PULPO POLÍTICO
“De tin marín de do pingüe…”
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Hace 1 añoen
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Redacción
Se omitió la presencia del Poder Judicial en uno de los actos republicanos más importantes del país * En el marco de la elección judicial, tres ministras, afines al partido en el poder, hacen acto de presencia en el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política en lugar de la ministra presidenta Norma Piña Hernández
MARCO ANTONIO FLORES***
El choque entre los Poderes Ejecutivo y Judicial -iniciado e impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador- continúa con el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que quedó de manifiesto el pasado 5 de febrero, al conmemorar en Queretaro el 108 aniversario de la promulgación de la Carta Magna.
Y es que, por primera vez en la historia de uno de los actos republicanos más importantes de la nación, se omitió y negó la presencia del Poder Judicial.
En lugar de estar representado el Poder Judicial por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, acudieron al acto las tres ministras alineadas al partido en el poder: Yasmín Esquivel Mossa, quien causó revuelo en su momento al ser señalada de plagiar su tesis profesional.

Lenia Batres Guadarrama, “la ministra del pueblo”, cuya capacidad ha sido ampliamente cuestionada y quien también causó escándalo con un video que se hizo viral en redes sociales.

Loretta Ortiz, quien se autodefine como fundadora de Morena, y que además se han valido y aprovechado de distintos espacios en medios y foros para promover su imagen de cara a la elección judicial, aunque la reforma no permite precampañas.

En este acto quedó en entredicho el texto constitucional, que en su Artículo 41 a la letra dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la ciudad de México, en lo que toca sus regímenes en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningun caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”.

VICIADO DE ORIGEN
Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Senado de la República suplir en sus funciones al Comité de Evaluación del Poder Judicial para integrar la lista de candidatos del PJF que aparecerán en las boletas para la elección del próximo 1 de junio, se desprenden varios hechos que vician de origen lo que será la primera elección del Poder Judicial:
1.- El fallo del TEPJF es violatorio al de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.- El proceso se realizó por sorteo, por tómbola, como si se tratara de un juego de feria de pueblo, al famoso “de tin marín de do pingüe”.

3.- El sorteo se realizó con la presencia únicamente de senadores de Morena, la oposición se negó, todo lo cual implica que se incurrió en violaciones que influyeron en la equidad de la contienda electoral.
Respecto al sorteo llevado a cabo en la Cámara de
Senadores, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) señaló: “La llamada reforma judicial no puede ser tan importante como para destruir el orden constitucional, minar la función de protección de los derechos humanos, del amparo, llevar a un enfrentamiento de poderes políticos y, sobre todo, minar el acceso a la justicia y sus garantías como la independencia judicial”.
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) calificaron el fallo del TEPJF como mera simulación.
“No vamos a validar esa farsa, es una farsa desde que inició. Han destruido al Poder Judicial”.
Recordemos que esta reforma judicial es una iniciativa, para muchos más bien “capricho”, de López Obrador que presentó en febrero de 2024 para elegir a jueces, magistrados y ministros en las urnas por voto popular.
La regresiva iniciativa ha estado plagada de irregularidades, ya con mayoría calificada en el Congreso: Primeramente, se aprobó en octubre de 2024 en la Cámara de Diputados y en el Senado, con métodos gansteriles para lograr los votos de los Yunes, ampliamente cuestionados, al tiempo que se aprobó la llamada “supremacía constitucional” para dejar al Poder Judicial actual sin herramientas legales para echar abajo la polémica reforma judicial.
Como bien lo dijo Gerardo Fernández Noroña, esta reforma “ni dios padre la detiene”, haciendo eco a la posición presidencial de que “la refroma va porque va”, y también es una manera de emular a su antecesor, maestro y guía, “porque lo digo yo”, con el arguemnto que es un “mandato” del pueblo de México.

