Gracias a su estrategia de la ambiciosa afiliación masiva * Miguel Ángel Yunes Márquez “avivó” el fuego tras su afiliación al partido del poder * Rocío Nahle hace público su descontento por estar acusado de lavado de dinero * Mayo Zambada podría colapsar la relación México-EU
ALFREDO IBÁÑEZ
Miguel Ángel Yunes Márquez, está en el ojo del huracán, es despreciado lo mismo por políticos del Partido Acción Nacional (PAN), su antiguo partido, que por los de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El rechazo hacia él se avivó tras afiliarse al partido que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, enemiga de la familia Yunes, quien hizo público su descontento.

La mandataria solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no acreditar la afiliación del senador Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del Movimiento Regeneración Nacional.
Además, se comprometió a sustentar el motivo de su inconformidad y adelantó que en breve mostrará las pruebas correspondientes sobre la “carpeta azul”, (expediente que presuntamente advierte de manera detallada el desvío de recursos públicos), en donde destaca el lavado de dinero y otros delitos.
La ambición de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde y por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, de afiliar a 10 millones de personas, ha llevado a ese partido a abrir la puerta a los políticos más despreciables del país.
Los mismos que deberían ser investigados por la serie de presuntos delitos que pesan sobre ellos; sin embargo, son recibidos como los grandes próceres de la política y una vez en el partido guinda son purificados.
Sobre Miguel Ángel Yunes Márquez, al igual que su padre Miguel Ángel Yunes Linares, pesan una serie de acusaciones; el primero de ellos es señalado de enriquecimiento ilícito, uso de documentación falsa y lavado de dinero.
Del segundo, se puede advertir una serie de corruptelas, e incluso presuntos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con la revista Proceso, en su calidad de secretario de gobierno, durante la gestión del priísta Patricio Chirinos, habría dado protección al narcotraficante Jesús Albino Quintero Meraz a cambio de 15 millones de dólares.
Los Yunes, por décadas han ejercido férreo cacicazgo en Veracruz, lo mismo desde las filas del PRI que de las del PAN y ahora pretenden continuar desde Morena.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN Y LUISA MARÍA ALCALDE, CEGADOS
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario López Obrador, junto con Luisa María Alcalde, dirigentes de ese partido, equivocan el camino, su ambición política y económica los ciega.

Por años el gobierno del expresidente AMLO combatió a los Yunes, y ahora -pese a que arrastran una serie de acusaciones e investigaciones penales e incluso órdenes de aprehensión por delitos como lavado de dinero, quebranto del erario público, fraude y posibles nexos con el narcotráfico- son protegidos por Morena.
López Beltrán es el artífice de la afiliación masiva, gradualmente ha sumado a políticos del PAN y del PRI de dudosa calidad moral; ahí está el caso de Alejandro Murat.
Sus determinaciones no son bien vistas al interior de ese partido. La misma Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, no quiso involucrarse y le cedió la responsabilidad a su partido.
En el afán de dar la sensación de pulcritud de sus actos, la dirigencia de Morena turnó el caso a las instancias partidistas para ver si queda firme o no la afiliación del panista.
Habrá que ver quién al interior de ese partido se atreve a contradecir a López Beltrán, a no ser que la orden provenga de Tabasco.
CEDE GOBIERNO DE MÉXICO ANTE LA PRESIÓN DE EU: INICIA COMBATE CONTRA EL NARCOTRÁFICO
A escasos días de que venza el plazo impuesto por Estados Unidos a México respecto a la imposición de aranceles del 25 por ciento en diversos productos, si no combate el narcotráfico y la migración, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha visto obligado a ejecutar diversas detenciones de líderes narcotraficantes, así como decomiso de drogas.

En esa lucha emprendida contra el crimen organizado destaca además el desmantelamiento de laboratorios en Sinaloa, donde se producía fentanilo… hechos que fueron negados sistemáticamente por la anterior gestión.
Hasta ahora los grupos que más bajas han sufrido son los Chapitos y la Mayiza. El primero de ellos es asediado por las fuerzas federales y se presume que el principal objetivo es Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El tiempo corre y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quiere resultados.
El inquilino de la Casa Blanca no se anda con rodeos y ya calificó como terroristas a seis grupos de narcos mexicanos, además de reconocer también la intromisión de drones espía en territorio nacional.
Aunado a ello su asesor, el magnate Elon Musk, aseguró que los cárteles mexicanos ya podrían ser un objetivo de los drones.
La amenaza de Estados Unidos -de invadir a México- está latente.
En breve se sabrá si -además de la detención de líderes narcotraficantes, que lleva a cabo el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo- hace lo mismo con políticos involucrados con el narco.
Rubén Rocha Moya, así como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, podrían ser el objetivo, es decir, a quienes ofrezca para bajar la presión. El tiempo se acorta.
AMENAZA EL MAYO ZAMBADA: REPATRIACIÓN O COLAPSO
Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, exigió al gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación; advirtió que, de no hacerlo, la relación entre ambos países sufrirá un “colapso”.
A través de un escrito presentado en el Consulado General de México en Nueva York, y al que tuvo acceso el periódico Reforma, el exlíder del Cártel de Sinaloa solicitó asistencia consular para defender sus derechos.
El documento, compartido por Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó la petición realizada el jueves en el Consulado.

“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a Estados Unidos garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”, señala el escrito del Mayo Zambada que envió al Consulado General de México en Nueva York.
“El Mayo” argumentó que su traslado a Estados Unidos fue “irregular e ilegal”; por ello exigió al gobierno de la Presidenta Sheinbaum que intervenga para evitar que su caso siente un precedente peligroso.
Esta semana, Pam Bondi, la nueva procuradora General de Justicia de EU, firmó esta semana la orden de restablecer la pena de muerte por delitos federales, complicando de inmediato el caso “El Mayo” Zambada García.