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EL ÁGORA

La gente sigue insegura

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La delincuencia, el azote del 75 por ciento de la ciudadanía * La mayor percepción de este fenómeno se da en Morelos, Tabasco y Guanajuato * Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o en el transporte público y extorsión

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Aunque el gobierno ha cambiado su política pública de seguridad y fortalecido la estrategia con inteligencia policial en el combate al crimen, el 75.6 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años considera sentirse inseguro en su entidad federativa por la delincuencia.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, entre marzo y abril de 2025, el 64.2 por ciento de la población cree que la inseguridad es el problema más grave en el país, más que la salud o el incremento en los precios. La mayor percepción de este fenómeno se dio en los estados de Morelos, Tabasco y Guanajuato.

Seguramente al cierre del primer año del sexenio disminuirán los homicidios dolosos y se incrementará el combate al crimen organizado, pero lamentablemente la delincuencia común es la que más incide en la sensación de inseguridad ciudadana.

El estudio del organismo demoscópico revela que, en 2024, en 11.4 millones de hogares, que representan el 29 por ciento del total del país, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito, porcentaje superior al de 2023. La cantidad de 23.1 millones de personas mayores de edad fue víctima del delito, más hombres que mujeres.

Las tasas mayores de victimización fueron en el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Tlaxcala.

En donde hubo una prevalencia delictiva superior de hombres fue en el Edomex y en la CDMX, mientras que en mujeres fue la entidad mexiquense y Tlaxcala.

La información estadística precisa que en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, poco más que los registrados en 2023.

Los estados con más incidencia fueron la CDMX, el Edomex y Querétaro. Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o el transporte público y extorsión. Las mujeres resultaron ser más vulnerables a los delitos sexuales.

Sin duda, el crimen tiene importante impacto en la economía nacional; según el INEGI, el monto total de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos, lo que representa poco más del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El costo del delito no sólo implica la pérdida material de los bienes, sino el gasto que hacen los ciudadanos para prevenir el delito.

En esas medidas, los mexicanos desembolsaron más de 90 mil millones de pesos para cambiar cerraduras, puertas y ventanas, colocar rejas o bardas.

La nueva política pública de seguridad y sus estrategias todavía no permean entre la sociedad; prueba de ello es que la gente denuncia menos.

En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, únicamente el 9.6 por ciento se denunció, menos que en 2023. Sólo siete de cada cien ilícitos se investigaron y en el 80 por ciento de los casos no hubo resultados; menos del uno por ciento (0.8) tuvo resolución favorable para el denunciante. Por ello la gente no acude al ministerio público, sabe que únicamente perderá el tiempo, tiene desconfianza de la autoridad, considera que hará trámites largos y difíciles, además del miedo a la persona agresora.

 

CAUSAS Y SOLUCIONES

Las causas de la inseguridad ciudadana en México son resultado de una combinación de factores sociales, económicos y políticos.

Las principales son:

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO.- La presencia de cárteles y organizaciones delictivas ha incrementado la violencia en diversas regiones del país. Estas estructuras criminales operan con un alto nivel de sofisticación, disputando territorios estratégicos y rutas para el tráfico de drogas, armas y personas.

La lucha por el control de estas zonas genera enfrentamientos armados entre grupos rivales y fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo a la población civil y provoca inseguridad en las calles.

CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL.- La infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia debilita la capacidad del Estado para combatir la inseguridad y la delincuencia.

Casos recientes, como la detención de exfuncionarios por desvío de recursos destinados a la seguridad pública, evidencian esta problemática.

DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA.- La falta de acceso a oportunidades laborales y educativas es una de las causas de la inseguridad, ya que propicia que individuos, en especial jóvenes, busquen actividades delictivas como medio de subsistencia.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 40% de la población en México vive en condiciones de pobreza, lo que limita su acceso a educación de calidad, salud y empleos formales.

Ante esta realidad, muchos jóvenes son reclutados por el crimen organizado con la promesa de dinero fácil.

Además, la falta de inversión en infraestructura, servicios básicos y programas sociales incrementa la inseguridad en la comunidad.

DEBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO.- La falta de aplicación efectiva de la ley contribuye a la expansión de la inseguridad.