Haber ganado con el apoyo popular de casi 36 millones de mexicanos no da derecho a legisladores morenistas y a Sheinbaum Pardo a interpretar que las reformas regresivas de AMLO eran un “anhelo del pueblo”.
Pero “Cosumatum est”, ya quedaron formalmente integradas las listas de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los perfiles más “idóneos” para continuar el camino a la elección judicial que se concretará el primer domingo de junio de 2025.
COSTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
Si lo que se pretendía con la reforma judicial era democratizar ese poder y evitar la corrupción, por la forma en que el proceso se ha llevado a cabo, todo indica que el resultado sea todo lo contario.
Además, los costos políticos y económicos para el país y para la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum todavía están por evaluarse y verse.
Hasta el momento su costo económico será muy similar al de las elecciones presidenciales de 2024, pero con muchos vicios acumulados, que muestran que los ciudadanos que acudan a la elección sólo tendrán de una sopa: Los candidatos casi en su tottalidad están alineados con el partido en el poder y los votos por vez primera no serán contados por los propios ciudadanos.
Falta lo más importante: Observar y atestiguar cómo reaccionarán los mercados, las inversiones nacional y extranjera, en el supuesto caso de ver amenazada su inversión por falta de seguridad y garantía jurídica, lo mismo que saber cómo repercutirá en la revisión y el futuro del T-MEC.
Cuando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ignoran, la justicia se politiza, las instituciones se fracturan y el país se encamina hacia la incertidumbre.
Estamos viendo cómo el equilibrio de poderes se tambalea ante nuestros ojos.
RUPTURA ENTRE PODERES
El Poder Judicial, en las democracias contemporáneas, como la mexicana, tiene la función de ser un mecanismo de control constitucional, y también puede cuestionar si una modificación de cualquier ley viola o no los derechos humanos o los derechos civiles fundamentales.
Es del dominio público que la reforma judicial ha ocasionado una ruptura entre poderes. Nadie ha negado la necesidad de reformar al Poder Judicial, pero para hacerlo más eficiente en la impartición de justicia, para combatir los núcleos de corrupción que existen en algunos juzgados y tribunales, y para acabar con el nepotismo al interior del mismo, el aspecto más polémico de la reforma es la elección de jueces, magistrados y ministros.
Por el lado oficial se afirma que con ello se “democratizará” el Poder Judicial, y por otro lado los mismos protagonistas del Poder Judicial, especialistas en derecho y escuelas de derecho (valga la redundancia), consideran que con ello se politiza ese poder, se involucran intereses políticos, partidistas y de grupos de la delincuencia organizada que pueden cooptar los procesos de la elección judicial.
Por lo antes expuesto, consideran que la reforma es un golpe directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Es un salto al abismo, un ensayo muy peligroso.
Ningún país del mundo elige a todos sus jueces cual si fueran representantes populares. En Estados Unidos sólo se eligen jueces estatales o locales, pero es producto de una tradición que nació con su auténtico federalismo hace más de doscientos años.
Nadie está en desacuerdo con realizar una reforma integral a la justicia que debe abarcar, en primer término, el sistema de procuración y administración de justicia que depende del Poder Ejecutivo y que debe incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales, así como el papel muy importante que juega el Ministerio Público, que por definición es un organismo público, tiene la representación de los intereses sociales.
Si se logra una reforma integral se logrará combatir la impunidad y hacer válida la misión de la ley penal: Garantizar la paz, convivencia y la armonía social; prevenir y combatir la aparición de conductas delictivas, así como proteger los bienes jurídicos fundamentales.
Es de sabios rectificar. Vale la pena que la Presidenta Sheinbaum actúe con sensatez, mesura y patriotismo. Que haga a un lado las venganzas políticas y caprichos de su jefe y mentor para poner en marcha una auténtica reforma integral de la justicia.

