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PUNTO… Y SEGUIMOS

Censura, una atadura muy dura

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Desolador el panorama para el periodismo * Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Desolador, así pinta el panorama para la libertad de expresión, el periodismo y para quienes lo ejercen en México.

Cada vez son más las demandas que políticos, especialmente los que están ligados o pertenecientes a la 4T, interponen contra comunicadores.

Un amplio sector de la clase política de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no soporta la crítica y demuestra de manera recurrente su intolerancia.

Cuando se sienten lastimados, heridos, de inmediato echan mano del poder que en ese momento detentan.

Ahí está caso del senador Gerardo Fernández Noroña, quien con denuncia de por medio ante la Fiscalía General de la República (FGR), obligó a un ciudadano a que le ofreciera disculpas públicas.

Si bien es cierto que hay malos periodistas, que utilizan el golpeteo sistemático en contra de la clase gobernante o políticos de los diversos niveles de gobierno, a fin de obtener algún tipo de provecho, generalmente económico, también es innegable que muchos de los que están al frente de algún cargo público son improvisados o incompetentes, no dan los resultados que ellos mismos prometieron a la población, por lo que los señalamientos de sus desaciertos no se hacen esperar.

Gradualmente se deja ver el rostro de la intransigencia, especialmente de Morena, pero también de fuerzas como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que aún en su ocaso dan coletazos en contra de los representantes de los medios de comunicación y de los ciudadanos que señalan sus errores o sus excesos.

La tentación de imponer ley mordaza en perjuicio de los periodistas es muy grande, en diversos estados y a nivel federal se ejerce a través de la publicidad o a través de amenazas y ataques por medio de auténticas hordas que operan en redes sociales.

Con el pretexto de la Austeridad Republicana o de la Pobreza Franciscana, como usted guste llamarle, tantas veces mencionada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero pocas veces ejercida, las oficinas de prensa de los diversos niveles de gobierno han cerrado el acceso a la publicidad a los medios de comunicación que no se someten a sus propósitos. Los ahogan económicamente.

Argumentan, a los medios de comunicación críticos, que no hay dinero, pero nada más alejado de la realidad, pues son millonarios los montos que se destinan todos los años a las áreas de Comunicación Social tanto de los gobiernos municipales, estatales, federal, así como de los órganos autónomos, como las Fiscalías Generales de Justicia.

Plausible sería que se prescindiera de esas cantidades millonarias, dinero derivado de los impuestos de los contribuyentes y mejor se inyectaran en obras de impacto colectivo que tanta falta hace en el país, como escuelas, hospitales, medicinas, carreteras, y un largo etcétera.

Sin embargo, sirve para engordar las ya de por sí abultadas nóminas de la burocracia, donde obviamente no está el personal más capacitado y con el perfil adecuado, sino los amigos, los incondicionales y los familiares.

La mayoría con elevados salarios que difícilmente ganarían en la iniciativa privada debido a su incapacidad.

Recursos económicos aprobados oficialmente y destinados para publicidad hay, pero los condicionan.

La intención de someter a los periodistas, a los medios de comunicación que ejercen un trabajo crítico, pero sustentado, hoy más que nunca está latente.

Pero volviendo a los ataques contra la libertad de expresión a través de demandas, estos son cada vez más en el país.

Los más recientes y sonados es el ejercido por el gobierno de Campeche, el cual acusó al periodista Jorge González Valdez de incitar al odio y la violencia.

La sentencia en su contra es el pago de 2 millones de pesos por presunto daño moral contra colaboradores de la gobernadora, Layda Sansores, además de prohibirle, por orden judicial, ejercer la actividad periodística. Sin duda un exceso.

Tal parece que la tentación de controlar a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de expresión es muy grande en los gobiernos de la 4T, pues ahora se suma Puebla, donde el Congreso local aprobó la Ley de Ciberseguridad.

