Su trayectoria es limpia, como para mancharla por encubrir a malos servidores públicos * En el país de no pasa nada ya se empieza a asomar el descontento social * El caso más reciente es el que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, quienes de los dimes y diretes pasaron a los empujones y a los golpes * Comuneros protestan en la casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán

ALFREDO IBÁÑEZ

Vaya días infaustos los que ha vivido México en las últimas semanas y, a juzgar por los acontecimientos, los que faltan por presenciar.

Las confrontaciones verbales entre la clase política gradualmente suben de tono e incluso ya se dio paso a las agresiones físicas.

El caso más reciente es el que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, quienes de los dimes y diretes pasaron a los empujones y a los golpes.

Los argumentos quedaron rebasados, y cómo no si a lo largo de meses se ha apostado por la confrontación, por la crispación, por avasallar a los opositores. No se privilegia el diálogo.

Alejandro Moreno, quien efectivamente no es una blanca paloma, que ha sido perdonado al no desaforarlo, y que por cierto es acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche de desviar 83.5 millones de pesos cuando gobernó esa entidad, fiel a su temperamento encaró al polémico Fernández Noroña.

Al ríspido momento, previo a la gresca, se sumó el cúmulo de hechos agraviantes que se han vivido no sólo en el Senado de la República, sino en los últimos años en diversos estados del país, sobre todo en rubros como seguridad, salud y la presencia y operación del crimen organizado.

Sólo faltaba el pretexto para desencadenar el desencuentro que pudimos apreciar, salió a flote el malestar, la frustración que provoca Morena con su comportamiento arrogante, autosuficiente y de complicidad.

De ninguna manera se justifica que se llegue a los golpes, pero el senador Gerardo Fernández saca de sus casillas al más ecuánime y para colmo tiene enfrente a un arrogante líder priísta que ya los midió y sabe que no van a quitarle el fuero.

En Morena, sabedores de que tienen el poder, literalmente hacen lo que quieren, son intocables, critican, pero no toleran que los juzguen, condenan verbalmente a los políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) por corruptos, y bien hecho, pero no admiten que en sus filas hay malos elementos e incluso impresentables que deben ser llevados ante la justicia.

De nada sirven los argumentos o el debate fundado ante el pleno de los órganos deliberativos, pues finalmente se impone la mayoría de Morena. De nada sirven las pruebas, las testimoniales, las acusaciones directas en contra de malos políticos morenistas, con presuntos nexos con la delincuencia organizada si no hay castigo.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inexplicablemente encabeza la defensa de los morenistas que presuntamente están envueltos en ilícitos, es la primera que exige pruebas de las acusaciones vertidas contra sus compañeros de partido, cuando mínimamente debiera pronunciarse porque se separen del cargo, se abra una investigación y ante la justicia que se exhiban los elementos probatorios necesarios a efecto de deslindar responsabilidades.

Con un nivel de aceptación que alcanza hasta el 80 por ciento, el cual la ubica como una de las mandatarias mejor evaluadas de los últimos tiempos, qué necesidad tiene de cargar problemas ajenos.

Su trayectoria es limpia, como para mancharla por encubrir a malos servidores públicos, sobre todo a gobernadores que han sido señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Presidenta, lo más saludable sería llevarlos ante la justicia y que ésta decida su destino.

Pero eso no sucede ni va a pasar, desde hace varios años la respuesta es señalar a los políticos corruptos del pasado como Genaro García Luna, quien purga larga condena en una prisión de Estados Unidos, acusado del tráfico de drogas, al panista Felipe Calderón, quien argumenta que nunca se enteró de lo que hacía su funcionario… nada más absurdo cuando su secretario de Seguridad Pública operaba para el crimen organizado y se llenó los bolsillos de cantidades millonarias.

Otras instancias que participan con el manto de la impunidad son las fiscalías, las cuales presuntamente son independientes, pero no abren investigaciones y menos actúan contra los políticos señalados.

Ahí está el senador Adán Augusto López, quien enfrenta grave polémica, pues cuando fue gobernador del estado de Tabasco tuvo en su gobierno a Hernán Bermúdez, señalado como cabeza de la organización criminal La Barredora, ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La lista sigue, sobre todo de gobernadores, pero en el país de no pasa nada, continúan en sus cargos, intocables, sólo que el descontento social, aunque tenue o tímido, comienza a asomar.

COMUNEROS PROTESTAN FRENTE A CASA DE GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA EN TEPOZTLÁN

Comuneros de San Juan Tlacotenco, Tepoztlán, realizaron una protesta afuera de la casa de Fernández Noroña para denunciar que en este pueblo mágico la mayoría de su tierra es comunal, por lo que no se puede vender como propiedad privada y “menos mediante créditos bancarios”.

