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PULPO POLÍTICO

Nace un nuevo régimen

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Fin a la división de Poderes * Trece millones de mexicanos votaron en la jornada de la elección judicial * Para la Primera Mandataria, fue un éxito rotundo * Reaparece públicamente el que andaba ausente y califica a Claudia Sheinbaum como “la mejor mandataria del mundo”

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Nace un nuevo régimen. El régimen democrático constitucional, basado en la división de Poderes, que los mexicanos nos habíamos dado desde 1857, ha quedado atrás con la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025.

Somos testigos del surgimiento de un nuevo régimen político constitucional. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que ahora iremos a la vanguardia mundial y que por ser el primer país que elige la totalidad de los miembros del Poder Judicial, a nivel federal y local, nos convertiremos en el país más democrático del mundo.

Quizá ahora sí tendremos una justicia pronta y expedita, eficiente y exenta de corruptelas.

La elección judicial del pasado domingo es considerada por todos como inédita. Para el oficialismo como un novedoso avance democrático, mientras que para la oposición y la mayoría de los abogados constitucionalistas, analistas y politólogos, representa un retroceso y un Golpe de Estado al régimen democrático constitucional que socava la división de Poderes y pone al Poder Judicial bajo el control del Poder Ejecutivo.

La Presidenta Sheinbaum Pardo calificó la elección judicial del domingo como algo “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, aseguró que se cumplieron sus expectativas y agregó: “Fueron 13 millones de personas que ayer salieron a votar, más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN (respecto a la elección presidencial de 2024). Claro que es un éxito”.

Por su parte, muchos analistas de oposición aseguran que la participación de sólo 13 millones de mexicanos, de un padrón electoral de 100 millones, representa un rechazo mayoritario y popular, o al menos indiferencia o abstencionismo inusual, a la primera elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial en la historia nacional y echa abajo la insistente versión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la reforma judicial era una demanda de la mayoría del pueblo representado por 35 millones de mexicanos que le otorgaron a ella su voto en la elección presidencial del 2024.

“Si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, pues muy buen resultado”, dijo Sheinbaum antes del domingo.

Si la elección judicial se tuviera que sujetar a las reglas de las consultas constitucionales para ser vinculatorias, debería de haber tenido una participación mayor al 51%.

Recordemos que la consulta popular para elegir sobre el juicio a expresidentes se tuvo participación del 7%, ejercicio en el que, aunque los resultados fueron en favor de enjuiciarlos, no se tomó en cuenta, bajo el argumento de que no fue vinculatoria porque no alcanzó el mínimo de participación requerida.

También hubo una consulta, en 2022, como ensayo para establecer en nuestra Constitución Política la revocación de mandato, en la que participó el 18%.

La Primera Mandataria también ha comparado esta elección con la de jueces locales en Estados Unidos, donde suele participar un 20 por ciento.

Sheinbaum Pardo celebró que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, reapareciera públicamente al acudir a votar en la elección judicial, a ocho meses de que concluyó su gobierno.

En su Mañanera del Pueblo, la Mandataria dijo que le dio mucho gusto verlo y agradeció que López Obrador la calificó como “la mejor presidenta del mundo”.

El expresidente López Obrador, en el momento de emitir su voto en esta elección judicial, debió haber recordado cómo se gestó la mal llamada “reforma judicial”.

La crónica de una venganza presidencial anunciada el 5 de febrero de 2023, durante la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro.

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo la “osadía” de permanecer sentada mientras asistentes y miembros del gabinete se levantaban y aplaudían al mandatario durante su discurso.

Este gesto, aunque aparentemente menor, al parecer fue el detonador para que el presidente Andrés Manuel intensificara sus ataques y agresiones al Poder Judicial, y ordenara la reforma que sujetaría a ese poder al control del Ejecutivo.

La ministra Norma Piña aclaró que ese episodio no fue el inicio de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Según Piña, dicha tensión surgió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional, tanto la ley de energía eléctrica como la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como diversas suspensiones de jueces a obras del Tren Maya y decretos presidenciales, como aquel que pretendía hacer a un lado la ley de adquisiciones, para adjudicar todo de forma directa y sin licitaciones públicas.