Según el Índice Global de Impunidad del CESIJ, México es uno de los países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, ya que más del 90% de los delitos queda sin resolver. Esta falta de consecuencias jurídicas fortalece el crimen organizado y la corrupción.

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES.- Muchos mexicanos crecen marcados por el abuso, la marginación y la ausencia de valores comunitarios, aumentando las probabilidades de optar por la violencia o la ilegalidad como forma de vida.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el 66% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y muchas veces estos actos ocurren dentro del ámbito familiar. Los menores que crecen expuestos a estas dinámicas pueden normalizar la violencia y reproducirla en otros espacios, contribuyendo así a la inseguridad en la comunidad.

 

CONSECUENCIAS

El aumento de la violencia, la expansión del crimen organizado y la persistente impunidad han mermado la calidad de vida de millones de mexicanos. Estas son algunas de las consecuencias de la inseguridad en México:

*** La inseguridad disuade la inversión extranjera y nacional, limita el crecimiento económico y aumenta los costos operativos de las empresas debido a medidas de seguridad adicionales.

Además, la falta de inversión ocasiona que la base productiva no se expanda y, por lo tanto, no se generen empleos.

*** La constante exposición a la violencia es una consecuencia de la inseguridad que crea desconfianza entre los ciudadanos, fomentando la apatía hacia la participación comunitaria.

Además, el miedo constante a ser víctima de delitos provoca estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental en la población.

*** Familias y comunidades enteras se desplazan buscando seguridad, afectando la dinámica demográfica del país.

 

ESTRATEGIAS

Estudiar las causas y consecuencias de la inseguridad en México permite considerar diversas estrategias para solucionar el problema:

*** Mejorar la capacitación, equipamiento y profesionalización de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.

*** Asegurar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias legales y promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial para recuperar la confianza ciudadana.

*** Invertir en educación, salud y generación de empleo en comunidades vulnerables puede reducir las condiciones que propician la delincuencia.

*** Fomentar la colaboración entre sociedad y gobierno en la ejecución de programas de prevención del delito y promoción de la cultura de la legalidad.

*** Promover desde temprana edad la educación en valores cívicos y éticos contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar común.

*** Dado que la inseguridad y delincuencia en México tienen un componente transnacional, es importante fortalecer la colaboración con otros países para combatir el tráfico de drogas, armas y personas.

Las causas de la inseguridad representan desafíos complejos que requieren soluciones complejas. Sin embargo, transformar esta realidad es posible a través del conocimiento y la acción.

Ante este panorama crítico, la población no se siente segura. Un reto enorme para el gobierno de la 4T.

EL ÁGORA

Rebeldía ciudadana en casi todo el planeta

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  • Sin ser apocalíptico, se deja sentir el efecto fatalista de sus jinetes
  • Las sociedades han sentido el abandono del Estado y ven cada vez más lejano el respeto a su vida, su patrimonio e incumplidas las garantías de bienestar
  • La Federación Mexicana de la Diabetes, A. C., y Becton Dickinson (BD) hacen un llamado para fomentar la educación terapéutica y acabar con los mitos y la estigmatización social sobre el uso de la insulina

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Diversos eventos políticos y sociales ensombrecen el futuro inmediato de la humanidad.

Si bien es cierto que no está en el mediano o largo plazo el fin del mundo, se visualiza una rebeldía ciudadana en casi todos los países del globo terráqueo.

Sin ser apocalíptico, se deja sentir el efecto fatalista de sus jinetes.

Toda proporción guardada, en pleno siglo XXI, hay regímenes con ansias de conquista -como en la era medieval-, guerras intestinas y entre naciones, muchos países todavía padecen hambre y la muerte desuela territorios enteros.

Pero mientras esas calamidades cumplen con su misión profética, existen otras formas que atentan contra la convivencia humana, lo que no se puede aceptar.

Con el contrato social, las comunidades acordaron renunciar a sus derechos naturales y reconocieron un mando único -el Estado, sus instituciones y leyes-, que les garantizaría la seguridad de su vida y patrimonio, además de facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades de un bienestar pleno.

A cambio de ello, se rechazó hacer justicia de propia mano y se reconoció en las leyes el derecho a la propiedad y la garantía de salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros beneficios.

Pero cuando fueran violentadas esas potestades, el aparato de justicia cumpliría la función de vengador social.

