La Primera Presidenta pide posponer la aprobación de la llamada Ley Censura * Ante la ola de críticas, Claudia pide que se abra la discusión y que se enriquezca la propuesta de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
MARCO ANTONIO FLORES***
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demuestra escuchar a todo tipo de voces, por lo que ante la ola de críticas por la llamada Ley Censura pide posponer su aprobación y de esta forma le pone un alto a las tentaciones.
Ante el contenido autoritario de su iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Primera Presidenta pide al Congreso que no haya prisa por aprobarla el martes.
“No tiene por qué aprobarse el martes. Que se abra la discusión. Que vaya Pepe Merino a explicar. Que se escuche a expertos. Que se enriquezca la propuesta”, añade.
Ante la presión en medios, redes sociales y en el Senado de la República (en donde se le llamó Ley Censura), la Primera Mandataria reconoce que hay dudas.
Sheinbaum se fue más a fondo al expresar que se puede incluso eliminar el artículo que permitiría el bloqueo de plataformas digitales.
Pero también dejó algo muy claro su advertencia: “No vamos a regresar a lo que existía antes”.
Como quien dice, el plan sigue, el modelo cambia, pero el control no se suelta.
Y aunque ahora dice que “no se trata de imponer”, la misma iniciativa fue votada en Comisiones sin leerla, sin parlamento abierto y sin expertos.
Ahora la Presidenta plantea que la ley podría aprobarse en un periodo extraordinario en mayo o junio, antes de que entre el nuevo Poder Judicial.
Y eso último no es poca cosa, pues el rediseño de la Agencia de Transformación Digital y la eliminación del IFT son parte del mismo paquete con el que Morena busca reordenar el Estado… sin contrapesos.
Para ser más claros: La narrativa cambia, pero el objetivo sigue firme.
Su argumento lo dicen muy simple: No es censura, sólo “recuperar atribuciones”.
Pero en democracia recuperar el control a costa de derechos siempre es una línea muy delgada.
EL GOBIERNO DE MÉXICO NO CENSURA A NADIE: SHEINBAUM PARDO
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que con la nueva Ley de Telecomunicaciones el Gobierno de México no busca censurar a alguien, mucho menos lo que se publique en plataformas digitales.
Destacó que, en particular, el artículo relacionado a plataformas digitales tiene que modificarse o eliminarse, ya que ese no es el objetivo de la Ley, además de que crea confusión y se piensa que es para censurar.
“En todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no censura a absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”, agrega.
Recordó que con esta Ley lo que se busca es que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política o ideológica en México y también se busca que se recuperen atribuciones a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como de la creación de un nuevo organismo antimonopolio.
Aseveró que en caso de ser necesario antes de que la Ley sea aprobada en su totalidad desde el Senado de la República se abra una discusión para que asista el titular Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como los expertos que ayudaron en su realización para que pueda explicar el objetivo de la reforma.
“Para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la Ley”, puntualiza de manera categórica Sheinbaum Pardo.
TRAS LA PETICIÓN PRESIDENCIAL, CÁMARA ALTA APLAZA VOTACIÓN SOBRE CENSURA
Luego de las críticas a la reforma de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de que la Primera Presidenta informara que pediría al Senado cambiar el Artículo 109, la Cámara Alta aplazó la votación de la iniciativa en el Pleno, prevista para el próximo lunes 28 de abril.
En un comunicado, el Senado de la República informó que retrasará la votación del dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para abrir una consulta con representantes del sector, expertos y el propio gobierno, a fin de mejorar su redacción.
La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira, enfatizó que en Morena están abiertos a escuchar los planteamientos hechos por expertos, interesados en el sector y la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó su disposición a que el tema se discuta en un próximo periodo extraordinario, para dar espacio a revisar y perfeccionar la redacción del articulado.
También detalló que en el caso del artículo 109 de la mencionada ley, se va a revisar para afinar su redacción y que no quede duda de que este gobierno no censura ni ataca la libertad de expresión.
“Es un derecho por el que siempre hemos luchado en la izquierda, contrario a la derecha que hace veinte años cercenó los derechos de las audiencias”, resaltó.
Sin embargo, la senadora advirtió que no obstante en la revisión del articulado no habrá marcha atrás en la decisión de que el Estado recupere la rectoría sobre las telecomunicaciones y la regulación de spots extranjeros con propaganda política, ideológica o comercial, con contenidos discriminatorios para los mexicanos.
Chavira de la Rosa lamentó que esta iniciativa, que enmienda errores en la llamada “ley Televisa”, haya sido distorsionada por las mentiras de la derecha, que ahora critica el procedimiento legislativo, pero ya se le olvidó cuando hace veinte años la votó en menos diez minutos en San Lázaro.
“Quieren desviar la atención en el fondo de esta iniciativa, que lo que busca es proteger los derechos de las audiencias y llevar la conectividad a los lugares más remotos del país que han sido marginados de la tecnología y la digitalización”.
La senadora recordó que ya se dio primera lectura en el pleno del Senado, una vez que las comisiones dictaminadoras votaron el dictamen, con la intención de votarlo en la sesión del lunes, sin embargo, se abrirá un periodo de consultas para pulir el dictamen sobre inquietudes genuinas y no sobre las acusaciones de la oposición.
Sobre el artículo 109, la iniciativa establece que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en la nueva reforma.
¿DE QUÉ TRATA Y QUÉ CONTIENE EL PROYECTO DE LEY TELECOM DE CLAUDIA SHEINBAUM?
México tendrá este año un nuevo marco legal en telecomunicaciones y radiodifusión.