“Aquí no se puede vender, ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros, y aquí está la gente y los comuneros”, dijo uno de los habitantes de San Juan Tlacotenco, ubicada al norte de la cabecera municipal.

Los manifestantes señalan que Fernández Noroña podría haber usado sus influencias como ex presidente del Senado del Congreso de la Unión para obtener la casa, pues la asamblea comunal no se enteró, “es un error, grave, gravísimo, porque está usufructuando bienes que no le corresponden, aquí este es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán”.

Los inconformes con sus pancartas se cubrían sus rostros para no ser identificados. “Tepoztlán no se deja. El pueblo de Tepoztlán exige que se respete esta propiedad del pueblo, el suelo de Tepoztlán es comunal, ya basta de fraude y de corrupción”, añaden.

Después de retirarse los protestantes dejaron sus cartulinas fosforescentes afuera del portón y barda de piedra del inmueble.

Repito, el descontento social ya se empieza a ver y lo más grave sería que el pueblo tomara justicia por su propia mano… y todo porque las autoridades no cumplen con su responsabilidad de aplicar la ley. Recuerden: “El pueblo es sabio y no es tonto”.

Mientras los contribuyentes cumplen con su pago de la Tenencia o refrendo vehicular, las vialidades del Estado de México están destrozadas e intransitables * Diversos han sido los argumentos de la administración estatal sobre su abandono, una de ellas es que las empresas privadas responsables del mantenimiento no han cumplido con sus compromisos

ALFREDO IBÁÑEZ

El Gobierno del Estado de México, que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, presiona a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones en materia de impuestos.

De manera permanente lanza campañas para recordarles que cubran los importes correspondientes; sin embargo, como gobierno evade su responsabilidad: Cobra, pero no aplica el dinero.

Un ejemplo de la doble regla con la que opera la administración estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es la tenencia o refrendo vehicular.

Quienes por alguna razón no pudieron realizar el pago, viven un verdadero viacrucis, debido a que de inmediato son impedidos para verificar su unidad.

Ante esa doble sanción son presa fácil de los policías municipales, de los diferentes colores partidistas, quienes todos los días están a la caza de sus presas, a los cuales no los invitan a ponerse al corriente, sino que los amenazan con llevarlos al corralón para finalmente extorsionarlos.

Como puede advertirse no hay escapatoria… y los impuestos se pagan. Todo está estructurado para exprimir el bolsillo de los automovilistas, para que paguen multas y recargos, que se traducen en importante cantidad de dinero que se supone va a parar a las arcas públicas del estado, pero que inexplicablemente no se aplican.

Es sorprendente y sospechoso que los cientos de millones de pesos que se recaudan por esos conceptos no se reflejan en mejores servicios públicos, como es el buen estado de las carreteras.

Las vialidades del Estado de México están destrozadas e intransitables. En tanto los contribuyentes cubren su responsabilidad fiscal, la gestión de la gobernadora Delfina Gómez no cumple con la parte que le corresponde.

La titular del Poder Ejecutivo estatal no puede argumentar que el abandono de las arterías de comunicación sea por falta de dinero, toda vez que la recaudación de impuestos es millonaria, además que la entidad es la que más número de vehículos tiene registrados.

A principios de este año el total de unidades ascendía a 9.4 millones, entre automóviles y motocicletas.

Conocida esta cifra, es importante destacar el millonario monto obtenido, pues el costo por el refrendo vehicular es de 917 pesos y 677 para motocicletas.

Como puede advertirse dinero hay, los contribuyentes pagan sus impuestos como para que las carreteras del Estado de México estén en mejores condiciones.

Diversos han sido los argumentos de la administración estatal sobre su abandono, una de ellas es que las empresas privadas responsables del mantenimiento no han cumplido con sus compromisos.

Incluso dio a conocer que se han aplicado multas del orden de los 43 millones de pesos. Pero todo ha quedado en declaraciones, no hay castigos enérgicos y menos la reparación de las carreteras.

El Gobierno del Estado de México no puede lavarse las manos ante la seria problemática que enfrentan millones de automovilistas.

Esa actitud de culpar a las empresas privadas del mal estado de las arterías de comunicación no es convincente, porque finalmente es el responsable del patrimonio estatal.

El desperfecto de las vialidades genera grandes pérdidas económicas y además pone en riesgo la seguridad de los conductores. Los daños que todos los días sufren los automotores son millonarios.

Recientemente el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local dio a conocer que los perjuicios por baches van desde los 2 mil pesos hasta los 40 mil, dependiendo del tipo de vehículo y del deterioro sufrido.

¿Quién absorbe esos gastos?, como siempre, los propios afectados. Hoy más que nunca cobra relevancia la propuesta que ese partido presentó en su momento, encaminada a que la administración estatal pague una indemnización a los ciudadanos que sufran afectaciones por consecuencia de los baches.

