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Censura, una atadura muy dura

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Desolador el panorama para el periodismo * Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Desolador, así pinta el panorama para la libertad de expresión, el periodismo y para quienes lo ejercen en México.

Cada vez son más las demandas que políticos, especialmente los que están ligados o pertenecientes a la 4T, interponen contra comunicadores.

Un amplio sector de la clase política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no soporta la crítica y demuestra de manera recurrente su intolerancia.

Cuando se sienten lastimados, heridos, de inmediato echan mano del poder que en ese momento detentan.

Ahí está caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien con denuncia de por medio ante la Fiscalía General de la República (FGR), obligó a un ciudadano a que le ofreciera disculpas públicas.

Si bien es cierto que hay malos periodistas, que utilizan el golpeteo sistemático en contra de la clase gobernante o políticos de los diversos niveles de gobierno, a fin de obtener algún tipo de provecho, generalmente económico, también es innegable que muchos de los que están al frente de algún cargo público son improvisados o incompetentes, no dan los resultados que ellos mismos prometieron a la población, por lo que los señalamientos de sus desaciertos no se hacen esperar.

Gradualmente se deja ver el rostro de la intransigencia, especialmente de Morena, pero también de fuerzas como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que aún en su ocaso dan coletazos en contra de los representantes de los medios de comunicación y de los ciudadanos que señalan sus errores o sus excesos.

La tentación de imponer ley mordaza en perjuicio de los periodistas es muy grande, en diversos estados y a nivel federal se ejerce a través de la publicidad o a través de amenazas y ataques por medio de auténticas hordas que operan en redes sociales.

Con el pretexto de la Austeridad Republicana o de la Pobreza Franciscana, como usted guste llamarle, tantas veces mencionada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero pocas veces ejercida, las oficinas de prensa de los diversos niveles de gobierno han cerrado el acceso a la publicidad a los medios de comunicación que no se someten a sus propósitos. Los ahogan económicamente.

Argumentan, a los medios de comunicación críticos, que no hay dinero, pero nada más alejado de la realidad, pues son millonarios los montos que se destinan todos los años a las áreas de Comunicación Social tanto de los gobiernos municipales, estatales, federal, así como de los órganos autónomos, como las Fiscalías Generales de Justicia.

Plausible sería que se prescindiera de esas cantidades millonarias, dinero derivado de los impuestos de los contribuyentes y mejor se inyectaran en obras de impacto colectivo que tanta falta hace en el país, como escuelas, hospitales, medicinas, carreteras, y un largo etcétera.

Sin embargo, sirve para engordar las ya de por sí abultadas nóminas de la burocracia, donde obviamente no está el personal más capacitado y con el perfil adecuado, sino los amigos, los incondicionales y los familiares.

La mayoría con elevados salarios que difícilmente ganarían en la iniciativa privada debido a su incapacidad.

Recursos económicos aprobados oficialmente y destinados para publicidad hay, pero los condicionan.

La intención de someter a los periodistas, a los medios de comunicación que ejercen un trabajo crítico, pero sustentado, hoy más que nunca está latente.

Pero volviendo a los ataques contra la libertad de expresión a través de demandas, estos son cada vez más en el país.

Los más recientes y sonados es el ejercido por el gobierno de Campeche, el cual acusó al periodista Jorge González Valdez de incitar al odio y la violencia.

La sentencia en su contra es el pago de 2 millones de pesos por presunto daño moral contra colaboradores de la gobernadora, Layda Sansores, además de prohibirle, por orden judicial, ejercer la actividad periodística. Sin duda un exceso.

Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T, pues ahora se suma Puebla, donde el Congreso local aprobó la Ley de Ciberseguridad.

Recientemente la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esa entidad, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo que las reformas no buscan coartar la libertad de expresión, sino proteger a ciudadanos de a pie, especialmente a menores de edad que son víctimas de acoso o bullying reiterado a través de redes sociales.

Incluso adelantó que pueden adecuarla para que los periodistas queden exentos de las sanciones por ciberasedio. De ser esa su intención, ¿por qué no lo hicieron desde un principio?

García Chávez añadió que “los temas que se quieran aclarar en el tema específico de la libertad de expresión, de periodistas o de quienes informan y ocupan los medios, claro que estamos abiertos a verlo de manera separada”.

