Pese a sus problemas, es preferible que las dictaduras y regímenes autoritarios porque protege el sufragio libre y secreto * La polémica propuesta de la abogada y académica Natalia Torres cayó como “anillo al dedo” en la Mañanera, pues todo lo que se opine en contra de los intereses del gobierno de la 4T puede ser utilizado en contra de quien lo exprese * Morena ya sabe quiénes conforman su clientela electoral. “De cada 10 de los más pobres, 9 apoyan nuestro movimiento y lo mismo sucede con los niveles más bajos de escolaridad”, expresó el expresidente López Obrador

MARCO ANTONIO FLORES***

Winston Churchill dijo que “la democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las demás que se han inventado”.

Defiende que, a pesar de sus problemas, es preferible a las dictaduras u otros regímenes autoritarios porque protege la libertad.

Por otro lado, recientemente ha circulado en redes otra cita que se le atribuye al exprimer ministro británico: “El problema de Latinoamérica es que quienes eligen a los gobernantes no son las personas que leen los periódicos sino los que se limpian el culo con ellos”.

Sin embargo, no existen registros fehacientes de que Churchill haya dicho esto, aunque por el sabio sarcasmo e ironía que lo caracterizaban esta cita sería creíble en su persona.

Como la anécdota que refería que en una ocasión una bella mujer le propuso tener un hijo, que podría resultar en una persona que tuviera la belleza de ella y la inteligencia de Churchill, a lo que el político británico reviró: “Mejor no lo tenemos, porque podría resultar con la belleza de él y la inteligencia de la bella dama”.

La cita sobre el voto en Latinoamérica viene al caso en el contexto en que abordaremos la forma en que se ha conformado el electorado en México en los últimos años.

Pocos sabíamos sobre la existencia de Natalia Torres, abogada y profesora de la Universidad Panamericana, pero logró posicionarse en la opinión pública gracias a la Mañanera del Pueblo.

A la profesora de Teoría Constitucional se le ocurrió dar una opinión sobre lo que se podría hacer para lograr que millones de mexicanos ejerzan su derecho al voto con conocimiento de causa y lograr, en mayor medida, que el voto de la mayoría de los mexicanos se convierta en un auténtico “voto razonado”.

Las declaraciones de la profesora generaron una fuerte polémica luego de proponer -en un podcast- que el Instituto Nacional Electoral (INE) impartiera cursos o sesiones informativas obligatorias para los ciudadanos y que, al finalizar, aplicara un examen como requisito para entregar la credencial para votar.

Esta propuesta provocó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios calificaron la propuesta como clasista y cuestionaron que el derecho al voto pudiera condicionarse al nivel de conocimientos de la población.

Esta polémica propuesta cayó como anillo al dedo en la Mañanera, ya que -como es costumbre y lo estableció el expresidente Andrés Manuel López Obrador- todo lo que se opine en contra de los intereses del gobierno de la 4T puede ser utilizado en contra de quien lo exprese.

López Obrador estableció la costumbre de exhibir, fustigar, agredir y condenar a quien osare opinar diferente de los intereses de su movimiento político.

Sus blancos favoritos fueron prestigiados periodistas como Raymundo Rivapalacio, Joaquín López-Doriga, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva, a quienes sentaba en el banquillo de los acusados para atacarlos con toda la fuerza del Estado y con todos los recursos de los medios públicos.

Esta línea de trabajo la ha repetido la Primera Presidenta Claudia Sheinabum Pardo en sus Mañaneras que se han convertido en “copy page” de las de su antecesor.

Los argumentos que cada ciudadano o periodista exprese pueden ser debatibles, pero lo que no se vale es tratar de juzgar, condenar y sentenciar la libre expresión de ideas con todo el aparato oficial en contra.

EL SUFRAGIO ES UN DERECHO DEL PUEBLO: SHEINBAUM

Respecto a la propuesta de la profesora Natalia Torres, la Mandataria Sheinbaum Pardo rechaza la propuesta de restringir el derecho al voto con base en el nivel educativo.

Durante su conferencia matutina del pasado lunes 20 de julio de 2026, la titular del Poder Ejecutivo defendió que el sufragio es un derecho universal y que todos los ciudadanos tienen el mismo valor al momento de votar, sin importar su nivel de estudios, condición económica, edad o lugar de residencia.

“Fíjense, el voto es quizá el momento más democrático del día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que el de la persona menos acaudalada”, añade Claudia Sheinbaum.

