Fin a la división de Poderes * Trece millones de mexicanos votaron en la jornada de la elección judicial * Para la Primera Mandataria, fue un éxito rotundo * Reaparece públicamente el que andaba ausente y califica a Claudia Sheinbaum como “la mejor mandataria del mundo”

MARCO ANTONIO FLORES***

Nace un nuevo régimen. El régimen democrático constitucional, basado en la división de Poderes, que los mexicanos nos habíamos dado desde 1857, ha quedado atrás con la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025.

Somos testigos del surgimiento de un nuevo régimen político constitucional. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que ahora iremos a la vanguardia mundial y que por ser el primer país que elige la totalidad de los miembros del Poder Judicial, a nivel federal y local, nos convertiremos en el país más democrático del mundo.

Quizá ahora sí tendremos una justicia pronta y expedita, eficiente y exenta de corruptelas.

La elección judicial del pasado domingo es considerada por todos como inédita. Para el oficialismo como un novedoso avance democrático, mientras que para la oposición y la mayoría de los abogados constitucionalistas, analistas y politólogos, representa un retroceso y un Golpe de Estado al régimen democrático constitucional que socava la división de Poderes y pone al Poder Judicial bajo el control del Poder Ejecutivo.

La Presidenta Sheinbaum Pardo calificó la elección judicial del domingo como algo “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, aseguró que se cumplieron sus expectativas y agregó: “Fueron 13 millones de personas que ayer salieron a votar, más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN (respecto a la elección presidencial de 2024). Claro que es un éxito”.

Por su parte, muchos analistas de oposición aseguran que la participación de sólo 13 millones de mexicanos, de un padrón electoral de 100 millones, representa un rechazo mayoritario y popular, o al menos indiferencia o abstencionismo inusual, a la primera elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial en la historia nacional y echa abajo la insistente versión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la reforma judicial era una demanda de la mayoría del pueblo representado por 35 millones de mexicanos que le otorgaron a ella su voto en la elección presidencial del 2024.

“Si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, pues muy buen resultado”, dijo Sheinbaum antes del domingo.

Si la elección judicial se tuviera que sujetar a las reglas de las consultas constitucionales para ser vinculatorias, debería de haber tenido una participación mayor al 51%.

Recordemos que la consulta popular para elegir sobre el juicio a expresidentes se tuvo participación del 7%, ejercicio en el que, aunque los resultados fueron en favor de enjuiciarlos, no se tomó en cuenta, bajo el argumento de que no fue vinculatoria porque no alcanzó el mínimo de participación requerida.

También hubo una consulta, en 2022, como ensayo para establecer en nuestra Constitución Política la revocación de mandato, en la que participó el 18%.

La Primera Mandataria también ha comparado esta elección con la de jueces locales en Estados Unidos, donde suele participar un 20 por ciento.

Sheinbaum Pardo celebró que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, reapareciera públicamente al acudir a votar en la elección judicial, a ocho meses de que concluyó su gobierno.

En su Mañanera del Pueblo, la Mandataria dijo que le dio mucho gusto verlo y agradeció que López Obrador la calificó como “la mejor presidenta del mundo”.

El expresidente López Obrador, en el momento de emitir su voto en esta elección judicial, debió haber recordado cómo se gestó la mal llamada “reforma judicial”.

La crónica de una venganza presidencial anunciada el 5 de febrero de 2023, durante la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro.

Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo la “osadía” de permanecer sentada mientras asistentes y miembros del gabinete se levantaban y aplaudían al mandatario durante su discurso.

Este gesto, aunque aparentemente menor, al parecer fue el detonador para que el presidente Andrés Manuel intensificara sus ataques y agresiones al Poder Judicial, y ordenara la reforma que sujetaría a ese poder al control del Ejecutivo.

La ministra Norma Piña aclaró que ese episodio no fue el inicio de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Según Piña, dicha tensión surgió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional, tanto la ley de energía eléctrica como la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como diversas suspensiones de jueces a obras del Tren Maya y decretos presidenciales, como aquel que pretendía hacer a un lado la ley de adquisiciones, para adjudicar todo de forma directa y sin licitaciones públicas.