Recientemente la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esa entidad, Laura Artemisa García Chávez, sostuvo que las reformas no buscan coartar la libertad de expresión, sino proteger a ciudadanos de a pie, especialmente a menores de edad que son víctimas de acoso o bullying reiterado a través de redes sociales.

Incluso adelantó que pueden adecuarla para que los periodistas queden exentos de las sanciones por ciberasedio. De ser esa su intención, ¿por qué no lo hicieron desde un principio?

García Chávez añadió que “los temas que se quieran aclarar en el tema específico de la libertad de expresión, de periodistas o de quienes informan y ocupan los medios, claro que estamos abiertos a verlo de manera separada”.

No obstante, dejó claro que con la nueva ley la Fiscalía General de Justicia estatal tendrá un papel importante para hacer investigaciones exhaustivas y evitar que el delito se aplique contra activistas o víctimas de violencia que denuncian públicamente a sus agresores.

La presión de los diversos grupos de periodistas ha hecho recapacitar a los legisladores de Puebla, sin embargo, sigue latente el acecho contra la libertad de expresión.

Basta señalar, de acuerdo con la organización Artículo 19, en el sexenio anterior se registraron 158 casos de acoso judicial contra periodistas, es decir, de dos a tres procesos por mes, en el que los demandantes lo mismo son autoridades de los diversos niveles de gobierno, empresarios y figuras públicas con vínculos gubernamentales, cifra que al paso que vamos pronto podría ser superada en el presente sexenio.

 

PREOCUPACIÓN POR ACOTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: JANINE OTÁLORA

Incluso desde el Poder Judicial se han levantado alertas.

En entrevista con Radio Fórmula, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, manifestó su preocupación por los intentos de acotar la libertad de expresión, particularmente la que ejercen medios y ciudadanos.

La creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales.

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), alertó sobre un aumento de entre 25 y 30% anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.

 

TENEMOS LA MAYOR LIBERTAD DE EXPRESIÓN: SHEINBAUM

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su Mañanera del Pueblo que su gobierno defiende la libertad de expresión y criticó que los señalamientos sean en contra de Morena.

“Son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora Morena quiere censurar o que ahora los que venimos de Morena queremos censurar cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie”, declaró.

Sheinbaum asegura que la ley del ciberasedio en Puebla está relacionada con el ciberacoso, “en un sentido muy amplio”, pero afirmó que hay reglas similares en estados como Nuevo León y Coahuila.

Además, afirmó que ha habido una “crítica misógina” contra la gobernadora Layda Sansores.

“Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernado, pero que es indispensable todo el problema del ciberacoso, discutirlo particularmente contra las mujeres, de ahí viene la ley Olimpia. Y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas, es importante discutirlo”, añade.

La Primera Presidenta puntualiza que defiende la libertad de expresión en el país y afirma que los periodistas y medios no han sido objeto de censura.

“Hablan de que se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura, ahora todos traen ‘censura, censura’. Nadie lo censura a ellos, pero hablan de censura como retahíla (…) ¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado?”, cuestiona la Mandataria Sheinbaum.

 

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A prueba integridad del gobierno federal

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En una encrucijada por el huachicol fiscal * Es momento de demostrar que en la administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hay cero impunidad * A revertir el desencanto ciudadano y decepción por la administración de Morena, que siempre pregonaba “no somos iguales”

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Grave descrédito enfrenta el gobierno federal por el caso del huachicol fiscal, independientemente de si hay detenidos o no, el desencanto entre los ciudadanos de a pie es muy grande.

La decepción hacia las administraciones de Morena es una realidad, especialmente hacia la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La desilusión cala hondo, hasta hace unos meses la población tenía la certeza que los gobiernos de Morena eran diferentes a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), que se han significado por su alto nivel de corrupción.

Sin embargo, al conocerse que los corruptos estaban dentro del gobierno federal anterior, que los funcionarios de alto nivel son los mafiosos, como es el caso de los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina José Rafael Ojeda Durán, se cae la imagen de incorruptible que el expresidente pretendido vender.

