Desaparición de organismos autónomos, el golpe traidor * El Estado Mexicano regresó a la opacidad, a ser juez y parte -como ocurría en los años 70s- en los procesos de transparencia, evaluación, auditoría, avances, alcances y calificación de la actividad gubernamental
MARCO ANTONIO FLORES***
Una sociedad informada es libre y democrática, una sociedad que no lo está es controlada y manipulada.
Especialistas en administración pública, académicos, juristas y constitucionalistas han señalado que la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, o su incorporación a las dependencias del Poder Ejecutivo, es “un retroceso para la democracia en nuestro país”, debilita la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos de la sociedad y la limitación del Estado.
Se pierden contrapesos de órganos separados del gobierno, que garantizaban derechos fundamentales de los ciudadanos, la transparencia en el gasto y la gestión pública, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la regulación de precios y balances en el mercado de la energía y las telecomunicaciones.
Todo indica que el Estado Mexicano regresó a la opacidad, a ser juez y parte -como ocurría en los años 70s- en los procesos de transparencia, evaluación, auditoría, avances, alcances y calificación de la actividad gubernamental.
La transformación hizo a un lado a los organismos que habían construido, reglas claras, estipulaciones y parámetros con base a análisis, estudios, investigaciones, evaluaciones internas y foráneas que permitían a cualquier ciudadano contar con herramientas e instituciones para saber si realmente se hace lo adecuado o no en las decisiones del país.
La fortaleza del liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha alcanzado para trascender, más allá de su sexenio, en todas las iniciativas de ley, ocurrencias y hasta caprichos personales, que no pudo concretar por la falta de quórum legislativo para cambios constitucionales.
En febrero de 2024, dio a conocer un paquete de 20 iniciativas de ley que turnaría al Legislativo. El segundo piso de la transformación ha dado puntual cumplimiento a los proyectos que dejó pendientes el anterior gobierno.
Los más polémicos, cuestionados y “regresivos”: La reforma judicial, la reforma electoral y la desaparición de los organismos autónomos.
En enero de 2021 fue la primera vez que el presidente López Obrador (así lo sigue llamando la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo) hizo pública la intención de desaparecer los organismos autónomos, pues al parecer le estorbaban en su afán controlador del poder.
Sus argumentos fueron que existían actos de corrupción y despilfarro al interior de casi todos los organismos autónomos constitucionales: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu); Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En días pasados se consumó la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI.
La reforma establece que sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (la antigua Secretaría de la Función Pública).
Con ello se elimina todo el sistema nacional y los sistemas locales de transparencia y protección de datos.
Se ha reiterado que esta reforma implica una merma para el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Al eliminar al INAI, además, se pierde la legitimidad activa que el ciudadano tenía para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones que atentasen contra los derechos en cuestión, facultad misma que fungía como un mecanismo abstracto de constitucionalidad y en última instancia, como mecanismo de contrapeso entre los Poderes.
Se afecta la facultad de toda persona de acceder a la verdad, la transparencia y rendición de cuentas. Así, se han realizado reformas en cada organismo, a pesar de la necesidad de contar con organismos autónomos y técnicamente especializados.
En el caso de la eliminación del IFT se puso de manifiesto que esto se contraponía al T-MEC, en el cual se estableció que lo referente al ámbito de las telecomunicaciones debe ser regulado por un autónomo, no solo con personalidad jurídica, sino con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión. Derivado de ello, el IFT se convirtió en una especie de “Frankestein”. “El IFT dividió sus funciones en tres instituciones. Una de ellas, la más técnica, quedará adscrita a la Agencia Digital, otra quedará como un organismo descentralizado que estará sectorizado a la Secretaría de Economía (…) y el otro organismo dependerá de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual tendrá, entre sus competencias, la regulación de las radios comunitarias, entre otros temas”.
Respecto a la Cofece, tanto AMLO como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la culpan de haber frenado el crecimiento de las paraestatales del país.
“La Cofece se ha dedicado a parar a las empresas públicas (…). Las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente el sexenio de 2012 a 2018, vean lo que hicieron con Pemex y con la CFE”.
Coneval, que había logrado una perfección para la evaluación de programas sociales y para la medición de la pobreza, con estándares reconocidos internacionalmente, será un apéndice más del INEGI.
En materia educativa, primero se eliminó al INEE, con lo que se perdió la oportunidad de evaluar la calidad de todo el Sistema Educativo Nacional. Ahora, de un plumazo, también desaparece la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
CONSUMMATUM EST
Al parecer una gran parte de mexicanos, al menos 35 millones, está contenta con recibir dinero de los programas sociales -dádivas del gobierno de la 4T- y no le interesa conocer cuánto se gastó y a quién se le adjudicaron las grandes obras públicas.
No le interesa saber si se implementa un programa social cómo se está ejecutando, cuál es el padrón de beneficiarias y beneficiarios.
Estas funciones no deben ser realizadas por el mismo gobierno que las lleva a cabo, porque si hay un acto de corrupción o si la obra se ejecutó de manera inadecuada, o si no se garantizan las condiciones de igualdad en la política social, lo más seguro es que quienes implementan la medida no quieran revelar esa información.
En todo caso se requería fortalecer estos organismos, reformarlos para reducir su costo y volverlos más eficientes, pero no borrarlos.
Con su desaparición pierde la democracia en México, agregue usted que el Poder Judicial, el INE y el TEPJF están acotados, debilitados y vulnerados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que de facto son uno mismo.
Como dijera el exitoso cantante Marco Antonio Solís, “¿a dónde iremos a parar?”. La respuesta la tiene el gobierno transformador encabezado por Sheinbaum, en quien millones de mexicanos todavía depositan su esperanza por un México mejor y un buen estado de bienestar. Que así sea.
***Académico y consultor.