Sin embargo, desde la centuria pasada y lo que va del siglo XXI, las sociedades han sentido el abandono del Estado y ven cada vez más lejano el respeto a su vida, su patrimonio e incumplidas las garantías de bienestar.

Más allá del sistema político o económico que prive en cada nación, los ciudadanos están más decepcionados de sus gobiernos y resienten los efectos negativos de las malas políticas públicas.

Así, cada día es mayor el descontento social en todas las partes del orbe.

Ya no sólo es el galope de los jinetes del Apocalipsis. La gente está harta de las guerras civiles y las conflagraciones entre países, con millones de inocentes muertos, o el hambre en naciones gobernadas por dictadores.

Nuevos jinetes provocan también el descontento social. La falta de respuesta oficial a las catástrofes naturales, el desempleo mundial, la carencia de vivienda o el despojo de ésta, las crisis financieras que dejan sin patrimonio a miles de personas o familias, la falta de oportunidades para estudiar o recibir educación de calidad, la angustia por procesos inflacionarios que agudizan la pobreza extrema o la miseria, colapsados sistemas de salubridad que no garantizan salud digna ni esquemas de vacunación preventiva o tratamientos. Economías que ahogan al campo y sistemas que sólo garantizan empleos de mano de obra barata.

Esos son algunos de los nuevos jinetes que han provocado las protestas sociales en varias partes del mundo donde se manifiestan los pobres, los estudiantes, los desempleados, los homeless, los burócratas o profesionistas como los médicos, los ahorradores que fueron atracados y despojados de sus ahorros, madres y niños sin atención médica o los hambrientos.

También hay ciudadanos que ven ahogadas sus protestas por la represión burocrática, insensible al dolor humano; pésimos para gobernar, pero buenos para robar.

Tal vez no ha sido lo suficientemente fuerte el humor social para provocar más revoluciones o derrocamientos de gobierno, pero ésta es una primera llamada de atención. El voto libre debe empoderar a reales administradores públicos y los líderes mundiales entender que el hartazgo social tiene un límite.

No únicamente han defenestrados dirigentes de Egipto, Túnez, Siria, Sri Lanka, Nepal, Madagascar, Bangladesh, Ucrania, Perú, Puerto Rico, Bolivia o Venezuela.

Cayó el presidente de Paraguay y el voto de castigo del americano de la calle dio un revés a Donald Trump.

El supermartes negro del neoyorquino debe preocupar al gobierno y reflexionar que el descontento social no hace eterno a un Congreso sumiso y que también el pueblo de México puede despertar.

 

APOSTILLA

En el mundo hay 382 millones de diabéticos y para 2035 habrá 592 millones. Hay 252 millones de personas con diabetes no diagnosticada.

En 2024 había en México 13.6 millones de enfermos con ese padecimiento y era el octavo lugar mundial.

En el Día Internacional de la Diabetes, la Federación Mexicana de la Diabetes, A. C., y Becton Dickinson (BD) hacen un llamado para fomentar la educación terapéutica y acabar con los mitos y la estigmatización social sobre el uso de la insulina, ya que en el país más del 59 por ciento de los pacientes con diabetes no toman los medicamentos ni aplican tratamientos, por mitos, costos, desabasto o señalamientos sociales.

La insulina, a más de cien años de su descubrimiento, es de gran ayuda para el control de la enfermedad y la mejor arma contra las complicaciones.

No provoca ceguera ni es último recurso; por el contrario, mejora la calidad de vida del diabético.

 

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EL ÁGORA

A un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli

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  • Sin Estado de Derecho no hay democracia
  • No olvidar que en los tiempos del priato, el titular de la Secretaría de Gobernación se convirtió en el todopoderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

México presentó un nuevo retroceso en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project al ubicarse en el lugar 125 de 143 naciones y ocupar el puesto 28 de 32 países de Latinoamérica y el Caribe.

El estudio mide el grado de libertades ciudadanas en el espacio cívico, tales como la libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación, participación ciudadana e influencia del Poder Ejecutivo sobre el sistema de justicia civil y penal, el debilitamiento institucional, el control y equilibrio sobre el poder gubernamental y la rendición de cuentas.

La métrica internacional nos pone en el sitito 139 de 143 en materia de justicia penal, el 135 en corrupción y justicia civil, así como el 132 en orden y seguridad.