Hay la esperanza de que la doctora Sheinbaum actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.
En un nuevo ambiente plural, participativo y democrático, su gobierno debe abocarse a planear, diseñar e implementar las reformas que requiere México para iniciar una auténtica transformación que ubique a nuestro país como una de las diez economías más importantes del mundo.
Un gobierno que genere mejores condiciones de vida para la totalidad del pueblo de México, que incluya a los más pobres, a las clases medias y medias altas.
Debe poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, políticas energética y alimentaria, entre otros. Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida.
*** Académico y consultor.
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El Consejo General del INE resuelve el estatus formal de las organizaciones que buscan ser nuevos partidos políticos * Somos México afirma obtiene su registro, pero tendrá que cambiar de nombre, al igual que Construyendo Sociedad en Paz * Se les niega como fuerzas políticas a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia por irregularidades graves
MARCO ANTONIO FLORES***
Negar el registro a nuevas fuerzas políticas como “Somos México” sería un golpe a la democracia, la pluralidad y las libertades consagradas en nuestro régimen democrático constitucional hace más de cuatro décadas.
En las últimas semanas ha estado latente el temor de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudieran frenar o dilatar el registro del partido “Somos México”, dado que Morena recurrió a buscar todo tipo de pretextos para interponer recursos por diferentes motivos.
Entre otros, presuntas afiliaciones en sus filas de personas que ya militaban en su partido, o bien por acusar que estaban haciendo nombramientos en sus dirigencias de ministros de culto religioso, lo cual está prohibido por la ley.
Sin embargo, el TEPJF desechó recursos legales de Morena que buscaban invalidar las asambleas y afiliaciones de la organización. Con esto, Somos México logró acreditar los requisitos técnicos exigidos.
El Consejo General del INE celebró este jueves 25 de junio una sesión decisiva en la que resolvió el estatus formal de las organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos.
Un día antes de la resolución, Somos México aseguró que están a un paso de obtener su registro como partido político nacional, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó una impugnación presentada por Morena y validó las afiliaciones realizadas por el movimiento durante su proceso de conformación.

NACEN DOS NUEVOS PARTIDOS
El Consejo General del INE aprobó los registros de los ahora nuevos partidos Somos México, aunque tendrá que cambiar de nombre, y de Construyendo Sociedad de Paz, y niegan el registro por irregularidades graves a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.

Lo anterior luego de una discusión de varias horas, en donde las consejeras Frida Gómez, Norma Irene de la Cruz y Arturo Chávez argumentaron que por rebasar más del 20% de irregularidades en sus reportes de fiscalización y por inconsistencias en sus afiliaciones las dos últimas no podrían obtener su registro.
La presidenta Guadalupe Taddei aseguró que “la decisión que hoy nos corresponde no es política, no se decide aquí si una organización nos resulta cercana o lejana. Si compartimos o no sus planteamientos, ni se valoran simpatía, afinidades o expectativas electorales. El parámetro de nuestra decisión es uno solo, el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de las reglas que fueron conocidas por todas las organizaciones desde el inicio del proceso”.
Taddei Zavala subraya que “México necesita fuerzas, políticas que contribuyan a procesar las diferencias por la vía institucional, que escuchen a la ciudadanía, que privilegien el debate público informado y que actúen con responsabilidad frente a los desafíos del país. Esta es una exigencia para los partidos existentes y también para que el hoy, quienes hoy aspiran a integrarse a este sistema”.
SOMOS MÉXICO TENDRÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: AMADO AVENDAÑO
En entrevista con un diario nacional, Amado Avendaño, secretario de Comunicación de Somos México, afirma que la resolución representa el principal obstáculo superado dentro del proceso de registro y acusó a Morena de buscar impugnar afiliaciones que la organización había presentado como propias.
“Morena pretendía adjudicarse afiliaciones que son en realidad nuestras y que el Tribunal Electoral validó, tal cual como nuestras. Entonces, quedan en firme las asambleas y las afiliaciones que nosotros hicimos”, añade.

