Riesgo de fractura en el Poder Judicial de la Federación * La SCJN declaró inválidas las sentencias del TEPJF que desconocieron suspensiones de amparo contra la Reforma Judicial * Contra viento y marea, la elección judicial está firme para el primer domingo de junio

MARKOFLOS

A tono con el riesgo de una fractura en el Poder Judicial de la Federación, podemos decir que hay un ‘amor apache’ entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que esta frase mexicana define muy bien la relación entre la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso.

En este caso la relación laboral entre las integrantes del Poder Judicial de la Federación está por momentos truncada… y a veces tóxica.

Se pelean, se distancian, hacen las paces, luego otra vez los conflictos, pero al final de cuentas ahí siguen, ligadas y a mantener la buena relación por el compromiso responsable con el Poder Judicial de la Federación.

Y es que a través de la historia se ha demostrado que los apaches no son enemigos sino “los grandes sobrevivientes”.

RIESGO DE RUPTURA

Y es que el riesgo de fractura que está viviendo el PJF, debido a que la SCJN declaró inválidas las sentencias del TEPJF que desconocieron suspensiones de amparo contra la Reforma Judicial, tiene dos vertientes: La formal y la de fondo.

Desde el punto de vista formal y técnico-jurídico, está plenamente fundamentada la razón por la que la Suprema Corte le corrige la plana al Tribunal Electoral, ya que nadie puede anular un amparo, salvo los tribunales competentes.

La SCJN deja en claro que ningún tribunal electoral tiene facultades constitucionales y lo que hizo el TEPJF representa un intento de socavar el control judicial y de vulnerar el Estado de Derecho.

Por otro lado, el fondo de la crisis en el seno del Poder Judicial no es de forma, ni por criterios jurídicos. La crisis “de fondo” es por motivos políticos. Es sólo una extensión del choque entre los Poderes Ejecutivo y Judicial.

El TEPJF se encuentra “alineado” al Poder Ejecutivo. Es del dominio público el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, iniciado por los ataques y agresiones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a la SCJN y al TEPJF por no someterse a sus caprichos y por el propósito manifiesto de tenerlos bajo su control.

Es por todos sabido que el TEPJF perdió autonomía desde octubre de 2023, cuando dos magistrados concluyeron su gestión y el Senado, en un plan amañado, nunca nombro a sus sustitutos, lo redujo a cinco magistrados, con una presidenta y dos magistrados alineados al Poder Ejecutivo, con la mayoría necesaria para aprobar temas tan delicados como la sobrerrepresentación que avaló el INE.

Antes, en 2021, el TEPJF -cuando contaba con los siete magistrados que la Constitución Política establece- ya se encontraba acotado y presionado por el Poder Ejecutivo, y tuvo una primera crisis, resultado de una serie de desencuentros de cinco magistrados con el presidente del organismo, José Luis Vargas Valdez, el “magistrado billetes”.

Al entonces presidente del TEPJF se le había acusado públicamente de “enriquecimiento inexplicable” y también de actuar con una total parcialidad en favor de Morena.

Vargas Valdez fue sustituido por Reyes Rodríguez Mondragón, a quien el presidente López Obrador repudió de forma inmediata y públicamente, cuando exhibió un tuit, supuestamente publicado por Reyes Rodríguez, en que expresaba “…ojalá se muera el viejo de Palacio Nacional…”, una situación que fue desmentida y aclarada también públicamente.

De forma inexplicable Reyes Rodríguez renuncio el 31 de diciembre de 2023 y lo sustituyó Mónica Soto, actual magistrada presidenta del TEPJF.

Desde 2021 se evidenció que había dos magistrados “alineados” a Morena: Mónica Soto y Felipe de la Mata, debido a dos imágenes que circularon en redes.

La primera fue vista reunida en un restaurante al sur de la Ciudad de México con el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante del Morena ante el INE. Además de que la magistrada ya era conocida por votar en el sentido de los intereses del gobierno federal.

Por su parte, el magistrado De la Mata Pizaña había hecho públicas fotos con “Amlitos” -peluches alusivos a López Obrador-. En esas fechas el mandatario López Obrador empezó a hacer pública su intención de enviar una iniciativa para reformar y “democratizar” el Poder Judicial.

DE PODER A PODER

Así son los antecedentes y el contexto en el que se da el actual choque de Poderes.

Por un lado, el Ejecutivo utilizando al TEPJF para defender su reforma judicial. Por el otro, la SCJN haciendo esfuerzos para refrendar la independencia del Poder Judicial y cumplir con su misión constitucional fundamental que es defender y garantizar el control judicial constitucional.

Misión difícil la que tiene la SCJN con un Legislativo sometido al Ejecutivo, aprobando iniciativas retrógradas, como la “supremacía constitucional”.

El proyecto que presentó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena conlleva cumplir con el control judicial, cuando señala que jueces federales y la Sala Superior del TEPJF “quebrantaron el Estado de Derecho” con resoluciones sobre la reforma judicial.

Afirmó que, por un lado, los juzgadores de amparo pretenden detener la elección judicial, a través de suspensiones mal concedidas por versar sobre materia electoral, y, por el otro, los magistrados electorales buscan blindar el proceso con acciones declarativas y dando, entre comillas, garantías de continuidad.

El pleno de la SCJN determinó que el TEPJF no tiene facultades para invalidar órdenes en juicios de amparo en contra del proceso.

Otro de los puntos de la resolución indicó que las y los jueces que dictaron suspensiones en contra de la elección del Poder Judicial tendrán 24 horas para revisar de oficio cada una de las determinaciones, siempre teniendo en cuenta que no serán procedentes en materia electoral.

¿QUÉ SIGUE?

Todo indica que en el camino a la elección judicial y la regresiva reforma electoral gradualmente se deteriorará el Estado de Derecho, con el protagonismo de las instancias que deberían garantizar la continuidad de nuestro régimen democrático constitucional, el Poder Judicial, la SCJN, el TEPJF y el INE.

Si se pierde el equlibrio de poderes se pierde la esencia democrática de nuestra Carta Magna.

La república federal, representativa y democrática está en peligro y ojalá todo quede en un riesgo de fractura en el Poder Judicial de la Federación.

Pero pese a todo lo anterior, la elección está firme para realizarse el primer domingo de junio, como lo dijeron la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la ministra Yasmín Esquivel Mossa.