El reto, según la organización mundial, es lograr el fortalecimiento institucional, la transparencia gubernamental y avanzar en la protección de derechos fundamentales.

Es evidente el debilitamiento del Estado de Derecho.

A ello ha contribuido el propio gobierno al acabar con los contrapesos constitucionales y la división de Poderes por tener un Congreso abyecto, sumisos e ignorantes jueces que sólo cumplen instrucciones y optar por la opacidad.

La estructura de poder formal dinamitó la democracia y su ciudadanización al cooptar al árbitro electoral con corruptos, pero leales consejeros, además de claudicar en la función primigenia de dar seguridad a los gobernados y dejar parte de la gobernanza en manos del crimen organizado.

Aunque la narrativa oficial se esfuerza por imponer, con argumentos falaces, una realidad cada vez más difícil de sostener.

Se privilegió el autoritarismo en la figura del Ejecutivo sobre cualquier consenso, aun cuando se criticaba el presidencialismo priísta.

Es curioso que ahora se quieran deslindar de la expresidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, a quien el propio sistema la hizo omnipotente y omnímoda para anular, en una institución colegiada, a sus pares para que pudiera tomar decisiones cupulares, con el riesgo, ahora evidente, de cometer actos en beneficio propio o de prevaricato.

Es evidente la corrupción de gente afín a la 4T, como ella, a pesar de los vanos intentos por deslindarse de su empatía política y partidista para hacerla aparecer como producto del pasado.

Bajo esa lógica, muchos de los gobernadores y legisladores con antecedentes priístas debieran ser llevados a la picota y no defenderlos por ser ahora militantes del régimen.

La crisis en el órgano encargado de organizar con imparcialidad los comicios en todo el país no sólo vulnera el Estado de Derecho, sino que destruye el sistema democrático y se pierde la credibilidad y confianza en la efectividad y respeto al sufragio ciudadano.

Eso sólo beneficia al presidencialismo que cada vez cobra más fuerza y se abroga el poder de decidir por los ciudadanos quién debe gobernarlos.

Hay que recordar que, durante el priato, era el propio gobierno el que organizaba las votaciones e imponía los resultados más allá de la duda razonable.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) se convirtió en el todopoderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores.

Parece que estamos a un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli… muchas señales así lo indican.

Como bien marca el estudio del WJP, el reto para México es enorme.

Si no se acota el poder del Ejecutivo, se regresa a la verdadera división de Poderes, se fortalecen las instituciones de justicia penal y civil, se respetan los derechos humanos y se administra con transparencia, se impondrá el autoritarismo como antesala de un régimen dictatorial que compartirá la gobernanza con la delincuencia.

Ello cancelará la certeza jurídica y vulnerará las garantías individuales y sociales, lo que afectará no sólo a la democracia como sistema de vida, sino que retrasará el verdadero desarrollo nacional.

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EL ÁGORA

Ya es un año sin operaciones del Grupo CUDEC

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  • En perjuicio de 7 mil estudiantes de todos los niveles educativos, del personal académico y de proveedores
  • En México diariamente mueren 22 mujeres, mayores de 20 años, de cáncer de mama por diagnósticos en etapas avanzadas o tardías, cuando es nula la posibilidad de recuperación

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

A un año de que la vida académica y administrativa del Grupo CUDEC -institución educativa privada de gran prestigio en la zona poniente del Estado de México- viera vulnerados sus sistemas de acceso a expedientes y controles cotidianos de la administración, en perjuicio de 7 mil estudiantes de todos los niveles educativos, del personal académico y de proveedores, lo que afectó fuertemente su operatividad y el resguardo de datos, las investigaciones de las autoridades de procuración de justicia presumen que los delitos de robo de cajas fuertes, documentación fiscal, papelería oficial, facturas y dinero en efectivo se efectuaron por y en complicidad  de dos de las directivas más reconocidas por la comunidad escolar.

