La delincuencia, el azote del 75 por ciento de la ciudadanía * La mayor percepción de este fenómeno se da en Morelos, Tabasco y Guanajuato * Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o en el transporte público y extorsión
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Aunque el gobierno ha cambiado su política pública de seguridad y fortalecido la estrategia con inteligencia policial en el combate al crimen, el 75.6 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años considera sentirse inseguro en su entidad federativa por la delincuencia.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, entre marzo y abril de 2025, el 64.2 por ciento de la población cree que la inseguridad es el problema más grave en el país, más que la salud o el incremento en los precios. La mayor percepción de este fenómeno se dio en los estados de Morelos, Tabasco y Guanajuato.
Seguramente al cierre del primer año del sexenio disminuirán los homicidios dolosos y se incrementará el combate al crimen organizado, pero lamentablemente la delincuencia común es la que más incide en la sensación de inseguridad ciudadana.
El estudio del organismo demoscópico revela que, en 2024, en 11.4 millones de hogares, que representan el 29 por ciento del total del país, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito, porcentaje superior al de 2023. La cantidad de 23.1 millones de personas mayores de edad fue víctima del delito, más hombres que mujeres.
Las tasas mayores de victimización fueron en el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Tlaxcala.
En donde hubo una prevalencia delictiva superior de hombres fue en el Edomex y en la CDMX, mientras que en mujeres fue la entidad mexiquense y Tlaxcala.
La información estadística precisa que en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, poco más que los registrados en 2023.
Los estados con más incidencia fueron la CDMX, el Edomex y Querétaro. Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o el transporte público y extorsión. Las mujeres resultaron ser más vulnerables a los delitos sexuales.
Sin duda, el crimen tiene importante impacto en la economía nacional; según el INEGI, el monto total de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos, lo que representa poco más del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El costo del delito no sólo implica la pérdida material de los bienes, sino el gasto que hacen los ciudadanos para prevenir el delito.
En esas medidas, los mexicanos desembolsaron más de 90 mil millones de pesos para cambiar cerraduras, puertas y ventanas, colocar rejas o bardas.
La nueva política pública de seguridad y sus estrategias todavía no permean entre la sociedad; prueba de ello es que la gente denuncia menos.
En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, únicamente el 9.6 por ciento se denunció, menos que en 2023. Sólo siete de cada cien ilícitos se investigaron y en el 80 por ciento de los casos no hubo resultados; menos del uno por ciento (0.8) tuvo resolución favorable para el denunciante. Por ello la gente no acude al ministerio público, sabe que únicamente perderá el tiempo, tiene desconfianza de la autoridad, considera que hará trámites largos y difíciles, además del miedo a la persona agresora.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Las causas de la inseguridad ciudadana en México son resultado de una combinación de factores sociales, económicos y políticos.
Las principales son:
CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO.- La presencia de cárteles y organizaciones delictivas ha incrementado la violencia en diversas regiones del país. Estas estructuras criminales operan con un alto nivel de sofisticación, disputando territorios estratégicos y rutas para el tráfico de drogas, armas y personas.
La lucha por el control de estas zonas genera enfrentamientos armados entre grupos rivales y fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo a la población civil y provoca inseguridad en las calles.
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL.- La infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia debilita la capacidad del Estado para combatir la inseguridad y la delincuencia.
Casos recientes, como la detención de exfuncionarios por desvío de recursos destinados a la seguridad pública, evidencian esta problemática.
DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA.- La falta de acceso a oportunidades laborales y educativas es una de las causas de la inseguridad, ya que propicia que individuos, en especial jóvenes, busquen actividades delictivas como medio de subsistencia.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 40% de la población en México vive en condiciones de pobreza, lo que limita su acceso a educación de calidad, salud y empleos formales.
Ante esta realidad, muchos jóvenes son reclutados por el crimen organizado con la promesa de dinero fácil.
Además, la falta de inversión en infraestructura, servicios básicos y programas sociales incrementa la inseguridad en la comunidad.
DEBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO.- La falta de aplicación efectiva de la ley contribuye a la expansión de la inseguridad.
