Cargan con el desprestigio de robar, mentir y traicionar, contraviniendo los principios que tanto ha presumido Morena * Los villanos de la política y cosas peores: Roberto Velasco Álvarez, Josefa González Blanco, Érika Pardo Rodríguez, Cuitláhuac García, Eduardo Pozos Pérez, Ismael Burgueño, Pemex, Salomón Jara, Clara Brugada…

EMMA ESPÍNDOLA

Aún no suena la campana para iniciar la carrera electoral para 2027 y los “suspirantes” ya están enloquecidos.

Trastornados por la búsqueda del poder y de la inmunidad que otorga el fuero, se muestran delirantes por un cargo de elección.

Falta más de un año para que deban realizarse las elecciones para diputados federales, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, regidores y otros cargos más, y los que pretenden llegar están exaltados.

La renovación será de 17 gubernaturas, 2 mil 478 ayuntamientos (incluidas 16 alcaldías de la Ciudad de México) y Congresos locales a nivel nacional, 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura.

Pero de plano a los partidos políticos y a las esferas gubernamentales ya se le hizo bolas el engrudo.

Ambos construyen castillos en el aire. Tejen en el vacío y simulan bordar filigrana en el vacío.

En principio para la renovación de las 17 gubernaturas, cuando menos 27 senadores de la actual legislatura tienen la intención de competir por estos cargos.

Durante el proceso electoral del año venidero se incluyen más de la mitad de las entidades federativas del país:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Actualmente 12 de esas entidades son gobernadas por Morena.

Justo para los militantes del Movimiento Regeneración Nacional el panorama implicará cargar con una herencia nada envidiable.

Los postulados llevarán a cuestas la falta de credibilidad por los vicios imperantes como corrupción, nepotismo, opacidad en el manejo de recursos económicos, falsedad en el desempeño de los cargos que ocupan, complicidades, enriquecimiento ilícito, incompetencia, extorsiones, lazos con organizaciones criminales…

En la maleta de inmoralidades también se incluyen los excesos y dispendios de los nuevos ricos.

Llevarán a cuestas cargar con el desprestigio de robar, mentir y traicionar, contraviniendo los principios que tanto ha presumido Morena.

A lo que deben agregarse las confrontaciones internas de militantes y grupos que se disputan el poder.

Personajes como Adán Augusto López, Layda Sansores, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila, Índira Vizcaíno, Alfredo Ramírez Bedolla, David Monreal, Salomón Jara, Javier May, Arturo Ávila, Alejandro Armenta, Gerardo Fernández Noroña, Raúl Morón, los hermanos López Beltrán y otros de menor calibre, impactarán en la desconfianza del electorado.

Sin duda los candidatos a los cargos de elección popular podrían pagar el costo de los excesos y las burlas de que hacen gala gobernadores, legisladores y alcaldes en funciones.

Tampoco puede dejarse al olvido la violencia, los asesinatos, secuestros, cobros de piso y fraudes que enrarecen el ambiente electoral del próximo año.

Nada fácil de superar esos negros antecedentes, que no pueden borrarse con discursos y promesas, que navegan en la impunidad y la complicidad oficial.

Que Luisa María Alcalde Luján sean considerada por la militancia de Morena como una presidente ficticia y que sin pudor circule la versión de que las candidaturas se decidirán desde Palenque, Chiapas, no es cosa menor.

La quema de incienso para el guía moral que caprichosamente se empeña en presumir su poderío sin recato alguno, exhibe que la dirigencia nacional sólo ocupa el cargo decorativamente.

Esto hace tener presente que, para empezar, habría que recordarles los principios jurídicos de la razón de ser de las organizaciones partidistas.

Porque está plenamente establecido que la finalidad de los partidos políticos es actuar como entidades de interés público que promueven la participación ciudadana en la vida democrática.

Y que deben facilitar el acceso al ejercicio del poder público mediante el voto, y representar la voluntad popular para integrar los órganos de gobierno, basándose en sus principios e ideologías.

Entre sus objetivos principales se incluye canalizar las demandas y aspiraciones de la población para que sean consideradas en la toma de decisiones gubernamentales.

Postular candidatos a cargos de elección popular a través de procesos electorales libres y democráticos.

Fomentar la cultura política, la educación cívica y la participación de los ciudadanos en la vida pública.