ABUSO DE PODER: ROJO DE LA VEGA

Por su parte, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, señala que la exposición que sufrió la abogada fue “un abuso de poder” y advierte a la población que la actitud de Sheinbaum tiene intenciones perversas, pues lo que busca es “promover un linchamiento mediático, mientras la opinión pública deja de hablar de los vínculos de morenistas gobernantes con el narco.

“Estas prácticas deberían darnos miedo a todos”, añade
Rojo de la Vega Piccolo.

Señala que la contradicción central no está en el debate de ideas, sino en la conducta del oficialismo frente a una voz crítica.

También cuestiona a quienes, según dijo, antes denunciaban persecución, censura y autoritarismo, pero ahora reproducen esas prácticas desde el poder.

“Hoy, desde el poder, hacen lo mismo que juraron combatir”, enfatiza Alessandra Rojo de la Vega.

¿QUIÉNES CONFORMAN LA CLIENTELA ELECTORAL DE MORENA? AMLO LO DIJO

Muchos podemos no estar de acuerdo con la propuesta de la profesora Natalia Torres, pero defendemos su derecho a expresarla.

En este caso, coincidimos en que no se puede condicionar o restringir el voto, porque se trata de un derecho universal, el voto debe ser libre y secreto, propio de toda democracia consagrado en nuestra Constitución Política.

Lo que no se puede justificar es el despliegue del poder político para destruir a quien exprese un comentario.

Lo que valdría la pena debatir de lo señalado por la profesora de la Universidad Panamericana es el contexto en el que la propia 4T concibe a quienes conforman su clientela electoral.

Desde junio de 2022, el expresidente Andrés Manuel lo confesó textualmente en una Mañanera: “De cada 10 de los más pobres, 9 apoyan nuestro movimiento y lo mismo sucede con los niveles más bajos de escolaridad”.

A confesión de parte, relevo de pruebas: A la 4T, para conservar el poder, le conviene mantener el mayor número de pobres y de personas con baja escolaridad, no le importa la superación económica y preparación académica, pues se le irían los votos.

Lo antes expuesto, aunado a la clientela electoral en que se convirtieron los programas sociales, debería ser considerado en ese debate sobre el perfil del electorado mayoritario con que cuenta el México actual.

Esto sin contar las trampas y los apoyos de grupos de la delincuencia organizada en las últimas elecciones, como las de Sinaloa y Tamaulipas.

En algunas elecciones también se ha denunciado y demostrado que existe una nueva modalidad de “trampa electoral”, por la cual el partido guinda le exige a sus militantes tomar una fotografía a su boleta, para así comprobar que votaron por sus candidatos; de lo contrario, los amenazan con quitar sus apoyos y programas sociales.

El debate para lograr un voto libre y secreto es el dilema. Un voto razonado, y no coaccionado podría incluir diversas medidas que sí podría tomar el INE, como no permitir la entrada a la mampara con celular.

Con ello, y mayor orientación general sobre el valor y consecuencias del voto, habría menos sufragios comprados o coaccionados.

En el caso de la polémica propuesta de la académica Natalia Torres, el INE podría sólo tomar la parte positiva y en lugar de condicionar la entrega de la credencial para votar a un curso de capacitación, simplemente podría entregar un pequeño folleto ilustrado que explique para qué sirve el voto, qué funciones desempeñan los elegidos en cada uno de los Poderes de la Unión y cómo afecta la vida cotidiana del ciudadano la elección que se realiza, su economía, seguridad, educación, salud, justicia, combate a la corrupción e impunidad.

En la hora actual, y en el marco de la realización de las elecciones intermedias de 2027, en las que se elegirán 17 gubernaturas y miles de cargos de elección popular en todo el país, es deber de nuestras instituciones electorales corresponder a la confianza que han depositado en ellos millones de mexicanos.

El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben recuperar su credibilidad y dar muestra que saben actuar con apego a la ley y con imparcialidad, pues ambos organismos son los garantes constitucionales de la vocación democrática del pueblo de México.

El INE (en sus inicios IFE), desde los 90s, es el encargado de la organización y funcionamiento de todos los mecanismos legales que se dan antes, durante y después de la jornada electoral para garantizar el ejercicio constitucional del voto -deseablemente razonado- libre y secreto para dar certeza a resultados transparentes y confiables.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde 1996, cuenta con un sistema de medios de impugnación que le ha dado la última palabra para dirimir controversias entre partidos, entre partidos y autoridades, entre militantes y órganos de dirección partidarios, todo lo cual debe ser garantía de respeto a la voluntad ciudadana expresada en el voto y apartarse de actuar con sumisión al Poder Ejecutivo, que para muchos eso ya está en entredicho.