 

RIP A LA DIVISIÓN DE PODERES

Repito: Nace un nuevo régimen. El anterior, que tenía 200 años de existir, se acabó. Consummatum est, RIP a la división de Poderes.

La teoría política que establece que las decisiones no deben concentrarse y que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, ha quedado atrás y prueba de ello es que tan solo la SCJN estará conformada, puntualmente, por todos y cada uno de los candidatos que Morena, o el oficialismo, propuso a través de los famosos “acordeones”, que se estima se imprimieron en el orden de 50 millones y fueron distribuidos en todo el país.

El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés.

La reforma al Poder Judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.

Será enorme el costo de la curva de aprendizaje. ¿Cuándo y cómo se normalizará el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Será para mejorar o para empeorar? Nadie sabe.

La elección judicial representó un enorme costo. Tan solo la elección implicó un gasto de 7 mil millones de pesos, pero el costo más grande podría ser la falta de garantía del ejercicio de las libertades individuales.

Los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y conciencia, y la igualdad ante la ley. El derecho de propiedad, libertad de creencias, inclusive que la autoridad no pretenda determinar qué se puede enseñar en las universidades, qué libros podemos leer o qué películas podemos ver, decidir el género de nuestras parejas matrimoniales o interferir con nuestra autonomía física.

El alcance de los derechos individuales que requieren protección siempre será objeto de controversia y evolucionará inevitablemente con el tiempo. Sin embargo, existe claramente una amplia gama de libertades individuales que, en palabras del juez norteamericano Jackson, “no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de ninguna elección”.

Por lo tanto, es esencial que las libertades civiles básicas estén consagradas en las Constituciones y protegidas por los Poderes judiciales.

 

DESAIRE POPULAR

Resulta que 85 millones de ciudadanos no aceptaron participar en la elección del Poder Judicial, pero ya tenemos una nueva SCJN, casualmente están aseguradas las tres ministras que dejó AMLO: la “ministra del pueblo”, Lenia Batres; la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis profesional, y la ministra Loretta Ortiz, quien se ha confesado ser férrea militante y fundadora de Morena, así como María Estela Ríos González, quien fue la consejera jurídica del expresidente y eventualmente la autora material o intelectual de la “reforma judicial” en su primera versión.

Aunque todavía no hay resultados oficiales, parece que el candidato a ministro con más votos, que será el presidente de la SCJN, es Hugo Aguilar Ortiz, morenista (no declarado) que fue incluido en los polémicos acordeones distribuidos por millones en todo el país, lo que para nuestro consuelo nos librará de tener como nueva presidenta de la Corte a la llamada “ministra burra”.

Al menos ocho de los nueve ministro(a)s de la SCJN aparecían en los citados “acordeones”, todos los cuales son simpatizantes de Morena o el oficialismo y fueron abiertamente apoyados a través de dicho mecanismo.

Por ello podríamos tener una nueva SCJN, que bien podría llamarse SCJA (Suprema Corte de Justicia del Acordeón).

Un nuevo régimen no debería ser consecuencia de un gobierno democráticamente electo, que utilice sus mayorías electorales o legislativas (hechiza, en el caso actual) temporales, para afianzarse en el poder modificando las reglas constitucionales del juego democrático, de forma que debiliten las propias instituciones democráticas, así como a sus oponentes para socavar la competencia justa.

Este es el espectro de la tiranía de las mayorías: La posibilidad de que un gobierno elegido popularmente utilice sus mayorías en el Parlamento o en las urnas, para eliminar a la democracia y a la oposición mediante el voto.

Eso ya lo vivimos los mexicanos durante 70 años con el PRI, partido hegemónico que, irónicamente, fortaleció las instituciones democráticas y abrió la puerta a la competencia política a los partidos minoritarios o de oposición.

Democracia o tiranía, ese es el dilema.

 

***Académico y consultor.

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Los records de la 4T

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Muy cuestionables por las cifras duras del INEGI, Coneval, Banxico y SHCP * El país requiere al timón de mando a una auténtica jefa de Estado con un sólido liderazgo, capaz de iniciar la verdadera transformación por un México próspero, justo y democrático

 

MARKOFLOS

 

Después de siete años y medio de los gobiernos de la “transformación”, tomando como referencia las cifras duras de INEGI, Coneval, Banxico, SHCP y organismos internacionales reconocidos, se puede afirmar que todos los records históricos que presume son muy cuestionables y en el balance de resultados no son favorables para la mayoría de la población.