Contribuir a la integración de la representación nacional y local, facilitando la alternancia y el debate de ideas.

Porque según la Carta Magna y el marco legal electoral en México, los partidos políticos son esenciales para el funcionamiento de la democracia, asegurando el cumplimiento de la paridad de género en sus candidaturas y la transparencia en su financiamiento.

Pero, en fin, habrá que esperar.

HISTORIAS

Con su llegada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez se encuentra con la denuncia de Josefa González Blanco, exembajadora de México en el Reino Unido, por un desvío de recursos.

La señalada es Érika Pardo Rodríguez, a quien se acusa de haber manejado recursos a través de empresas fantasmas para el depósito de recursos económicos… Cuitláhuac García, ex gobernador veracruzano, ya pregona que será diputado federal.

Sólo que sea para cubrirlo por las tropelías cometidas en su administración… Por cierto que a propósito de tierras de esos lares, Eduardo Pozos Pérez, alcalde de Xico, echó la casa por ventana en una fiesta de superlujo para festejar el cumpleaños de su esposo. Nada de economías, al fin que la moda es el derroche… Por cierto que, pasada la Semana Santa, sigue el escándalo provocado por el alcalde morenista de Tijuana, Baja California, Ismael Burgueño. Porque en su portal oficial publicó una lista de costos que la Iglesia debía pagar al gobierno municipal por los eventos de la Cuaresma… Una lectora de estos espacios me hizo llegar un mensaje que motiva a la reflexión: Si Pemex es de todos los mexicanos, por qué a los cubanos se les regala la gasolina y a nosotros se nos vende a precios muy altos… En esa larga lista de familiares que Salomón Jara tiene incrustados en las nóminas del gobierno oaxaqueño y en el Poder Legislativo, sobresale su nuera Tania Caballero, quien tiene un sueldo de 31 mil pesos diarios. Eso aunado a la generosidad de tener en el catálogo de funcionarios a hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, yernos, compadres y amigos íntimos desempeñando cargos oficiales.

Por cierto, hace unas semanas hubo cambios en la Secretaría de Finanzas, salió Farid Acevedo y para mantener la misma filosofía y no perder el rumbo, llegó al cargo su sobrina Andrea Fabiola Acevedo… Gran entusiasmo priva en el ánimo de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por las obras en la Calzada de Tlalpan, aunque la irritación ciudadana siga en aumento por el caos que provocan. Está claro que por mucho serán más los afectados que los beneficiados, pero eso no importa.

México, campeón mundial en parches y reformas a la Constitución Política * Los villanos de la política y cosas peores: Rubén Rocha Moya, Jenaro Villamil, Jesús Ramírez Cuevas, Alfonso Brito, Félix Salgado Macedonio, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, Alberto Anaya, Manuel Velasco Coello, Jorge Emilio González Martínez, Cuauhtémoc Blanco, Rafael Marín Mollinedo, Rodrigo Gutiérrez Müller, Sergio Mayer, Rocío Nahle…

EMMA ESPÍNDOLA

Pulverizada con parches y reformas, la Constitución de 1917 ubica a la democracia como un anhelo frustrado.

Esa aspiración encuentra un hoyo difícil de superar, al enfrentarse con malogrados proyectos gubernamentales en la historia nacional.

Anhelar una democracia implica aspirar a un sistema de gobierno donde el poder reside en la ciudadanía, garantizando libertad, igualdad y la participación activa en la toma de decisiones.

En el contexto actual, ese empeño se manifiesta como la defensa de instituciones autónomas, la equidad electoral y el contrapeso que pudiera evitar el poder concentrado.

La democracia se fortalece cuando la ciudadanía se involucra activamente en la vida pública, porque la participación ciudadana no sólo se concreta mediante el voto.

Requiere de la defensa de instituciones, con la búsqueda de proteger organismos independientes (como el Instituto Nacional Electoral -INE-) que aseguren árbitros justos y procesos electorales sin injerencia del crimen organizado o del gobierno en turno.

Ahora que está en puerta el relevo de tres consejeros electorales, es evidente que la igualdad y los derechos para alcanzar la democracia no es sólo es gobernar por mayoría, sino garantizar la libertad y los derechos sociales para todos los ciudadanos.

