Como anillo al dedo para que se olvide el escándalo de Alfonso Romo * Morena se desmorona en el Edomex * La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está metida de lleno en el Estado de México, pues su gobierno ejecuta acciones relevantes en esa entidad

ALFREDO IBÁÑEZ

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está metida de lleno en el Estado de México, pues su gobierno ha intervenido en diversas ocasiones para ejecutar acciones relevantes en esa entidad.

Recientemente dio a conocer el Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México que contempla la inversión de 75 mil 786 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento los aporta el gobierno federal, 30 por ciento el gobierno estatal y 10 por ciento los municipios.

La intención es abatir el alto grado de marginación que impera en esa franja del territorio mexiquense, aunque es menester señalar que ésta se repite en menor o mayor grado en el resto del territorio estatal, e incluso a nivel nacional.

Con una población de casi 17 millones de personas, en el estado que gobierna Morena, se tiene que a la fecha hay 7.4 millones de pobres.

Lo que llama la atención es que la cifra tiende a incrementarse, lo que indica que algo o mucho no se está haciendo bien en la actual gestión.

Con la llegada de ese partido al poder se tenía la confianza de que las cosas iban a mejorar en los diversos rubros, en especial los de seguridad, empleo y servicios públicos.

Nada más alejado de la realidad, pues -a casi dos años de administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez- los cambios no han sido los esperados y la expectativa de mejora gradualmente se debilita.

Recientemente la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer en Palacio Nacional el Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, que contempla los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Naucalpan, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Se pretende beneficiar a 10 millones de mexiquenses que por décadas han sido marginados. Con el fin de apalear el abandono crónico en el que se encuentran, se pondrán en marcha 121 acciones, que contemplan una inversión millonaria.

Claudia Sheinbaum aclaró que el plan se diseñó desde la campaña presidencial, para atender integralmente esa zona en materia de infraestructura, educación, salud, agua y seguridad pública, con lo cual, añadió, se hace realidad el pensamiento de la Cuarta Transformación: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Rodeada de alcaldes, dijo que tal medida también contempla un Mando Único para estos 10 municipios de la zona oriente, el cual será presentado la siguiente semana.

Para los mexiquenses -sin duda- es una buena noticia, acciones como esas deberían de darse más seguido, pero estaría perfecto que fueran encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez, quien ha centrado sus operaciones de gobierno en el reparto de dádivas a través de programas sociales para las familias más necesitadas y se ha olvidado de mejorar rubros sensibles para el resto de sus gobernados. No ha podido siquiera superar las constantes inundaciones.

Por cierto, una y otra vez la profesora es salvada por el gobierno federal, el cual ha ejecutado medidas importantes en materia de seguridad como el Operativo Enjambre, que se centró en desarticular redes de complicidad entre funcionarios municipales, estatales, mandos policiacos, con organizaciones criminales.

Otra participación trascendental que realizó es la desintegración de una poderosa red de huachicol.

Como se recordará, fuerzas federales intervinieron en el municipio mexiquense de Ixtlahuaca, donde fueron detenidas 32 personas, se clausuraron dos tomas clandestinas, se aseguraron 12 inmuebles y 21 tractocamiones, además de decomisar 16 millones de pesos en efectivo.

Pese a las denuncias que se hicieron en diversos momentos sobre el robo del combustible, las autoridades municipales ni las estatales hicieron algo para poner freno, por lo que fue necesaria la participación de las fuerzas federales.

La gobernadora Delfina Gómez aún tiene tiempo para ejercer el gobierno que prometió a los mexiquenses, como es cero corrupciones, mejorar los servicios públicos, ejercer una mejor relación entre el gobierno y el pueblo, además de abatir problemas como la inseguridad, movilidad, el agua potable, las agresiones a mujeres y la falta de Ministerios Públicos.

El tiempo corre y los mexiquenses demandan logros fehacientes, no basta con haber puesto fin a casi 100 años de gobiernos del PRI, ni tampoco con acciones esporádicas del gobierno federal, que benefician a un reducido sector de la población.

En concreto: Se requiere un gobierno que dé resultados.

MUCHO RUIDO DE MORENA CON CHÁVEZ JR. PARA PASAR A LA NAVE DEL OLVIDO EL CASO VECTOR

Vaya escándalo que generó la detención, en Estados Unidos, del boxeador Julio César Chávez Jr., tan fue así que la propia Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto.

Luego de darse a conocer su detención, de inmediato la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que informó que cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Las declaraciones y comentarios no cesaron. Ahora resulta que el boxeador es señalado de operar como esbirro del Cártel de Sinaloa y que incluso golpeaba como costales de box a los integrantes de esa organización criminal que cometían errores.

