Inmune la autora del montaje del video sobre asalto y muerte de Melesio Cuén en una gasolinera * En Sinaloa no se aplica la ley como en el caso Ayotzinapa * Los villanos de la política y cosas peores: El clan Monreal

EMMA ESPÍNDOLA

Ahora que Ángel Heladio Aguirre Rivero está recluido en un penal de alta seguridad, la remembranza es obligada.

Está acusado de haber desaparecido videos que se consideran claves en la muerte y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Por cierto, aun cuando los hechos tuvieron lugar en Iguala, Guerrero, el caso es conocido como la masacre de Ayotzinapa.

Resulta curioso que pasados 12 años se involucre al ex gobernador guerrerense y sea sometido a un proceso judicial.

Que repentinamente -y como desenterrado de una larga caverna- venga la evocación de que está involucrado en esos hechos que han mantenido en la lucha a las madres buscadoras.

Quizá sea cuestión de memoria o de manejo mediático que pueda impactar, favorablemente para el gobierno, en el proceso electoral del año próximo.

Es así como aflora el recuerdo de una simulación más reciente, en la que mediante un montaje se encubrió un asesinato que, extrañamente, no es de interés para el Gobierno de la República.

Más extraño que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, haya trazado el camino a seguir, cuando afirma lo siguiente:

“El principio de que la procuración de justicia debe regirse bajo la premisa estricta de que al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Y enfatiza “un combate frontal a la impunidad y la corrupción sin negociar la justicia”.

¿Y EL MONTAJE DE LA MUERTE DE MELESIO CUÉN?

Pero deja fuera de sus reflexiones la falsedad y el engaño que encubren una larga cadena de delitos cometidos, protegidos y maquillados por una fiscal estatal.

En esa sucesión de hechos, está el haber fabricado un homicidio en un sitio diferente al lugar donde se cometió.

Además de haber desaparecido evidencias para las pruebas periciales, cambiado del territorio original un cadáver, simular un asalto cuando la víctima fue sacrificada en un punto lejano.

Quizá puedan derivarse otros ilícitos como abuso de autoridad, suplantación de funciones, excesos en la administración de la justicia, falsedad en las declaraciones oficiales y muchos otros.

Tipificar los delitos y encuadrarlos en los códigos penales (federal y estatal), además de los procedimientos que sancionen los abusos derivados de escenas adornadas para el engaño, es cuestión de los juristas especializados.

Incluso algún irrespetuoso o atrevido pudiera sugerir que se caracteriza y hay elementos para dar forma a la asociación delictuosa, porque fue todo un equipo de participantes.

Sin embargo, también debe contemplarse que el aparato judicial se apegue a instrucciones de muy alto nivel para no mover nada y que quienes no son iguales a los de antes confirmen que son peores.

Mas hagamos referencia a los eventos que dan sustento a esta narrativa, los cuales no sólo han sido minimizados y evadidos por las esferas del Poder Ejecutivo y Judicial, sino que, de estar a su alcance, ya los hubieran borrado como los videos de Aguirre Rivero.

Cobijada por el manto de impunidad, la figura central de este relato es parte insustituible de la historia que raya en la fantasía.

La farsa inició el 25 de julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa. Con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda (Badiraguato, 25 de octubre de 1955-Culiacán, 25 de julio de 2024), quien -además de empresario y político- fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presidente municipal de Culiacán de 2011 a 2012 y diputado local de 2013 a 2016.

En un primer momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que Melesio Cuén había perdido la vida tras un intento de asalto en una gasolinera de Culiacán.

Encabezada en ese momento por Sara Bruna Quiñonez, la FGJ afirmó que Cuén había sido atacado a balazos en una gasolinera durante un intento de robo de su camioneta.

Aunque para desfortuna del régimen y los paleros que siempre claman: Pruebas, pruebas, pruebas, el montaje tuvo un viraje: La Fiscalía General de la República determinó que dicha escena y el video presentado por la autoridad local fueron una fabricación para ocultar lo que realmente pasó.

La dependencia, a cuyo frente se encontraba Alejandro Gertz Manero, en sus indagatorias confirmó que fue asesinado en una finca en Huertos del Pedregal, el mismo sitio y día en el que fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.

Porque en el rancho referido se encontraron huellas de sangre que corresponden a la víctima.

No es por intrigar, pero quedó demostrado que la muerte ocurrió muchas horas antes de que en redes sociales se difundiera el video del supuesto asalto.

La mentira oficial de las autoridades estatales se vino a tierra cuando la FGR confirmó que el diputado federal electo fue victimado cuando iba a reunirse con el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Justo cuando ese día el capo sinaloense llega ahí para ser llevado a Estados Unidos.