Que para avalar los contrapesos y la legalidad, es crucial la división de Poderes para evitar la concentración de autoridad y asegurar que el Estado de Derecho prevalezca.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado diversas reformas constitucionales durante 2025 y en 2026, enfocadas en la agenda de la Cuarta Transformación.

Recientemente se conmemoró el Plan de Guadalupe (documento político promulgado por Venustiano Carranza el 26 de marzo de 1913), cuya esencia tenía como objetivo restaurar el orden constitucional.

Al cumplir 109 años de haber sido promulgada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 acumula cerca de 300 decretos de reforma constitucional (aproximadamente 271-280 decretos que contienen diversas modificaciones).

Estos cambios han modificado a más de 117 de los 136 artículos originales, acumulando más de 800 cambios individuales en su redacción.

México tiene el récord mundial de contar con una Constitución Política a la que se le ha reformado mayormente el articulado.

Insólitamente sólo 17 artículos de los 136 originales se mantienen intactos, sin cambios desde su promulgación. Mientras que otros han sido modificados decenas de veces. El 73 fue el primer artículo en ser reformado, en 1921.

Básicamente la Carta Magna ha tenido modificaciones casi constantes, adaptándose a las demandas sociales y programas de gobierno.

Ante las propuestas de reformas electorales debiera imperar la voluntad de que no sean las cúpulas gubernamentales las que tengan decisión… y menos las cúpulas partidistas.

Porque en vez de fortalecer la democracia, enfrenta retrocesos emanados de los diversos regímenes políticos, han dejado de lado la promoción del bienestar y la justicia social.

Así resulta vital que el nombramiento de los tres nuevos consejeros electorales debe tenerse como prioridad lograr que se tengan elecciones competitivas, equitativas y organizadas por instituciones autónomas.

Con ello podría impedirse y evitar que la democracia sea un principio abstracto, y que los cargos de elección popular no sean producto de una imposición, sino una decisión colectiva.

Pero fundamentalmente debe partirse de que la democracia no corresponde únicamente a temas electorales, porque los regímenes democráticos deben buscar una mejor sociedad en la que se combata la desigualdad, reduzca las brechas económicas y prevalezca la legalidad.

Porque el desafío de las instituciones es, sin lugar a dudas, seguir dotando de certidumbre y equidad sus decisiones y que los  cambios estructurales no nazcan de caprichos personales.

HISTORIAS

Talentosos, como sin duda lo son, los estrategas de la comunicación oficial han sido los principales destructores de los principios de la 4T. Porque apegados a los manuales y compendios, han derrumbado los tan cacareados principios de no mentir. Prueba de ello los escándalos de las piernas asoleadas en Palacio Nacional, el derrame de hidrocarburos en playas veracruzanas, las cifras de los desaparecidos, la Honestidad Valiente (ahí está el contrato por 350 millones de pesos que la hija de Rubén Rocha Moya otorgó a una empresa que se creó el mismo día de la adjudicación) y una amplia lista de yerros que meten en problemas a toda la estructura gubernamental.

Seguramente Jenaro Villamil (con sus boots) y los desmentidos basados en las tácticas dictadas por Jesús Ramírez Cuevas y ejecutadas también por Alfonso Brito, debieran enaltecerse con una placa o un monumento… Ante los graves señalamientos de Félix Salgado Macedonio de que para luchar contra el nepotismo deben tomarse medidas correctivas porque hay quienes tienen a toda su familia en el poder (mensaje directo contra Luisa María Alcalde), ha prevalecido el silencio y la complicidad… Severo golpe de la Presidenta Claudia Sheinbaum contra Ricardo Monreal al corregirlo de que no hay ninguna “Operación Cicatriz” para limar asperezas con el Partido del Trabajo.

Alberto Anaya y Manuel Velasco Coello (sin descartar al “Niño-viejo Verde”, Jorge Emilio González Martínez) deben tomar nota porque su rebeldía-chantaje pronto tendrá que afrontar las consecuencias. Seguro pasará como en los choques de autos, donde cada quien se irá con su golpe… El Rey de la Impunidad (Cuauhtémoc Blanco) sigue gozando de la protección oficial y no hay quién se atreva a someterlo.

