Para avanzar en la recuperación de la seguridad y la paz pública * Es necesario un llamado a la unidad nacional, no con las coyunturales y patrioteras convocatorias en defensa de un obsoleto concepto de soberanía nacional

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

En estos momentos, más que nunca, el gobierno requiere de llamar a la unidad nacional, no con las coyunturales y patrioteras convocatorias en defensa de un obsoleto concepto de soberanía nacional, ni las chauvinistas alertas de salvaguarda del territorio nacional de imaginarias invasiones extranjeras o huecos coros de “mexicanos al grito de guerra…”.

Hoy urge una redefinición del pacto social para refundar el Estado Mexicano con apego a la ley, incluido el régimen mismo y avanzar juntos en la consecución de objetivos comunes como la democracia, el bien común, la realización plena de los gobernados y lograr el regreso de la paz social y la tranquilidad pública.

La cohesión social necesita la suscripción de un nuevo pacto social, donde todos los componentes del Estado se comprometan a respetar las reglas de una sana convivencia en comunidad y renunciar al libre albedrío.

Ello implica la reformulación de las normas que dan certeza jurídica, el respeto a ese marco legal y el compromiso de aportar lo mejor de sí para que, en cada trinchera, se labre un país con desarrollo, crecimiento, paz y bienestar.

El gobierno debe ser el primero en asumir responsabilidades que garanticen el respeto al Estado de Derecho, se comprometa a salvaguardar la vida y patrimonio de todos los mexicanos, recuperar la gobernanza y coadyuvar al fortalecimiento de la democracia, respetar las instituciones que forman la República, alentar la división de Poderes y aceptar la observancia de los organismos constitucionales autónomos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Mientras las administraciones de la 4T no reconozcan lo prioritario que es acotar el poder público, no se tendrá autoridad moral para hacer el llamado a la unidad nacional, a la refundación del Estado Mexicano moderno.

Así como no se garantiza la seguridad pública y nacional sólo con la captura de capos, mediante la exigencia e inteligencia del gobierno americano, tampoco se puede refrendar la democracia con iniciativas que quieren regresar a las elecciones de Estado, a los comicios bajo el control gubernamental, al sistema de carro completo, donde la democracia se entiende como “El Estado soy yo” e impone su democracia como acto de fe porque se hace a nombre del pueblo.

Para avanzar en la recuperación de la seguridad y la paz pública es necesario acabar con la connivencia entre autoridades y crimen organizado.

Para avanzar en la democracia se debe alentar la oposición que evite los partidos hegemónicos y fortalezca el pluripartidismo, transparentar la función pública con órganos independientes que anulen la opacidad gubernamental, reconocer que, en una República, los Poderes de la Unión son iguales y que entre ellos vigilan y acotan el ejercicio arbitrario de la res pública.

La reforma electoral, de aprobarse -como será con un abyecto Poder Legislativo-, será el último clavo en el ataúd de nuestra inacabada democracia, la cual no es barata, pero si funciona vale la pena la inversión.

La democracia no es cuestión de pesos y centavos, sino forma permanente de vida que cada vez la hacemos más lejana.

El buen gobierno debe compartir el poder, la administración de los actos de autoridad y reconocer la competencia de sus pares.

Las iniciativas son sólo un parche, remedios paliativos para el cáncer que es la ambición de poder por el poder mismo.

Si tuvieran visión de Estado el propio gobierno propondría una renovación del pacto social, un urgente llamado a la unidad nacional, no buscaría su supervivencia.

Otro componente del Estado es la población, quien renunció a sus derechos naturales para convertirse en ciudadanos que aceptan el principio de autoridad para vivir en comunidad con paz y tranquilidad social.

Sin embargo, también el ciudadano ha fallado y contribuido al deterioro del paco social.

A los mexicanos tampoco les gusta cumplir con la ley y alientan la corrupción, y normalizar el deterioro del Estado de Derecho, la violencia y la cultura del narcotráfico; aceptan la paz narca y a las autoridades impuestas o en connivencia con el crimen organizado.

Consumen y promueven el comercio informal, así como las prácticas desleales y son partícipes de la polarización social que fomenta el gobierno.

Nos acostumbraron a extender la mano a cambio de sostener el proyecto político que divide a los mexicanos y estigmatiza la realización y superación personal.

Se resquebraja el pacto social y no escuchamos las alertas de que sucumbimos como país.