No obstante, dejó claro que con la nueva ley la Fiscalía General de Justicia estatal tendrá un papel importante para hacer investigaciones exhaustivas y evitar que el delito se aplique contra activistas o víctimas de violencia que denuncian públicamente a sus agresores.

La presión de los diversos grupos de periodistas ha hecho recapacitar a los legisladores de Puebla, sin embargo, sigue latente el acecho contra la libertad de expresión.

Basta señalar, de acuerdo con la organización Artículo 19, en el sexenio anterior se registraron 158 casos de acoso judicial contra periodistas, es decir, de dos a tres procesos por mes, en el que los demandantes lo mismo son autoridades de los diversos niveles de gobierno, empresarios y figuras públicas con vínculos gubernamentales, cifra que al paso que vamos pronto podría ser superada en el presente sexenio.

 

PREOCUPACIÓN POR ACOTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: JANINE OTÁLORA

Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas.

En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.

La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.

 

TENEMOS LA MAYOR LIBERTAD DE EXPRESIÓN: SHEINBAUM

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su Mañanera del Pueblo que su gobierno defiende la libertad de expresión y criticó que los señalamientos sean en contra de Morena.

“Son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie”, declaró.

Sheinbaum asegura que la ley del ciberasedio en Puebla está relacionada con el ciberacoso, “en un sentido muy amplio”, pero afirmó que hay reglas similares en estados como Nuevo León y Coahuila.

Además, afirmó que ha habido una “crítica misógina” contra la gobernadora Layda Sansores.

“Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernado, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo particularmente contra las mujeres, de ahí viene la ley Olimpia. Y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas, es importante discutirlo”, añade.

La Primera Presidenta puntualiza que defiende la libertad de expresión en el país y afirma que los periodistas y medios no han sido objeto de censura.

“Hablan de que se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, ahora todos traen ‘censura, censura’. Nadie lo censura a ellos, pero hablan de censura como retahíla (…) ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado?”, cuestiona la Mandataria Sheinbaum.

 

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Todo se derrumbó…

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Era protegido y ahora todos los morenistas se desmarcan * El “hermano” del expresidente Andrés Rubén Rocha, quien se convirtió en el estandarte de la impunidad en el partido guinda, está perdido; ahora falta por conocer el papel que jugará la FGR en este caso

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Rubén Rocha Mocha es un cadáver político en estado de descomposición, apesta y nadie quiere estar cerca de él. Por muchos meses prolongó su agonía, pero finalmente la justicia le tiene reservado un lugar: la cárcel, que bien pudiera ser en México o en Estados Unidos.

Sus compañeros de partido no pudieron sostenerlo más, defendieron lo indefendible e inclusive se colocaron en la fina línea de la complicidad, una y otra vez lanzaron argumentos que jamás a nadie convencieron.

Era tal su compromiso por protegerlo y evitar que caiga en manos de la ley que tomaron la bandera de la soberanía nacional para amparar a un presunto delincuente de altos vuelos.

La Primera Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, envalentonada, exigía pruebas, pruebas para proceder en su contra.

 

DIVERSOS SEÑALAMIENTOS

Una demanda a la que se sumó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), quien hasta ahora no ha movido un solo dedo para llevar a Rubén Rocha Moya ante la justicia.

Al contrario, ha sido omisa, no obstante que hay diversos señalamientos respecto a que tiene nexos con el crimen organizado, además de estar relacionado en un asesinato, el de Héctor Melesio Cuén Ojeda, enemigo político de  Rocha Moya, quien de acuerdo con la Fiscalía General de la República que presidía Alejandro  Gertz Manero, fue privado de la vida en una finca de Culiacán, Sinaloa, donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada, y no en una gasolinera como falsamente dio a conocer la Fiscalía de Sinaloa, la cual llevó a cabo todo un montaje para distorsionar los hechos y pretender hacer creer que había muerto durante un intento de asalto en ese expendio energético.

 

TODO CAMBIÓ CON SU REGRESO A LA GUBERNATURA

Finalmente el escenario cambió toda vez que Rubén Rocha Moya tuvo la osadía de desafiar al gobierno de Estados Unidos, así como al de la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, y de manera sorpresiva anunció que regresaba a tomar las riendas de la gubernatura luego de 112 días de licencia.