RIP A LA DIVISIÓN DE PODERES

Repito: Nace un nuevo régimen. El anterior, que tenía 200 años de existir, se acabó. Consummatum est, RIP a la división de Poderes.

La teoría política que establece que las decisiones no deben concentrarse y que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, ha quedado atrás y prueba de ello es que tan solo la SCJN estará conformada, puntualmente, por todos y cada uno de los candidatos que Morena, o el oficialismo, propuso a través de los famosos “acordeones”, que se estima se imprimieron en el orden de 50 millones y fueron distribuidos en todo el país.

El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés.

La reforma al Poder Judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.

Será enorme el costo de la curva de aprendizaje. ¿Cuándo y cómo se normalizará el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Será para mejorar o para empeorar? Nadie sabe.

La elección judicial representó un enorme costo. Tan solo la elección implicó un gasto de 7 mil millones de pesos, pero el costo más grande podría ser la falta de garantía del ejercicio de las libertades individuales.

Los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y conciencia, y la igualdad ante la ley. El derecho de propiedad, libertad de creencias, inclusive que la autoridad no pretenda determinar qué se puede enseñar en las universidades, qué libros podemos leer o qué películas podemos ver, decidir el género de nuestras parejas matrimoniales o interferir con nuestra autonomía física.

El alcance de los derechos individuales que requieren protección siempre será objeto de controversia y evolucionará inevitablemente con el tiempo. Sin embargo, existe claramente una amplia gama de libertades individuales que, en palabras del juez norteamericano Jackson, “no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de ninguna elección”.

Por lo tanto, es esencial que las libertades civiles básicas estén consagradas en las Constituciones y protegidas por los Poderes judiciales.

DESAIRE POPULAR

Resulta que 85 millones de ciudadanos no aceptaron participar en la elección del Poder Judicial, pero ya tenemos una nueva SCJN, casualmente están aseguradas las tres ministras que dejó AMLO: la “ministra del pueblo”, Lenia Batres; la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis profesional, y la ministra Loretta Ortiz, quien se ha confesado ser férrea militante y fundadora de Morena, así como María Estela Ríos González, quien fue la consejera jurídica del expresidente y eventualmente la autora material o intelectual de la “reforma judicial” en su primera versión.

Aunque todavía no hay resultados oficiales, parece que el candidato a ministro con más votos, que será el presidente de la SCJN, es Hugo Aguilar Ortiz, morenista (no declarado) que fue incluido en los polémicos acordeones distribuidos por millones en todo el país, lo que para nuestro consuelo nos librará de tener como nueva presidenta de la Corte a la llamada “ministra burra”.

Al menos ocho de los nueve ministro(a)s de la SCJN aparecían en los citados “acordeones”, todos los cuales son simpatizantes de Morena o el oficialismo y fueron abiertamente apoyados a través de dicho mecanismo.

Por ello podríamos tener una nueva SCJN, que bien podría llamarse SCJA (Suprema Corte de Justicia del Acordeón).

Un nuevo régimen no debería ser consecuencia de un gobierno democráticamente electo, que utilice sus mayorías electorales o legislativas (hechiza, en el caso actual) temporales, para afianzarse en el poder modificando las reglas constitucionales del juego democrático, de forma que debiliten las propias instituciones democráticas, así como a sus oponentes para socavar la competencia justa.

Este es el espectro de la tiranía de las mayorías: La posibilidad de que un gobierno elegido popularmente utilice sus mayorías en el Parlamento o en las urnas, para eliminar a la democracia y a la oposición mediante el voto.

Eso ya lo vivimos los mexicanos durante 70 años con el PRI, partido hegemónico que, irónicamente, fortaleció las instituciones democráticas y abrió la puerta a la competencia política a los partidos minoritarios o de oposición.

Democracia o tiranía, ese es el dilema.

