garantizan las condiciones de igualdad en la política social, lo más seguro es que quienes implementan la medida no quieran revelar esa información.

En todo caso se requería fortalecer estos organismos, reformarlos para reducir su costo y volverlos más eficientes, pero no borrarlos.

Con su desaparición pierde la democracia en México, agregue usted que el Poder Judicial, el INE y el TEPJF están acotados, debilitados y vulnerados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que de facto son uno mismo.

Como dijera el exitoso cantante Marco Antonio Solís, “¿a dónde iremos a parar?”. La respuesta la tiene el gobierno transformador encabezado por Sheinbaum, en quien millones de mexicanos todavía depositan su esperanza por un México mejor y un buen estado de bienestar. Que así sea.

 

***Académico y consultor.

 

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