La mayor parte de las cifras récord son al corte del final de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lleva apenas un año y medio de gestión.

Algunas cifras record destacadas son las siguientes:

Crecimiento económico: El sexenio cerró con un crecimiento promedio anual inferior al 1%, la tasa más baja en cuarenta años.

Empleo: Se crearon cerca de 2.4 millones de empleos formales, aunque la informalidad laboral se mantuvo alta, afectando a más del 54% de la población activa.

Deuda pública: Se incrementó un 23% en términos reales respecto a 2018, situándose en 17.4 billones de pesos al final de la gestión. Con Sheinbaum Pardo ya se duplicó: 20 billones de dólares, el doble desde el primer presidente de la República hasta Enrique Peña Nieto. Todo un record: una deuda de casi 200 años se duplicó en sólo 7 años con el gobierno transformador.

Inversión pública: Hubo una contracción en la inversión física del 18.98%, concentrando el gasto en proyectos insignia como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Pobreza extrema: Según el número de personas en pobreza extrema aumentó de 8.7 millones en 2018 a 9.1 millones en 2022.

Salud: Se reportó un aumento en la carencia de acceso a servicios de salud, pasando del 16% al 39%. Destrucción del Seguro Popular, fracaso del Insabi y escasez de medicamentos.

No se olvida que 224,244 vidas de mexicanos se hubieran salvado de haber existido un manejo diferente en la pandemia, debido al pésimo desempeño del inepto y negligente Hugo López-Gatell.

Gasolina, promesa de AMLO que bajaría a 10 pesos. En 2018 estaba en 19 pesos, en 2024 ya costaba 24 pesos, esto a pesar del enorme subsidio “populista” que se ha otorgado, estimado en casi 400 mil millones de pesos, medida que en el corto plazo ha frenado la inflación, pero que, en el largo plazo, tendrá un costo mayor para el desarrollo y la estabilidad económica del país, toda vez que se sacrifican inversiones en infraestructura, educación, salud, seguridad y justicia.

Este subsidio, sumado a la enorme inversión en clientela electoral (compra de votos), tendrá un gran costo para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo.

Pensión para adultos mayores. En 2018 tuvo un presupuesto de 53 mil millones de pesos, y en 2024 llegó a 465 mil millones de pesos, un incremento de 774 por ciento.

Educación. Al menos 15 años podría tomar que México recupere los niveles educativos de países similares dentro de la OCDE, siempre y cuando se corrijan las deficiencias tanto en el sistema educativo nacional como en otros rubros que inciden en los educandos. Pésimos resultados en la última prueba PISA, récord de deserción en nivel básico, libros de texto tendenciosos, así como cambios en la currícula escolar sin ton ni son, creación de 100 universidades “patito” denominadas Benito Juárez y disminución de recursos para la ciencia.

Remesas. Llegaron a alcanzar casi 65 mil millones de dólares en 2024 y que AMLO presumía como un logro de su gobierno, pero -como todos sabemos- se trata de dinero que envían al país los migrantes mexicanos desde EU y no obedece a ninguna política del gobierno mexicano.

Inversión Extranjera Directa (IED). La cifra de aumento del 2% fue publicada por la Secretaría de Economía (SE), sin embargo, Banco de México (Banxico) reportó una contracción de 23.22% en el mismo periodo.

Tipo de cambio. El valor de la moneda mexicana frente al dólar obedece a las políticas monetarias de Estados Unidos.

Reservas internacionales. Son activos financieros, propiedad de Banxico. Las reservas alcanzaron un récord, pero esta cifra incluye la recepción de US$12,000 millones de Derechos Especiales de Giro que el FMI transfirió a los países miembros del organismo.

Corrupción. Según Transparencia Internacional, la percepción del nivel de corrupción subió de 28 pts. en 2018, a 31 pts. en 2024.