En fin, por el momento son dimes y diretes, encaminados a distraer la atención del caso de Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la Presidencia de la República y dueño de la Casa de Bolsa Vector, señalado por Estados Unidos de lavar dinero para diversos cárteles del narcotráfico.

El distractor logró su objetivo temporalmente, pero lo que sí es cierto es que si el gobierno de México pretende minimizar el caso, Estados Unidos acelera y mantiene la presión.

¿SHOW DEL GOBIERNO DE DONALD TRUMP PARA ATERRORIZAR A MIGRANTES?

La detención de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles sigue generando controversia, pero esta vez no por los delitos que se le imputan, sino por la forma en que ocurrió. Michael A. Goldstein, abogado del boxeador, denunció que el operativo fue un montaje para infundir miedo en la comunidad migrante, más que una acción legal basada en justicia.

Goldstein aseguró a Los Angeles Times que su cliente fue arrestado afuera de su casa por más de 25 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras fuerzas del orden. “Bloquearon su calle y se lo llevaron dejando a su familia sin saber dónde estaba”, relató, y agregó que las acusaciones contra Chávez Jr. “son indignantes y parecen diseñadas como un titular para aterrorizar a la comunidad”.

El arresto ocurrió días después de que Chávez Jr. perdiera ante Jake Paul en Anaheim, y justo en medio de un ambiente político donde la figura de Donald Trump vuelve a tomar fuerza en el escenario nacional.

Para Goldstein, lo ocurrido tiene un claro matiz político: fue un “show” mediático para enviar un mensaje de fuerza, usando la figura pública del hijo del gran campeón como ejemplo.

De forma inmediata la Presidenta desestima los señalamientos de EU * El PAN presenta demanda contra Vector Casa de Bolsa

ALFREDO IBÁÑEZ

¡Pruebas!, ¡pruebas!, exclamó una y otra vez la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la acusación que hizo el Departamento del Tesoro contra los bancos Intercam, CIBanco y la Casa de Bolsa Vector, esta última nada más y nada menos que de Alfonso Romo, amigo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en el sexenio anterior gozó de gran poder, pues se desempeñó como jefe de la oficina de la Presidencia de la República.

Lejos de pronunciarse de inmediato porque se abra una investigación, de tomarse las cosas con calma para obtener mejores datos, de inmediato desestimó los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos y salió en defensa de tales instituciones que fueron señaladas de manera directa de facilitar a diversos cárteles mexicanos el lavado de dinero.

Pronto se convirtió en abogada de dichos organismos, pero por qué esa actitud protectora, la cual mucho se lo agradecerían quienes son víctimas de las injusticias y la delincuencia organizada, obviamente para cuidar a su antecesor, quien de manera indirecta es señalado de permitir ese tipo de prácticas.

Está claro que si tales bancos sirvieran a la oposición, seguramente exigiría todo el peso de la ley, sostendría que son gobiernos corruptos, que los une la corrupción, la injusticia y el autoritarismo, como señalara en diversas ocasiones al referirse especialmente al PRI y al PAN.

Pero como están ligadas al expresidente, e incluso Alfonso Romo es propietario de Vector, funcionario de primer nivel en el sexenio anterior, entonces son lo más impoluto que hay, por lo que aprovechó su conferencia Mañanera del Pueblo para sostener que los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra dos bancos y casa de bolsa mexicanos por lavado de dinero son “sólo dichos”, pues no presentó alguna prueba.

Para darle mayor credibilidad a su defensa, soltó que “si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay, no se puede actuar, como en cualquier delito”.

Como en anteriores ocasiones, echó mano del sentimiento patriótico y advirtió que a México se le respeta. “México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales. No somos piñata de nadie”, remató en Palacio Nacional.

Más adelante la Presidenta suavizó su tono y sin dejar de exigir pruebas, indicó que si no se tiene la información probatoria no se puede emprender alguna acción legal.

“Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias entre empresas chinas y mexicanas”, añadió.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informa que se sanciona a los bancos CIBanco e Intercam, y a la casa de Bolsa Vector por lavar dinero del narcotráfico y facilitar pagos en Asia para la adquisición de precursores químicos del fentanilo.

Como puede advertirse, una vez más Estados Unidos mandó un mensaje al gobierno de México, respecto a que su lucha contra las organizaciones criminales del país y el tráfico de fentanilo es una de sus prioridades y que va a llegar hasta donde sea necesario.

