La muerte de dos presuntos oficiales instructores de EU y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y la balacera en Teotihuacán prenden la alerta * Horacio Duarte e Higinio Martínez calientan la plaza del Estado de México al tener la disputa cantada con el apoyo de sus corrientes: el secretario de Gobierno con la cargada oficial y el senador morenista con sus Mexiquenses de Corazón

ALFREDO IBÁÑEZ

Faltan menos de dos meses para el arranque del Mundial y la inseguridad en México es preocupante.

Pese al esfuerzo del gobierno federal por revertir esa situación, las organizaciones criminales y los homicidios dolosos ganan terreno.

Los ojos del mundo están puestos en el país, saben de la existencia y operación del narcotráfico, de la guerra entre los grupos rivales, por lo que están pendientes de lo que ocurre.

La incertidumbre está presente, los elevados niveles de criminalidad son una pésima carta de recomendación.

México, una y otra vez, es noticia. Hace uno días volvió a ocupar importante espacio en los medios de comunicación nacionales e internacionales debido a la muerte de dos presuntos oficiales instructores de Estados Unidos y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, cuando retornaban de un operativo de destrucción de un laboratorio clandestino de drogas, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Pasaron muchas horas para que las autoridades responsables, como la gobernadora panista Maru Campos, señalara que se trató de un accidente.

Presuntamente la unidad en la que viajaban derrapó y se precipitó a un barranco de más de 200 metros de profundidad, a la altura de la comunidad de Polanco Morelos.

Según reportes, tres de los ocupantes salieron disparados y el cuarto perdió la vida calcinado.

Generalmente este tipo de percances se difunde de manera amplia, sobre todo porque se trató de dos ciudadanos estadounidenses, por cierto, cuya estancia en el país no está claro; sin embargo, esta vez dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) guardaron silencio.

Minimizaron el hecho e incluso no se mencionó el nombre de las víctimas de Estados Unidos, no obstante, la noticia trascendió.

El discurso inmediato de parte del fiscal de Justicia de Chihuahua fue que los estadounidenses estaban haciendo “labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual”.

Hayan participado o no en el operativo, eran agentes o instructores, lo cierto es que el deceso de los cuatro tripulantes de la unidad se dio en el marco de la destrucción de seis laboratorios clandestinos diseminados en un predio de más de 100 hectáreas que se le atribuye al Cártel de Sinaloa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó del caso al argumentar que no tenía conocimiento ni había otorgado autorización para los trabajos de entrenamiento conjunto entre la Fiscalía de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en territorio chihuahuense.

Culpó a la gobernadora panista Maru Campos de falta de comunicación y recordó que “la relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”.

Todavía no se digería la noticia de los cuatro muertos, cuando una más impactó a la opinión pública: un sujeto armado atacó a balazos a los visitantes de las Pirámides de Teotihuacán.

Disparó indiscriminadamente desde la Pirámide de la Luna y asesinó a una mujer de nacionalidad canadiense, además de lesionar a seis turistas.

El agresor, tras atacar a los visitantes de la zona arqueológica, se quitó la vida. Entre los heridos están dos colombianos, una mujer de nacionalidad rusa y otra canadiense. En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Con esas cartas de presentación, aunado a los 331 homicidios dolosos que se perpetraron el fin de semana que comprende del 17 al 19 de este mes, definitivamente la imagen del país no es nada halagadora.

EL DUELO DE LA DOBLE H

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, ya tiene contendiente para las elecciones a la gubernatura del 2029.

Aunque todavía falta mucho tiempo, el senador Higinio Martínez se apuntó para suceder a la maestra Delfina Gómez Álvarez.

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Consejo estatal de Mexiquenses de Corazón, agrupación que encabeza y que está conformada por legisladores locales y federales, alcaldes y líderes sociales.

Ahí fue ovacionado por sus seguidores, quienes durante su discurso no se cansaron de gritar “¡gobernador!, ¡gobernador!”.