Según el Índice Global de Impunidad del CESIJ, México es uno de los países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, ya que más del 90% de los delitos queda sin resolver. Esta falta de consecuencias jurídicas fortalece el crimen organizado y la corrupción.
FACTORES SOCIALES Y CULTURALES.- Muchos mexicanos crecen marcados por el abuso, la marginación y la ausencia de valores comunitarios, aumentando las probabilidades de optar por la violencia o la ilegalidad como forma de vida.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el 66% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y muchas veces estos actos ocurren dentro del ámbito familiar. Los menores que crecen expuestos a estas dinámicas pueden normalizar la violencia y reproducirla en otros espacios, contribuyendo así a la inseguridad en la comunidad.
CONSECUENCIAS
El aumento de la violencia, la expansión del crimen organizado y la persistente impunidad han mermado la calidad de vida de millones de mexicanos. Estas son algunas de las consecuencias de la inseguridad en México:
*** La inseguridad disuade la inversión extranjera y nacional, limita el crecimiento económico y aumenta los costos operativos de las empresas debido a medidas de seguridad adicionales.
Además, la falta de inversión ocasiona que la base productiva no se expanda y, por lo tanto, no se generen empleos.
*** La constante exposición a la violencia es una consecuencia de la inseguridad que crea desconfianza entre los ciudadanos, fomentando la apatía hacia la participación comunitaria.
Además, el miedo constante a ser víctima de delitos provoca estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental en la población.
*** Familias y comunidades enteras se desplazan buscando seguridad, afectando la dinámica demográfica del país.
ESTRATEGIAS
Estudiar las causas y consecuencias de la inseguridad en México permite considerar diversas estrategias para solucionar el problema:
*** Mejorar la capacitación, equipamiento y profesionalización de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.
*** Asegurar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias legales y promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial para recuperar la confianza ciudadana.
*** Invertir en educación, salud y generación de empleo en comunidades vulnerables puede reducir las condiciones que propician la delincuencia.
*** Fomentar la colaboración entre sociedad y gobierno en la ejecución de programas de prevención del delito y promoción de la cultura de la legalidad.
*** Promover desde temprana edad la educación en valores cívicos y éticos contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar común.
*** Dado que la inseguridad y delincuencia en México tienen un componente transnacional, es importante fortalecer la colaboración con otros países para combatir el tráfico de drogas, armas y personas.
Las causas de la inseguridad representan desafíos complejos que requieren soluciones complejas. Sin embargo, transformar esta realidad es posible a través del conocimiento y la acción.
Ante este panorama crítico, la población no se siente segura. Un reto enorme para el gobierno de la 4T.
¿Cuál soberanía? * En la realidad los gringos se han metido hasta la cocina y obligado a nuestras autoridades a cumplir con sus instrucciones
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
El proyecto político de la autodenominada 4T tiene un manejo a conveniencia del concepto de soberanía.
Imbuido en el populismo setentero de la época echeverrista, un falso nacionalismo se lleva hasta extremos chauvinistas y patrioteros para justificar su modelo social cerrado frente a un orbe globalizado que superó con mucho la idea de soberanía vigente en los países decimonónicos o de la primera mitad de la centuria pasada.
Esa idea trasnochada de que los Estados -gobierno, pueblo y territorio- se autodefinen, marcan fronteras casi medievales y que al exterior poco debe importar la vida cotidiana de una nación “independiente”, ya no funciona en el mundo contemporáneo e interrelacionado en el que vivimos.
El principio monárquico de soberanía pasó a la historia y sólo funciona en regímenes dictatoriales, donde hasta se prohíbe la salida de los ciudadanos.
México, a pesar de contar con el tratado de libre comercio más grande del mundo y tener relaciones con casi todas las naciones -salvo las pausadas por el tlatoani tabasqueño y sus obsesiones-, ha construido un sistema político autárquico donde un empoderado presidencialismo sin división de Poderes ni contrapesos constitucionales autónomos imposibilita la certeza jurídica a las inversiones extranjeras, además de disminuir su capacidad gubernativa a manos del crimen organizado, lo que provoca fricciones con los Estados Unidos, entre otros países.