***Académico y consultor.

Aplicar la ley contra “la mano que mece la cuna” de una CNTE intransigente * No hay coincidencia entre las movilizaciones de maestros con el crimen contra funcionarios cercanos a Clara Brugada * Plan de seguridad Sheinbaum-Omar García da resultados y afecta muchos intereses de grupos criminales, además de mandar al carajo la estrategia de “Abrazos no balazos”

MARKOFLOS

Todo indica que hay “mano negra” atrás de las radicales movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la intransigencia de sus “demandas” laborales, exigiendo un 100% de aumento salarial base y derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue muy contundente al afirmar “al parecer hay en esa organización ‘rijosos’, intolerantes que no quieren negociar y representan otros intereses políticos contra el gobierno”.

¿Podría tratarse de un complot de los neoliberales, los conservadores, los prianistas, los aliados de Trump o acaso será una ‘mano amiga’ la que atiza el fuego?

La CNTE nació en 1979 como organización alternativa para enfrentar el control corporativo que el SNTE mantenía en estrecha alianza con el Estado Mexicano. Sus demandas originarias fueron auténticas y legítimas: La exigencia de democracia sindical y la lucha por mejoras laborales y salariales para los docentes.

Sin embargo, en las secciones 7, 9, 18 y 22, los dirigentes se apropiaron y reprodujeron las prácticas que sus antecesores habían combatido y, en lugar de promover sus demandas legítimas, ejercieron sobre sus agremiados un férreo control político y maestros críticos fueron acallados y sometidos. Desde la década de los 80s se convirtió en un grupo de presión que basa su poder de movilización en el control político clientelar de maestras y maestros de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y CDMX.

Lo más cuestionable es que la CNTE se ha puesto a disposición de intereses políticos de personas y partidos con gran poder y recursos económicos que financian sus movilizaciones y demandas de acuerdo con tales intereses.

Es el caso de Manuel Bartlett y sus acercamientos con Andrés Manuel López Obrador, cuando organizaba, promovía y patrocinaba manifestaciones de la CNTE contra las políticas de gobierno de Vicente Fox Quesada en materia energética. Todo indica que la cercanía de la CNTE con Bartlett nació cuando éste fue secretario de Educación Pública.

Desde entonces la CNTE fue una valiosa herramienta que puso a las órdenes de AMLO y le valió su acercamiento y alianza con él, desde los años previos a las elecciones presidenciales de 2006.

En la siguiente foto de “Hemeroteca” se muestra que Manuel Bartlett y José Murat manejaban la CNTE. Prueba de lo anterior es su participación en una marcha realizada en noviembre de 2003. Ese día los dos personajes se habían reunido para desayunar en el Centro Libanés, con dirigentes de la CNTE y del SME. Momentos después salieron a encabezar la marcha que la reportera Mireya Cuéllar del periódico La Jornada describió así:

“El senador Manuel Bartlett había dejado atrás a José Murat y al tabasqueño Óscar Cantón Zetina, con quienes marchó por Reforma con tal número de guaruras que ellos solos -más los fotógrafos que los rodeaban- formaban un pelotón”.

En el gobierno de Felipe Calderón hubo muchas manifestaciones de la CNTE y del SME contra su gobierno. Las que se prolongaron y multiplicaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y se resolvían con grandes cantidades de dinero que les entregaba Luis Miranda, subsecretario de Gobernación. Resultaban buena inversión a quién las financiaba, ya que al final obtenían mucho más dinero del que gastaban en su movilización.

Recuérdese que gobiernos estatales de oposición al Presidente López Obrador, como el de Michoacán de Silvano Aureoles, padeció las movilizaciones radicales de la CNTE, incluso bloqueando las vías del ferrocarril y que en cuanto llegó su sucesor morenista cesaron.

En Oaxaca el único gobernador -de los últimos cuatro- que no fue amagado por la Sección 22 de la CNTE fue el de Alejandro Murat.

No hay que ser mal pensados, es casual la coincidencia entre las protestas de la CNTE y los asesinatos contra los funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Todo indica que se trata de una primera advertencia por no dar continuidad a la política de seguridad del gobierno anterior de “abrazos y no balazos”, en la entidad más importante del país.