Al concretarse el registro en la sesión del 25 de junio, Somos México iniciaría actividades formales como partido político a partir del 1 de julio y podrá participar en las elecciones de 2027.
El dirigente destaca que la nueva fuerza política busca diferenciarse de los partidos tradicionales mediante mecanismos de participación ciudadana.
Entre sus principales propuestas menciona que los dirigentes partidistas no podrán convertirse en candidatos ni designar directamente a quienes compitan por cargos de elección popular.
Reitera que las candidaturas serán definidas mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía y que al menos una tercera parte de las postulaciones estaría reservada para personas menores de 35 años, para combatir las prácticas cupulares y permitir que sean los ciudadanos quienes decidan directamente a sus representantes.
“Lo que buscamos es refrescar un poco la política y que no sea cupular, que sea la gente la que decida y que asuma la responsabilidad de elegir a quienes quieren que estén en la boleta representándole”, agrega.
Amado niega que Somos México fragmente aún más el voto opositor, pues busca atraer principalmente a los ciudadanos que, actualmente, se abstienen de votar y existe un amplio sector de la población disgustado con la oferta política actual y podría impulsar una mayor participación electoral.
Afirma que la apuesta es ofrecer una opción política surgida de organizaciones ciudadanas y movimientos sociales, como el Frente Cívico Nacional y la denominada Marea Rosa, con una agenda enfocada en el ingreso de las familias, el acceso efectivo a la salud, la seguridad pública y el combate a la corrupción.
SOMOS MÉXICO, POR SER UNA AUTÉNTICA OPOSICIÓN
No hubo sorpresa por parte del TEPJF, el nuevo partido político Somos México obtuvo su registro esta misma semana y comenzará a funcionar como tal en el escenario político nacional.
Somos México podría convertirse en la nueva y auténtica oposición ante la poderosa maquinaria oficial en que se ha convertido Morena.
La integración de su Consejo Consultivo puede dar una idea del potencial político que podría desplegar y estaría integrado por hasta 100 personalidades, entre ellas los ministros en retiro Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y José Ramón Cossío; activistas y víctimas como la madre buscadora Ceci Flores y Adrián LeBarón; el exconsejero electoral Lorenzo Córdova, e incluso figuras del ámbito artístico como Joaquín Cosío.
Durante la asamblea de integración del Consejo, se explicó que el objetivo de este órgano partidista será que haya hombres y mujeres libres, que en su mayoría no están afiliados al partido, puedan señalar los aciertos y errores de la organización con total libertad.
Para proteger esta autonomía y evitar compromisos partidistas, se determinó que los miembros de este consejo “no tienen voto, pero tienen voz para mantener su independencia” en las asambleas.
Desde su nacimiento y fundación, este partido se ha manifestado con un fuerte discurso de oposición frontal contra el gobierno de Morena.

YA NO VIVIMOS EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO: ACOSTA NARANJO
El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, declara frente a los militantes: “En México, lo digo convencido, no vivimos ya en un sistema democrático”.
También acusa al gobierno de querer “terminar de destruir la Constitución Política”, luego de asegurar que el partido oficial también ha acabado con el Poder Judicial, a los órganos autónomos y se ha aprovechado de una “sobrerrepresentación inconstitucional” en el Congreso.
Por si lo anterior fuera poco, lanza un señalamiento directo sobre la inseguridad.
“El partido político que hoy gobierna está profundamente vinculado al crimen, a la delincuencia organizada”, añade.

También critica la forma en que se está administrando el país actualmente, asegurando que existe un doble mando que afecta a la nación.
“Gobierna Claudia, pero también gobierna López Obrador, y eso no es lo que señala la Constitución Política. De ahí la confusión”, agrega.