Pese a que la versión oficial insiste en que los malos elementos dentro de la Marina son unos cuantos y que el extitular de Marina nada tiene que ver con el huachicol fiscal, lo cierto es que es imposible que no se enterara de lo que pasaba, al igual que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, quien orgulloso se ufanaba de tener el control de su gobierno y de estar informado de lo que en el sucedía.

La administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún no define con claridad el rumbo a seguir, un día señala que en su administración no habrá impunidad y que, si bien las investigaciones tardan, se aplicará la ley, pero más adelante sale en defensa del exmandatario tabasqueño, así como de sus hijos, también señalados de presuntos actos de corrupción.

A Sheinbaum Pardo le han explotado casos que no son de su administración, son herencia de su antecesor, como es el relacionado con el exsecretario de Seguridad en Tabasco, el hoy preso Hernán Bermúdez Requena.

Un jefe policiaco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, presunto líder de la organización criminal La Barredora, el cual aprovechó el cargo para relacionarse con grupos delictivos y al amparo del poder cometer un sinnúmero de ilícitos.

Dentro de la serie de delitos que se le atribuyen destaca delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.

Con este caso, la Primera Mandataria se encuentra en una encrucijada, pues uno de los implicados directos es nada más y nada menos que el líder de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López.

Personaje cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y el cual ha logrado evadir la acción de la justicia bajo el argumento de que nunca se enteró de lo que hacía su subordinado.

Una historia que se repite con el extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, quien ha señalado desconocer las actividades ilícitas de sus sobrinos políticos.

Incluso la Fiscalía General de la República (FGR) salió al paso y declaró que el almirante denunció hace dos años “problemas” en varias áreas de la Armada de México y pidió que se investigara a todo su personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos que derivó en la captura de 14 personas, entre ellos un sobrino político del mismo exfuncionario.

Pues bien, la titular del Poder Ejecutivo federal ha demostrado gobernar con honestidad y honradez, pero tiene dos casos trascendentales por resolver en materia de huachicol fiscal, en la que están involucrados personajes como Adán Augusto López y el almirante Ojeda Durán.

Con la resolución de tales asuntos se pone a prueba la integridad del gobierno federal actual.

 

En diversas ocasiones ha señalado que en su gestión habrá cero impunidad, pues bien, llegó el momento de llevar ante la justicia a los presuntos responsables o bien exonerarlos bajo el riesgo de dañar su imagen, la de su gobierno y la de Morena. Al tiempo.

 

SHEINBAUM ADVIERTE MÁS DETENCIONES

La Primera Presidenta advierte que vendrán más detenciones respecto a la red de huachicol fiscal en la que están involucrados integrantes de la Secretaría de Marina. Durante su Mañanera, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo enfatiza la participación de empresarios que se beneficiaron por el robo del combustible.

“Si se abre una investigación por contrabando de combustible o huachicol fiscal, como le quieran llamar, ¿qué hace la Fiscalía? Saca las otras investigaciones que ya tenía, que a lo mejor no tenían suficientes pruebas, y junta las investigaciones y, a partir de ahí, vienen las detenciones, y otras detenciones que tienen que venir hacia adelante. Y encuentran la participación de elementos de Marina y de empresarios, que son los que se estaban beneficiando de esta venta ilegal de combustible”, añade.

Además, Claudia Sheinbaum niega por enésima vez que las detenciones por el robo de combustible se hubieran dado por la presión de Estados Unidos; aunque reconoció que existe un “entendimiento” para combatir dicho delito.

“En el acuerdo que tenemos en este entendimiento viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible, pero, en particular, sobre algún tema específico, no”, agrega.

Desde Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo federal recuerda cómo fue que las autoridades detectaron la red de robo de combustible. Las primeras señales comenzaron en marzo.