Seguridad. En este rubro el gobierno de la Primera Mandataria está corrigiendo el desastroso escenario que heredó, un México dominado, al menos en la tercera parte de su territorio, por el narco, cifras récord de homicidios (casi 200 mil), 45 mil desaparecidos, incrementos y extensión en todo el país del cobro de piso y asaltos en carreteras.

Mentiras. Otra cifra record, las casi 2 mil contabilizadas por el sitio SPIN en las 1,400 Mañaneras de AMLO.

Habrá que reconocerle a López Obrador su estrategia de comunicación para mantener una gran popularidad que le alcanzó para transmitírsela a su sucesora.

En 18 años de campaña perseverante y extensa campaña, supo leer cuáles eran los reclamos y demandas del “pueblo”: “Primero los pobres”, “Combate a la corrupción e impunidad”, “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, “La revolución de las conciencias” y “La Cuarta Transformación”.

En un México con 60 millones de pobres su cálculo político-electoral fue acertado. Mejoró los ingresos de 5 millones de pobres y los sacó del ranking de pobreza (moderada), pero dejándolos en la fragilidad de su mismo estatus educativo, de salud y social.

Es de resaltar que Oportunidades-Prospera fue uno de los programas sociales con reconocimiento internacional, que se había sostenido durante 4 sexenios, gracias a que -estaba científicamente comprobado- contribuía fuertemente a mejorar el ingreso, a la disminución del rezago educativo, mediante el acceso efectivo a servicios sociales, incluidos los derechos a la educación, salud y la no discriminación.

También permitía el acceso real al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad. En cambio, a partir de 2018 sólo se cumple el propósito de mantener la “clientela electoral”.

El ex director del desaparecido Coneval, Dr. Gonzalo Hernández Licona, fue relevado en una Mañanera por hacer públicos datos duros, mismos que en julio de 2021 el INEGI avaló.

En la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) se dio a conocer: “Se observa que los hogares mexicanos más pobres -específicamente el diez por ciento más pobre, que recibieron las transferencias gubernamentales- cayeron 32 por ciento. AMLO incrementó los programas sociales respecto a 2018, pero le redujo el apoyo a la población más pobre”.

¿A dónde se fue entonces el ingreso de los programas gubernamentales? Los hogares más ricos, el decil X, incrementaron en 93% lo que recibían de transferencias gubernamentales entre 2018 y 2021. El decil IX lo incrementó en 148%, el decil VIII en 145 por ciento. Es decir, al treinta por ciento de las familias más ricas del país se les incrementó en 129% el apoyo de programas sociales y becas gubernamentales. Sin embargo, para el veinte por ciento de las familias más pobres las transferencias del gobierno cayeron.

Agregó el Dr. Hernández Licona que sería interesante revisar que INEGI y Coneval (ahora fusionado al INEGI) dieran a conocer estas referencias en 2023.

Lo que teníamos de acuerdo con la Enigh era que el apoyo total a adultos mayores aumentó 185% a partir de 2018, pero mientras el incremento para el primer decil fue de 17%, para el decil más rico fue de 457 por ciento.

En las transferencias para adultos mayores se prefirió a quienes más ganaban. En el caso del programa Oportunidades-Prospera, que fue eliminado en esta administración, éste fue sustituido desde 2019 por tres programas: Becas Benito Juárez para Educación Básica, para la Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro (becas universitarias). El monto total se redujo 35%, pero la reducción fue de 63% para el decil más pobre y hubo un incremento de 380% para el decil más rico.

La conclusión del Dr. Hernández Licona fue que “para el setenta por ciento de las familias más pobres el apoyo gubernamental se redujo 42% en promedio en este sexenio”. Y agrega: “He tenido oportunidad de tener el testimonio reciente de familias en Morelos y en Oaxaca que coinciden que hoy reciben menos apoyo para sus hijos en primaria, secundaria y preparatoria de lo que recibían anteriormente con Prospera”.

El legado que López Obrador dejó a su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue: Un país polarizado y dividido; una economía sostenida con alfileres; conflictos internos (CNTE, transportistas, madres buscadoras, etc.); Incertidumbre con nuestros socios comerciales, debido a la falta de certeza jurídica, y económica por la regresiva Reforma Judicial, la desaparición de organismos autónomos constitucionales en materia de transparencia, comunicaciones y competencia.

