Las dádivas gubernamentales -en que se convirtieron los programas asistencialistas- de Echeverría Álvarez y López Portillo contuvieron el descontento popular * El gobierno evade su responsabilidad y minimiza los eventos de sangre o la irritación social * Las autoridades mantienen el control de los ninis, los viejitos y no pocos clasemedieros como padrón electoral * Saben que para el 2027, el hartazgo ciudadano que hoy se vive -por la violencia política y las fallidas políticas públicas- estará en el olvido en dos años

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Los mexicanos protagonizaron la primera revolución social del siglo XX con un saldo de un millón de muertos.

Los caudillos utilizaron el hartazgo del campesinado y de regiones fabriles para derrocar al gobierno. Sin embargo, los jefes políticos encarnizaron sucesivas asonadas para hacerse del poder y olvidaron las causas populares.

Sólo la institucionalización del país permitió reconocer la aportación de los sectores productivos al desarrollo nacional. Así surgió el ejido y una Ley Federal del Trabajo que palió las condiciones de los obreros. En la centuria pasada se crearon organismos públicos que fortalecieron las prerrogativas agrarias y laborales.

Sin embargo, la corrupción de sucesivos gobiernos del partido de Estado por casi ocho décadas provocó un resentimiento social que estalló con las movilizaciones como la ferrocarrilera, de electricistas, la magisterial, de médicos y finalmente la estudiantil en el otoño de 1968.

Todos fueron reprimidos, sin embargo, tal vez sólo este último pudo provocar un cambio y obligar al gobierno a estructurar una apertura democrática que sirvió de válvula de escape al hartazgo social.

El descontento ciudadano ejerció presión hasta que se logró la alternancia en la Presidencia. La derecha tampoco fue la solución y el voto de castigo le dio la oportunidad al PRI de regresar a Los Pinos.

La corrupción gubernamental enojó a la gente y creyeron en una propuesta mesiánica que ofrecía la reivindicación de los pobres y la erradicación de los deshonestos.

Pero los latrocinios se incrementaron y regresó el demagogo populismo setentero de Echeverría Álvarez y López Portillo, lo que no resolvió los grandes problemas nacionales y sí propició el florecimiento del crimen organizado en connivencia con las autoridades de todos los niveles.

Las dádivas gubernamentales en que se convirtieron los programas asistencialistas contuvieron el descontento social, aunque no la irritación popular por la estrategia para extinguir a la clase media, hoy cooptada en buena parte por esas “ayudas” que compran conciencias y anulan el espíritu aspiracional.

La manifestación del hartazgo social no lo ha podido capitalizar la oposición y su intento por resurgir con la “Xochitlmanía” sólo quedó en efímero fenómeno mediático que no conectó con el elector.

Con la pérdida de la gobernanza a manos de la delincuencia organizada, el incremento generalizado de la violencia, los indicios de que vivimos en un Estado casi fallido o en el mejor de los casos en un régimen autoritario, ¿cómo se manifiesta el hartazgo social?

Ante la ausencia de un gobierno que dé seguridad y paz a la población, ciertos sectores se han inclinado por la justicia de propia mano, y ello se ve con los cientos de linchamientos de delincuentes en diversas localidades del país o en colonia urbanas.

Ante eventos que dañan a las comunidades se pronuncian por la toma e incendio de los edificios públicos como palacios municipales o de gobierno, el cierre de calles hasta obtener la solución a un pliego petitorio, la toma de casetas y autopistas, la retención de autoridades, las marchas y bloqueos de avenidas, el secuestro de instalaciones e inclusive las protestas violentas de los ultras, que son quinta columnas para desacreditar las movilizaciones sociales.

La violencia política, signo distintivo de estos tiempos, ha socavado no sólo la gobernabilidad, sino la paz. Pero la indignación popular ¿sugiere un posible estallido social para reivindicar el retorno a la tranquilidad y al Estado de Derecho? No.

El gobierno evade su responsabilidad y minimiza los eventos de sangre o la irritación social. Mientras tanto el mexicano de la calle, empresarios y denostada clase media se abstiene de protestar.

Si bien es cierto que, como decía Salvador Allende, la revolución la hacen los obreros y los campesinos, la verdad es que somos un pueblo de agachones que es indiferente ante el desmoronamiento del país.

Las autoridades prefieren correr el riesgo de perder legitimidad por ineficaz que ejercer el poder.

Mantienen el control de los ninis, los viejitos y no pocos clasemedieros como padrón electoral. Saben que para el 2027, la indignación e irritación social que hoy se vive en el país por la violencia política y las fallidas políticas públicas se olvidará en dos años.

Habrá nuevas tragedias y más distractores que encubran las primeras. La indiferencia social es más fuerte que el hartazgo.

Luis Antonio Vidal recuerda que en 1999 Elie Wiesel, sobreviviente de los campos de concentración nazis, pronunció un discurso en la Casa Blanca sobre los peligros de la indiferencia, la cual puede ser muy tentadora, ya que resulta más fácil apartar la mirada de las víctimas.