“En marzo de este año, Aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico, proveniente de Estados Unidos. El permiso con el que quiere entrar a descargar el contenido del buque es un permiso temporal de una sustancia química, de naftas. Se dan cuenta de que probablemente ahí viene combustible; detienen al buque y piden un análisis del contenido del buque”, explica Sheinbaum.

 

NO HABRÁ IMPUNIDAD

Sheinbaum Pardo enfatiza que el gobierno mantiene firme su compromiso de investigar a fondo cualquier caso de huachicol fiscal.

La Primera Presidenta defiende la integridad del almirante Secretario de Marina, Raymundo Morales, y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, calificándolos como hombres “íntegros y patriotas”, y destacó que las investigaciones comenzaron ya bajo su administración.

“¿Qué tan atrás venía esto? No lo sabemos”, expresa, pero enfatiza que la Fiscalía General de la República tiene la obligación de investigar a fondo y determinar quiénes estuvieron involucrados y cuántas empresas participaron. Sheinbaum destacó que, a diferencia de sexenios anteriores, ya no se registran buques con combustible ilícito ingresando al país.

Sobre señalamientos relacionados con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, la Presidenta aseguró que “es un hombre íntegro. Eso lo sabe el Pueblo de México. Toda esta crítica se cae por su propio peso”.

Claudia concluyó subrayando que lo relevante es la acción actual.

“Lo importante es lo que se está haciendo, que no haya impunidad. El momento en que se conoce, no hay impunidad”, expresa de manera categórica la Primera Presidenta. Que así sea por el bien del pueblo de México.

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“El presidente sabe todo”

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Nada de que lo engañaron, expresó Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio * La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destapa una serie de corruptelas, herencia del político tabasqueño, que tuvieron su origen durante su gestión y que fueron solapadas y ocultadas afanosamente

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

“El presidente sabe todo, nada de que lo engañaron”, afirmó de manera contundente al inicio de su gestión presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Con largos años de lucha contra gobiernos encabezados por el PRI o por el PAN, sostenía que la corrupción provenía de arriba, de las esferas gubernamentales donde se toman las decisiones.

Con un lenguaje directo, sin cortapisas, sostuvo en su momento, que la corrupción en México se extendió como un cáncer porque se permitió desde el más alto nivel de la Presidencia de la República.

“No es cierto que el presidente no sabía, o que lo engañaron o fueron desleales sus colaboradores.

“El presidente tiene toda la información, claro que sabe todo, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente”, expresó López Obrador como una manera de ataque a sus antecesores.

Una y otra vez machacaba que los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se significaron por corruptos y ante la insinuación de que en Morena también había casos, terminante soltaba una de sus frases preferidas “no somos iguales”.

Esto viene a propósito porque en lo que va de la gestión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha destapado una serie de corruptelas, herencia del político tabasqueño, que tuvieron su origen durante su gestión y que fueron solapadas y ocultadas afanosamente.

Los ejemplos se multiplican, uno de ellos es la operación del crimen organizado en todo el país, el tráfico de drogas y el robo de combustible, el multicitado huachicol, ahora con el agregado de fiscal.

Hasta hace unas semanas el gobierno federal se negaba a reconocer que en su interior hay malos elementos que operan al amparo del poder.

Sin embargo, la realidad y presión de Estados Unidos los rebasó, fue así que el domingo pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas, relacionadas con una red de contrabando de combustible.

No se trata de cualquier tipo de delincuentes, en ese grupo están tres empresarios, cinco marinos en activo, cinco ex funcionarios de Aduanas y un marino en retiro.

Lo grave es que todo indica que la Secretaría de Marina (Semar), una de las instituciones más respetadas, ha sido vulnerada por la delincuencia organizada.

Entre los detenidos están Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; el primero operaba desde hace tres años en la aduana de Tampico, el segundo está prófugo.

Cobijados por la Marina y con cargos con poder de decisión, permitían el ingreso de grandes buques cargados con huachicol; como puede advertirse, las autoridades en turno se hacían de la vista gorda.