En este contexto, millones de mexicanos le preguntamos a nuestra Primera Presidenta si queremos seguir con resultados negativos.

¿Estamos sólo frente a una “simulación”, producto de un manejo de comunicación eficaz, pero engañoso que mantiene la percepción de que estamos inmersos en la transformación?

Nadie espera que millones de mexicanos continúen siendo engañados. Sería un inexplicable despropósito. ¿Para qué o por qué, con qué fines?

México requiere al timón de mando a una auténtica jefa de Estado con un sólido liderazgo, capaz de iniciar la verdadera transformación del país, por un México próspero, justo y democrático.

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ONU desnuda a México

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El señalamiento de Naciones Unidas no es nuevo: En 2022 lo hizo el Parlamento Europeo * El Estado Mexicano debe rescatar el lugar que alguna vez tuvo a nivel mundial y la diplomacia, cuando se consideraba un país con autoridad moral y una política internacional impecable

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Al parecer los gobiernos de la transformación viven en dos dimensiones. Una es cómo nos ven los organismos y la comunidad internacional y, otra muy distinta, es la versión para consumo de los nacionales.

Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que hay indicios fundados de que en algunas desapariciones participan funcionarios públicos, el gobierno mexicano desmiente y se indigna con esos señalamientos.

Mientras esto pasa, un juez vinculó a proceso -por el delito de desaparición forzada- a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien también se desempeñó, como secretario de Gobernación y líder del Senado de la República.

En el ámbito internacional, México ha sido objeto de informes de organismos que muestran al mundo la realidad que vivimos, sobre todo desde 2018.

En 2022, el Parlamento Europeo condenó el asesinato, las amenazas y el acoso a periodistas, así como a defensores del medio ambiente y comunidades indígenas.

“A partir de que cambió el gobierno los asesinatos se han triplicado. Es inaceptable la retórica presidencial contra los medios de comunicación y su afán de estigmatizar a los periodistas. Más del 90% de los crímenes no han sido investigados”, dijo Leopoldo López Gil, eurodiputado español. Recuérdese el intento de asesinato contra el prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva, quien -como otros importantes periodistas- había sido fustigado y agredido desde las Mañaneras de AMLO.

Desde 2022, el Parlamento Europeo también señaló: “Se llama al gobierno mexicano a cooperar con los organismos de Naciones Unidas y se apoya que se permitiera que el Comité de Desapariciones Forzadas haya visitado el país, y que los familiares de las víctimas puedan pasar sus casos al comité, una vez que las instancias nacionales hayan sido agotadas”.

Pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador ignoró y desmintió todo lo que expuso el Parlamento Europeo. Ahora, con el informe de la ONU del pasado 2 de abril de 2026, parece ocurrir lo mismo. Se cuestiona y se desmiente.

En este informe el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

El Comité concluye que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido -y se siguen cometiendo- desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.

Asimismo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

También subraya el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.

El mismo 2 de abril, momentos después de la publicación del informe, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo publicó un comunicado que descalificó el trabajo del comité, al que tachó de “sesgado”, “tendencioso” y poco riguroso.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un comunicado en el que repudió las conclusiones de los expertos y se lanzó contra organizaciones de la sociedad civil de México, a las cuales acusó de ser “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos”.

Es lamentable que la actual CNDH sólo haya servido para ser tapadera del gobierno de la transformación desde 2018, en tanto no interviene ni se da por enterada en ninguna denuncia sobre burdas violaciones de derechos humanos, por desapariciones, feminicidios y otros graves delitos.

Ahora la titular, María del Rosario Piedra Ibarra, sale a dar absurdas declaraciones ridículas y fuera de lugar, que confirman su papel de tapete de la 4T.

La ombudsman recurre al ya gastado recurso de culpar a la “guerra contra el narcotráfico”, al sexenio de Felipe Calderón, además enfocó sus ataques contra organizaciones “que se han ostentado como ‘representantes’ de víctimas y ‘defensoras de derechos humanos’ para lucrar”, y sostuvo que existe un “uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas en nuestro país”, así como una intención de “politizar la determinación del comité”.

Algunos medios nacionales han recogido las opiniones de diversos especialistas en derechos humanos, que consideran que México no debe rechazar la ayuda exterior contenida en la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) para resolver el problema de las desapariciones de personas y la crisis forense del país.

Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, afirma: “No es una bronca contra México”, es para ayudar a solucionar el problema. Corcuera detalla que el CED se propone establecer un mecanismo con financiamiento y cooperación internacional para atender la impunidad y la crisis forense.

“Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo”, señala al criticar que el gobierno reacciona de manera muy agresiva insultando al Comité de la ONU.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, califica de muy lamentable el rechazo del Estado a la resolución del CED porque impide activar mecanismos de cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones.

Señala que la carga de la búsqueda recae en las familias, principalmente mujeres, quienes enfrentan riesgos constantes y que las personas buscadoras están siendo amenazadas, desaparecidas o asesinadas.

Michael Chamberlin, activista por los derechos humanos, alerta que con 40 personas desaparecidas cada día, más de dos décadas de crisis sostenida y niveles persistentes de impunidad, México enfrenta un problema estructural que el Estado continúa minimizando.

Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, detalla que con impunidad superior a 98%, más de 83 mil restos humanos sin identificar y 132 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis estructural.

“Por primera vez, un caso relacionado con México se eleva a la Asamblea General de la ONU”, agrega.

Patricia Olamendi, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y exconsultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que -con su rechazo- México se coloca entre los Estados que niegan la cooperación en derechos humanos.

“Lo grave es que, con este rechazo y la falta de colaboración con el Comité, México pasa a la lista de los Estados que niegan el trabajo conjunto con los mecanismos de protección de los derechos humanos”, añade.

Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierte que el rechazo del Estado Mexicano a la resolución del CED no sólo lo coloca bajo mayor escrutinio internacional, sino que puede derivar en un escarnio público.

Explica que aun cuando las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sí generan consecuencias en la calificación de un país como destino de inversión y en su imagen como país seguro.

Casualmente, al mismo tiempo que ocurre todo lo anterior, se da a conocer la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien se desempeñó como representante de México ante la ONU de 2018 a 2024. ¿Será un acto de congruencia del exrector de la UNAM; será un acto de rebeldía o será por “motivos de salud”?

Su salida de Relaciones Exteriores fue inesperada ante la inminente negociación del T-MEC, una delicada relación bilateral en materia de seguridad, toda vez que el excanciller había logrado importantes acuerdos con Marco Rubio, secretario de Estado de EU. Además, estamos a dos meses de ser el ojo del mundo por la celebración de la Copa del Mundo 2026.

El gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no puede seguir la línea del sexenio pasado, de ignorar a los organismos y a la comunidad internacional. No se puede tapar el sol con un dedo.

Negar el problema significa que no se quieren adoptar las medidas para solucionarlo. México debe aprovechar la oportunidad para aceptar la asistencia internacional.

México debe rescatar el lugar que alguna vez tuvo en el concierto internacional de las naciones y la diplomacia, cuando se consideraba un país con autoridad moral y una política internacional impecable.

Como cuando Genaro Estrada dio a conocer la doctrina Estrada, que definió los principios constitucionales de nuestra diplomacia. O cuando Alfonso García Robles, diplomático mexicano, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982.

Reconocido como uno de los principales impulsores del desarme nuclear, con una fundamental aportación, que fue la creación del Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina en una zona libre de armas nucleares. No cabe duda que México es más grande que sus problemas.

 

Académico y consultor***

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Nepotismo divide a Morena

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Luisa María Alcalde reitera que ese mal no tendrá cabida en el 2027 * Saúl Monreal Ávila, Ruth González y Félix Salgado Macedonio ya calientan motores y señalan que el pueblo manda, que el pueblo quita y pone… ¡Hagan sus apuestas, señores!

 

MARKOFLOS***

 

La expresión “El orgullo de mi nepotismo” es parte de la historia política de nuestro país.

El expresidente José López Portillo la hizo suya cuando su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado, nombró subsecretario a su hijo José Ramón López Portillo.

Después de 40 años, una especie de “Deja Vu” se ha hecho presente en los gobiernos de la 4T.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador no logró ocultar los orgullos de su nepotismo. Sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán fueron motivo de escándalos por su estilo de vida de lujo y oprobio. José Ramón López Beltrán, cuya pareja sentimental Carolyn Adams, ejecutiva brasileña, quien cabildeaba contratos entre Pemex y su empresa, Cava Energy, propició la presunta existencia de conflictos de interés por la lujosa casa y estilo de vida que la pareja tenía en Houston, Texas.