Urge la unidad nacional para refundar nuestra nación.

Reforma electoral es el instrumento presidencial para el ocaso del sistema político * La iniciativa sólo atenderá los apetitos incumplidos del tlatoani tabasqueño, quien, por sus ambiciones megalómanas, anhela perpetuar una Presidencia imperial

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

La reforma electoral presidencial que viene, una más desde 1946 cuando se crearon los partidos políticos nacionales, sólo busca regresar el control de las elecciones al gobierno para perpetuarse en el poder.

Con ello se endurece el régimen presidencialista y sepulta al sistema político mexicano que, a pesar de todas sus fallas, permitió una imperfecta democracia, un sistema pluripartidista, una Presidencia acotada por contrapesos constitucionales, la división republicana de Poderes y mecanismos legales para frenar los abusos de poder y alentar la defensa ciudadana ante actos injustos del gobierno federal.

Las iniciativas de un gobierno reformista, como los de la 4T, sólo atentan contra la verdadera democracia y avanzan hacia el autoritarismo mediante un poder Ejecutivo omnipresente, omnipotente y omnímodo.

Se debilitan el pluripartidismo y la representación de la oposición en el Legislativo, se desalienta la participación de los institutos políticos, así como la presencia de la sociedad civil y se fortalece el partido hegemónico.

Todas las organizaciones políticas en el mundo buscan acceder al poder y mantenerse en él, pero a diferencia de nuestra experiencia, lo hacen para implementar un proyecto de gobierno que posibilite el desarrollo y bienestar de los gobernados mediante el establecimiento de políticas públicas factibles que doten a las familias de servicios públicos eficientes, den certeza jurídica a sus representados, garanticen la seguridad pública, resguarden la vida y patrimonio de todos; oferten empleos, den educación de calidad, establezcan un sistema de salud eficiente y proporcionen vivienda digna, entre otras obligaciones del Estado.

Pero también hay regímenes que quieren el poder por el poder mismo, donde lo que menos interesa es satisfacer las necesidades de los votantes y se olvidan de cumplir las promesas de campaña.

Únicamente importa la connivencia con los poderes fácticos que posibiliten la permanencia en el poder.

Por supuesto que muchos de los gobiernos autoritarios o totalitarios llegan por la vía del voto, no siempre lo hacen por golpes de Estado, guerras civiles, rebeliones o asonadas militares.

Hitler ganó en Alemania en las urnas, Erdogan en Turquía.

Otros dictadores se han mantenido en el poder mediante elecciones fraudulentas como Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Daniel Ortega.

Aunque no se conoce el verdadero espíritu de la reforma electoral que se propondrá esta semana y a la que abyectos legisladores han adelantado aprobarán sin quitarle una sola coma, es de suponer que esa iniciativa sólo atenderá los apetitos incumplidos del tlatoani tabasqueño, quien, por sus ambiciones megalómanas, anhela perpetuar una presidencia imperial.

La misión es refrendar un partido de Estado, hegemónico, que gane todos los comicios mediante procesos electorales controlados por el propio gobierno.

Por si lo anterior fuera poco, quieren la aniquilación de los partidos opositores al quitarles el financiamiento público -¿quién dijo que las verdaderas democracias son baratas?-.

Y ya encarrerados, también quieren aniquilar la figura de los legisladores de representación proporcional, le apuestan al Congreso uniforme, al carro completo.

Esa es la verdadera intención de la reforma, concluir la obra inacabada del mesías. El populismo ad perpetuam. Esa es su desiderata.

Cada día nos alejamos más de la democracia y vivimos los últimos días del sistema político mexicano que dio estabilidad al país por décadas, después de la Revolución Mexicana, convertida en nación de instituciones.

Luis Farías Mackey escribió en su libro, ¿Cómo llegamos aquí?, lo siguiente: “Estamos aquí porque en el 68 no quisimos o no pudimos cambiar in sistema que surgió para pacificar el traspaso del poder, no para formar ciudadanos ni democracia.

“Hoy más que nunca (2025) ahí seguimos, con una salvedad: su traspaso ya no civilizado ni político, podrá ser formalmente electoral, pero ni es ciudadano ni es democrático, mucho menos libre o pacífico. Vivimos un populismo polarizante, iliberal y autoritario.