Tiene razón el expresidente Andrés Manuel: Los negocios más jugosos se hacen al amparo del poder, y este caso lo demuestra, pone en evidencia el grado de corrupción en los niveles más altos del gobierno federal.

Ante los hechos, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo salió en defensa del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y lo exculpó al advertir que él mismo había denunciado el caso.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no se quedó atrás, se sumó a la postura de Claudia Sheinbaum al señalar que Rafael Ojeda Durán denunció hace dos años ante la FGR problemas en varias áreas, por lo que pidió se investigara a todo el personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos.

Dos años es mucho tiempo, la inactividad de la FGR es preocupante, a qué le apostaba, quizá esperaba que el asunto no trascendiera y todo quedara en la impunidad.

Es evidente que la presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno de México es determinante para que este tipo de casos salgan a la luz pública.

Afortunadamente para México la administración del presidente Donald Trump no cesa en su determinación de combatir a los grupos de criminales que operan en el país, de tal manera que la titular del Poder Ejecutivo, Sheinbaum, se ha visto obligada a proceder en contra de narcotraficantes que fueron intocables durante el sexenio pasado.

Aquí la inquietud que surge en los cafés políticos es qué pensará AMLO, ¿lo tomará a bien o habrá molestia?

Pero la exigencia del mandatario estadounidense va más allá de la detención de ese tipo delincuentes: Busca afanosamente poner tras las rejas a empresarios y políticos que los han protegido, que son parte de esos grupos criminales.

En ese contexto se llevó a cabo la detención del personal de Marina, sin duda alguna que es un duro golpe no sólo al prestigio de esa institución, sino también al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo conocimiento de lo que acontecía en las entrañas de la Marina, pues -según sus palabras- “el presidente tiene toda la información, claro que sabe todo, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente”.

Más claro ni el agua.

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No hay necesidad de cargar problemas ajenos

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Su trayectoria es limpia, como para mancharla por encubrir a malos servidores públicos * En el país de no pasa nada ya se empieza a asomar el descontento social * El caso más reciente es el que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, quienes de los dimes y diretes pasaron a los empujones y a los golpes * Comuneros protestan en la casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Vaya días infaustos los que ha vivido México en las últimas semanas y, a juzgar por los acontecimientos, los que faltan por presenciar.

Las confrontaciones verbales entre la clase política gradualmente suben de tono e incluso ya se dio paso a las agresiones físicas.

El caso más reciente es el que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, quienes de los dimes y diretes pasaron a los empujones y a los golpes.

Los argumentos quedaron rebasados, y cómo no si a lo largo de meses se ha apostado por la confrontación, por la crispación, por avasallar a los opositores. No se privilegia el diálogo.

Alejandro Moreno, quien efectivamente no es una blanca paloma, que ha sido perdonado al no desaforarlo, y que por cierto es acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche de desviar 83.5 millones de pesos cuando gobernó esa entidad, fiel a su temperamento encaró al polémico Fernández Noroña.

Al ríspido momento, previo a la gresca, se sumó el cúmulo de hechos agraviantes que se han vivido no sólo en el Senado de la República, sino en los últimos años en diversos estados del país, sobre todo en rubros como seguridad, salud y la presencia y operación del crimen organizado.

Sólo faltaba el pretexto para desencadenar el desencuentro que pudimos apreciar, salió a flote el malestar, la frustración que provoca Morena con su comportamiento arrogante, autosuficiente y de complicidad.

De ninguna manera se justifica que se llegue a los golpes, pero el senador Gerardo Fernández saca de sus casillas al más ecuánime y para colmo tiene enfrente a un arrogante líder priísta que ya los midió y sabe que no van a quitarle el fuero.