Si el gobierno estatal tolera o encubre a las empresas privadas encargadas del mantenimiento carretero y que no han cumplido con su responsabilidad, entonces que pague por los daños causados.

Es evidente que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez no ha traído avances ni mejoras para la entidad, no obstante que es uno de los estados más ricos del país.

En menos de dos años que lleva gobernando el partido guinda, asoma con fuerza el deterioro.

Cómo es posible que un estado que recauda al año más de 50 mil millones de pesos en impuestos y que ejerce un presupuesto anual de 388 mil millones de pesos, se encamine al atraso.

No hay obras importantes en la presente gestión, a ese paso es imposible siquiera imaginar la construcción de hospitales de tercer nivel, como los que pusieron en marcha los gobiernos del PRI.

Hoy lo recurrente son las inundaciones, drenaje colapsado, el desbordamiento de las aguas negras que se esparcen lo mismo por las calles que por las casas de los pobladores, las carreteras destrozadas, obras inconclusas, la inseguridad, las extorsiones, el huachicoleo de hidrocarburos y de agua, las invasiones, en fin, una larga lista de calamidades.

El abandono de las carreteras es lo más evidente, le sigue el sector salud, en el que los trabajadores una y otra vez denuncian la falta de medicamentos… al paso que va, pronto será el educativo y otros más.

REGAÑO PRESIDENCIAL

La lentitud en la implementación del Bachetón -el programa federal para responder a una de las demandas más sentidas de la población- en territorio mexiquense detonó el regaño presidencial.

Los alcaldes señalaron al presidente de la Junta estatal de Caminos, el ex diputado izcallense Ariel Juárez, como el principal obstáculo, pero la gobernadora le ha dado su respaldo incondicional.

La llamada de atención ocurrió en el marco de las mesas para la paz, el mecanismo interinstitucional coordinado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Y allí se han analizado a detalle los indicadores de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Para el Estado de México, la información es contundente: en Toluca, Ecatepec y Mexicaltzingo, más del 88% de los ciudadanos encuestados identifican los baches como uno de los principales problemas urbanos.

La infraestructura vial, ya precaria desde administraciones anteriores, parece haberse agravado en los últimos meses, generando molestias, accidentes y un deterioro generalizado del entorno urbano.

La Junta de Caminos del Estado de México administra un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales mediante esquemas de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).

Pese a ello, los resultados son prácticamente nulos. No hay evidencia de mejoras sustantivas, ni en el mantenimiento de caminos ni en la coordinación intermunicipal para atender la red vial secundaria.

Ante la inacción de la Junta de Caminos, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría instruido a la maestra Delfina Gómez a replantear el modelo de gestión: Ahora los municipios, especialmente los del oriente mexiquense, podrán recibir fondos federales de manera directa para atender las vialidades y el alumbrado. Hace más de un mes, la misma Presidenta anunció que el gobierno federal entregara a los municipios maquinaria para realizar esos trabajos.

Esto representa no sólo un cambio de estrategia operativa, sino una desautorización tácita de la Junta y de la propia gobernadora. Este rediseño podría derivar en una pugna de competencias y presupuestos dentro del aparato estatal. Algunos alcaldes, sin embargo, ven con buenos ojos esta nueva posibilidad de manejo directo de recursos, sobre todo ante la lentitud de las instancias estatales.

La ENSU también subraya otro aspecto crítico: el alumbrado público deficiente. En municipios como Almoloya de Juárez, Ecatepec y nuevamente Mexicaltzingo, la percepción de inseguridad crece al ritmo que disminuye la iluminación en calles y avenidas.

La falta de coordinación entre municipios y el gobierno estatal ha provocado zonas completamente a oscuras, donde la delincuencia encuentra terreno fértil.

Aquí también, la Junta de Caminos ha fallado. Aunque su mandato incluye la supervisión de estas áreas, su intervención ha sido, en el mejor de los casos, marginal.

El Pentágono usaría las fuerzas militares para combatir a los cárteles calificados como terroristas * Donald Trump provoca la reacción de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien descarta que las fuerzas estadounidenses ingresen a territorio nacional * Terrible la inseguridad y miseria que prevalece en el Edomex: Un niño de cinco años fue secuestrado y asesinado por tres delincuentes, en represalia porque su mamá les debía mil pesos

ALFREDO IBÁÑEZ

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la información que publicara el viernes pasado el diario The New York Times, pero además la defendió.

Dicho medio de comunicación publicó un artículo en el que señaló que el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva secreta para que el Pentágono utilice las fuerzas militares para combatir a los cárteles calificados como terroristas.