Pero el aviso del gobierno estadounidense no es sólo para los tres organismos aludidos, es evidente que el anuncio es para todo el sistema financiero de México y para aquellos personajes que están involucrados en actividades ilícitas.

Si el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha considerado en algún momento que Donald Trump aflojará el paso en su combate contra tal opioide, seguramente se equivoca.

El asunto del fentanilo no lo va a soltar el mandatario estadounidense, se ha visto cómo gradualmente le cierra el paso al gobierno mexicano, inicialmente se lanzó contra la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, al sostener que “México está gobernado en gran parte por los cárteles del narcotráfico”.

Posteriormente declaró como terroristas a los grupos criminales de México, seguido del retiro de la visa a políticos de Morena, y ahora la exhibición y sanción contra dos bancos y una casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo, personaje cercano al expresidente López Obrador.

Por cierto, interesante sería saber la postura del político tabasqueño, quien en su persecución mediática contra los anteriores gobiernos, en especial contra Felipe Calderón, jefe de Genaro García Luna, sostuvo hasta el cansancio que el presidente se entera de todo y que los grandes negocios que hacían los políticos encumbrados se hacían al amparo del poder público, y tenían el visto bueno del presidente en turno.

Según sus planteamientos, entonces conocía del actuar de Alfonso Romo, no había nada que no supiera. La omisión y comisión de delitos también tiene sanción, y tal parece que el objetivo de Estados Unidos, es más que gobernadores y empresarios. Al tiempo.

ANTE FGR EL PAN PRESENTA DEMANDA CONTRA VECTOR

El escándalo sigue dando nota, pues ahora el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento contra Vector Casa de Bolsa y quien o quienes resulten responsables, tras la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero hacia dicha institución propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por presuntamente haber desempeñado colectivamente un papel prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares a favor de cárteles radicados en México, en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo, así como realizar transacciones irregulares con altos funcionarios del gobierno mexicano.

“Estos hechos derivan de diversas decisiones que han sido adoptadas por autoridades de los Estados Unidos, así como de elementos informativos documentados por organizaciones y medios de comunicación”, señala el escrito presentado ante el FGR.

Luego de interponer la denuncia, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, consideró que en este caso “surrealista de lo que está pasando en México” se configura dicho delito y el potencial encubrimiento de las mismas operaciones.

“Nosotros venimos a decirlo hoy con toda claridad, esto no es una ocurrencia del PAN, no se le está ocurriendo a la oposición en México, nosotros con base en esa noticia criminal, estamos generando esta denuncia con base en lo que dijeran instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos”, enfatiza.

Ante los hechos, Morena ya no siente lo duro sino lo tupido, pues un día hay escándalo y mañana otro… y todo por no comportarse con una honestidad valiente y mostrar ética, tal y como lo piden la Primera Mandataria y la presidenta morenista María Luisa Alcalde.

Desolador el panorama para el periodismo * Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T

ALFREDO IBÁÑEZ

Desolador, así pinta el panorama para la libertad de expresión, el periodismo y para quienes lo ejercen en México.

Cada vez son más las demandas que políticos, especialmente los que están ligados o pertenecientes a la 4T, interponen contra comunicadores.

Un amplio sector de la clase política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no soporta la crítica y demuestra de manera recurrente su intolerancia.

Cuando se sienten lastimados, heridos, de inmediato echan mano del poder que en ese momento detentan.

Ahí está caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien con denuncia de por medio ante la Fiscalía General de la República (FGR), obligó a un ciudadano a que le ofreciera disculpas públicas.

Si bien es cierto que hay malos periodistas, que utilizan el golpeteo sistemático en contra de la clase gobernante o políticos de los diversos niveles de gobierno, a fin de obtener algún tipo de provecho, generalmente económico, también es innegable que muchos de los que están al frente de algún cargo público son improvisados o incompetentes, no dan los resultados que ellos mismos prometieron a la población, por lo que los señalamientos de sus desaciertos no se hacen esperar.

Gradualmente se deja ver el rostro de la intransigencia, especialmente de Morena, pero también de fuerzas como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que aún en su ocaso dan coletazos en contra de los representantes de los medios de comunicación y de los ciudadanos que señalan sus errores o sus excesos.

La tentación de imponer ley mordaza en perjuicio de los periodistas es muy grande, en diversos estados y a nivel federal se ejerce a través de la publicidad o a través de amenazas y ataques por medio de auténticas hordas que operan en redes sociales.

