Tremendo error dar una información en la Mañanera del Pueblo sin verificar al ciento por ciento * Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable como el “Huachicol Fiscal”
MARKOFLOS
Pareciera que hay “fuego amigo”, que se empeña en hacer quedar mal a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque seguramente ella está más ocupada en resolver los problemas que agobian al país que tener tiempo para revisar todas las iniciativas y acciones que se anuncian de manera oficial, con bombo y platillo, y que al final se convierten en “pifias”.
La duda que surge es si de veras le ayudan a la Primera Mandataria los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, porque ante los hechos está acorralada por el coordinador de Asesores, Jesús Ramírez; la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, por mencionar a los involucrados en los hechos recientes.
En el Poder Legislativo cada uno de los diputados y senadores se la deben al “caudillo” de Palenque, Chiapas, empezando por los líderes.
En el Poder Judicial sucede lo mismo, con cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Ya no me ayudes, compadre”, dijera el clásico.
UNA TRAS OTRA
Aquí les va las últimas salidas principales en falso: El “decomiso de huachicol más grande de la historia”; la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bautizada como la “Ley Antimemes”, que provocó que los caricaturistas de México (una tradición desde el siglo XIX) satirizaran la iniciativa con múltiples cartones en la prensa nacional.
Tampoco se entiende la ausencia de la titular del Poder Ejecutivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Seguramente sus asesores no la convencieron de que la mejor forma de defender la soberanía nacional era acudir al máximo foro mundial y atender la convocatoria anual que se hace a todos los jefes de Estado del mundo.
“Que dijo mi mamá que siempre no”… que siempre no era cierto que se hubiera realizado “el decomiso de huachicol más grande en la historia de México”, como lo habían anunciado el 17 de septiembre de 2026 la propia Presidenta de la República y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando se dijo que se había logrado la incautación de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento ubicada en Guanajuato.
El caso dio un giro total cuando el Gabinete de Seguridad y la propia Presidencia reconocieron anomalías y la falta de comprobación inicial del carácter ilegal de todo el producto.
Y es que resultó que el sitio era una terminal formal con permisos donde terceras empresas (incluyendo marcas reconocidas y Pemex) almacenan petrolíferos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso y el delegado de la FGR en Guanajuato, que encabezó el operativo, fue destituido ante la sospecha de haber inflado o malinterpretado la cifra como un decomiso definitivo de contrabando sin verificar previamente la trazabilidad documental.
El “hilo se rompió por lo más delgado”, pero la interrogante que surge es quién informó a Sheinbaum Pardo y al titular de la SSPC que se había asestado “el gran golpe”.
¿Acaso fue el delegado cesado de la FGR o la propia titular Ernestina Godoy, quienes sin verificar la operación se apresuraron para dar la información “bomba”?
A principios de 2019, cuando el gobierno de López Obrador cerró los ductos de distribución para combatir el robo de combustible y hubo casi dos semanas de desabasto en el país, esta planta pudo seguir suministrando a las gasolineras debido a que recibía su producto en trenes.
Andrés Manuel anunció ante el país su estrategia para acabar con el robo de combustible: Cerrar los ductos de Pemex y sustituirlos por pipas. Cientos de autotanques recorrerían México llevando gasolina y diésel directamente a las estaciones de servicio, sin que los huachicoleros pudieran interceptarlos. Era, dijo, un golpe definitivo al crimen organizado.
Lo que el expresidente no dijo -y que ahora revela el libro Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas, de Raúl Olmos- es que -para operar ese esquema- el gobierno recurrió a una filial de Pemex llamada Servicios, S. A. de C. V., la cual terminó pagando millones de pesos a Grupo Industrial Permart, empresa fundada por Sergio Carmona Angulo, identificado como uno de los principales operadores del contrabando de combustible en México, el llamado “Rey del Huachicol” y señalado de haber financiado campañas electorales de Morena.
Unas semanas después, como consecuencia del desabasto de gasolina provocado por el anuncio de AMLO, el huachicol adquirió un gran valor a nivel popular.