Gonzalo Alfonso, siguiendo su afición al beisbol, se fue a trabajar en la estructura del equipo de Los Gigantes de San Francisco; también se le vio involucrado con grandes empresarios aficionados al mismo.

A mediados de 2019 se hizo pública una fotografía en la que el hijo del presidente compartía el palco de honor del estadio regiomontano de los Sultanes con los empresarios Alfonso Romo, Carlos Bremer y Carlos Slim.

Andrés Manuel López Beltrán, el más político de los hermanos, construyó desde el gobierno de su padre una superestructura de funcionarios jóvenes que le reportaban directo a él.

Durante el gobierno de su padre, el nombre de “Andy” fue motivo de escándalos en diversos medios de comunicación y organizaciones civiles, que señalaron a López Beltrán por supuestos beneficios a amigos en contratos gubernamentales, particularmente en proyectos como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mostrado que no está de acuerdo con el nepotismo en su gobierno, por ello propuso modificar la ley para que en los comicios de 2027 no se aceptaran candidaturas de familiares cercanos para sucederlos en gubernaturas, iniciativa que fue pospuesta por sus correligionarios para 2030 y, aunque en los estatutos de Morena sí se incorporó, por las actitudes de algunos prominentes morenistas como Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal Ávila y el gobernador pevemista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, existen serias dudas de que se cumpla el deseo de la Primera Mandataria de evitar esas prácticas de nepotismo en el gobierno de la Cuarta Transformación.

En este, como en otros temas, la titular del Poder Ejecutivo ha tenido que luchar contra corriente. El hijo de su antecesor, Andrés Manuel López Beltrán, le arrebató el saludo de la plana mayor de Morena en uno de sus primeros grandes eventos públicos en la Plaza de la Constitución (ya que todos preferían estar en la foto con el junior).

El actual secretario de Organización de Morena, a mediados de 2025, se puso en medio del escándalo mediático cuando pidió que ya no lo llamen “Andy”.

“Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no?, es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre.

“Les da miedo y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Andrés Manuel López Beltrán, no Andy López”.

En este contexto, con la inercia que le heredó su antecesor, ahora la Presidenta Sheinbaum Pardo afronta los “retos” de algunos distinguidos obradoristas, como el senador Salgado Macedonio, quien aspira a suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado, y quien se da el lujo de criticar el candado en Morena que le impide ser candidato y sutilmente acusó a la dirigente de ese partido, Luisa María Alcalde, sin mencionar su nombre, de nepotismo porque toda su familia tiene cargos públicos.

Mediante un video afirma: “Soy de Morena, pero tengo un impedimento, un estatuto que a mí me prohíbe porque mi hija es gobernadora. Pero fíjense, ¡qué paradoja!, los que me fustigan, los que me critican, es que estamos en contra del nepotismo, si pues, pero tiene a toda tu familia en el poder”.

Respecto a sus aspiraciones políticas señala: “En cuanto yo no diga que quiero, no tiene que haber polémica en torno a mi persona. Exijo respeto

“Nos queda claro que quien manda es el pueblo, entonces para qué nos quebramos la cabeza”, y evocando las palabras de su jefe máximo, el de Palenque, dice: “Nos han enseñado que el pueblo manda, lo que el pueblo diga, el pueblo pone, el pueblo quita, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Pero más rápido que furioso, reculó sus palabras y señala que nunca acusó a Alcalde, al contrario, que le guarda mucho respeto y admiración porque ella viene desde abajo con el movimiento transformador.

 

REBELIÓN FRACTURA UNIDAD

La rebelión en la granja de Morena y sus aliados contradice los lineamientos de la Mandataria Claudia Sheinbaum, quien está en contra del nepotismo.

Sobran ejemplos de morenistas que pretenden decidir por sí solos candidaturas gubernamentales sin considerar la autoridad presidencial. No sólo Félix Salgado quiere decidir si debe ser sucesor de su hija en Guerrero.