Y es que la estrategia de seguridad implementada por Omar García Harfuch y encabezada por la Primera Presidenta está afectando muchos intereses de los cárteles, además de hacerte frente a los acuerdos de la anterior administración con la política de abrazos no balazos, un legado de YSQ.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país y muy cercano a García Harfuch, asegura que los asesinatos podrían ser una respuesta a las “detenciones muy relevantes de líderes de células delictivas con operaciones en la ciudad y en la zona metropolitana”.

Lo anterior es una muestra de colaboración entre México y Estados Unidos.

El 15 de mayo, menos de una semana antes del doble homicidio, fue capturado en la Ciudad de México Israel N, jefe de plaza del CJNG, junto a otros tres supuestos integrantes del poderoso cártel.

Aunque apenas inician las investigaciones, lo anterior sería indicio de la participación de grupos criminales.

Debido al poder político centralizado en Morena, durante el periodo de 2018 a 2024, a la fecha, no existe autoridad política más importante que la de Andrés Manuel, por ello se comenta una especie de “deja Vu” al ser llamado “Jefe Máximo de la Cuarta Transformación”.

El reconocido gran liderazgo de AMLO, su habilidad y visión política le permitieron dejar como sucesora a una “leal” compañera de lucha que cada vez que puede recuerda que ha sido “el mejor presidente de México”. También su estrategia y planeación política le permitieron prever el futuro de la 4T, por lo que los subsecuentes mandatarios deberán someterse a la “Revocación de Mandato”, con el fin de garantizar la consolidación de su movimiento.

Desde su campaña AMLO empezó a construir una figura constitucional semejante a la que el expresidente de Venezuela Hugo Chávez había establecido en su país.

Afirmó en mayo de 2018: “Me voy a someter a la revocación de mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente”.

México adoptó en 2019 la revocación de mandato en nuestra Carta Magna. En su momento se escribió mucho sobre el desperdicio de recursos que ocasionó realizar el ejercicio de la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo en México. Costó casi 4 mil millones de pesos y la participación no llegó ni al 6% de votantes.

Todavía falta más de un año para la revocación de mandato, pero habrá que estar monitoreando los resultados del “segundo piso de la Transformación”. Atrás de los hechos de violencia en todo el país, incluidos los asesinatos de la CDMX, no se descarta que alguien muy poderoso o algunos grupos de criminales pretendan detener el giro que ha dado la política de seguridad respecto del sexenio anterior.

Las cifras hablan por sí solas. Se han destruido más de 800 laboratorios de drogas, incluidos los de fentanilo, cuando el sexenio pasado se negaba que en México se fabricara esa letal droga.

En 6 meses las fuerzas federales han detenido a 18 mil delincuentes de alto rango, cuando en todo el sexenio anterior sólo se detuvieron a 12 mil delincuentes relacionados con las organizaciones criminales.

Asimismo, las toneladas y millones de píldoras decomisadas representan una gran merma -cientos de millones de dólares- para las ganancias de los cárteles más importantes del país.

A 8 meses del inicio del gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo, estamos siendo testigos de un combate frontal a todas las organizaciones criminales del país. Quedo atrás la consigna de “Abrazos y no balazos”.

Se prevé que continúen encuentros violentos entre las fuerzas de seguridad federales y los cárteles, sin embargo, se espera también que la estrategia de inteligencia y coordinación que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad permita seguir capturando a los principales líderes de la delincuencia organizada.

El reto es enorme. En los últimos dos sexenios no hubo resultados en el combate eficaz a la violencia, tráfico de drogas, derecho de piso, secuestros, extorsiones, asesinatos y desapariciones de personas.

Al parecer estamos en la ruta correcta en el combate a la impunidad y al crimen organizado… y es que la Presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad, con la estrategia de inteligencia y coordinación con algunos gobiernos estatales, empiezan a dar buenos resultados y tienen el voto de confianza de muchos millones de mexicanos. Sin seguridad no hay transformación ni bienestar compartido.

PLAN SHEINBAUM-HARFUCH SÍ FUNCIONA

El secretario Omar García y la Primera Mandataria han demostrado que la seguridad pública requiere planeación, inteligencia y, sobre todo, voluntad política.