Para proteger a la fiscal Sara Bruna, el gobernador Rubén Rocha Moya (actualmente con licencia y quien más pronto que ya podría retomar el cargo) le instruyó que renunciara.

Ella, nerviosa como debió haber estado, aunque ahora plácidamente no haya sido molestada, sólo acató la orden.

Quienes urdieron la comedia, los que la aplauden y mantienen en el olvido todos esos acontecimientos, los que exigen evidencias, tienen a su alcance testimonios oficiales certificados por la FGR para actuar.

No se habla de un sainete intrascendente, sino de una simulación de muy graves consecuencias en la que ya es tiempo que se ponga fin a la inmunidad de la fiscal protagonista del engaño.

La burla no puede seguir ocultándose y tolerándose por quienes han mantenido fuera de la tormenta a su figura principal.

Para cerrar el tema, sólo una interrogante:

¿Continuarán los privilegios que atropellan la justicia?

HISTORIAS

En voz del senador Saúl Monreal aparece una temeraria afirmación: Dice que la 4T sí combate el crimen y que la oposición miente, que la historia no se escribe con calumnias.

Buen argumento para que le diga al gobernador de Zacatecas, su hermano (y enemigo político) David, que los asesinados, colgados en puentes vehiculares y las masacres son una invención.

Que no se preocupe, que el feudo de la familia Monreal Ávila (donde el jerarca, gurú y patriarca es Ricardo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados) es una sucursal del paraíso.

Que Zacatecas con sus 58 municipios están en la gloria, que el crimen organizado que extorsiona, secuestra y asesina ante el disimulo oficial, son producto de habladurías y de absurdos que la sociedad inventa porque no tienen en qué perder el tiempo.

El clan Monreal no debe hacerle caso a la colectividad (formada por cientos de miles de voces que han sido y son los perjudicados), que son habladurías para desprestigiar a una honorable familia que nunca ha estado involucrada en sospechas y escándalos donde la corrupción es el combustible para mantenerla en marcha.

Ahora resulta que la máxima autoridad zacatecana tenía razón al impedir que su hermanito se convirtiera en el sucesor.

Bien dicen, para qué buscarle tres pies al gato.

Involucrados instituciones y dependencias oficiales * Las redes de complicidad incluyen agencias aduanales y flotillas de transporte para la distribución terrestre sin la debida fiscalización * Gobernadores, exdirectores de aduanas, funcionarios federales, legisladores y mandos policiales de muy alto nivel están muertos… de la risa

EMMA ESPÍNDOLA

El contenido de este espacio no es un cuento de las Mil y Una Noches.

Tampoco una ficción.

Hechos reales, cifras auténticas y personajes de carne y hueso, muestran que -lejos de ser un mito- involucra instituciones y dependencias oficiales que generan complicidad y tolerancia.

Mas no se trata de resignación o pasividad involuntaria, sino de una confabulación que genera ganancias por miles de millones de pesos.

Además del personal aduanero, están involucradas en el contubernio esferas del Poder Ejecutivo federal, gobernadores, presidentes municipales, legisladores y corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno.

La historia de Alí Babá, que ha inspirado adaptaciones a la ópera, el cine y numerosas obras artísticas, es aplicable a las Aduanas ante el botín tolerado que ha construido grandes fortunas.

Al iniciar el contenido de esta columna para los lectores de IMPACTO, surgieron escenarios que motivaron cuál título estaría más acorde para esta colaboración.

Entre ellos los siguientes:

Vampiros aduanales chupan del huachicol.

Aduanas, refugio de maleantes.

Sistema aduanero, cueva de Ali Babá.

Porque tal pareciera que apegado al relato de la época medieval, los cómplices en el huachicol y el huachicol fiscal, descubrieron el tesoro oculto en una guarida de ladrones, en donde no fue necesario entrar con la frase mágica de “¡ábrete sésamo!”.

El huachicol es el combustible robado o adulterado en México. A las personas que cometen este delito se les llama huachicoleros.

Están tipificados dos tipos de huachicol: el tradicional, que es el robo físico de gasolina o diésel de los tubos de Pemex usando tomas ilegales que han ocasionado tragedias.

Otro es el huachicol fiscal, que es el contrabando de combustible que entra al país por puertos o fronteras terrestres con documentos falsos para no pagar impuestos.

El modus operandi del huachicol fiscal incluye una falsa declaración: El ingreso de diésel, nafta o gasolinas declarados como aceites lubricantes o aditivos para pagar menos impuestos.