No sólo se dejó querer, sino que además soltó varias consignas con destino claro a Palacio de Gobierno de Plaza de Los Mártires, una de ellas fue: “Nadie puede impedirnos el derecho, la obligación de soñar, de trabajar, por un Estado de México justo, libre, democrático, no hay fuerza humana que lo consiga, así venga de la misma sangre política de los presentes, nunca lo lograrán, nunca podrán detenernos”.

Con amplia trayectoria en la política y conocedor de las debilidades de sus alumnos, la gobernadora y el secretario de Gobierno, sentenció: “Nunca pudieron en 50 años de actividad política detenerme y nunca han podido en 50 años detenernos”.

“Si no pudieron, no podrán el día de hoy hacerlo”, enfatiza el líder de la corriente morenista Mexiquenses de Corazón.

Higinio Martínez y su grupo van por la gubernatura y por el presupuesto millonario de 410,341 millones 615 mil 262 pesos. La disputa entre morenistas está cantada. ¡Hagan sus apuestas y cierren las puertas señores!

De nada sirven los cambios en el gabinete mexiquense, pues los premiados sólo disfrutan del erario público * El grupo en el poder en el Estado de México, el llamado Texcoco, riñe de manera constante, antepone sus ambiciones personales y se olvida de gobernar

ALFREDO IBÁÑEZ

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, llevó a cabo diversos cambios en su gabinete.

El más importante fue el relevo en la Secretaría de Salud, la cual estaba en manos de Macarena Montoya Olvera y que ahora ocupa Celina Castañeda de la Lanza.

Por cierto, dicha funcionaria está ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a ese partido que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el discurso ha defenestrado hasta el cansancio, pero que en los hechos no toca, le guarda respeto y que a estas alturas huele a complicidad.

El ejemplo más claro es Alfredo del Mazo Maza, a quien señalaban de corrupto y más por ser cercano a Enrique Peña Nieto, la amenaza de investigarlo y de llevarlo a la cárcel fue su bandera en su campaña electoral… y ya ven, nada ha pasado, al contrario, le hacen reconocimientos a su padre.

Con estos hechos suma fuerza de que ya estaba pactado de que Alfredo del Maza entregaría la gubernatura mexiquense.

Otro ejemplo: Alejandra del Moral, quien en campaña electoral afirmó que lo peor del PRI estaba en Morena… y cae más rápido una habladora que una coja, pues Del Moral Vela por sus intereses y ya se sumó al movimiento transformador.

Así que lo del PRIAN es pura demagogia.

Retomando a Celina Castañeda, la nueva adquisición y flamante refuerzo de Gómez Álvarez, trabajó en la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, de 2017 a 2021, y se desempeñó como coordinadora del Programa Estatal de Medicina Paliativa dentro de la Secretaría de Salud estatal.

Qué rápido olvidó la gobernadora Delfina Gómez los señalamientos incendiarios que lanzó una y otra vez en contra del PRI y del exgobernador priísta, a quien acusaba de ser fiel heredero y representante del Grupo Atlacomulco, aquel que se mantuvo casi 100 años en el poder y al que en campaña le gustaba llamar el “árbol de la corrupción”.

Bueno, pues como parte de esa corrupción, de eso que llamó la “herencia maldita”, es su nueva secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza.

Los acuerdos que hace la gobernadora con el PRI, en vísperas de las elecciones del 2027, comienzan a manifestarse.

Tan mal anda su gobierno que busca a toda costa establecer alianzas de cara a las elecciones del próximo año, por lo visto no importa con quién sea, máxime que aquellos que creía sus incondicionales, es decir, los partidos Del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), le salieron respondones y exigen mayores espacios de poder.

Cabe destacar que la gestión de Gómez Álvarez suma por lo menos siete cambios importantes, entre ellos las Secretarías del Agua, Educación y la de Movilidad, ésta última, lejos de dar solución a la serie de problemas, como es el transporte público de pasajeros, los deja crecer.

La proliferación de unidades pirata sigue y con ellas el número de delitos cometidos a bordo de ellas.

La incapacidad del gobierno estatal es preocupante. Cómo es posible que en la entidad circulen como si nada más de 700 mil unidades de pasajeros irregulares, piratas como se les denomina.

Pero está claro que son votos y dinero, mucho dinero, cuyo destino se desconoce, eso podría explicar tanta impunidad.