Durante su primer discurso como presidente del partido, Acosta Naranjo también celebra “haber cumplido con creces” los requisitos de las autoridades electorales, logrando realizar 246 asambleas en los 32 estados y sumando a “más de 310 mil afiliados”.
Así, la dirigencia fija metas electorales muy ambiciosas a mediano y largo plazo.
“Vamos en 2027 a recuperar gobiernos y Cámara de Diputados, pero sobre todo vamos a ganar la Presidencia de la República en 2030“, afirma Acosta Naranjo.
Para lograrlo y diferenciarse de los partidos políticos tradicionales, prometieron que la selección de sus representantes será diferente.
“Los candidatos y candidatas de Somos México ya no serán nombrados arbitrariamente por las cúpulas. Serán electos en elecciones primarias abiertas a la ciudadanía”, expresa.
ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
Con la obtención del registro como partido político de Somos México, se confirma que nuestros órganos electorales -INE y TEPJF- no pretenden regatear la democracia al padrón electoral conformada por 100 millones de mexicanos, que buscarían encontrar una nueva alternativa democrática para el país.
Una opción democrática que busque balancear la balanza del poder que se ha convertido en un régimen cuasi dictatorial que ha suprimido la división de poderes, desaparecido los organismos autónomos constitucionales de transparencia, evaluación de programas sociales y competencia económica, entre otros.
Un partido mayoritario que con una mayoría calificada ficticia está reformando la Constitución Política a su antojo, con disposiciones regresivas, como las recién aprobadas de la injerencia extranjera como causal de nulidad de elecciones o la certificación de candidaturas para asegurar que no tienen vínculos con la delincuencia organizada. ¿Enhorabuena por nuestra democracia? Usted tiene la palabra, estimado lector.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
La tormenta que viene: El registro de celulares
Publicado
Hace 1 semanaen
junio 20, 2026Por
Redacción
Mientras Carlos Slim pide ampliar el plazo porque el tiempo se agota, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones afirma que no habrá prórroga… ¿Qué pasará? * La ciudadanía muestra desconfianza… Si el pueblo manda, ¿por qué es obligatorio vincular los móviles cuando la gente no quiere? * Está claro que los delincuentes se darán sus mañas para nunca aparecer sus datos en las compañías telefónicas * Aunque alisten prórroga, la incertidumbre sigue
MARCO ANTONIO FLORES***
El próximo 30 de junio vence el plazo para registrar 150 millones de líneas que existen en México.
Hasta la fecha se estima que sólo se han registrado 50 millones, sin embargo, la vinculación no lo han hecho directamente los usuarios sino las grandes compañías que incluyen sólo a los usuarios que tienen contratados planes con Telcel, AT&T, Movistar y otras.
Por ello, a dos semanas de que venza el plazo, aproximadamente 100 millones de usuarios se encuentran sin completar este proceso, lo que ha motivado que surjan grupos de ciudadanos que cuestionan la obligación de proporcionar datos personales para conservar el servicio, que incluso pretenden ampararse contra esta disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Desde que fue anunciada esta medida, la mayoría de los usuarios manifestó su desacuerdo con la elaboración de este padrón de registro, ya que existe desconfianza y preocupación relacionadas con la privacidad, el almacenamiento de información personal y la seguridad de las bases de datos que concentrarán millones de registros.

Diversos análisis sobre percepción ciudadana reflejan que la confianza se ha convertido en un factor determinante para el éxito del programa.
Datos de The Competitive Intelligence Unit señalan que siete de cada diez personas aún no realizan el trámite y mencionan la desconfianza como la principal razón para mantenerse fuera del padrón.

El recelo que ha surgido entre los ciudadanos se ha manifestado en las redes sociales, en donde se señala, con ejemplos de casos ciertos, que ya están a la venta celulares con registro, con datos de personas que tienen planes con grandes telefónicas.
Por ello se duda que se logre responder a la razón principal para poner en práctica esta disposición que es evitar el uso de la delincuencia de celulares para cometer delitos como la extorsión, fraude, secuestros y otros.

Respecto al vencimiento del plazo para registro, el empresario Carlos Slim solicita revisar la fecha límite del registro obligatorio de líneas telefónicas en México, prevista para el 30 de junio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha reiterado que no contempla una ampliación formal del plazo, pero en la práctica millones de usuarios tendrán más tiempo para regularizar su situación, gracias a mecanismos previstos en la propia regulación y a una nueva interpretación emitida por la autoridad.

Telefónica Movistar y empresas del Grupo Televisa solicitaron a la CRT una confirmación de criterio para saber si podían considerar registradas aquellas líneas de pospago, cuyos usuarios ya habían sido identificados al momento de contratar el servicio. La respuesta de la autoridad fue afirmativa.
La CRT determinó que la información entregada previamente por los usuarios de pospago es suficiente para considerar que esas líneas ya están vinculadas a una identidad.
Además, estableció que esta interpretación será aplicable para toda la industria, siempre que los operadores ya cuenten con los datos correspondientes y respeten las disposiciones de protección de datos personales.
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo adicional de 120 días para que los usuarios regularicen su situación.
Durante ese tiempo las líneas enfrentarán restricciones graduales antes de quedar limitadas únicamente a llamadas de emergencia.
En los hechos, este periodo funciona como una extensión operativa del plazo original y reduce la posibilidad de una desconexión masiva inmediata.
La medida cobra relevancia porque especialistas y consultoras -como The Competitive Intelligence Unit (The CIU)- han advertido que suspender millones de líneas podría afectar servicios bancarios, plataformas digitales, aplicaciones de transporte, servicios de reparto y otros sistemas que dependen de números celulares activos para autenticación.