Por elemental respeto a nuestro régimen constitucional democrático, es responsabilidad de todos los partidos, candidatos y Poderes de la Unión, incluido el Ejecutivo, respetar la independencia del INE y del TEPJF.

***Académico y consultor.

Ruffo Appel, ¿“cortina de humo” para ocultar el escándalo de Marina del Pilar? * Con la 4T hay otros casos sin investigar: Rubén Rocha Moya y Cía., Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rocío Nahle, etc…

MARKOFLOS

Con la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición -PAN, 1989-, que se da en medio del escándalo de la actual gobernadora morenista de la misma entidad, Baja California Norte, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confiesa en una plática telefónica estar dispuesta a dar “información” de seguridad nacional al FBI.

En un audio, difundido por el periodista Héctor de Mauleón, y ante lo expresado por Ávila Olmeda, surgen preguntas lógicas: ¿Se trata de una “cortina de humo” para ocultar ese escándalo? ¿Se trata de una persecución política? ¿Se tienen los elementos y las pruebas para presumir que se trata del auténtico “rey del huachicol”?

Y hay otra interrogante mucho más cuestionable: ¿Qué relación tiene este caso con la investigación -sin avanzar- del gigantesco contrabando de huachicol fiscal por un monto estimado de 600 mil millones de pesos, en el que están involucrados los sobrinos del exsecretario de Marina, políticos morenistas de primer nivel y funcionarios de Aduanas (que opera Semar)?

No es por comparar, pero los 600 mil millones de pesos del “huachico fiscal” es el mayor caso de corrupción en toda la historia mexicana.

La forma es fondo, decía con sapiencia don Jesús Reyes Heroles. Los grandes pendientes de los últimos sexenios de todos los partidos políticos han sido los siguientes: La procuración y administración de justicia -que corresponde al Poder Ejecutivo-, así como la impartición de justicia -valga la redundancia-, que es responsabilidad del Poder Judicial.

Con Enrique Peña Nieto se logró la reforma que dio lugar a la creación de la Fiscalía General de República que -al sustituir a la Procuraduría General de la República- tuvo como propósito fundamental gozar de autonomía para procurar justicia de manera imparcial y apegada a la legalidad, lo que quedó plasmado en nuestra Carta Magna.

Sin embargo, la primera Fiscalía General de la República se convirtió en una Fiscalía facciosa, dedicada a la persecución política y a la omisión de la investigación de los graves delitos que aquejan al país.

Con la llegada de la 4T se perdió la forma y el fondo. En materia de impunidad y justicia penal, la Cuarta Transformación ha quedado a deber a millones de mexicanos la expectativa de avanzar y mejorar.

La gestión del primer fiscal, Alejandro Gertz Manero, mostró que los casos más relevantes que operó se caracterizaron por tratarse de burdas, persecuciones y “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.

A esta línea de trabajo parece darle continuidad la actual fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, lo cual no resulta sorprendente si se recuerda el caso de los familiares de Gertz Manero; el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del fiscal “Abogado de la Nación”, quien se ocupó de meterlas a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.

En ese caso, la entonces fiscal General de Justicia de la CDMX, Godoy Ramos, le hizo “segunda”, violando garantías fundamentales, como la “garantía procesal” y “plena seguridad”.

Otros célebres casos de “venganzas políticas” y uso faccioso de la justicia penal fueron: El de Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Francisco García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya Cortés, por mencionar los más relevantes. La forma en que se han operado estos casos significan una regresión respecto a tres aspectos fundamentales: Vulneran el “debido proceso”, atentan contra el principio de “presunción de inocencia” y admiten la presentación de “pruebas ilícitas”.

La actual FGR parece mostrar la misma forma facciosa de operar de su antecesor. Tiene su primer caso escandaloso con la aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ya que luego de que el juzgador de carrera Elizondo Martínez rechazó otorgar la orden de aprehensión en junio de 2026 por falta de pruebas, el 13 de julio de 2026 la FGR presentó una nueva solicitud de captura, esta vez ante Alejandra Ramírez de la Vega, una juez de elección popular (del famoso “acordeón”), quien concedió la orden de aprehensión.

Lo burdo de la maniobra es obvio. La juzgadora aclaró en su resolución que atendió el caso por encontrarse de guardia, aunque el proceso penal corresponde resolverlo al juez Elizondo Martínez.