Para ejemplificar más el caso, es necesario señalar que el parque vehicular en orden, es decir, aquellos que tienen concesión, asciende apenas a 170 mil.

Si bien fue herencia de los gobiernos del PRI, con casi tres años de gobierno debe notarse el cambio que prometieron, pero no, su sello es la falta de resultados.

Frente a ese escenario, de nada sirve que la gobernadora Gómez haga cambios en su gabinete, pues en la práctica lo que hacen los premiados es disfrutar una temporada del erario público, saben que no tienen la capacidad para el cargo, entonces hacen como que trabajan, pero finalmente dejan una serie de problemas, sólo que más agravados, en perjuicio de casi 17 millones de mexiquenses.

En septiembre próximo el gobierno de Morena va a cumplir tres años en el poder, llegará a la mitad del sexenio y no se le conoce una sola obra de alto impacto, que beneficie a la población en general.

Tampoco hay evidencias que esté trabajando en la construcción de hospitales, universidades, escuelas de nivel básico, menos en carreteras, porque las que hay están literalmente destrozadas.

Su política de gobierno se resume en la entrega y eso a medias, de programas sociales, dádivas y no precisamente para quienes más lo necesitan, sino para aquellos que son afines al partido guinda.

Otro distintivo más es la riña permanente, la disputa por el poder, todos contra todos.

El secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, desde el inicio de la actual gestión está en campaña, una y otra vez se confronta con su mentor político, aquel que le dio varios espacios en Texcoco, el senador Higinio Martínez Miranda.

Primero le arrebató el control en el Congreso local, palomeó e impuso a los legisladores que simpatizan con sus ambiciones, posteriormente hizo lo mismo con los alcaldes.

Ahora de cara a las elecciones del 2027, con las que se renovarán las 125 presidencias municipales y el Congreso local, Duarte Olivares está metido de lleno en los preparativos, sabe que aquellos a los que él proponga más tarde serán sus aliados y le servirán para buscar el gobierno estatal, pues su ambición es ser gobernador mexiquense, aunque de forma oficial, pues en la práctica ya lo es.

Como puede advertirse, el grupo en el poder en el Estado de México, el llamado Texcoco, riñe de manera constante, antepone sus ambiciones personales y se olvida de gobernar.

Las confrontaciones entre alcaldes morenistas es permanente, las acusaciones por ilícitos están a la orden del día, la rebatinga por el poder entre Higinio Martínez y Horacio Duarte es crónica.

En los próximos meses seguramente se van a incentivar las ambiciones y los pleitos, en tanto los mexiquenses siguen a la espera del gobierno sin corrupción e ineptitud que prometió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Que así sea por el bien de millones de mexiquenses.

Decepcionante las acciones tomadas en la Fiscalía General de la República, máxime que está obligada a actuar apegada al Estado de Derecho * De cara a las elecciones de 2027, las confrontaciones al interior de Morena suben de todo

ALFREDO IBÁÑEZ

Una auténtica pesadilla laboral vive en carne propia el personal de la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de la llegada de la titular de esa dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

Los despidos se suman por decenas, las amenazas con lanzar a la calle a los que conservan sus plazas son constantes, la violación a su contrato de trabajo es permanente, pues pese a que algunos de ellos firmaron por determinados meses y no ha llegado esa fecha, no hay problema, no les importa, los despiden.

De acuerdo con empleados que llevan más de 20 años de servicio, nunca se había padecido una situación similar, sobre todo porque el recorte se centra en los que menos ganan, en los operativos, en tanto la plantilla de directores, directores adjuntos y subdirectores va en aumento.

En concreto, y sin hacerse bolas, un reducido grupo se disputa el botín presupuestal, el dinero del pueblo, el recurso de los contribuyentes.

Un ejemplo de las violaciones a los derechos laborales es la Unidad de Comunicación Social, que preside Omar Cruz Juárez, área en la que a días de haber llegado enarbolaron la bandera de la Austeridad Republicana y procedieron al despido masivo, pero sin un peso de por medio.

