El asunto tiene su origen en un conflicto relacionado con una destacada firma mexicana especializada, entre otras materias, en litigios constitucionales, civiles y mercantiles.
ILDEFONSO LÓPEZ
La cooperación judicial entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más intensos. Mientras Washington mantiene la presión sobre el gobierno mexicano para capturar y entregar a personas requeridas por su justicia, México ha respondido con tres operaciones extraordinarias que, desde febrero de 2025, han enviado a territorio estadounidense a 92 personas vinculadas con organizaciones criminales.
Sin embargo, la cooperación también tiene pendientes en sentido contrario.
Uno de ellos sería el caso de Emilio Valero Pérez Vargas, abogado mexicano señalado en un proceso penal por el delito de abuso de confianza y quien, de acuerdo con información relacionada con el caso, habría abandonado México, pese a tener restricciones judiciales para hacerlo.
El asunto tiene su origen en un conflicto relacionado con una destacada firma mexicana especializada, entre otras materias, en litigios constitucionales, civiles y mercantiles.
De acuerdo con la información del caso, Valero Pérez Vargas habría cobrado una resolución judicial en representación de la firma litigante, que a su vez representaba a un consorcio español de la industria de la construcción. El monto involucrado ascendería a aproximadamente 2.5 millones de dólares.
A partir de estos hechos se inició un procedimiento penal por presunto abuso de confianza.
MEDIDAS CAUTELARES Y LA SALIDA DE MÉXICO
Antes de que se librara la orden de aprehensión referida en el caso, un juez de control habría impuesto distintas medidas cautelares a Valero Pérez Vargas.
Entre ellas se encontraban la obligación de presentarse quincenalmente ante la autoridad judicial, exhibir una garantía económica, el aseguramiento de un inmueble ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México y la entrega de su pasaporte y residencia permanente o “Green Card” estadounidense.
La última medida tenía un propósito particularmente claro: Impedir que abandonara territorio nacional mientras continuaba el procedimiento.
Según la información proporcionada sobre el expediente, Valero Pérez Vargas habría incumplido posteriormente esas medidas y salido del país. Actualmente sería considerado prófugo de la justicia mexicana y existiría una orden de aprehensión en su contra, además de una solicitud de localización internacional.
Registros judiciales públicos consultados permiten confirmar que Emilio Valero Pérez Vargas ha promovido recursos en materia penal ante tribunales federales mexicanos, aunque la documentación pública localizada hasta ahora no permite reconstruir por sí sola todos los señalamientos del procedimiento actualmente referido.
La información del caso sostiene además que el abogado habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos, circunstancia que estaría siendo investigada por autoridades de ese país.
NO OLVIDAR QUE 92 PERSONAS FUERON ENVIADAS DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS
El 27 de febrero de 2025, México trasladó a Estados Unidos a 29 personas requeridas por autoridades de ese país. Entre ellas estaban Rafael Caro Quintero y los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.
En agosto de 2025, el gobierno mexicano realizó una segunda operación y entregó a otras 26 personas. Las autoridades mexicanas señalaron entonces que los trasladados tenían órdenes de extradición y acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio, tráfico de personas, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El 20 de enero de 2026 ocurrió un tercer traslado: Otras 37 personas fueron enviadas a Estados Unidos a solicitud del Departamento de Justicia.
Con esa operación, el gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que 92 criminales de alto impacto habían sido enviados a territorio estadounidense durante su administración.
No todos estos procedimientos han sido extradiciones convencionales. Las tres operaciones masivas fueron ejecutadas utilizando mecanismos vinculados con la Ley de Seguridad Nacional y presentadas por el gobierno mexicano como decisiones soberanas dentro de la cooperación bilateral.
La magnitud de las entregas muestra hasta dónde ha llegado México para responder a los requerimientos estadounidenses.
Si un ciudadano mexicano requerido por la justicia de su país se encuentra efectivamente en territorio estadounidense después de haber violado las medidas que le impedían abandonar México, ¿qué tan rápido puede funcionar la cooperación cuando la solicitud viaja de sur a norte?
Washington ha encontrado en México un aliado dispuesto a realizar operaciones extraordinarias para colocar a decenas de personas requeridas directamente frente a tribunales estadounidenses.
Ahora queda por determinar si casos como el de Emilio Valero Pérez Vargas recibirán del otro lado de la frontera una respuesta con la misma eficacia.