La visión aldeana de mantener una economía en crisis para someter a un pueblo, condenarlo a la pobreza y crear una oligarquía partidista o burocrática -como en el estalinismo-, posibilita la expansión de la violencia y el crecimiento del narcotráfico, lo que alarma a la Casa Blanca; por ello considera a los barones de la droga como terroristas y anuncia su combate, aún en territorio nacional.
Ante esa amenaza, se saca del baúl de los recuerdos la letra del Himno Nacional y las monografías de los Niños Héroes, las que como estampitas del “detente” son escudo de la soberanía, se envuelven en el Lábaro Patrio y nos declaran país libre y soberano.
Sin embargo, en la realidad, los gringos se han metido hasta la cocina y obligado a nuestras autoridades a cumplir con sus instrucciones.
Las invasiones ya no son sólo militares, sino comerciales, ideológicas, informáticas y tecnológicas. Nada detiene al nuevo imperialismo.
Pero en el proyecto populista de la 4T, sólo interesa el control interno de la sociedad, aunque se renuncie a la gobernanza y se capitule en favor del crimen organizado.
Desde hace cuatro años, el Pentágono advirtió que más de la tercera parte del país estaba gobernado por el narcotráfico.
Su preocupación no era salvar al pueblo mexicano, sino el daño a la salud pública y a la seguridad nacional de los americanos.
Hubo oídos sordos y se rechazó la ayuda norteamericana, la cual, insisto, no es un beneficio nacional, sino protección a su población y sus intereses.
Llegó el republicano a la Casa Blanca y literalmente dobló al gobierno mexicano, al que consecuentó inicialmente en su propósito de menoscabar el Estado de Derecho, hasta que se puso en riesgo la actividad de las empresas gringas y se desbordó el trasiego de la droga.
Fueron muchas las advertencias del megalómano neoyorquino, al que siempre se le enfrentó con el consabido “mexicanos al grito de guerra…” y la defensa hipócrita de la soberanía decimonónica.
Como decían las abuelitas, “muy celosos de la honra, pero muy desentendidos del gasto”.
Se desgarraron las vestimentas cuando se descubrió circunstancialmente la intervención de la CIA en el desmantelamiento del mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua y se aprestaron a quemar en leña verde a la gobernadora Maru Campos.
Omisos en la investigación propia, saben que muchas de las detenciones recientes de mafiosos y la desactivación de sus negocios han sido con información y supervisión de las agencias norteamericanas.
La connivencia con la maña está por encima de la seguridad de los mexicanos.
Otro factor que incomodó a Trump es la amenaza a las empresas trasnacionales que ven afectados sus intereses ante la falta de certeza jurídica por la sumisión del Poder Judicial.
Al T-MEC, que nos favorece, poco importa el concepto de soberanía y peligra su ratificación.
Son más traidores a la patria los que hacen una defensa a ultranza de autoridades infiltradas por el narcotráfico que quienes reconocen la necesidad de permitir la ayuda norteamericana.
No la hacen los gringos como madres de la caridad, sino por la defensa de sus intereses más allá de las fronteras y por ello sí son capaces de una intervención militar. Se los advirtieron.
Alejados de la democracia imperfecta * Bajo advertencia no hay engaños: El embajador norteamericano Ronald D. Johnson fue claro: sin certeza jurídica y si no se combate la corrupción, no se concretará el nuevo T-MEC
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
En una década nos alejamos de la democracia imperfecta para convertirnos en un régimen híbrido, donde perduran cuestionables procesos electorales, hay fallas estructurales en Estado de Derecho, el funcionamiento del gobierno y se reducen las libertades ciudadanas.
El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit ubica a México en la posición 81 del ranking global, lo que significa que hemos descendido diez lugares en sólo siete años, al pasar de una calificación de 6.2 a 5.3.
Hoy, Uruguay tiene una democracia más sólida en América Latina.
Según ese índice, antes de la 4T había un sistema político más democrático y más libertades cívicas. En un régimen híbrido, donde nos clasifican ahora, las instituciones pierden eficiencia y credibilidad y se aproximan a los gobiernos autoritarios.