En poco tiempo han consolidado un frente de acción que está dando resultados tangibles, apostando por la coordinación institucional y el uso de tecnología e inteligencia para desmantelar estructuras criminales. Estamos ante un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad.

Durante décadas, cada gobierno ha intentado a su manera contener la violencia.

Siendo presidente Andrés Manuel, la estrategia viró hacia el fortalecimiento de la Guardia Nacional y el ataque a las causas estructurales, sentando bases que hoy permiten una estrategia más integral.

García Harfuch, con una trayectoria basada en inteligencia policial, ha puesto en marcha operativos quirúrgicos coordinados con Semar, Sedena y Guardia Nacional, enfocándose en objetivos estratégicos sin la violencia colateral de otros tiempos.

Harfuch entiende que la seguridad no se trata de hacer ruido, sino de resultados concretos.

Su estilo discreto ha sido clave. No hay filtraciones prematuras ni exhibiciones innecesarias. Su estrategia es clara: Actuar primero y hablar después. Esta táctica ha permitido que los operativos sean efectivos sin entorpecer el trabajo de las fuerzas de seguridad. Entiende la seguridad como un tema de Estado.

Parte de su estrategia radica en usar la denominación “generadores de violencia”, para referirse a individuos detenidos o abatidos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Busca deslegitimar a los delincuentes, enfatizando su responsabilidad directa en la violencia y evitando generalizaciones. Fortaleciendo la narrativa de que el Estado no persigue a ciudadanos, sino a quienes alteran la paz. Esta forma en que se etiqueta a los criminales impacta en la percepción pública y en la disuasión del crimen.

Los indicadores reflejan que la estrategia está funcionando. En diversas regiones del país, los homicidios y otros delitos de alto impacto han comenzado a descender. Vemos la desarticulación de redes criminales, el debilitamiento financiero de los cárteles y la disminución de la impunidad.

Pero una estrategia de seguridad eficaz requiere también una narrativa clara y consistente, y para eso nadie mejor que Tania Aguilar, responsable de la comunicación. Con una trayectoria discreta, pero efectiva, y con experiencia previa en la SSC y en la FGJ de la CDMX, junto a Omar García, ha sabido proyectar los avances sin caer en triunfalismos.

Gracias a esta labor, la percepción ciudadana comienza a cambiar y regresa la confianza.

Por primera vez en mucho tiempo, se ve la luz al final del túnel. Si la tendencia se mantiene, el impacto será histórico. Harfuch y Sheinbaum están sentando las bases de un modelo de seguridad que podría redefinir el futuro del país.

UNA CNTE DESAFIANTE

Violentos y desafiantes se han mostrado los profesores de la CNTE, con múltiples bloqueos han paralizado la Ciudad de México, en perjuicio de miles de personas trabajadoras que no han podido llegar a sus centros de trabajo al cerrar vías primarias de comunicación como Insurgentes, Reforma, Calzada de Tlalpan, entre otras.

Decenas de empresarios y comerciantes se han visto afectados al caer sus ventas y todo por su ambición de tener más dinero en su bolsillo, pese a que son uno de los gremios más privilegiados.

Exigen mejora salarial, invocan respeto en sus manifestaciones, sin embargo, actúan como auténticas hordas de delincuentes.

Sin embargo, la culpa de su comportamiento es en gran medida de las autoridades involucradas, han tolerado a esa mafia que se dice mentores de la educación a cambio de votos.

Cómo es posible que dejen sin clases a miles de estudiantes. Son cínicos al cobrar su salario, el cual no se merecen, pues no están en las aulas laborando como es su responsabilidad, están en las calles como viles alborotadores.

Es momento de aplicar la ley en su contra. Si no les gusta su trabajo que lo dejen, si no se presentan a laborar, que los despidan, afuera, en las filas del desempleo, hay cientos de personas con el perfil adecuado que gustosas pueden cubrir sus plazas.

No los despiden porque hay contubernio con los diversos niveles de gobierno, son miles de votos y los cambian por privilegios, en tanto la población afectada tendrá que soportar sus desmanes y bloqueos, así como las pérdidas económicas de los generadores de empleos.