Ante la noticia proveniente de Sinaloa, la titular del Poder Ejecutivo dejó de lado sus malestares que le aquejaban -por la gripa, fiebre y tos que días antes hiciera público- y recurrió a las redes sociales para mandar un contundente mensaje y de una vez por todas fijar postura ante aquellos que han abusado del poder.

“Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder.

“Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia.

“México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna. El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza”.

Es claro que con sus palabras, no fue necesario que Sheinbaum mencionara nombres, aunque hay varios personajes turbios dentro de Morena a los que seguramente les quedó el saco. El más inmediato, el repudiado fue Rocha Moya.

El protegido del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto lo impuso en la gubernatura -perdió la contienda interna de su partido-, ante el repudio de la población y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) finalmente solicitó una segunda licencia, pero esta vez de manera indefinida como gobernador de Sinaloa.

Rubén Rocha, quien se convirtió en el estandarte de la impunidad en el partido guinda, está perdido; ahora falta por conocer el papel que jugará la FGR en este caso. Como la fiscal Ernestina Godoy Ramos responde a intereses políticos, no se descarta que ahora sí encuentre las pruebas que necesita para proceder en su contra.

Pero no para que se haga justicia y pague por sus presuntas tropelías, sino para evitar que el gobierno de Estados Unidos se lo lleve y le saque toda la información que conduzca a la finca chiapaneca La Chingada, en donde presuntamente habita el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El exmandatario es señalado de presuntos hechos delictivos como haber pactado con el crimen organizado durante su mandato, por el financiamiento ilícito de campañas electorales, por los altos índices de asesinatos y desapariciones en los seis años de su gestión.

No olvidemos que la suerte de Rocha Moya cambió porque coincidió con el retiro de la visa de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del ex presidente López Obrador.

A Andy López Beltrán se le relaciona con una amplia red de políticos y empresarios que le ha permitido millonarias ganancias económicas, principalmente del huachicol fiscal.

Frente a la presión de Estados Unidos, tal parece que no se dudó en entregar la cabeza de Rubén Rocha y por ahora salvar la de Andy López Beltrán.

El tiempo corre y en el partido guinda cuentan los días para que ocupe un lugar en la Cámara de Diputados federal, para tener de esta forma el manto protector del fuero.

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En toda democracia existe la libertad de opinión

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El gobierno siempre será el blanco de las críticas y el pueblo debe escuchar todas las voces, ya sean positivas o negativas *  La Presidenta Sheinbaum señala que las críticas de los comunicadores obedecen a la eliminación del chayote. “No quieren al gobierno”, añade… y -de acuerdo con su razonamiento- entonces le dan chayote a los que sí quieren al gobierno

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Una gran controversia y confrontación ha generado el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la consulta pública sobre los nuevos lineamientos para proteger el derecho de las audiencias.

La finalidad, según la parte oficial, es que los radioescuchas y televidentes reciban contenidos veraces y que se haga notar, de manera clara, la diferencia entre lo que es información y opinión.

Hasta ahora no ha habido quejas de la población respecto a la información que reciben, no han manifestado su desacuerdo con las opiniones periodísticas vertidas, al contrario, las hacen suyas e incluso a través de las redes sociales se suman y exhiben los desaciertos gubernamentales.

Quien se muestra inconforme por la ola de críticas que recibe en los diversos medios de comunicación tradicionales y los digitales es la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.

Con el tema del derecho de las audiencias, lo que percibe es que quiere tener el control de lo que se dice y para ello ha lanzado la amenaza de establecer sanciones en contra de las empresas de comunicación.

En los hechos el gobierno federal, los estatales y municipales de Morena ya imponen castigo a los medios de comunicación que no se alinean a su política informativa.

Aquellos que no se someten a sus exigencias son excluidos de la pauta publicitaria, los golpean en el bolsillo. Si no te alineas te callo. Eso es censura.

La semana pasada la titular del Poder Ejecutivo federal hizo una declaración que puso de manifiesto que goza de poca tolerancia con los medios de comunicación y hacia los periodistas que no comparten su forma de gobierno.

Sostuvo que las críticas de los comunicadores obedecen a la eliminación del chayote. “No quieren al gobierno, ¿y por qué no lo quieren? Porque no les damos chayote”. Es decir, dinero público que se destina para el pago de la publicidad.