No hay dinero, argumentan, en tanto él tiene un salario de más de 100 mil pesos mensuales, muy cercano al sueldo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero no todo termina ahí, los afectados no acaban de digerir el trago amargo, cuando ya les propinaron otro golpe.

Resulta que a los burócratas les dan a firmar contratos por un mes, y si no les gusta… pueden irse a la calle.

Una práctica que tiende a generalizarse en otras áreas de la FGR, pero con la agravante de que la contratación es por 15 días.

Como puede advertirse, el ambiente laboral es pésimo, predomina el miedo y la incertidumbre entre la clase trabajadora, esa que pertenece al pueblo y a la que la 4T dice proteger. Pura demagogia.

Como si no bastara con la serie de violaciones y abusos que se comete en esa instancia que, debería ser ejemplo de justicia, los empleados de Comunicación Social se mudaron de Insurgentes 16, alcaldía Cuauhtémoc, a las instalaciones de Santa Fe, en Cuajimalpa.

No tendría nada de malo el movimiento, salvo que para los oficinistas mal pagados, resulta costoso el traslado y para que aquellos que tienen una motocicleta o un automóvil, tampoco es opción porque tienen prohibido hacer uso de las instalaciones.

Los grandes estacionamientos, rodeados de verdes jardines, de un lago artificial, y con sofisticado equipo de seguridad y personal de vigilancia, son para los altos funcionarios, para estacionar las camionetas de lujo de los que se embolsan jugosos bonos, compensaciones y altos salarios.

A los de abajo, a los de a pie, les han ofrecido como alternativa los estacionamientos públicos de las inmediaciones del Parque Nacional de la Justicia, en donde están las oficinas de la FGR, que cuenta nada más y nada menos que con una superficie de 163 mil metros cuadrados.

Como puede advertirse, son selectivos, clasistas, se les olvida que esas instalaciones se construyeron con dinero del pueblo, no con el suyo.

Frente a los atropellos laborales, empleados y extrabajadores preparan demandas para reclamar sus derechos.

Ante ello Marco Antonio Velázquez Barrios, quien hasta el 31 de mayo se desempeñaba como administrador especializado en enlace de gestión, recibió instrucciones de las oficinas de Santa Fe para recabar informes y denostar el trabajo de los afectados.

Contador turbio que en más de una ocasión cuadró los gastos excesivos de los funcionarios con el apoyo de malos empleados, quienes firmaban facturas, pero que además hizo del nepotismo su religión. ¿No?, pues ahí está el ejemplo de su hijo, a quien años antes de salir le consiguió un espacio y sigue en la nómina de la dependencia.

El mismo que avaló expedientes de personal recomendado con apenas la preparatoria o carrera trunca, pero que ocupan cargos de directivos, cuando es requisito tener como mínimo la licenciatura.

Decepcionante las acciones tomadas en la FGR, máxime que está obligada a actuar apegada al Estado de Derecho.

PÚBLICA LA CRISIS INTERNA DE MORENA

De cara a las elecciones de 2027, las confrontaciones al interior de Morena suben de todo.

Las discrepancias que antes mantenían en secreto gradualmente salen a la luz pública.

Recientemente los senadores Félix Salgado Macedonio e Higinio Martínez Miranda criticaron a la dirigencia nacional de ese partido, en manos de Luisa Alcalde y de Andy López Beltrán.

Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero, actualmente en manos de su hija, inicialmente denostó a quienes dirigen a Morena porque lo critican, pero tienen a toda su familia en el poder, como es el caso de Alcalde Luján.

“Ahí hay una para una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos ¿Estamos contra el nepotismo? Pues ningún familiar en el poder, es el nepotismo”, dijo.

Aunque más tarde indicó que sus dichos no eran contra Luisa Alcalde, la exhibición de lo que comienza a ser una fractura en ese partido queda de manifiesto.

Higinio Martínez, quien aspira a la gubernatura del Estado de México, le agregó limón a la herida al pronunciarse por una revisión profunda de la conducción del partido, señala que hay fallas en los procesos de selección y en la capacidad de liderazgo.

Está claro que la verdadera oposición de Morena está dentro de ese partido, la lucha por el poder pronto se traducirá en más confrontaciones, al tiempo.