La narrativa oficial insiste en presentar al periodo neoliberal como el causante o fuente de todas nuestras tragedias y antítesis de la justicia social para justificar los yerros del populismo, propician la estigmatización de las clases económicamente poderosas como si el capital fuera la espoliadora de los obreros y buscan desaparecer a la clase media, ya que quieren mantener la pobreza como destino manifiesto.
En su interpretación maniquea de la realidad, crean enemigos ficticios para mantener vigente la lucha de clases y hacen todo lo posible por imponer políticas estatistas, donde un gobierno bonapartista aparenta estar por encima de los factores de la producción para dispensar el bienestar social y acotar las ambiciones empresariales, aunque se ahuyente la inversión.
Parecen no darse cuenta del fracaso del populismo setentero y el daño irreparable que provocó la “docena trágica”, donde el régimen arrebató a los emprendedores la función de generar riqueza para convertirse en pésimo patrón que mantuvo un obeso sector paraestatal y no generó un solo peso.
Hoy, como ayer, son malos administradores de aeropuertos, puertos, líneas aéreas, hoteles, ferrocarriles, bancos, farmacias, entre otras ramas productivas, como la construcción. Pero, tanto en los setentas como ahora, son la antítesis del Rey Midas, todo lo destruyen.
Su obtusa visión de la economía, su fracaso en el desarrollo del país y la solapada corrupción oficial los justifican mediante la concentración del poder político y la opacidad en la función pública.
Los abusos del poder ya no pueden ser frenados, porque perdió vigencia la figura del amparo y el Poder Judicial se ha vuelto protector de los gobernantes.
El embajador norteamericano Ronald D. Johnson fue claro: sin certeza jurídica y si no se combate la corrupción, no se concretará el nuevo T-MEC.
La cooptación del árbitro electoral tampoco es una buena señal de ejercicio democrático y es un retroceso en la vida social del país, ya que regresamos a las elecciones de Estado, donde el gobierno controla los procesos electorales para garantizar el triunfo de los candidatos oficiales y contener a la oposición.
El gran riesgo para México es que en el corto plazo abandonemos las simulaciones del régimen híbrido para convertirnos en un Estado autoritario.
APOSTILLA
Bajo el lema de siembra limones, cosecha dólares, Citrus Capital lanza innovadora fórmula de inversión que posibilite la producción del cítrico para exportación a ocho naciones, mediante pequeños accionistas que financien el 65 por ciento del producto en más de 500 hectáreas en Yucatán con rendimientos cercanos al 20 por ciento.
Invertir en pesos y generar rendimientos en dólares se posiciona como una alternativa para diversificar el emprendimiento.
Yermi Sutton, presidente de Cosecha Capital, presentó un modelo de inversión enfocado en la producción y exportación de limón persa.
Citrus Patrimonial -agroindustria con experiencia en producción, cosecha y exportación- estructura un modelo que opera a través de certificados con un valor inicial de 305 mil pesos, que representan 30 árboles de limón persa en un terreno de mil metros cuadrados.
Los inversionistas adquieren el 65 por ciento de las ventas de exportación totales, cuya producción se destina principalmente a exportación hacia Estados Unidos y mercados asiáticos.
El objetivo es ofrecer productos de inversión con alto valor agregado y potencial de rendimiento estimado del 18 por ciento, frente a alternativas como los Cetes o instrumentos tradicionales de ahorro.
Dado el ciclo natural del cultivo, los inversionistas comienzan a recibir utilidades a partir del quinto año.
La triste realidad en el mundo de las patadas * La razón es simple: Los gobiernos no han sabido incentivar a las futuras promesas de cualquier actividad deportiva y porque no hay un plan gubernamental que aliente, como en las grandes potencias, a los jóvenes con capacidades excepcionales
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
El futbol, además de ser una actividad deportiva, lúdica y espectáculo de entretenimiento, es un negocio trasnacional que deja millones de dólares a los organizadores, no así a los gobiernos ni a los comerciantes locales.
A pesar de ser un país “pambolero”, no destacamos como potencia mundial en el balompié.
Es increíble que en una nación con más de 130 millones de habitantes no haya once pares de piernas que nos hagan competitivos en materia futbolera.