De acuerdo con su razonamiento, entonces le dan chayote a los que sí quieren al gobierno.

Como puede advertirse, no se trata de audiencias, ni de circulación, sino de usar de manera discrecional el dinero de los contribuyentes.

 

¿LE PAGO AL QUE ME APLAUDE?

Con las propias palabras de la Presidenta, tal parece que sí, pues agregó: “Nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero para que diga lo que queremos que diga; sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias. Esencialmente es el esquema que tomamos, hay algunos a los que no les damos; TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco: abiertamente lo digo, porque también en particular TV Azteca, ustedes saben, tiene que terminar de pagar sus impuestos”.

No obstante que han denostado a esos medios de comunicación, e incluso que se les han llamado “pasquines inmundos”, lo cierto es que son líderes en el campo de la información, sin embargo, se les cierra la llave de la publicidad para castigarlos porque su línea editorial no es la que desea.

Como puede verse, la Primera Mandataria está metida en una nueva confrontación, posiblemente innecesaria. Tiene muchos flancos abiertos como para enfrascarse en otra más. El origen de los señalamientos a su gobierno y a los gobiernos de Morena no son los medios de comunicación, es la falta de resultados de quienes gobiernan bajo esas siglas.

 

SIN TRABAJAR COMUNICACIÓN SOCIAL SE DESPACHA Y SE APAPACHA

Ya llegó el momento de que pida cuentas a sus colaboradores, que den a conocer cuáles son sus resultados en las dependencias que presiden y a su vez que pongan a trabajar a esos cientos de burócratas parásitos incrustados en las áreas de Comunicación Social e informen de las acciones de gobierno, si es que las hay.

Miles de millones de pesos están bajo el control de Comunicación Social de las diferentes instancias de gobierno, se reparten el dinero de los contribuyentes de manera discrecional, se asignan elevados salarios, pero no trabajan. No olvidemos que eliminaron las salas de prensa, un claro ejemplo es en la Fiscalía General de la República), no hay conferencias y los funcionarios a cargo, como la fiscal Ernestina Godoy Ramos, prefiere el mensaje a medios.

Da a conocer sólo lo que le conviene, no hay forma de cuestionar, de interpelar sus datos de manera directa.

Los funcionarios morenistas están blindados y -lejos de informar a la población, a sus gobernados- tiran línea: Quien aplaude es amigo; aquellos que no, enemigos.

Por cierto, no es por comparar, pero es notorio que la Mañanera del Pueblo no es lo mismo con la Presidenta Claudia Sheinbaum que con su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

Tal vez sea oportuno dejar de concentrar toda la información y que los integrantes de su gabinete, así como los organismos presuntamente autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) desquiten el salario e informen sobre sus presuntos logros.

De no haber resultados, que la Primera Mandataria les pida su renuncia, como ha ocurrido en otros sexenios.

La solución para evitar las críticas a su gobierno no es callar a los mensajeros, es dar resultados, esos que prometieron en campaña como mejorar el sistema de salud, la seguridad, el empleo, en fin, pero el camino de la censura no es aconsejable.

 

JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atendió el llamado de la Presidenta Sheinbaum y convocó a su equipo de trabajo, así como a legisladores y a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para llevar a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.

En Temoaya plantaron más de cuatro mil ejemplares de pino, encino y agave, en una superficie de 21.5 hectáreas.

La mandataria estatal reconoce esa política pública nacional, a la que se sumaron los 124 municipios de la entidad para contribuir al cuidado de los bosques.

Destaca que esas acciones representan sembrar vida, proteger el agua y construir esperanza para las generaciones presentes y futuras.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, agradeció la presencia de las autoridades y de las personas que atendieron el llamado para contribuir a la protección de la región.

 

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Los “motivos personales” de Ulises Lara

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Sólo duró seis meses en la FGR * Los escándalos mediáticos en los últimos días provocaron que se rompiera el hilo por lo más delgado * Mucha presión por los casos Gilda Susana Lozoya Austin, Ken Salazar y el piloto apodado “El Jando”

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Ulises Lara, el hombre que le hacía el “trabajo sucio” a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, se fue “por motivos personales”, pero más bien lo corrieron de esa dependencia donde desempeñaba dos cargos: De vocero y ser fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

 

En teoría, tener dos funciones le debió redituar doble salario, es lo más normal dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo.