Dos días después de haber abandonado la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado, Adán Augusto López declaró ante los medios de comunicación que la senadora Andrea Chávez “será la candidata y gobernadora de Chihuahua”.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, destapó a su compañera de partido y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ruth González, mientras que Saúl Monreal pide “iluminación divina” para decidir si va o no por la gubernatura de Zacatecas, actualmente en poder de su hermano David Monreal.

Fernández Noroña sueña con volver a ser candidato a la Presidencia de la República. A Andy López Beltrán, hay quienes al interior de Morena lo siguen candidateando para tareas políticas superiores, de muy alto nivel.

Se ve muy difícil que la titular del Poder Ejecutivo erradique el nepotismo del gobierno transformador, debido a la pesada carga que su antecesor le heredó en este rubro.

La alusión de Félix Salgado a la familia Alcalde data del sexenio pasado. La hermana de la actual dirigente de Morena, Bertha Alcalde, fue nombrada secretaria adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que Luisa María fue secretaria del Trabajo y Previsión Social, hoy fiscal de la CDMX, y aunque nadie niega su capacidad profesional, es claro que ha hecho su carrera de la mano de su hermana y su madre Bertha Luján, quien fue la contralora de López Obrador cuando éste era jefe de Gobierno de la CDMX.

Son muchos los casos de designación de cargos de familiares en el gobierno de AMLO.

Su primera secretaria de Economía, Graciela Márquez (ahora presidenta del INEGI), era esposa del otrora obradorista Gerado Esquivel, subgobernador de Banxico.

La exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tenía un hermano -Netzai Sandoval Ballesteros- como director general del Instituto de la Defensoría del Consejo de la Judicatura Federal. Su otro hermano, Pablo Sandoval, era el superdelegado de Programas Sociales en el estado de Guerrero y buscó la candidatura al gobierno del estado.

Su esposo John Ackerman, siempre con cargos en los medios de difusión públicos. También se hizo público que Arturo Reyes Sandoval, actual director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), le debe a ella el cargo.

El caso “Concheiro-Gómez” también resultó emblemático.  María Elvira Concheiro, esposa de Pablo Gómez, fue designada tesorera de la Federación, su mérito es que fue militante del Partido Comunista Mexicano.

Francisco Luciano Concheiro Bórquez, también exmilitante comunista y hermano de María Elvira Concheiro, fue subsecretario de Educación Pública.

Juan Luis Concheiro, otro hermano de María Elvira, fue director de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Argel Gómez Concheiro, hijo de Pablo Gómez y Elvira Concheiro, fue director general de Grandes Festivales Comunitarios en la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Galia Borja Gómez, sobrina de Pablo Gómez, fue nombrada subgobernadora del Banco de México y María de los Ángeles Rosario Comesaña y Concheiro, prima de Elvira Concheiro, fue directora de Análisis en la SCT.

De igual manera el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, tuvo sus “recomendaciones. Su hija Carmelina Esquer Camacho, presidenta de la filial Pemex Procurement International (PPI). La esposa de Esquer Verdugo, Alejandra Camacho González, fue nombrada en febrero de 2019 gerente de Capacitación del Corporativo Petróleos Mexicanos y logró mantener su plaza como profesora en el Colegio de Bachilleres.

En materia de nepotismo la Primera Presidenta tiene que lidiar con esa gigantesca inercia que le dejó su antecesor. Pero la herencia es enorrme y negativa en varios rubros; un país hipotecado, con la mayor deuda en la historia reciente; un enorme déficit fiscal y disminución en la inversión.

Todo ello con el menor crecimiento económico en cuatro décadas. En seguridad, 130 mil desaparecidos; los mayores índices de inseguridad en el país (que se están corrigiendo).

Grandes retrocesos en educación y salud, así como costosas obras faraónicas, “elefantes blancos” que parecen barriles sin fondo. Sin embargo, sólo ha transcurrido un año y medio del gobierno de la doctora Sheinbaum.

Millones de mexicanos confían en su inteligencia y habilidad política para sacar adelante a este gran país, que está llamado a ser un país democrático, con más seguridad y justicia y con mejores niveles de vida para todos los mexicanos.

Que así sea por el bien del país y de todos los mexicanos.

 

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