El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, defendió al expanista Ernesto Ruffo Appel y cuestionó a la FGR por no estar investigando a los funcionarios de Aduanas, quienes debieron permitir la comisión de dichos delitos, supuestamente por parte de la empresa fundada por Ruffo Appel.

“Si a ti te dan un permiso para meter 10 millones de litros de combustible y resulta que metes 110 millones, como dice Ernestina [Godoy], pues el que revisa eso es la aduana, que controla el gobierno, no el agente aduanal. Es el gobierno el que permite que meta más gasolina.

“Yo no veo que estén investigando a Rafael Marín, a Horacio Duarte ni a Ricardo Peralta. Ahora resulta que están presentando a Ernesto Ruffo como ‘el rey del huachicol’. Eso es imposible, ¿quién puede tener tanto control y tanto poder sobre el contrabando de combustible si no es el gobierno?”, cuestiona Acosta Naranjo.

El líder partidista asegura -de manera personal- que él platicó con Ruffo sobre las acusaciones que pesaban contra él desde hace más de un año y comprendió que era un intento de “lavarle la cara a la gente del gobierno”.

Al primer gobernador de oposición -del PAN- que asumió la gubernatura de Baja California Norte en 1989, la referida juzgadora le dictó como medida cautelar la prisión preventiva y Ruffo Appel ya se encuentra en el penal del Altiplano.

No sabemos si Ernesto Ruffo sea responsable de alguno de los delitos que se le imputan, pero sería lamentable que se tratara de una persecución política, como ocurrió con Rosario Robles, a quien el fiscal Gertz Manero metió a la cárcel con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, quien es enemiga pública de Robles, “judicializaron un expediente sin haber confirmado un delito”, como lo afirmó en un documento escrito Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles.

Moguel Robles señala que “su madre enfrenta un proceso violatorio a sus derechos humanos, a preceptos importantes como la presunción de inocencia, el principio pro persona, el debido proceso y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Rosario Robles afortunadamente pudo ser liberada por el anterior Poder Judicial, pero ahora con un Poder Judicial del acordeón, totalmente subordinado al Poder Ejecutivo, ¿quién podrá salvar a Ruffo Appel?

Otro caso que fue resuelto por el aún Poder Judicial “independiente” fue el del exgobernador de Tamaulipas; el Primer Tribunal Colegiado Decimonoveno de Circuito rechazó el recurso de revisión que interpuso la FGR para apelar el fallo de un juez federal, que lo amparó contra la orden de aprehensión.

A principio del gobierno que encabeza la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hubo la expectativa de que habría reformas que permitirían avances y mejoras en materia de justicia y combate a la impunidad.

Repito, la forma es fondo. El expresidente Enrique Peña Nieto, aún sin contar con una Fiscalía independiente, metió a la cárcel a seis gobernadores de su sexenio y de su partido, aplicó la procuración y administración de justicia sin excepción, por encima de sus intereses partidistas, no protegió ni eximió a alguno de sus correligionarios. Asumió el costo político de sus decisiones en materia de justicia.

Pero con la 4T se inició la regresión con una Fiscalía General dependiente y sumisa a intereses políticos, que no investiga a ningún morenista -léase Rocha Moya y camarilla, Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Rocío Nahle, etc.

En esa ruta la FGR perderá toda la credibilidad y la capacidad para avanzar en la mejora de la administración y procuración de justicia.

Se alejará la esperanza de que 130 millones de mexicanos cuenten con auténtica justicia y de que se fortalezca nuestro demeritado Estado de Derecho.

México tendrá que esperar para otro gobierno… y es que hay propuestas serias para mejorar la justicia penal. La primera es, sin duda, la voluntad del Poder Ejecutivo para avanzar en esa materia.

Hay otras reformas de carácter técnico, de las que sólo enunciamos dos que son la “clave”: La “Renovación del Ministerio Público” -apoyado de la policía investigadora eficaz-, que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista; y segundo, la creación de un “nuevo y único Código Penal Nacional”. Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad no están en la agenda de la Cuarta Transformación.

Por ahora sólo nos queda observar hasta dónde se destruirán los logros y avances que después de 14 años se habían logrado con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

A México le urge contar con un Sistema de Justicia Penal eficiente y garantista.