Ahora está acusado por intento de homicidio con la camioneta de lujo con valor de 3 millones de pesos, sin placas (dicen que se las quitó para evadir la acusación), con que ingresó al Estadio Banorte… Rafael Marín Mollinedo dejó el negocio, una disculpa, quise decir la Dirección de Aduanas, para irse a buscar la candidatura para gobernar el estado de Quintana Roo y evitar que el Partido Verde se adueñe del palacio de gobierno en Chetumal… Hubo muchos movimientos informativos para ocultar y diluir las acusaciones en contra de Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO, por estar ligado a empresas del Bienestar (al diablo con el no robar, no mentir y no traicionar)… Curioso y contradictorio, mientras surgieron las manchas de chapopote o petróleo en las playas veracruzanas, siguen sin aparecer los 211 automóviles y 50 pantallas que “mágicamente” se evaporaron en el Instituto para Devolver lo Robado al Pueblo en tierras jarochas… Usted pensará que es una broma o un chiste de mal gusto, pero no. El filósofo y culto Sergio Mayer ya dijo que buscará ser jefe de Gobierno en la Ciudad de México. Seguramente la sociedad saldrá ganando cuando las bibliotecas y parques recreativos sean sustituidos por tables dance o que en vez de gobernar, prefiera seguir participando fallidamente en programas televisivos donde impera el interé$ de promover la diver$ión. Está visto que lo de legislar, donde tampoco es un ejemplo, ya le queda chico… Otra perla salida de los mares veracruzanos: ¿Es legal que el esposo de la gobernadora Rocío Nahle siga cobrando dos, sí 2, pensiones en Pemex? Bueno, debe entenderse que la aplicación de la legalidad es para aplicarse a los que están fuera de las esferas gubernamentales y los privilegios para los honorables.

La intromisión del crimen organizado en las altas esferas es de extrema gravedad * Esperemos que un día pueda aparecer cuando menos una tibia respuesta gubernamental

EMMA ESPÍNDOLA

Refugiado en las cúpulas del poder, el narcotráfico avanza impunemente ante la complacencia de políticos involucrados.

En voz de los actores y protagonistas, queda plenamente el señalamiento de gobernadores que están involucrados como parte central de la infiltración del narcotráfico en la política.

Conocida comúnmente como narcopolítica, con los señalamientos de ese fenómeno en el que las organizaciones criminales buscan controlar, influir o corromper a las instituciones del Estado, aparecen actualmente nombres de militantes ligados a la 4T.

Además, se puntualiza la implicación de legisladores, presidentes municipales y fuerzas de seguridad relacionadas con ese flagelo que marca profundamente la agenda de seguridad y la estabilidad democrática.

Las acusaciones de su presunta liga con el crimen organizado mezclan directamente a gobernantes y ex autoridades estatales como Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Layda Sansores, Indira Vizcaíno, Salomón Jara, Alfredo Ramírez Bedolla, Adán Augusto López, Jaime Bonilla y Cuauhtémoc Blanco.

Aunque también hay exgobernantes de otras facciones políticas como Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval y Jesús Reyna García que, por haber sido vinculados con organizaciones criminales, enfrentaron procesos judiciales y sufrieron prisión.

Sin dejar fuera a Jorge Aristóteles Sandoval, quien fue abatido por la supuesta relación con grupos criminales.

Basados en acusaciones frontales, señalamientos personales, testimonios fotográficos y declaraciones, los políticos se implican entre ellos mismos.

La trama adquiere relevancia actualmente porque Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, acusó directamente a la gobernadora de esa entidad (Marina del Pilar) de traficar droga a Estados Unidos.

Le atribuye estar metida hasta el tope junto con Carlos Torres Torres, su exesposo, y colaboradores del gobierno estatal en el trasiego de estupefacientes.

En días recientes Bonilla Valdez fue vinculado por un juez a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Más rápido que un vagón del Tren Maya, respondió con señalamientos en contra de quien lo sucedió en el cargo.

Y de manera relevante debe destacarse que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en su programa “El Martes del Jaguar”, afirmó que para ser candidato a un cargo de elección popular “tienes que ser narco, tener mucho dinero o tener buenos padrinos”.

Más claro, ni el cielo sin día de contingencia ambiental.

En la Cámara de Senadores, Lilly Téllez usó la tribuna para acusar al también legislador Saúl Monreal de ser “narcopolítico”.

Benjamín Robles Montoya, diputado federal y exsenador, señaló como “narcopolítico” al actual gobernador oaxaqueño de Morena, Salomón Jara.