Pero bueno, eso es otro tema, pero retomando el caso de Ulises Lara, les comento que al interior de esa dependencia  se da a conocer que el polémico “hombre de letras” -que obtuvo sus títulos de licenciatura y doctorado de manera turbia y rápida en escuelas “patito”, como es el Centro Universitario Cúspide, cuyo director sirvió como chofer a su excuñado Martí Batres Guadarrama, actual director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)- tuvo diversos roces con los altos mandos de la FGR, lo que obligó su sorpresiva y repentina salida.

 

LOS CASOS QUE PROVOCAN EL CESE

Recientemente tres casos han tensado el ambiente en esa dependencia que sirve de escudo a personajes pertenecientes al crimen organizado, así como a políticos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de alto nivel que son señalados de tener nexos con el narcotráfico.

Uno de ellos es el referente al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien Ernestina Godoy acusa de mentir en el caso del secuestro y entrega del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, luego que se conociera que el FBI participó en el operativo.

La fiscal Godoy Ramos -presuntamente independiente, pero que en la realidad sólo obedece las instrucciones que le dictan desde Palacio Nacional-, de forma amenazante, soltó que los hechos constituyen violaciones graves al Derecho Internacional y amagó con proceder contra Salazar.

Ya entrada en detalles, y encarrerada con el tema, enarboló sus conocimientos jurídicos -que por cierto sólo aplica a los contrarios a la 4T- y dijo:

“Nos encontramos frente a una investigación muy compleja, además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones; de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves.

“Un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales”.

En resumen, la titular de la FGR y el gobierno federal tomaron como bandera el caso del Mayo Zambada para contraatacar a la administración de Estados Unidos, el cual insiste en afirmar que el narcotráfico manda en México y ha pedido la detención de diversos políticos morenistas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Otro asunto que ha puesto en evidencia el pésimo desempeño de Ernestina Godoy es la liberación de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a quien acusa de lavado de dinero por el caso Agronitrogenados.

Durante una audiencia que duró más de 9 horas, la FGR no pudo sostener sus acusaciones, pues cada una de las pruebas que presentó fueron desechadas, por lo que se quedó con las ganas de ponerla tras las rejas.

El tercer caso es el relacionado con la aprehensión y entrega a Estados Unidos del piloto de Los Chapitos y quien llevó al Mayo Zambada a ese país, el ya famoso Alejandro Ojeda Ávila y/o Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”.

La andanada de críticas hacia Godoy arreció en los últimos días una vez que se conoció que tuvo que transcurrir casi un año para que en esa dependencia se dieran cuenta que “El Jando”, expulsado del país en agosto de 2025, es nada más y nada menos que el hombre que trasladó a bordo de su avioneta al poderoso narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.

Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se hacen a un lado y le lanzan la “papa “caliente a Godoy Ramos, quien ante la adversidad demuestra de manera sistemática su incapacidad para estar al frente de esa dependencia.

En respuesta a la presión política y mediática, recientemente respondió con un comunicado de prensa en el que advierte que en agosto de 2025 -“El Jando”- fue entregado a Estados Unidos con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

Añadió que -en junio de 2026- ella y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael “N” y Joaquín “N”, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos.

A manera de excusa, y para intentar suavizar su error al desconocer que “El Jando”, personaje clave en el secuestro de Ismael Zambada, fue quien lo llevo a EU, dio a conocer que su entrega no extingue las investigaciones y que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

Ya es muy tarde para rectificar, está concentrada en defender a los políticos de Morena señalados de nexos con el narco y no se da tiempo para cumplir con sus funciones como titular de la FGR.

Tuvieron en sus manos a “El Jando” y lo entregaron a Estados Unidos, así que a otra cosa mariposa, pues ya nada pueden hacer.

En medio de la larga lista de desaciertos de Ernestina Godoy, entre los que está el caso de Rubén Rocha Moya, se anunció el despido de Ulises Lara, renuncia para decirlo de manera diplomática.

Lara es un personaje de todas las confianzas de Ernestina Godoy, quien le confirió encargos delicados como fue el rescate del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, de los agentes anticorrupción de ese estado para que ejecutaran la orden de aprehensión que tenían en su contra.

El nerviosismo asoma en esa dependencia y los casos se acumulan en el escritorio de Ernestina Godoy Ramos.

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