En ese escenario la Presidenta Claudia Sheinbaum canceló la reunión que tenía prevista con los profesores para el viernes pasado, no le gustó su actitud desafiante; no obstante, lejos de aplicar mano dura, instruyó a los titulares de Gobernación y de Educación Pública para que atiendan a los rijosos, quienes sin duda obtendrán lo que injustamente exigen (Alfredo Ibáñez).

Ronald Douglas Johnson, coronel retirado del Ejército estadounidense y exjefe de Operaciones en la CIA * Hay expectativas, especulaciones y hasta preocupaciones respecto a la formación, antecedentes y experiencia del nuevo embajador de Estados Unidos en México

MARCO ANTONIO FLORES***

Ronald Douglas Johnson, coronel retirado del Ejército estadounidense y exjefe de Operaciones en la CIA, inició su gestión como nuevo embajador de Estados Unidos en México, luego del folklórico desempeño del anterior embajador demócrata, Ken Salazar, quien se presumía amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con derecho de picaporte en Palacio Nacional, pero que al final se declaró en contra de decisiones presidenciales como la reforma judicial.

Después de esas declaraciones no volvió a ser recibido por el expresidente, pero en política nada es casual.

ACTITUDES HOSTILES DE EU

Como preámbulo del nombramiento del nuevo embajador, han ocurrido una serie de acciones y actitudes por demás hostiles de parte del gobierno de Estados Unidos.

El año pasado, la “misteriosa” captura del Mayo Zambada y la entrega de 29 capos mexicanos al gobierno de Estados Unidos, así como la incursión de aviones y buques militares en los límites del territorio mexicano.

Los hechos más recientes fueron los siguientes:

1.- La célebre llamada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo. La Primera Presidenta informó que Trump le propuso (advirtió, insinuó, sugirió, amenazó o sólo le “midió el agua a los camotes”) dejar entrar a fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos, a lo cual la Mandataria Sheinbaum Pardo le respondió con un rotundo NO… y para revirar el presidente del Tío Sam afirmó, en forma grotesca y grosera, una “wonderfull woman… tiene miedo a los cárteles, lo que no le permite pensar con claridad”.

2.- Los aranceles al aluminio y al acero.

3.- El reclamo de pago de agua en la frontera.

4.- El cierre a la importación de ganado mexicano por el gusano barrenador.

5.- Los acuerdos secretos que el gobierno de Estados Unidos está pactando con la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

6.- Revocación de la visa a la gobernadora de Baja California Norte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la existencia de una “lista” (mejor conocida como “Marco Lista”) de altos funcionarios morenistas del gobierno actual y el anterior, a los que se les retirará la visa y que pronto podría darse a conocer.

7.- La pretendida imposición de un gravamen o impuesto del 5% a las remesas que giran de Estados Unidos a México los millones trabajadores migrantes, toda vez que pagan sus impuestos allá. Por el momento el Congreso de EU puso en suspenso esta medida.

Desde el regreso de Trump al poder en la Casa Blanca ha aumentado la preocupación entre algunos funcionarios mexicanos de que Estados Unidos pueda estar preparando el terreno para emprender acciones militares unilaterales dentro de México.

Lo anterior es una idea que el mandatario republicano planteó repetidamente en su campaña presidencial.

Hay expectativas, especulaciones y hasta preocupaciones respecto a la formación, antecedentes y experiencia del nuevo embajador, Ronald Douglas Johnson.

Durante su audiencia ante el Senado de Estados Unidos señaló, el 13 de marzo de 2025, “no descarto una acción militar en suelo mexicano contra los cárteles, sin notificar a las autoridades mexicanas si y solo si la vida de un ciudadano estadounidense estuviese en juego”.

Ante esto, la pregunta que surge es: ¿60 mil estadounidenses muertos por fentanilo los atribuyen a los cárteles mexicanos?

En 2018, Johnson fue nombrado embajador en El Salvador en el periodo anterior de Donald Trump.

Ha servido en el Ejército norteamericano por más de treinta años, retirándose en 1998 con el grado de coronel.

Fungió como miembro de la Inteligencia estadounidense, específicamente como Enlace de Ciencia y Tecnología de la CIA.