“Era suyo, lo tenían y lo dejaron ir”… como dijera el cronista deportivo Enrique ‘El Perro’ Bermúdez * Mientras en las Cortes americanas se integran sólidos expedientes, pruebas y sentencias, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo y la soberanía

MARKOFLOS

Parodiando al popular cronista deportivo Enrique “El Perro” Bermúdez, podríamos referirnos al piloto de la nave que trasladó al Mayo Zambada, aludiendo a la Fiscalía General de la República (FGR): “Lo tenían, era suyo y… lo dejaron ir”.

La responsabilidad sin duda es de la FGR de haber entregado a Estados Unidos al piloto mexicano -que llevó a ese país al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada- cuando ya estaba detenido en México y era una valiosa fuente para aclarar el secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa.

Ahora que se sabe fue un operativo arreglado por el FBI, esto implicaría que sólo lo podrían haber sabido los cuatro o cinco protagonistas de esa operación encubierta, entre ellos el piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda, quien fue deportado a México sin que alguien advirtiera de quién se trataba, hasta que fue detenido en flagrancia y luego entregado nuevamente a la justicia de Estados Unidos, sin darse por enterados que era el piloto de planta de “Los Chapitos”.

No es que seamos mal pensados, pero surgen las siguientes interrogantes: ¿Nadie se percató de quién se trataba? ¿Se le interrogó aquí sobre la extracción de “El Mayo”?

De acuerdo con el fiscal regional David Boone de la Garza, fue la FGR la que ordenó la entrega a Estados Unidos del piloto Núñez Ojeda.

Si eso ocurrió antes del 3 de diciembre de 2025, la responsabilidad de la entrega del piloto recaería en Alejandro Gertz Manero, quien hasta ese día fue fiscal general de la República y que como premio a su “brillante” desempeño fue designado embajador en el Reino Unido.

Dos años llevaba el Estado Mexicano esperando que el gobierno norteamericano le entregara información sobre la captura del Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024.

Hace apenas unos días, un reportaje de Luis Chaparro reveló una declaración del FBI, en la que el organismo aceptó que el operativo contra ‘El Mayo’ Zambada fue suyo: planeado, organizado y ejecutado la misión en territorio mexicano, con Joaquín Guzmán López como el principal ejecutor en campo.

El reportaje también señala que el avión fue modificado: Le cambiaron el motor, la pintura, las luces y el número de serie. El FBI donó el avión en el que trasladaron al ‘Mayo’ Zambada al War Eagles Air Museum.

El 8 de julio de 2026, la Fiscalía General de la República ofrece una conferencia en la que planteó diversas anomalías: Violaciones graves al derecho mexicano e internacional, un pacto fuera de los canales legales entre países y una mentira del embajador Ken Salazar, quien violaría el principio de buena fe diplomática.

Además, la FGR solicitó -otra vez- formalmente al gobierno de Estados Unidos que proporcione información sobre lo ocurrido con el caso Zambada.

México tiene 32 investigaciones abiertas contra ‘El Mayo’ Zambada, con órdenes de aprehensión vigentes. Aun así, se ve imposible traerlo de regreso.

Durante la referida conferencia de prensa, la Fiscalía General de la República recriminó que el FBI entregara información “falsa, parcial e insuficiente” sobre lo sucedido en julio de 2024, cuando el narcotraficante Ismael Zambada fue secuestrado tras una traición de sus socios en el Cártel de Sinaloa y entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Sobre este punto, y muy polémico por cierto, es relevante esclarecer que en estricto el FBI no violó alguna ley mexicana, si nos atenemos a que el acuerdo FBI-Joaquín Guzmán debió haberse limitado al compromiso del Chapito mayor de poner al Mayo Zambada en territorio norteamericano, sin que formalmente el FBI pusiera pie en territorio mexicano.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, hizo varios señalamientos: “En agosto de 2024, personal de la Fiscalía General de la República acudió a inspeccionar en las oficinas de El Paso, Texas, los indicios encontrados en la aeronave, y posteriormente el avión en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México”.

Godoy Ramos asegura que no se les facilitó el acceso para “realizar las acciones pertinentes” ni “se proporcionó la información requerida”, “ni se permitió tomar fotografías” y que en las “constancias se advierte que las autoridades norteamericanas han dado datos falsos e imprecisos de identificación de ese avión”.

Ante esto, surge otra pregunta: ¿De cuándo acá una agencia norteamericana, como el FBI o la CIA, tienen obligación de proporcionar a un gobierno extranjero información sobre sus “misiones secretas”?

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que el gobierno norteamericano nunca proporcionó información respecto al referido operativo.