Por otra parte, se encuentra el reciclaje de números. Las compañías telefónicas reutilizan desde hace años las líneas que permanecen inactivas durante largos periodos.
Según la revista Expansión, Telefónica recicla números después de 180 días, Telcel tras 246 días y AT&T luego de 365 días.
Ahora, con millones de líneas aún fuera del padrón, este proceso podría convertirse en una especie de prórroga no oficial administrada por los propios operadores.
El problema es que especialistas advierten riesgos importantes. Un usuario que recibe un número reciclado podría heredar vínculos digitales asociados al propietario anterior, desde cuentas bancarias y aplicaciones hasta mecanismos de autenticación y registros de actividad.
De acuerdo con un especialista en telecomunicaciones del ITAM, citado por Expansión, la falta de plazos homogéneos para reutilizar números podría trasladar riesgos y costos a los consumidores.
Por ello considera necesario establecer reglas comunes y procesos obligatorios de limpieza digital antes de reasignar cualquier línea.
Reitero: Oficialmente no habrá prórroga, pero entre las líneas de pospago ya identificadas, los 120 días de regularización y el reciclaje de números, el registro celular en México parece encaminado a tener más tiempo del que originalmente sugería el calendario.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene una campaña informativa para detallar los pormenores de este trámite, el cual exige la vinculación del número de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular.
De acuerdo con los informes publicados en abril de 2026, existen 144 millones 585 mil 131 líneas activas en el territorio nacional.
La distribución de este sector muestra que América Móvil (Telcel) concentra el 57.90 por ciento del total, seguida por AT&T con el 16.42 por ciento, Telefónica (Movistar) con el 14.05 por ciento y Grupo Walmart (Bait) con el 7.04 por ciento, mientras que el resto se divide entre otros veintitrés concesionarios.
Al corte de la noche del viernes 5 de junio de 2026, se contabilizan 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas exitosamente. Esta cifra representa un crecimiento diario de registros del 15 por ciento en comparación con el mes de abril.
La CRT descarta que el gobierno maneje los datos de usuarios registrados. El organismo enfatizó que el trámite de registro recae de manera exclusiva en las empresas telefónicas, las cuales asocian únicamente el nombre y la CURP de 18 caracteres con el número correspondiente.
También señala la CRT que el gobierno federal no administra bases de datos centralizadas ni realiza el registro directamente; además, cualquier acceso a esta información requiere una orden judicial expedida conforme a la legislación aplicable.
La CRT ha reiterado que el plazo definitivo para cumplir con la vinculación vence el próximo 30 de junio y que las líneas que permanezcan sin registro después de esta fecha enfrentarán restricciones severas en su conectividad.
Imagínese qué pasaría en el país si 100 millones de usuarios no pudieran realizar ni recibir llamadas telefónicas, tampoco tendrían la capacidad de enviar o recibir mensajes SMS convencionales.
Aunado a lo anterior, los equipos no regularizados perderían el acceso a los datos móviles, lo que impedirá el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, servicios bancarios y plataformas de transporte.
Aunque la CRT ha exhortado a la ciudadanía a completar el trámite con sus respectivas operadoras para garantizar la continuidad de sus servicios, se debe considerar que los tiempos ya se acortaron, además que la gente no está correctamente informada de cómo verificar si ya está registrada.