Desde ahí entramos con el pie izquierdo al mundo de las patadas.
Grandes escritores como Gabriel García Márquez o Eduardo Galeano han dado testimonio no sólo de crónicas deportivas, sino de las implicaciones ideológicas, políticas y económicas que tiene el futbol, además de Juan Villoro que combina en sus libros la pasión del aficionado con el análisis sociológico del deporte más popular en el mundo.
Todos coinciden en que el origen paupérrimo de las grandes estrellas los hace destacar en la actividad profesional.
Fueron así figuras brasileñas y argentinas; “cracks” de la Europa del Este también sufrieron penurias que los obligaron a emigrar y destacar en el futbol occidental, recientemente el Medio Oriente y África exportan jugadores a las grandes corporaciones futbolísticas europeas.
México, como en el boxeo, dejó de crear ídolos que por su origen conservaran el hambre de triunfo y la necesidad de resaltar en el deporte.
Nos persigue el síndrome del “Jamaicón” Villegas, las jóvenes promesas no desean figurar allende las fronteras y tampoco tienen ya la necesidad del hambre de triunfo.
Mientras tanto, África exporta “N” cantidad de jugadores que incluso retribuyen a sus paisanos la mayor parte de sus ingresos y crean fideicomisos para la construcción de escuelas y hospitales, sabedores de las carencias ancestrales de sus connacionales.
Es el esfuerzo personal lo que los hace brillar. Allá como aquí no hay una política pública deportiva que forje campeones; los pocos jugadores mexicanos exportados han destacado por los “buscadores” de talento y la ambición económica de los equipos por obtener ganancias.
Pero, en la mayoría de los casos, nuestros internacionales, como el “Jamaicón”, regresan al poco tiempo.
México nunca será campeón mundial porque los gobiernos no han sabido incentivar a las futuras promesas de cualquier actividad deportiva y porque no hay un plan gubernamental que aliente, como en las grandes potencias, a los jóvenes con capacidades excepcionales.
Se acabaron los Hugo Sánchez o los “Chicharito” Hernández.
Difícil creer que en un país “pambolero” no haya una oncena que nos represente con dignidad.
Por eso también llegamos tarde al negocio del deporte de las patadas. En el próximo Mundial, México pondrá las obras y la infraestructura -insuficiente, mal hecha y tardía-, pero no recibirá nada a cambio.
Será la FIFA y las grandes empresas multinacionales las que se lleven todas las ganancias.
El gobierno tuvo ocho años para relanzarnos como país, pero no supo rescatar para sus gobernados un espectáculo que le diera pasajero olvido a sus problemas y penurias, además la esperanza de soñar con un quinto partido.
Extraños en su casa, los mexicanos serán testigos a distancia de la excelsa justa deportiva.
La televisión será su reducto en una Copa que no le dejará ni enseñanza ni beneficios.
Queda como asignatura pendiente el real fomento al deporte, no con efímeros torneos y la adaptación al trancazo de canchas deportivas que luego quedan abandonadas.
Es obligación del gobierno crear nuevos héroes deportivos que por orgullo nacional den identidad a una sociedad ávida de triunfos y entrar como pares al negocio del deporte de las patadas. Al menos en este Mundial, no será así.
APOSTILLA
Por consenso de todas las fuerzas políticas y acorde con la Reforma Política del gobierno federal de reducir gastos en las Cámaras de Diputados locales, el Congreso de Baja California aprobó la reducción de su Presupuesto a 52 millones 648 mil 055.99 pesos, lo que representa un ahorro significativo para el ejercicio 2026.
Este ajuste se implementa de manera anticipada y voluntaria, a pesar de que la resolución exige aplicarla hasta el 2027, donde además se realizarán modificaciones mayores para cumplir con el tope del 0.7% del presupuesto estatal.
La presidenta del Congreso, Michel Sánchez Allende -de Morena-, reconoció que, aunque existan diferencias con otras corrientes, hoy se sumaron al acuerdo como muestra de unidad y responsabilidad compartida en la fiscalización del recurso público.
Como se recordará, la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el Congreso de Baja California es el más caro del país.