Es señalado por otorgar contratos a dedazo a su hermano, Saúl Chíguil, por un valor de 119 millones de pesos
ILDEFONSO PEREYRA
Francisco Chíguil Figueroa, actual senador y exalcalde de Gustavo A. Madero, vuelve a ocupar titulares.
En las últimas semanas, diversas investigaciones periodísticas han documentado presuntas irregularidades por más de 119 millones de pesos en contratos públicos adjudicados durante sus gestiones al frente de la demarcación entre 2018 y 2024.
Los reportes señalan que las empresas beneficiadas, Fórmula Orión, Ingeniería y Tecnología Orión y Ficsa Fórmula, están ligadas a Saúl Chíguil Figueroa, hermano del legislador morenista.
Dichas compañías habrían recibido contratos mediante asignaciones directas, sin licitaciones públicas, un procedimiento que especialistas en transparencia consideran de alto riesgo por su falta de controles y competencia.
A las recientes acusaciones por nepotismo y conflicto de interés se suman antecedentes que han acompañado a Chíguil a lo largo de su carrera política.
En 2008, durante su primera administración como jefe delegacional, fue señalado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como responsable por omisión en el operativo fallido del New’s Divine, donde murieron 12 jóvenes.
Pese a las críticas y a su posterior renuncia, años después retomó su carrera pública bajo las siglas de Morena.
Además, en 2024 la propia alcaldía GAM informó sobre irregularidades en contratos de servicios tecnológicos firmados durante su mandato, lo que llevó a la apertura de una revisión interna.
Las observaciones aún no han derivado en sanciones definitivas por parte de la Contraloría General de la CDMX, aunque los expedientes permanecen abiertos.
Organizaciones ciudadanas y especialistas en rendición de cuentas sostienen que la trayectoria de Chíguil refleja una continuidad en el uso discrecional del poder y la opacidad administrativa.
Consideran que los casos acumulados muestran un patrón que va más allá de errores administrativos: Una cultura política donde las responsabilidades rara vez se traducen en consecuencias.
El senador no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre los contratos ni sobre los vínculos empresariales de su familia.
Su llegada al Senado ocupando el curul de Omar García Harfuch mantiene la controversia vigente y reaviva el debate sobre la falta de sanciones a funcionarios reincidentes.