Debe tomarse en cuenta que en estos días una gran mayoría de mexicanos se encuentra distraída con el certamen deportivo más importante de todo el planeta.
En todo caso, se requiere una intensa y amplia campaña para el registro, sobre todo para convencer a millones de mexicanos que la medida será util para combatir la delincuencia.
En concreto: Aunque el gobierno ya aliste una prórroga, la desconfianza persistirá y lo único que se hará será alargar la tormenta que ya está en todo el país, porque finalmente los usuarios seguirán con desconfianza y no se registrarán. ¿En que terminará esto? Con imponer crece la molestia ciudadana y con desconfianza por la falta de seguridad en el resguardo de los datos pues crece la incertidumbre.
Ya veremos en unos meses en qué termina esto.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Cría cuervos y te pondrán en aprietos
Publicado
Hace 3 semanasen
junio 10, 2026Por
Redacción
¿Dónde quedó el pacto entre Morena y la CNTE? * Quizá a la Primera Mandataria le cueste muchos millones de pesos para que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación suspenda sus movilizaciones… hasta nuevo aviso
MARCO ANTONIO FLORES***
Lo dice el refrán popular: “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. La Primera Presidenta ha señalado lo siguiente: “…al parecer hay en esa organización ‘rijosos’, intolerantes, que no quieren negociar y representan otros intereses políticos contra el gobierno”.
Ante esto, surge la pregunta: ¿Dónde quedó el pacto que tenían Morena y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) contra los neoliberales?

La CNTE ha tenido el mismo “modus operandi” desde hace 40 años, el chantaje y la extorsión al gobierno en turno, para mantener sus canonjías, además de obtener grandes sumas de dinero para suspender sus movilizaciones y protestas.
La reforma educativa 2013 de Enrique Peña Nieto había logrado el antídoto contra ese nefasto mecanismo, al modificar, fundamentalmente, la Ley General del Servicio Profesional Docente, en ella se estableció la evaluación obligatoria.
La reforma condicionaba la permanencia y promoción de los maestros a la aprobación de evaluaciones. Si los docentes no aprobaban, perdían sus plazas o eran removidos de sus cargos.
Al quitar el control de las plazas de maestros a los sindicatos y dárselo al gobierno, la CNTE perdió parte de su poder de movilización tradicional, ya que muchos profesores participaban en marchas sabiendo que el Estado ahora tenía el control de su permanencia laboral.
Así, tras la implementación de la ley, cientos de maestros de la Coordinadora Nacional que participaban en paros y protestas indefinidas fueron cesados por acumular faltas injustificadas.
La reforma educativa de 2013, que beneficiaba a todo el sistema educativo nacional y desactivaba un enorme mecanismo de presión contra el gobierno en turno, fue abrogada en 2019 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se devolvieron a la CNTE sus privilegios y permisos para continuar extorsionando y chantajeando, dejando sin clases a miles de niños y perjudicando la vida de millones de habitantes de ciudades como CDMX, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, Morelos y otras entidades del país, bloqueando vías de comunicación, así como aeropuertos y vías de ferrocarril.

Además, López Obrador prometió a sus “aliados” derogar la Ley del ISSSTE de 2007, una promesa que refrendó Claudia Sheinbaum Pardo en campaña, por lo que no le debería sorprender que la CNTE insista en esa y otras desmesuradas demandas y exigencias.
ORIGEN DE LA CNTE
La Coordinadora Nacional nació en 1979, como una organización alternativa para enfrentar el control corporativo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantenía en estrecha alianza con el Estado Mexicano.
Sus demandas originarias fueron auténticas y legítimas: La exigencia de democracia sindical y la lucha por mejoras laborales y salariales para los docentes.
Sin embargo, en las secciones 7, 9, 18 y 22, los dirigentes se apropiaron y reprodujeron las prácticas que sus antecesores habían combatido y, en lugar de promover sus demandas legítimas, ejercieron sobre sus agremiados un férreo control político y maestros críticos fueron acallados y sometidos. Desde la década de los 80s se convirtió en un grupo de presión que basa su poder de movilización en el control político clientelar de maestras y maestros de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Ciudad de México.
Lo más cuestionable es que la CNTE se ha puesto a disposición de personas y partidos con gran poder político y económico que financian sus movilizaciones y demandas de acuerdo con sus intereses.
Un caso ilustrativo del manejo de la CNTE para el apoyo de intereses políticos es el de Manuel Bartlett. Esto inició cuando organizaba, promovía y patrocinaba manifestaciones de la CNTE contra las políticas de gobierno de Vicente Fox Quesada en materia energética.
Todo indica que la cercanía de Bartlett con la CNTE nació cuando este fue secretario de Educación Pública. Desde entonces la CNTE fue una valiosa herramienta que puso a las órdenes de AMLO y le valió su acercamiento y alianza con él, desde los años previos a las elecciones presidenciales de 2006.
En una foto de “Hemeroteca” se muestra que Manuel Bartlett y José Murat patrocinaban, encabezaban y manejaban a la CNTE.
Prueba de lo anterior es su participación en una marcha realizada en noviembre de 2003.
Ese día los dos personajes se habían reunido a desayunar en el Centro Libanés, con dirigentes de la CNTE y el SME.
Momentos después salieron a encabezar la marcha que la reportera Mireya Cuéllar, de “La Jornada”, describió así:
“El senador Manuel Bartlett había dejado atrás a José Murat y al tabasqueño Óscar Cantón Zetina, con quienes marchó por Reforma con tal número de guaruras que ellos solos -más los fotógrafos que los rodeaban- formaban un pelotón”.