“La supremacía constitucional es ahora una especie de infabilidad de la mayoría, la reforma judicial fue la muerte de la división de Poderes y de la República, además de la justicia”.

La reforma electoral nos aleja de la democracia y nos acerca a un sistema político totalitario.

Segalmex, el escándalo mayúsculo en el gobierno de AMLO * Criticaban a los regímenes priístas por sus fechorías, sin embargo, el expresidente Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a diez mandatarios estatales de su propio partido. ¿Cuántos gobernadores han procesado los de la 4T?

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Una de las falacias con la que engañó a 35 millones de ciudadanos el tlatoani tabasqueño fue su promesa de barrer las escaleras de arriba hacia abajo para acabar con la corrupción en México.

Todos los días les imputaba al PRI y a los gobiernos neoliberales la autoría de todos nuestros males, los tildaba de ladrones y expoliadores de los pobres. Ello le permitió llegar al poder.

Obnubilado ese pueblo bueno y sabio le creyó sus mentiras y en más de una ocasión sacó su pañuelo blanco para decir que había erradicado la corrupción en su sexenio. Nada más alejado de la realidad.

Durante su mandato se dio el escandaloso caso de Segalmex, sin que hasta la fecha se haya recuperado lo robado y en la cárcel sólo están funcionarios menores.

Resulta que el director general, el expriísta Ignacio Ovalle, fue premiado con un cargo en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las administraciones de la 4T han sido muy corruptas, donde más se han encubierto los latrocinios y dado impunidad a los criminales.

Criticaban a los regímenes priístas por sus fechorías; sin embargo, el expresidente Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a diez mandatarios estatales de su propio partido.

¿Cuántos gobernadores han procesado los de la 4T? Hay ingobernabilidad en varias entidades del país y no son pocos los Ejecutivos locales señalados por sus nexos con el crimen organizado, incluso políticos de primer nivel fueron financiados durante sus campañas con dinero del lavado de dinero o del huachicol fiscal.

Entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, entre otras, han estado en el ojo del huracán, y que son muy reiterativos los señalamientos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las revelaciones del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, hablan de un desvío de miles de millones de pesos destinados a financiar campañas y fondear programas sociales con fines electoreros, cantidad muy superior a lo demandado por la Estafa Maestra, motivo por el que fue encarcelada injustamente Rosario Robles Berlanga.

El despido poco explicado de Marx Arriaga también ha destapado irregularidades en la SEP.

Ya es por todos sabido que la 4T claro que no es igual que los gobiernos neoliberales, son peores y más cínicos.

Transparencia Internacional publicó su informe 2025, donde ubica a México en el lugar 141 de 182 de percepción de corrupción.

Tenemos el último lugar en corrupción entre las 38 economías evaluadas en la OCDE y en el grupo del G-20 estamos en el penúltimo lugar, sólo arriba de Rusia. En América Latina nos ubican por debajo de Brasil y Chile. Organismos internacionales consideran que el costo de la corrupción representa entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La corrupción no sólo representa un costo económico, también va acompañada de otros efectos negativos como la opacidad en los actos de gobierno, la no rendición de cuentas, la justicia a modo, la impunidad para correligionarios y el uso político y vengativo de la ley con los adversarios.

La connivencia con el crimen organizado y el huachicol fiscal evidenciaron el financiamiento ilegal de las campañas políticas y propició una violencia generalizada.

La corrupción no sólo frenó el desarrollo nacional, también nos ha hecho un país inseguro, donde la impunidad genera la repetición de los delitos y acrecienta la criminalidad.

Tenemos 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo, y si bien perdimos el primer lugar -hoy en manos de Puerto Príncipe, Haití-, si tenemos la sexta y novena posición con Culiacán y Ciudad Obregón; México tiene otras 15 poblaciones en la media centena.

En lugar de mentir con la ondeada del pañuelito, el tabasqueño debió establecer verdaderas políticas públicas para combatir la corrupción y no fingir su batalla con estigmatizante nombre del elefante blanco llamado “Instituto Para Devolverle Al Pueblo Lo Robado”.

Nadie ha deshonrado tanto el lema de “no mentir, no robar y no traicionar” como los propios miembros de la 4T, que con sus actos fomentan los antivalores.

Si realmente atacaran la corrupción y metieran a prisión a los nada probos cuatro teístas habría que preguntarse: ¿Quién apagaría la luz en la sede de Morena y en muchas áreas del gobierno?