Javier May, gobernador de Tabasco, acusó al exgobernador Adán Augusto López de tener vínculos con el narco.

Luego del señalamiento, el “hermano” de Andrés Manuel López Obrador fue defenestrado en una larga campaña de acusaciones y de estar ligado a “La Barredora” del Comandante H, hasta que el acorralamiento lo llevó a ser relevado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores.

Lo de Rubén Rocha Moya en Sinaloa fue de proporciones escandalosas al aparecer como personaje central en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, pero no pasó nada de nada.

Pero el problema es más profundo y preocupante de lo que pudiera imaginarse; prueba de ello los alcaldes detenidos por supuestos vínculos con el crimen organizado en estados como Puebla, Jalisco, Morelos y Estado de México que figuran como las principales plazas.

Además de la captura y enjuiciamiento de mandos de corporaciones policiales involucrados en delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, cobro de piso, fraudes y otros cargos más.

En días recientes en Matehuala, San Luís Potosí, fue detenido el jefe de la policía con marihuana y cristal.

Como podrá verse, la complejidad y la gravedad de la intromisión del crimen organizado en los círculos del poder, es de extrema gravedad.

Lo preocupante es la impunidad en que dan esos escenarios porque -a pesar de ser públicos y de que los involucrados son figuras relevantes de la política nacional- no hay acción alguna para que sean investigados.

La tolerancia y apatía marca una complicidad innegable.

Desde el arribo de la llamada 4T varios gobernadores han sido señalados de establecer nexos con los grupos delincuenciales, sin embargo, las sospechas que incluyen a las gobernadoras de Baja California, Colima y Guerrero no han generado acción alguna.

Los mandatarios de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Michoacán y varios alcaldes y candidatos han sido señalados por ser sospechosos de estar ligados con la operación de los grupos criminales y de pactar con ellos al grado de cederles posiciones dentro de las estructuras de los gobiernos estatales y municipales.

La infiltración del narco en la política se manifiesta a través de diversas dinámicas:

*** Financiamiento de campañas con dinero ilícito que es utilizado para financiar campañas electorales de candidatos a nivel municipal, estatal y federal.

*** Corrupción de funcionarios, sobornos a policías, militares y políticos para garantizar impunidad y protección para el trasiego de drogas.

*** Infiltración directa: Narcotraficantes o personas ligadas directamente a cárteles ocupan puestos de elección popular.

*** Violencia electoral: Amenazas y asesinatos de candidatos que no se pliegan a los intereses de los grupos criminales.

El narcotráfico es un problema que afecta a una amplia gama de delitos y perturba la convivencia social a la vez que atenta contra las raíces del propio Estado, porque debilita las estructuras del poder, corrompiendo.

Estudios en la materia establecen que la evolución del narcotráfico en México y la relación existente con el poder político, así como su efecto en cuestiones como los derechos humanos, son de acentuada gravedad.

Porque debilita las estructuras de poder, corrompiéndolas y haciendo cada vez más difícil la separación entre la legalidad y el narcotráfico.

Así como tener en cuenta que “debido a su capacidad para corromper y amenazar a los funcionarios públicos, los narcotraficantes se han convertido en la ley de facto en muchas ciudades mexicanas”.

Fijan tesis en donde se destaca que la tríada de poder, ambición y corrupción, se describen cómo la búsqueda desmedida de autoridad y riqueza personal que erosiona las instituciones democráticas.

Que la ambición impulsa el abuso del poder público para beneficios particulares, creando redes de impunidad, desequilibrios éticos y saqueo de recursos, perpetuando ciclos de desigualdad y desconfianza social.

Porque la ambición de poder a menudo supera el sentido de Estado, llevando a funcionarios a privilegiar intereses personales o de grupo sobre el bien común.

Incluyendo que la corrupción no es sólo un acto individual, sino una dinámica sistemática donde el poder se utiliza para satisfacer necesidades personales, a menudo impulsado por redes de relaciones que atraviesan todas las esferas de la sociedad.

Y que, como consecuencia, esta relación conlleva al enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y la impunidad, debilitando la legitimidad de los gobiernos y las instituciones.

Pero, en fin, el problema ahí está. Esperemos que un día pueda aparecer cuando menos una tibia respuesta gubernamental.