El 10 de diciembre de 2024, Trump nominó a Johnson como embajador de Estados Unidos en México.

El 12 de febrero de 2025, su nominación fue enviada al Senado estadounidense.

Después de que rindió protesta el martes 13 de mayo, ante el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, Ronald Douglas llegó a México como nuevo embajador de Estados Unidos y se espera que el lunes 19 de mayo entregue cartas credenciales ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó: “Vamos a platicar con el embajador”.

También ha expresado la Primera Mandataria que planteará al embajador de Estados Unidos en México una mayor colaboración, coordinación y una relación de respeto entre ambos países.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, con la representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, el experimentado y gran conocedor de la relación bilateral, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió a Douglas Johnson.

“Le di la bienvenida a nuestro país y reiteré el interés del Gobierno de México por fortalecer el diálogo y la cooperación con respeto a nuestras soberanías”, añade Velasco.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió con el recién llegado embajador de Estados Unidos y afirma que la relación bilateral estará basada en los principios de cooperación y respeto.

“El encuentro se llevó a cabo en términos cordiales, con un diálogo franco y directo”, expresa la cancillería.

El canciller Juan Ramón externó su rechazo a imponer impuesto al envío de remesas, una situación que finalmente está en “stand bye”.

Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, recordó en la Mañanera del Pueblo que México y Estados Unidos tienen un convenio para evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, que está vigente desde 1994.

El convenio se firmó el 18 de septiembre de 1992 en Washington y entró en vigor desde 1994.

El artículo 25 garantiza un trato fiscal no discriminatorio: “Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija o que sea más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales de este otro Estado, que se encuentren en las mismas condiciones.

“En México y en Estados Unidos, un mexicano o un estadounidense no pueden ser gravados por la misma actividad económica de manera distinta”, precisa Velasco. Explicó que lo que se está haciendo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos impacta a la esfera del Derecho Internacional que los dos países convinieron.

“Nosotros no tenemos ningún impuesto que esté dirigido específicamente a los estadounidenses y en este caso sí habría un impuesto que está diferenciando entre estadounidenses y mexicanos”, dijo el funcionario de la SRE.

Otro asunto que ha causado gran polémica y coincide con la llegada del nuevo embajador Donald Douglas Johnson, ocurre después de la publicación en primera plana del periódico nacional “oficialista” La Jornada, en la que aparece un comando militar en un Jeep y se observan a militares estadounidenses, lo que fue interpretado como una abierta acción militar norteamericana dentro de territorio mexicano.

Aunque en un principio el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presumiera que el miércoles fueron desmantelados tres laboratorios clandestinos de producción de drogas en Sinaloa, en un operativo encabezado por una unidad de elementos mexicanos, pero certificado por ellos mismos, la embajada de Estados Unidos aclaró que el operativo fue dirigido y llevado a cabo por fuerzas de seguridad mexicanas.

Este hecho también fue desmentido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la imagen difundida “es falsa” y negó que agentes estadounidenses se encuentren en el país para apoyar operaciones contra cárteles del narco. La citada publicación se le atribuye a AMLO e implicaría un significativo diferendo con su sucesora.

Con el presidente Donald Trump y la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, Douglas Johnson, el show apenas comienza.

La relación diplomática más importante, nuestro eterno vecino con 3 mil kilómetros de frontera; nuestro principal socio comercial, con el que tenemos el 80 % de nuestro intercambio comercial y con quien traemos en la lumbre varios pendientes, como migración, comercio, fentanilo, drogas, contrabando de armas, pesquisas de capos mexicanos y de funcionarios de alto nivel como Genaro García Luna y el general Salvador Cienfuegos, en el estatus actual se antoja inédita y al parecer pueden suceder hechos y acciones inéditas.

En la hora actual, aplica la frase “cosas veredes, amigo Sancho”, expresión que se usa para expresar sorpresa ante situaciones o acontecimientos que se consideran insólitos, inexplicables o incluso ridículos.

Es una forma de expresar asombro o sorpresa ante lo que se ve, se vive y se vivirá.

***Académico y consultor.