Además de una subvaluación de los contenedores con valor fiscal mínimo frente a los volúmenes reales transportados.

Las redes de complicidad incluyen agencias aduanales y flotillas de transporte para la distribución terrestre sin la debida fiscalización.

Y, desde luego, autoridades aduanales y corporaciones policiales en recintos fiscales terrestres o marítimos que no ven lo que ven.

Para que se tenga una idea del impacto económico del huachicol en México, durante un año alcanza los 123,500 millones de pesos, impulsado principalmente por el daño financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la evasión fiscal.

Las dos vertientes principales de esta crisis son el robo tradicional de ductos y el huachicol fiscal.

El robo físico directo de los ductos genera un boquete estimado en más de 56,000 millones de pesos anuales para la empresa paraestatal.

Mientras que con la evasión fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deja de percibir más de 67,000 millones de pesos al año.

En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrió una tragedia al estallar la fuga de combustible causada por una toma ilegal en un poliducto de Pemex.

La explosión dejó un saldo de 139 personas. 69 personas murieron en la explosión, otras 68 en hospitales

También durante su sexenio, López Obrador afirma reiteradamente que el huachicol había sido prácticamente erradicado.

Las incautaciones del huachicol y el contrabando de combustible en México registran importantes operativos federales recientes, destacando el aseguramiento de centros de almacenamiento ilegal y el desmantelamiento de instalaciones donde se procesan hidrocarburos.

Las acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se concentran en estados con alta incidencia delictiva.

En Veracruz, en julio de 2026, las autoridades aseguraron un centro ilegal de almacenamiento de hidrocarburos en Coatepec.

En el Estado de México fueron desarticuladas células ligadas al narcomenudeo y almacenamiento de Gas LP con la intervención de 14 inmuebles y decomiso de vehículos y dinero en efectivo.

Tamaulipas, con sus refinerías ilegales que ahí están, pero que para los gobiernos federal, estatal y municipal son cosa normal.

Cifras oficiales y de aduanas reportan acumulación de decenas de millones de litros incautados en operativos recientes.

Autoridades federales informaron la incautación de más de 98 millones de litros de hidrocarburo robado durante un año de operativos coordinados.

Destacan eventos como el aseguramiento de 15 millones de litros en carrotanques en Coahuila y diversos operativos en estados como Tabasco y Tamaulipas, que suman varios millones más a nivel regional.

Entre los aseguramientos de combustibles obtenidos o transportados de manera ilegal destaca el operativo realizado en Tamaulipas, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel.

Dicen que el combate al llamado ‘huachicol’ se desarrolla bajo cuatro ejes fundamentales: La prevención; la inteligencia estratégica; la operatividad coordinada entre autoridades federales y autoridades locales, así como la judicialización de los responsables.

Pero toda esa logística pone en evidencia la tolerancia, la corrupción y la impunidad.

Las principales aduanas y puertos involucrados en el contrabando de combustible o “huachicol fiscal” en México son Matamoros, Reynosa, Tampico y Altamira, además de otros puntos en estados costeros y fronterizos.

Las investigaciones oficiales apuntan a un total de 21 aduanas bajo sospecha en 13 estados del país. Destacan aduanas y puertos como Matamoros (Tamaulipas); Aduana terrestre fronteriza señalada por el ingreso irregular millonario de litros de hidrocarburos con presunta complicidad de mandos militares.

Otros lugares son Tampico y Altamira (Tamaulipas), puertos clave en el Golfo de México. Otros recintos estratégicos son aduanas de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada, Guaymas y La Paz, donde se registró un aumento inexplicable en el volumen de sustancias importadas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), desde su creación en 2021, ha tenido a 5 titulares oficiales: Héctor Alonso Romero Gutiérrez, André Georges Foullon Van Lissum y Rafael Marín Mollinedo.

Romero Gutiérrez fue nombrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Rafael Marín Mollinedo nombrado por López Obrador, pero luego de un par de años renunció y de octubre de 2024 a marzo de 2026 tuvo un segundo periodo bajo el gobierno de la doctora Sheinbaum.

André Georges Foullon Van Lissum ocupó el cargo de junio de 2023 a febrero de 2025 designado por el expresidente Andrés Manuel. Rafael Marín Mollinedo fue en dos ocasiones titular de Aduanas y ahora busca ser gobernador de Quintana Roo.

Horacio Duarte Olivares, ahora secretario de Gobierno en la administración de Delfina Gómez en el Estado de México, fue titular de la ANAM y previamente desde mayo de 2020 como administrador general de Aduanas del SAT.