La Presidenta Claudia Sheinbaum envió una propuesta de ley para abrogar a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), para dar lugar así a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ya está siendo discutida en el Congreso de la Unión y también haciendo ruido por un supuesto espíritu de censura y por posibles violaciones al T-MEC que presenta su contenido.
El proyecto se presenta ante el Congreso como una herramienta para apuntalar a México en la industria 4.0, y con una estrategia de país más clara sobre el aprovechamiento del nearshoring, el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial y otras innovaciones que hacen parte del ecosistema digital alrededor de la tecnología 5G.
Por eso es que esta nueva ley de telecomunicaciones es trascendente, porque definirá el marco de la gobernanza digital de México de cara a las siguientes décadas, de ahí que su aprobación en el Congreso de la Unión requiere antes de una discusión profunda.
El documento, de 311 páginas y 310 artículos, entre principales y transitorios, comenzó a circular por la tarde de este miércoles 23 de abril, cinco meses después de que una reforma constitucional de simplificación administrativa a nivel federal eliminó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el pretexto de que esta autoridad no fue eficiente en combatir a los monopolios y tampoco pudo abatir la brecha digital que al arranque del 2025 afectaría a unos 25 millones de mexicanos.
La reforma de simplificación administrativa, que también provocó la extinción de otros órganos autónomos como la Cofece y el INAI, implicaba entonces la creación de una nueva autoridad reguladora y un nuevo marco legal para la industria de telecomunicaciones y radiodifusión en México, fue por eso que se propuso la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una supersecretaría por el volumen de facultades que le asignaron, pero que a pesar de ello no observará temas de competencia económica en telecomunicaciones como sí miraba el IFT.
LEY DE TELECOM FACILITA LA CENSURA: R3D Y ARTÍCULO 19
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea riesgos significativos en términos de censura, violación de derechos humanos y distorsión de la competencia en el sector; esto según diversas organizaciones de la sociedad civil que exigen que el nuevo marco legal garantice la libertad de expresión y respete los derechos de las audiencias y de los medios de comunicación.
Con la Ley de Telecomunicaciones, México multará a televisoras, radios y medios digitales que difundan publicidad de gobiernos extranjeros.
Las empresas de radio y televisión y las plataformas digitales que comercialicen espacios para difundir propaganda gubernamental o política de otros países podrán ser sancionadas con multas de hasta el 5% de sus ingresos.
En términos generales, la legislación confiere a la Agencia de Transformación Digital (ATD) la responsabilidad de gestionar el espectro radioeléctrico y garantizar su disponibilidad para satisfacer la creciente demanda de comunicaciones inalámbricas.
La meta es reducir la brecha digital, fortalecer la competitividad del país y ampliar el acceso a las tecnologías de la información.
La ATD asumirá funciones que anteriormente estaban en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo recientemente disuelto. Entre sus nuevas competencias figuran la planificación del uso del espectro, la concesión de licencias, la supervisión de emisiones y la aplicación de sanciones.
Asimismo, el proyecto establece que la supervisión de contenidos recaerá en el gobierno federal. No obstante, se afirma que los concesionarios conservarán “plena libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial”, garantizando la ausencia de censura.
Además, se subraya que las audiencias y los usuarios representan “el componente más importante del ecosistema de telecomunicaciones”, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la encargada de proteger sus derechos.
El texto también prohíbe la difusión en el territorio nacional de propaganda política proveniente de gobiernos extranjeros, tanto en medios digitales como en estaciones de radio y televisión.
Se contemplan sanciones económicas proporcionales a los ingresos de las empresas infractoras y, en caso de reincidencia, la revocación de concesiones a medios tradicionales, así como el bloqueo de plataformas digitales.
La organización independiente Artículo 19 advierte que la norma carece de precisión en cuanto a la gestión del espectro. “Se vislumbra, por ejemplo, que se otorguen concesiones bajo criterios políticos y no de interés público, permitiendo el retiro de licencias a medios independientes y críticos con base en argumentos subjetivos, sin motivación o ambiguos”, señala.
También cuestiona que la normativa obstaculiza el reconocimiento de los derechos colectivos sobre el espectro radioeléctrico y la propiedad comunal de la infraestructura en territorios originarios. “No se reconoce explícitamente el derecho a la comunicación con pertinencia cultural y lingüística de los pueblos indígenas”, apunta.
Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) considera que la redacción actual de la iniciativa podría permitir restricciones severas a la libertad de expresión en Internet.
La organización hace especial énfasis en el artículo 109 del Capítulo VIII, el cual establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital para el bloqueo temporal de una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las normativas correspondientes. La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento del bloqueo de una plataforma digital”.
“El cierre total de plataformas constituye una medida extrema, equiparable a clausurar una estación de radio o televisión, lo cual resulta injustificable frente a la prohibición de censura previa que consagran tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, advierte R3D.
En una línea similar, Artículo 19 sostiene que bloquear una aplicación o servicio digital, de manera temporal o definitiva, es inconstitucional. “Los estándares internacionales en materia de derechos humanos prohíben mecanismos que obstaculicen la libre circulación de ideas y opiniones, como lo sería el bloqueo de plataformas digitales”, alega.
R3D también advierte que la nueva ley contiene disposiciones que pondrían en riesgo la privacidad de los usuarios. Destaca, por ejemplo, que el artículo 8, fracción LXV, faculta a la ATD para “expedir los lineamientos del registro de usuarios del servicio móvil, a cargo de los concesionarios y, en su caso, de los autorizados, siendo de observancia obligatoria”.
La organización considera que esta disposición intenta revivir el fallido proyecto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que pretendía vincular datos biométricos con los registros de tarjetas SIM y que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.
***Académico y consultor.