Por ello el 18 de enero de 2019 ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que perdieron la vida 137 personas con decenas de heridos por las quemaduras que ocasionó la explosión de un ducto de gasolina. Se estimaron en 800 personas las que se acercaron para recoger gasolina.
Aunque el manejo de huachicol se llevaba a cabo desde hace al menos cuatro décadas, éste se limitaba a la venta ilegal de gasolina robada en ductos de Pemex, en cantidades relativamente pequeñas, pero en forma creciente, y se dio en todos los gobiernos priístas y panistas.
El huachicol fiscal cobró gran relevancia y comenzó a expandirse de forma masiva a partir de 2019, coincidiendo con la apertura del mercado de importación de combustibles y las acciones para frenar el robo físico en ductos.
Aunque existen antecedentes de contrabando aduanero, esta modalidad específica despegó con fuerza tras los cambios en la política energética y el control de aduanas que realizó AMLO con su reforma en la materia y el manejo de las aduanas por parte de la Secretaría de Marina, con un mecanismo más novedoso.
No perfora ductos; ingresa gasolina o diésel desde el extranjero declarándolos falsamente ante la aduana como aceites minerales, lubricantes o aditivos.
Al clasificar erróneamente el producto, los implicados evaden el pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y otros aranceles.
Esto permite vender el hidrocarburo más barato en el mercado informal y competir con grandes márgenes de ganancia frente al combustible legal, complementado con la apertura de permisos a empresas privadas para importar combustibles, lo que facilitó la triangulación documental en puertos y fronteras.
Así se configuró una extensa red de corrupción que involucra la complicidad u omisión en aduanas y puntos de revisión para falsear los pedimentos de entrada.
Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable.
La red de corrupción que se tejió y operó durante el sexenio de AMLO, conocida como “Huachicol Fiscal”, quedó al descubierto en febrero de 2026, cuando el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta red habría operado al interior de la Secretaría de Marina con la participación de altos mandos, con una evasión fiscal que se estima en 600 mil mdp.
La trama salió a la luz tras la difusión de un audio, obtenido por los reporteros de Aristegui Noticias, en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, una red criminal vinculada al “huachicol fiscal”.
En la grabación se escucha al contraalmirante señalar directamente a sobrinos políticos del almirante Ojeda como parte de la estructura.
El secretario le habría pedido presentar la denuncia por escrito y aunque la Marina aseguró no encontrar irregularidades en sus investigaciones, la FGR mantiene abierta una causa penal derivada de las acusaciones de Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024.
En total 34 oficiales habrían trabajado en la red, con presencia en aduanas estratégicas como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Los hermanos Farías Laguna, sobrinos del extitular de la Semar, están presos. Otros altos mandos de la Marina han sido mencionados en esta extensa red de corrupción ligada con grupos delictivos y el trasiego de drogas por puertos de todo el país, pactando con distintos cárteles, particularmente con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Si bien existen críticas y cuestionamientos hacia la administración de Claudia Sheinbaum, nunca se ha mencionado algún vínculo de ella o su gente cercana, con la gigantesca red de corrupción del “Huachicol Fiscal”. Por el contrario, se considera una decisión valiente y honesta que su Gabinete de Seguridad anunciara que la investigación está en marcha, a pesar de que personajes muy importantes y cercanos a su antecesor, como Adán Augusto López Hernández y Andy López Beltrán, han sido mencionados.
Lo que se cuestiona es la permanencia de estas y otras figuras políticas vinculadas a escándalos de corrupción, lo que -según “detractores”- mantiene intactas prácticas de corrupción e impunidad.
Se entiende que Sheinbaum tiene un enorme dilema: Continuar siendo leal -o cómplice- con su antecesor, o ir hasta las últimas consecuencias.
A grandes males, grandes remedios. En 1936, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de acabar con el “maximato” de su antecesor, Plutarco Elías Calles.
El peligro de compartir el poder es que se pierda paulatinamente. La Patria es primero.