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hubo muchas manifestaciones de la CNTE y del SME contra su gobierno, mismas que se prolongaron y multiplicaron durante el sexenio de Peña Nieto y se resolvían con grandes cantidades de dinero que les entregaba Luis Miranda, subsecretario de Gobernación.
Resultaban una buena inversión para quien las financiaba, ya que al final obtenían mucho más dinero del que gastaban en su movilización.
Recuérdese que gobiernos estatales de oposición al presidente Andrés Manuel, como el de Michoacán de Silvano Aureoles, padeció las movilizaciones radicales de la CNTE, incluso bloqueando las vías del ferrocarril y que en cuanto llegó su sucesor morenista cesaron.

En Oaxaca, el único gobernador -de los últimos cuatro- que no fue amagado por la sección 22 de la CNTE fue el de Alejandro Murat.
Ahora, con el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo, se repite el “modus operandi” de la CNTE; quizá a la Primera Mandataria le cueste muchos millones de pesos para que la CNTE suspenda sus movilizaciones… hasta nuevo aviso.

Las actuales movilizaciones de la CNTE coinciden con lo publicado en el diario norteamericano Los Angeles Times la semana pasada, anticipando que los próximos gobernadores que serán acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos son Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Este diario norteamericano también anticipó la acusación contra Rocha Moya y secuaces. Resultó extraño que este hecho motivara la reaparición de AMLO en el escenario político nacional, con la difusión de una carta en la que, con el pretexto del apoyo a la Presidenta para defender la soberanía, ofrece una serie de explicaciones no pedidas sobre la relación que tuvo con Trump, al tiempo que mezcla el caso Salvador Cienfuegos.
Más preocupante que la Mandataria Claudia Sheinbaum acepte con beneplácito esa reaparición, porque esto implicaría que no existe autoridad política más importante que la de Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Máximo de la Cuarta Transformación”.
En este contexto, valdría la pena saber qué tan vigente se encuentra la alianza AMLO-CNTE, por aquello de la “revocación de mandato”, a la que deberá someterse la Presidenta.

A casi dos años del inicio de su gobierno, Sheinbaum se encuentra en una verdadera encrucijada. Si continúa protegiendo a los distinguidos políticos que heredó de su antecesor, como lo ha hecho en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios acusados de delitos graves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Presidenta corre el grave riesgo de que México sea objeto de fuertes presiones no sólo en el área de seguridad, también en materia económica en medio de la negociación del T-MEC o, en el peor de los casos, una eventual intervención territorial.
El desgaste y la presión para la Mandataria será irreversible y creciente por diversos frentes, incluido el de la CNTE.
El reto es enorme y aunque Sheinbaum Pardo haya negado que se encuentra entre “la espada y la pared”, esto es, entre Washington y Palenque, los escenarios son innegables.
Es tiempo de definiciones: O el segundo piso de la transformación está contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad… o con el silencio y la omisión corre el riesgo de ser acusado de encubrimiento, si no por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sí por millones de mexicanos que no confunden defensa de la soberanía con complicidad.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha empezado a dar buenos resultados y tiene el voto de confianza de millones de mexicanos. Es tiempo de iniciar la auténtica transformación.
Por el bien de México, “La Patria es primero”.
***Académico y consultor.
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