Con el pretexto de la Austeridad Republicana o de la Pobreza Franciscana, como usted guste llamarle, tantas veces mencionada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero pocas veces ejercida, las oficinas de prensa de los diversos niveles de gobierno han cerrado el acceso a la publicidad a los medios de comunicación que no se someten a sus propósitos. Los ahogan económicamente.

Argumentan, a los medios de comunicación críticos, que no hay dinero, pero nada más alejado de la realidad, pues son millonarios los montos que se destinan todos los años a las áreas de Comunicación Social tanto de los gobiernos municipales, estatales, federal, así como de los órganos autónomos, como las Fiscalías Generales de Justicia.

Plausible sería que se prescindiera de esas cantidades millonarias, dinero derivado de los impuestos de los contribuyentes y mejor se inyectaran en obras de impacto colectivo que tanta falta hace en el país, como escuelas, hospitales, medicinas, carreteras, y un largo etcétera.

Sin embargo, sirve para engordar las ya de por sí abultadas nóminas de la burocracia, donde obviamente no está el personal más capacitado y con el perfil adecuado, sino los amigos, los incondicionales y los familiares.

La mayoría con elevados salarios que difícilmente ganarían en la iniciativa privada debido a su incapacidad.

Recursos económicos aprobados oficialmente y destinados para publicidad hay, pero los condicionan.

La intención de someter a los periodistas, a los medios de comunicación que ejercen un trabajo crítico, pero sustentado, hoy más que nunca está latente.

Pero volviendo a los ataques contra la libertad de expresión a través de demandas, estos son cada vez más en el país.

Los más recientes y sonados es el ejercido por el gobierno de Campeche, el cual acusó al periodista Jorge González Valdez de incitar al odio y la violencia.

La sentencia en su contra es el pago de 2 millones de pesos por presunto daño moral contra colaboradores de la gobernadora, Layda Sansores, además de prohibirle, por orden judicial, ejercer la actividad periodística. Sin duda un exceso.

Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T, pues ahora se suma Puebla, donde el Congreso local aprobó la Ley de Ciberseguridad.

Recientemente la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esa entidad, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo que las reformas no buscan coartar la libertad de expresión, sino proteger a ciudadanos de a pie, especialmente a menores de edad que son víctimas de acoso o bullying reiterado a través de redes sociales.

Incluso adelantó que pueden adecuarla para que los periodistas queden exentos de las sanciones por ciberasedio. De ser esa su intención, ¿por qué no lo hicieron desde un principio?

García Chávez añadió que “los temas que se quieran aclarar en el tema específico de la libertad de expresión, de periodistas o de quienes informan y ocupan los medios, claro que estamos abiertos a verlo de manera separada”.

No obstante, dejó claro que con la nueva ley la Fiscalía General de Justicia estatal tendrá un papel importante para hacer investigaciones exhaustivas y evitar que el delito se aplique contra activistas o víctimas de violencia que denuncian públicamente a sus agresores.

La presión de los diversos grupos de periodistas ha hecho recapacitar a los legisladores de Puebla, sin embargo, sigue latente el acecho contra la libertad de expresión.

Basta señalar, de acuerdo con la organización Artículo 19, en el sexenio anterior se registraron 158 casos de acoso judicial contra periodistas, es decir, de dos a tres procesos por mes, en el que los demandantes lo mismo son autoridades de los diversos niveles de gobierno, empresarios y figuras públicas con vínculos gubernamentales, cifra que al paso que vamos pronto podría ser superada en el presente sexenio.

PREOCUPACIÓN POR ACOTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: JANINE OTÁLORA

Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas.

En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.

La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.

TENEMOS LA MAYOR LIBERTAD DE EXPRESIÓN: SHEINBAUM

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su Mañanera del Pueblo que su gobierno defiende la libertad de expresión y criticó que los señalamientos sean en contra de Morena.

“Son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie”, declaró.

Sheinbaum asegura que la ley del ciberasedio en Puebla está relacionada con el ciberacoso, “en un sentido muy amplio”, pero afirmó que hay reglas similares en estados como Nuevo León y Coahuila.

Además, afirmó que ha habido una “crítica misógina” contra la gobernadora Layda Sansores.

“Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernado, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo particularmente contra las mujeres, de ahí viene la ley Olimpia. Y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas, es importante discutirlo”, añade.

La Primera Presidenta puntualiza que defiende la libertad de expresión en el país y afirma que los periodistas y medios no han sido objeto de censura.

“Hablan de que se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, ahora todos traen ‘censura, censura’. Nadie lo censura a ellos, pero hablan de censura como retahíla (…) ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado?”, cuestiona la Mandataria Sheinbaum.