Ricardo Peralta Saucedo fue administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, fecha en la que pasó a ser subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Asumió el cargo al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninguno de ellos, cabeza visible del sistema aduanero, jamás han sido investigados o citados a declarar por el escandaloso robo.

Diversos actores políticos han sido señalados o investigados por su presunta vinculación con redes de contrabando e introducción ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Entre los casos recientes más sonados figura el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido por la FGR en julio de 2026 debido a su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando, ligado a operaciones de una empresa accionista vinculada al combustible no declarado.

Pero Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y ex colaboradores de su gobierno han sido señalados por supuestos lazos con el manejo ilegal de hidrocarburos en aduanas fronterizas.

Otras figuras políticas como Andy López Beltrán, Adán Augusto López y Mario Delgado han sido señalados de forma reiterada por sus ligas con Sergio Carmona, el famoso “Rey del Huachicol”.

Carmona venía con frecuencia a la Ciudad de México y operaba en un departamento que tenía en Polanco. Ahí solía recibir las visitas de altos personajes del gobierno y del partido morenista, a los que agasajaba con comidas, fiestas y reuniones, además de entregarles dinero en efectivo.

Fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, justo cuando era mencionado como un mecenas porque era señalado en el financiamiento a campañas de candidatos del partido oficial Morena.

Incluso se habían publicado diversas fotos de miembros del partido, incluyendo al entonces líder nacional Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, viajando en aeronaves pagadas por Carmona Angulo.

Oficialmente desde hacía años Carmona era un exitoso contratista de diversas dependencias federales y estatales, pero en realidad la verdadera fuente de su inconmensurable riqueza era el tráfico ilegal de hidrocarburos que compraba masivamente en Estados Unidos y metía ilegalmente a México, gracias a sus contactos al más alto nivel con el gobierno federal.

Ante este panorama, gobernadores, exdirectores de aduanas, funcionarios federales, legisladores y mandos policiales de muy alto nivel están muertos… de la risa.

Fantasmas que recorren gran parte del territorio nacional, pero las autoridades, que evaden su responsabilidad, buscan ocultar * Entidades de la República Mexicana convertidas en campos de batalla por la disputa del territorio, el cobro de piso, trasiego y venta de drogas, la recaudación de dinero obtenido por los secuestros y una serie de delitos que se documentan solos

EMMA ESPÍNDOLA

Las ruidosas proclamas y festejos desaforados en los micrófonos, se apagan con el estruendo de las balas.

Esos anuncios victoriosos que retumban en la palabrería, quedan sepultados por las escenas de pánico y de dolor.

El panorama no puede ser más aterrador.

Hechos violentos que, ante la sociedad de todos los niveles, son espeluznantes, aunque entendibles por la ineptitud gubernamental.

Mas no es justificable el cuadro donde los sucesos consumados revelan un espectáculo de terror:

Decapitados, crímenes arteros, mensajes intimidatorios y reveladores, secuestros, corrupción de autoridades, insolvencia moral, torpeza y un cinismo absurdo.

Fantasmas que recorren gran parte del territorio nacional, pero las autoridades, que evaden su responsabilidad, buscan ocultar.

Esconder acontecimientos flagrantes, en los que imperan la violencia y las imágenes descarnadas.

Ineficientes para combatir, detener y procesar a las bandas criminales, recurren a los argumentos que únicamente contribuyen a evidenciar la torpeza que les caracteriza.

Entidades de la República Mexicana convertidas en campos de batalla por la disputa del territorio, el cobro de piso, trasiego y venta de drogas, la recaudación de dinero obtenido por los secuestros y una serie de delitos que se documentan solos.

Y para acreditar ese magro panorama, los servidores públicos acuden a querer implantar un sistema de mordaza.

Porque al final, para garantizar la impunidad, culpan a los medios informativos.

Como si las ejecuciones, los colgados, los expresidentes municipales sacrificados, los alcaldes ajusticiados, los empresarios victimados, los periodistas muertos para silenciarlos, fueran quienes matan y quitan la vida.

Zacatecas, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz acaparan la atención por la violencia y las acciones de sus gobernantes.

Vea usted:

El hallazgo de 10 personas sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Las víctimas presentaban visibles huellas de violencia y en el sitio fue localizada una cartulina con mensajes de un grupo de la delincuencia organizada.

Un exalcalde, funcionarios municipales y empresarios se encontraban entre las víctimas halladas colgadas en un puente en Zacatecas.

De las nueve víctimas identificadas, ocho eran originarias de Zacatecas y una provenía de Durango.

Ante la masacre, el gobernador David Monreal Ávila no dio la cara, incluso permaneció oculto varios días y alejado de los medios de comunicación.