Entre los grupos criminales figuran seis de origen mexicano, como son: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el Times, las fuerzas estadounidenses ya estarían elaborando los primeros planes y contarían con un instrumento legal para realizar ataques militares directos y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles.

Este desplazamiento marcará un cambio drástico sobre el cómo se aplicará la ley de operaciones, esta decisión también plantea una cuestión legal como, por ejemplo, si el “asesinato” autorizado por el Congreso incluyera a los civiles que son sospechosos de pertenecer a uno de estos cárteles, señaló el diario.

Es de resaltar que el presidente Donald Trump -a partir de su regreso a la Casa Blanca- ha buscado por diversos medios, como es la imposición de aranceles, frenar el ingreso de fentanilo a su país.

Y es que, a su consideración, es colocado el fentanilo en el mercado estadounidense, básicamente por los narcotraficantes mexicanos, a quienes meses atrás los declaró organizaciones terroristas, al igual que el Cártel de Los Soles, Tren de Aragua, de Venezuela y la Mara Salvatrucha (MS-13), de El Salvador.

Horas después de que se diera a conocer la información de que el gobierno de Estados Unidos planea enviar tropas a América Latina para combatir a los cárteles de las drogas, Trump lo confirmó y adelantó que la finalidad es proteger a su país, además de fortalecer la lucha contra el fentanilo.

“América Latina tiene muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, advierte el mandatario de la Unión Americana.

La lucha contra los cárteles de la droga, como son los de México, por parte de Estados Unidos, sigue su curso, la firma de la orden ejecutiva secreta para que el Pentágono utilice las fuerzas militares para combatir a los cárteles calificados como terroristas es un paso más.

Inicialmente la administración estadounidense recurrió al uso de drones, que han sobrevolado en México, a efecto de detectar laboratorios clandestinos donde se produce fentanilo.

La orden ejecutiva firmada por el inquilino de La Casa Blanca provocó la reacción de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien descartó que las fuerzas estadounidenses ingresen a territorio nacional.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, estima la titular del Poder Ejecutivo.

La resolución de Donald Trump de usar la fuerza militar, incluso en territorios extranjeros y en aguas territoriales, es un claro mensaje de que está decidido a frenar a los cárteles del narcotráfico, de extinguirlos.

Confirmadas sus pretensiones, interesante será conocer qué acciones concretas va a tomar la Mandataria Sheinbaum Pardo, pues en la lucha emprendida contra el crimen organizado podría haber víctimas civiles a manos de las fuerzas armadas.

La amenaza de que México sea invadido por Estados Unidos está latente y pronto podría hacerse realidad. Qué explicación dará la titular del Poder Ejecutivo federal, que no es sumisión, sino un acto coordinado.

Tal parece que es lo que busca, que fuerzas armadas extranjeras ingresen al país y la apoyen en su lucha contra las organizaciones delictivas, pues la petición de Donald Trump es clara, a gritos pide que se combata a los grupos criminales mexicanos que trafican con fentanilo.

¿POR QUÉ MÉXICO NO COMBATE A LOS CÁRTELES?

Ya el Tío Sam dijo cuáles son y señaló a seis como organizaciones terroristas.

La pregunta que se hace todo mundo es por qué no los combate el gobierno mexicano, ¿acaso porque hay políticos y empresarios de alto nivel involucrados?

La Primera Presidenta debe decidir y está en una disyuntiva: La población civil, el pueblo de México, o los políticos corruptos y sus cómplices criminales.

POR MIL PESOS SECUESTRAN Y ASESINAN A NIÑO DE CINCO AÑOS; LA FISCALÍA DE JUSTICIA IGNORÓ LA SÚPLICA DE LA MADRE

Terrible la inseguridad y miseria que prevalece en el Estado de México, esta vez un niño de cinco años fue secuestrado y asesinado por tres delincuentes, en represalia porque su mamá les debía mil pesos.

Los hechos que costaron la vida a Fernandito se registraron en el municipio Los Reyes La Paz, gobernado por la alcaldesa de Morena, Martha Guerrero.

Ante la grave marginación en la que vive la madre del menor, decidió pedirles dinero prestado a un grupo de prestamistas, que por cierto proliferan sin control en la entidad mexiquense.

Días después los agiotistas se presentaron en su casa en la colonia Ejidal, El Pino; al no poder pagarles, se llevaron al infante.

No obstante que la madre denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estatal, la policía -como es su costumbre- la ignoró.

La respuesta es muy simple: No vieron atractivo el caso porque no hubo dinero de por medio… un hecho que demuestra que así de corrupta es la policía en el Estado de México.

Tras varios días de maltrato de Fernandito a manos de sus verdugos, finalmente fue hallado muerto dentro de un costal y en estado de descomposición.

Hasta el momento hay tres detenidos, pero debería haber más, como es el Ministerio Público responsable.