Después de fallidos intentos por querer asumir completamente el control del centro educativo mediante el desmantelamiento de los sistemas que daban coherencia y solidez a la vida institucional, la entonces rectora Angélica Patricia Olvera García, junto con su hija Angélica Malpica Olvera, ingresaron por la fuerza a las instalaciones escolares acompañadas de nueve personas que sustrajeron ilegalmente, sin autorización del Consejo de Administración del grupo académico -que cuenta con matrícula de primaria hasta Universidad-, documentación oficial, actas constitutivas de empresas, equipos de cómputo, cajas fuertes con documentos bancarios y fiscales, dispositivos de acceso a cuentas bancarias, contratos, facturas de vehículos y dinero en efectivo, hechos ilícitos que también vulneraron la integridad física del personal y la comunidad académica por lo violento del ingreso.

La denuncia penal aportó los elementos suficientes para que la representación social determinara la comisión de conductas criminales como robo de documentación oficial, de facturas de autos, cajas fuertes y comprobantes fiscales en perjuicio de 7 mil alumnos y la comunidad académica y administrativa.

Además, Alfonso Malpica Olvera, hijo de la presunta responsable, detectó -con antelación a estos hechos violentos- diversas irregularidades financieras y administrativas que encubrieron ambas directivas; conductas que atentaban contra la ética de la institución, lo que acreditó ante las autoridades en su carácter de presidente del Consejo Administrativo de Grupo CUDEC y dio inicio a la recuperación de los sistemas digitales académicos y financieros de la institución, para regularizar expedientes en procesos a favor de los alumnos y del personal académico.

De forma paralela, durante diciembre, la contadora Juana Aideé Reséndiz Cruz, gente de confianza de la rectora, realizó transferencias por quince millones de pesos de las cuentas de los colegios de Grupo CUDEC a la cuenta personal de Angélica Patricia Olvera García. La denuncia de este desvío y la aportación de las pruebas se efectuó ante la FGJEM y se espera que en las próximas semanas la Fiscalía mexiquense obtenga de un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

Como argucia legal, madre e hija se otorgaron mutuamente el perdón por estos hechos, estrategia que buscó blindarse entre ellas y proteger al proveedor del servicio en la web, quien cerró los accesos en favor de ellas.

Alfonso Malpica también detectó el bloqueo de la plataforma académica de la Universidad, que afectó trámites de titulación de estudiantes de posgrado y retrasó su graduación hasta el presente año, en el que se subsanaron los accesos a expedientes, e incluso se certificó al Grupo en sus Sistemas de Gestión de Calidad, tanto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como de las áreas administrativas, para recuperar el prestigio de los fundadores de la escuela, como el de su padre, ingeniero Alfonso B. Malpica Cárdenas, durante más de medio siglo.

En este diferendo familiar, se percibe que la figura más cauta y callada, la hija de la ex rectora, es quien tuvo la capacidad operativa y logística de instrumentar los despojos y otros delitos, ya que apoya a su madre en mantener activas las sesiones de “constelaciones familiares” que implementaron durante varios años en la escuela, como un segundo negocio, y que ahora esos ejercicios seudoterapéuticos los venden en las redes sociales como equipo de madre e hija.

 

APOSTILLA

En México diariamente mueren 22 mujeres, mayores de 20 años, de cáncer de mama por diagnósticos en etapas avanzadas o tardías, cuando es nula la posibilidad de recuperación.

Por ello, en el mes del cáncer de mama, es importante impulsar la cultura de la prevención y la utilización de biopsias menos invasoras y de corta duración, lo que inhibe la reticencia de la población femenina a esos estudios, los cuales consideran traumáticos, riesgosos, dolorosos, de intervención quirúrgica prolongada y con anestesia.

La tecnología ha cambiado la forma de estudiar las lesiones mamarias. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama -19 de octubre-, una de las técnicas que cobra relevancia es la biopsia mamaria asistida al vacío.

Este procedimiento permite obtener múltiples muestras de tejido mediante una técnica mínimamente invasiva y ofrece mayores comodidades para la paciente, ya que se realiza con anestesia local y de manera ambulatoria.

Su finalidad es obtener tejido de una lesión sospechosa para determinar si se trata de cáncer o de una lesión benigna.

Becton Dickinson (BD), compañía global de tecnología médica, cuenta con un sistema de biopsia mamaria asistida al vacío para apoyar la obtención del tejido que necesita el equipo médico y avanzar hacia un diagnóstico preciso.

En México, durante 2025 se registraron 8,125 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama, según cifras preliminares del INEGI.

El dato recuerda la importancia de contar con herramientas que acompañen con precisión esta etapa del diagnóstico.

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