En Morena, sabedores de que tienen el poder, literalmente hacen lo que quieren, son intocables, critican, pero no toleran que los juzguen, condenan verbalmente a los políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) por corruptos, y bien hecho, pero no admiten que en sus filas hay malos elementos e incluso impresentables que deben ser llevados ante la justicia.

De nada sirven los argumentos o el debate fundado ante el pleno de los órganos deliberativos, pues finalmente se impone la mayoría de Morena. De nada sirven las pruebas, las testimoniales, las acusaciones directas en contra de malos políticos morenistas, con presuntos nexos con la delincuencia organizada si no hay castigo.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inexplicablemente encabeza la defensa de los morenistas que presuntamente están envueltos en ilícitos, es la primera que exige pruebas de las acusaciones vertidas contra sus compañeros de partido, cuando mínimamente debiera pronunciarse porque se separen del cargo, se abra una investigación y ante la justicia que se exhiban los elementos probatorios necesarios a efecto de deslindar responsabilidades.

Con un nivel de aceptación que alcanza hasta el 80 por ciento, el cual la ubica como una de las mandatarias mejor evaluadas de los últimos tiempos, qué necesidad tiene de cargar problemas ajenos.

Su trayectoria es limpia, como para mancharla por encubrir a malos servidores públicos, sobre todo a gobernadores que han sido señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Presidenta, lo más saludable sería llevarlos ante la justicia y que ésta decida su destino.

Pero eso no sucede ni va a pasar, desde hace varios años la respuesta es señalar a los políticos corruptos del pasado como Genaro García Luna, quien purga larga condena en una prisión de Estados Unidos, acusado del tráfico de drogas, al panista Felipe Calderón, quien argumenta que nunca se enteró de lo que hacía su funcionario… nada más absurdo cuando su secretario de Seguridad Pública operaba para el crimen organizado y se llenó los bolsillos de cantidades millonarias.

Otras instancias que participan con el manto de la impunidad son las fiscalías, las cuales presuntamente son independientes, pero no abren investigaciones y menos actúan contra los políticos señalados.

Ahí está el senador Adán Augusto López, quien enfrenta grave polémica, pues cuando fue gobernador del estado de Tabasco tuvo en su gobierno a Hernán Bermúdez, señalado como cabeza de la organización criminal La Barredora, ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La lista sigue, sobre todo de gobernadores, pero en el país de no pasa nada, continúan en sus cargos, intocables, sólo que el descontento social, aunque tenue o tímido, comienza a asomar.

 

COMUNEROS PROTESTAN FRENTE A CASA DE GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA EN TEPOZTLÁN

Comuneros de San Juan Tlacotenco, Tepoztlán, realizaron una protesta afuera de la casa de Fernández Noroña para denunciar que en este pueblo mágico la mayoría de su tierra es comunal, por lo que no se puede vender como propiedad privada y “menos mediante créditos bancarios”.

“Aquí no se puede vender, ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros, y aquí está la gente y los comuneros”, dijo uno de los habitantes de San Juan Tlacotenco, ubicada al norte de la cabecera municipal.

Los manifestantes señalan que Fernández Noroña podría haber usado sus influencias como ex presidente del Senado del Congreso de la Unión para obtener la casa, pues la asamblea comunal no se enteró, “es un error, grave, gravísimo, porque está usufructuando bienes que no le corresponden, aquí este es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán”.

Los inconformes con sus pancartas se cubrían sus rostros para no ser identificados. “Tepoztlán no se deja. El pueblo de Tepoztlán exige que se respete esta propiedad del pueblo, el suelo de Tepoztlán es comunal, ya basta de fraude y de corrupción”, añaden.

Después de retirarse los protestantes dejaron sus cartulinas fosforescentes afuera del portón y barda de piedra del inmueble.

Repito, el descontento social ya se empieza a ver y lo más grave sería que el pueblo tomara justicia por su propia mano… y todo porque las autoridades no cumplen con su responsabilidad de aplicar la ley. Recuerden: “El pueblo es sabio y no es tonto”.

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