En el estado de Guerrero fue ejecutada la encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Martina Amates González, de 49 años de edad.

Fue asesinada a balazos y hallada con huellas de maltrato junto a su hija, de 26 años, y su chofer, quienes fueron hallados en el poblado Crucero de Grutas, del municipio de Pilcaya, en la zona norte del estado, a orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, Estado de México.

También perdió la vida el presidente municipal de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores.

El silencio ha sido usado por la gobernadora Evelyn Salgado para dejar que los crímenes se vayan olvidando y se deje de hacer ruido.

El panorama para Margarita González, gobernadora del estado de Morelos, es más negro. Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, fue asesinado dentro de la presidencia municipal.

Militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lavín fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en su oficina dentro del Palacio Municipal de Temoac, en el oriente del estado de Morelos.

Dos hombres armados ingresaron al edificio y dispararon directamente contra él, posteriormente huyeron en una motocicleta con rumbo a la comunidad de Popotlán.

Como respuesta, en medio de protestas, la gobernadora Margarita González se limita a pedir no creer en redes sociales ni medios de comunicación.

El mensaje durante un evento de las “Caravanas del Pueblo”, en Atlatlahucan, la mandataria estatal simplemente dijo: “No vean las redes, no vean los medios… bueno, los de nosotros sí”.

Como argumento manifestó que existe un constante ataque mediático en contra de la administración federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que en las redes sociales se exagera la difusión de contenidos sobre violencia.

Ante las declaraciones, que generaron una fuerte polémica y críticas en diversos sectores, siendo interpretadas por críticos y usuarios como un intento de desviar la atención de la crisis de inseguridad que enfrenta el estado y una limitación a la libertad de expresión.

En Veracruz se pide al Congreso local el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, para avanzar en las investigaciones relacionadas con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio en su domicilio en Nanchital y hallada sin vida un mes después.

La Fiscalía tiene un testigo que presuntamente escuchó al alcalde comunicarse con un líder criminal de la zona para indicarle que privara de la libertad a la comunicadora, bajo el argumento de que ella tenía en su poder una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga. Los alcaldes notificados tienen siete días hábiles para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

Pero la gobernadora Rocío Nahle permanece impávida y gira instrucciones para que el tema se mantenga alejado de los medios de comunicación mientras se desvanece el asunto.

Salomón Jara, gobernador oaxaqueño que durante un vuelo en avión comercial es increpado por viajar en primera clase, recurre al cinismo frente a una cruda realidad.

En lo que va del gobierno de Jara Cruz, entre diciembre de 2022 y julio de 2026, en Oaxaca han sido asesinados cinco presidentes municipales, ocho exalcaldes; nueve líderes sindicales, así como 21 activistas, dirigentes indígenas y representantes comunitarios, según cifras oficiales. Además, al menos 310 mujeres y 2 mil 800 hombres han muerto de manera violenta.

Y a manera de respuesta gubernamental, Jara pide lista negra de medios. Lanza una amenaza directa contra la libertad de prensa en Oaxaca al anunciar la creación formal de una “lista negra” institucional para vetar el escrutinio de los medios de comunicación que resulten incómodos a su administración.

Con la finalidad de justificar su proceder, bajo la etiqueta descalificativa de “portales de odio”, el mandatario estatal es claro: “Vamos hacer una descripción de todos los portales que nos odian para que cuando ustedes me pregunten de esos portales si está dentro de eso no se los voy a contestar”.

Esa declaración, que representa una clara violación al derecho a la información de la ciudadanía, condiciona el acceso a las respuestas gubernamentales a la sumisión de la línea editorial del medio.

Por otra parte, en Tabasco fueron encontrados dos cuerpos desmembrados y abandonados en bolsas en la ranchería Río Tinto, en el municipio de Centro, y José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno del estado, aplica una fórmula familiar.

En entrevista con medios de comunicación, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó este hecho de violencia a una disputa entre organizaciones criminales, en específico a La Barredora y al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mas “Pepín” López Obrador, quien de manera constante ha chocado con la prensa debido a cuestionamientos sobre la violencia, acusa a los medios de buscar muertos, promover a la oposición y exagerar la crisis de seguridad en el estado.

Frente a las críticas y la información difundida por la prensa, el hacendado, ganadero y dueño de una fortuna salida de la noche a la mañana, se refiere a los homicidios y restos humanos como argumento de los medios y termina acusándolos de favorecer a grupos opositores y criticar obras oficiales.

Como se verá (en la postura de satanizar a los medios informativos), el más chimuelo masca rieles.