Un miércoles 23 de abril para la historia * Increíble que en un día hubiera hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, dos en Guanajuato y uno en Jalisco, donde grupos criminales antagónicos realizaron operaciones de ataque y defensa por horas en tantos puntos a la vez * Ante la ola de violencia, surge la pregunta: ¿Protesta, intimidación o reto?
MARKOFLOS
El pasado 23 de abril, en tres entidades del país (Michoacán, Jalisco y Guanajuato) se cimbró el Estado mexicano cuando alguno o algunos de los cárteles más grandes hicieron una demostración de la capacidad incendiaria -literal-, de potencial de armamento y de movilización de sus huestes, en lo que podríamos calificar como una protesta, un reto, una intimidación o una medición de fuerzas con las autoridades de Seguridad estatales y federales.
Estas demostraciones de los grupos criminales no son nuevas. Recuérdese el famoso “Culiacanazo”, la fallida captura de Ovidio Guzman en 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se aborto la operación de captura para proteger a la población civil de Sinaloa, toda vez que -de haber detenido al Chapito Ovidio Guzmán- la entidad se hubiera convertido en un polvorín de fuego, secuestros, extorsiones y asesinatos de gente inocente.
En aquella ocasión, los miembros del Cártel de Sinaloa, además de bloqueos, incendios y balaceras, fueron a los domicilios de los soldados con el propósito de tomar como rehenes a sus familiares.
Otra muestra similar a lo ocurrido el 23 de abril pasado se dio el 1 de mayo de 2015, cuando la Operación Jalisco, para capturar al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, la tuvieron que abortar las fuerzas de seguridad del gobierno, ya que el hijo del Mencho derribó un helicóptero Blackhawk matando a 8 elementos de la Marina.
Además, para frenar otro intento de captura del jefe del CJNG, esta organización atacó a las fuerzas federales de cuatro entidades: Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Colima.
Por los antecedentes de operaciones similares de las organizaciones criminales, no resulta lógica ni creíble la explicación dada en Palacio Nacional al señalar que se trató de pugnas y conflictos entre diferentes cárteles.
Se ha filtrado que hubo intento de captura de uno de los lideres más cercanos al Mencho, lo cual hubiera significado un gran golpe contra el CJNG, considerando que unos días antes, el 19 de abril, las fuerzas de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) habían detenido a Iván Fernando Zepeda, “El 4-40”, identificado como un operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el detenido operaba como “actor relevante en zonas estratégicas del estado de Sonora y utilizaba un ‘yonke’ para el acondicionamiento de vehículos, almacenamiento de armas y estupefacientes”.
Algunos medios de circulación nacional -como La Jornada- publicaron que en los actos terroristas del 23 de abril habrían participado el CJNG, el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana.
Habrá que esperar que se aclare el verdadero motivo de las manifestaciones de violencia y bélicas del o de los cárteles en el centro del país.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló: “Estos hechos no quedarán impunes e informaremos de las detenciones correspondientes”.
Atrás de los señalados hechos de violencia en Michocán, Jalisco y Guanajuato, también podría haberse dado una manifestación en conjunto por parte de los tres cárteles mencionados, con el propósito de detener el giro que ha dado la política de seguridad respecto del sexenio anterior.
Las cifras hablan por sí solas. Se han destruido más de 800 laboratorios de drogas, incluidos los de fentanilo, cuando en el sexenio pasado se negaba que en México se fabricara esa letal droga.
En seis meses las fuerzas federales han detenido a 18 mil delincuentes de alto rango, cuando en la administración pasada sólo se detuvieron a 12 mil delincuentes relacionados con las organizaciones criminales.
Asimismo, las toneladas y millones de píldoras decomisadas representan una gran merma -cientos de millones de dólares- para las ganancias de los cárteles más importantes del país.
A sólo seis meses del inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos siendo testigos de un combate frontal a todas las organizaciones criminales del país.
Quedó atrás la consigna de “Abrazos y no balazos”. El Estado mexicano, bajo el mando firme de la Primera Mandataria Sheinbaum, está dando muestras de retomar la potestad que es exclusiva del Estado, “el uso legítimo de la violencia”, para salvaguardar la seguridad nacional, así como para velar por el respeto a la vida y patrimonio de los mexicanos.
Sin duda se avecinan encuentros muy violentos entre las fuerzas de seguridad federales y los cárteles, sin embargo, se espera también que la estrategia de inteligencia y coordinación que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad, evite una gran dosis de violencia y se puedan seguir capturando a los principales líderes de la delincuencia organizada, que tanto daño han hecho a los mexicanos y al país entero.
UN 23 DE ABRIL PARA LA HISTORIA
Este 23 de abril será un día para la historia por la forma criminalmente extraordinaria como se movieron las organizaciones delincuenciales en el centro del país. Pero también, por la candidez, o error político, en la que incurrió el gobierno mexicano al admitir el tamaño de lo que sucedió -con los números absolutos de su extensión territorial-, su falta de capacidad para impedir el miércoles de violencia, el reconocimiento de que no actuaron, y conformarse con señalar que se trató de un asunto entre criminales. Son políticamente inaceptables las explicaciones dadas.
“No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos”, dijo la Presidenta Sheinbaum, apurada en cuidar la narrativa de que el actuar con fuerza el gobierno provocaba la violencia, mientras reconocía la incapacidad de su gobierno para impedir que esto suceda ante sus ojos y pasividad. “Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo todas las investigaciones”. ¿Qué investigarán? ¿Habrá detenciones?
García Harfuch informó que los ataques fueron resultado de los conflictos entre dos grupos que disputan los territorios, como repitió Sheinbaum. Lo dijeron como si fuera algo normal, miméticos a la pérdida de nuestra capacidad de asombro, pero no es común, sino extraordinario, que en un día hubiera hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, dos en Guanajuato y uno en Jalisco, donde grupos criminales antagónicos realizaron operaciones de ataque y defensa por horas en tantos puntos a la vez.
Miles de mexicanos quedaron atrapados en esta batalla, sin más protección que la que podían brindarse unos a los otros, porque quienes debían proveérsela, no lo hicieron. Dos policías estatales muertos en uno de los tres estados -porque ni siquiera eso han informado con precisión- es la mejor señal de que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano fueron espectadores de este miércoles negro, un día violento en donde no pudieron o no quisieron intervenir.
Los criminales no lo sabían, pero tampoco les importó. No le temen a las Fuerzas Armadas ni a las policías mexicanas. Pueden actuar con impunidad, cuando así lo deseen.
RETO TITÁNICO
El reto es gigantesco, los intereses en juego son enormes. En los últimos dos sexenios no hubo resultados en el combate eficaz a la violencia, tráfico de drogas, derecho de piso, secuestros, extorsiones, asesinatos y desaparición de personas.
Al parecer estamos en la ruta correcta en el combate a la impunidad y al crimen organizado.
La Primera Presidenta y sus colaboradores en Semar, SSPC, Sedena, Guardia Nacional (GN), instituciones de inteligencia y algunas policías estatales, merecen nuestra solidaridad y voto de confianza en la gran batalla que han emprendido contra el crimen organizado en México.
No olvidar que sin seguridad no hay transformación, ni un futuro viable para el país, tal y como también lo dijo el exmandatario López Obrador.