Acusa al exembajador Ken Salazar de haber mentido en su momento. Asimismo, subraya que a partir del secuestro de Zambada se desató una guerra civil en el Cártel de Sinaloa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en dicho estado, “la que se hubiera evitado” en caso de que el gobierno estadounidense hubiera pedido permiso al Estado Mexicano para capturar al Mayo, toda vez que Zambada no había sido detenido en México desde hace cuarenta años que inició su liderazgo en el cártel más poderoso del mundo.

En relación a lo expresado por la Mandataria Sheinbaum Pardo, el exembajador Salazar acaba de publicar unas memorias en las que aborda su paso por México.

En ellas Ken escribe que el antecesor y mentor de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, estaba preocupado por lo que Ismael Zambada pudiera decir a las autoridades norteamericanas sobre su gobierno y los vínculos del narcotráfico.

“Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, es más bien la participación de Estados Unidos en la captura del Mayo”, replicó Sheinbaum.

Al parecer este desencuentro “verbal” con nuestro socio y vecino del norte sólo servirá para dar continuidad a la narrativa de la 4T: La guerra del narcotráfico es culpa del expresidente Felipe Calderón, así como la guerra de Chapitos contra Mayitos en Sinaloa es culpa del gobierno norteamericano, por no “pedir permiso” para realizar sus operaciones encubiertas.

Adicionalmente se seguirá alimentando el gastado discurso de envolverse en la Bandera Nacional. Que a los “mexicanos se les respeta” y que “si osare un extraño enemigo profanar con su planta nuestro suelo”; que nuestra soberanía pretende ser vulnerada.

Mientras la información sólida, las evidencias, las declaraciones provienen de las agencias y Supremas Cortes de Estados Unidos, la narrativa oficial en México se ha reducido a la consabida estrategia de victimizarse con el discurso del nacionalismo lastimado y proteger a los presuntos delincuentes acusados por EU de estar coludidos con los cárteles mexicanos.

Y aquí nace una enésima cuestión: ¿Qué se intenta evadir detrás de la bandera de la soberanía?

Las pruebas documentales ya obran en expedientes de los juzgados americanos. El Mayo Zambada declaró en su primera audiencia haber sido emboscado tras acudir a una reunión, a la que fue convocado por el gobernador Rubén Rocha Moya, bajo el engaño de mediar en una disputa política entre liderazgos locales. En esa reunión fue secuestrado y enviado a Estados Unidos, al tiempo que se cometió el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y rival político del gobernador.

La Fiscalía estatal fabricó un video y una versión falsa de un asalto en una gasolinera, después la FGR desmoronó el montaje al hallar sangre de los escoltas de El Mayo en la camioneta de la simulación.

Ante esas pruebas documentales, “evidencias” que obran en los expedientes de los juzgados de Nueva York, surge otra vez esta pregunta: ¿Por qué el gobierno mexicano continúa protegiendo al exgobernador de Sinaloa?

Recuérdese que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Rocha Moya como su “hermano”, para muchos López Obrador marcó su “línea” como inamovible.

Y seguimos con las dudas: ¿Por qué no se ha investigado la actuación del exgobernador ni los presuntos vínculos de su gabinete con estructuras delictivas ni el impacto de la violencia en el proceso electoral de Sinaloa?

Es de resaltar que los reportes sobre secuestros o “levantones” de operadores políticos opuestos a Morena, las amenazas directas a candidatos y el control territorial durante los comicios locales forman parte de un expediente que existe en Estados Unidos, pero no en México.

El misterio del piloto y de la aeronave en la que viajaron los capos pone en preocupación al Estado Mexicano, y es que radares de las autoridades de Aeronáutica Civil ni de la Fuerza Aérea Militar registraron el despegue de un avión de territorio nacional con uno de los criminales más buscados, sin que algún sistema de inteligencia, seguridad, o vigilancia lo detectara.

El misterioso piloto que estuvo en las narices de las autoridades tampoco fue detectado y fue expulsado a Estados Unidos sin alguna investigación ni procedimiento legal de extradición.

Este caso evidencia al menos incompetencia que raya en el ridículo. Repito: El FBI no violó alguna ley mexicana, ni tratado internacional en estricto y formal sentido, asi como el exembajador Ken Salazar no mintió.

Mientras en las Cortes americanas se integran sólidos expedientes, pruebas y sentencias, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo y la soberanía.

¿Hasta cuándo la impunidad y el presunto encubrimiento de correligionarios del poder?