La indiferencia es amiga del enemigo, beneficia al agresor; no responder al dolor ni aliviar la soledad de las víctimas y no ofrecerles una chispa de esperanza es exiliarlos de la memoria humana. La indiferencia no sólo es pecado, es también castigo.

Las marchas de cientos de miles de ciudadanos en las calles del país y la exigencia de revocación de mandato de gobernantes no preocupan a la 4T. La indiferencia en México es más grande que el hartazgo social.

Educación, salud, seguridad y economía, las demandas principales * Se publicó el informe del World Justice Proyect of Law 2025, el cual mide el respeto al Estado de Derecho en 143 países y México bajó en ese ranking mundial a la posición 128 y al lugar 28 de 32 naciones en la región

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

A las asignaturas pendientes del gobierno en materia de educación, salud, economía y seguridad, se suma la pérdida de la gobernanza a manos del crimen organizado y la construcción de un Estado autoritario.

Se publicó el informe del World Justice Proyect of Law 2025, el cual mide el respeto al Estado de Derecho en 143 países y México bajó en ese ranking mundial a la posición 128 y al lugar 28 de 32 naciones en la región.

Sólo estamos menos jodidos política y democráticamente que los gobiernos -es un decir- de Afganistán, Camboya, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El informe mide los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, un gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

A nivel mundial el organismo internacional comprobó el deterioro del Estado de Derecho por una disminución de los controles sobre el Poder Ejecutivo, un mayor sometimiento de los órganos legislativo y judicial y la ausencia de una supervisión independiente de los gobiernos.

En México, es evidente la inexistente división de Poderes, la instauración de una presidencial casi imperial, omnímoda, omnipresente y omnipotente que impuso un Congreso abyecto y sepultó al Poder Judicial para instaurar a ignorantes jueces de consigna, además de desaparecer los contrapesos constitucionales, los órganos autónomos y actuar en la opacidad y sin transparencia.

Las conclusiones del trabajo 2025 establecen que la recesión del Estado de Derecho se acrecienta en la medida en que se profundizan las tendencias autoritarias.

En el caso mexicano, como en la mayoría de los países observados, se dio un deterioro en indicadores de libertad de expresión, de asociación, de justicia civil y penal.

A nivel mundial hubo un retroceso del 68 por ciento, el índice más alto desde que hay ese registro. Lo alarmante es que el deterioro de las democracias se da en gobiernos populistas, de izquierda o derecha, que arribaron al poder mediante procesos electorales.

Y pensar que la era del nacismo se suponía una etapa histórica superada, pero El Salvador, Turquía o la India dan prueba de lo contrario y México se acerca a esos gobiernos autoritarios.

Pueblo que no aprende de su paso está condenado a repetir sus tragedias, dice la conseja.

Hitler instauró el tercer Reich mediante el sufragio ciudadano basado en un falso nacionalismo y se apoderó del Reichstag (parlamento) luego de incendiarlo.

Toda proporción guardada, el expresidente tabasqueño obnubiló a una nación con la oferta populista de reivindicar a los pobres y acabar con la corrupción y sólo incendió al país con su discurso polarizante y enraizó la corrupción.

Bien establece el informe del World Justice Proyect of Law, en los países carentes de Estado de Derecho, hay una mayor injerencia gubernamental.

Hoy vivimos una presidencia casi imperial y aunque no necesitaron incendiar el parlamento, les bastó con controlar a un espurio y abyecto Congreso para gobernar y estallar al Poder Judicial para cumplir con un capricho dictatorial y de paso sepultar la gran aportación de México al Derecho: el juicio de Amparo.

Más allá de la narrativa oficial, la realidad es que el crimen organizado y un populismo setentero han menoscabado la gobernanza y derruido el Estado de Derecho de la democracia.

APOSTILLA

Ser reconocida por Forbes entre las “Empresas que transforman el futuro” no es un logro menor; es la validación internacional de una visión que desde hace más de tres décadas desafió el paradigma del desecho.

Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) convierte los residuos en símbolos de innovación, energía y compromiso social.

Su inclusión en el Premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable demuestra que la sostenibilidad corporativa puede ser el eje de una nueva economía donde nada se pierde, todo se transforma y la rentabilidad se mide también en beneficio ambiental.

En un país donde la gestión de residuos aún enfrenta rezagos estructurales, PASA construyó un modelo empresarial que redefine las reglas del juego.

Su operación integra tecnología, eficiencia y responsabilidad, además reincorpora más del 99% de las mermas generadas en sus procesos y reduce drásticamente la carga destinada a disposición final.

.Más que rellenos sanitarios, sus centros son polos de innovación ambiental equipados con sistemas de control, captación de gases y aprovechamiento energético; la basura deja de ser un fin para convertirse en principio de una nueva cadena productiva sustentable.

Bajo el liderazgo de Alberto Eugenio Garza Santos, presidente del Consejo y reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como un empresario ambientalista, y del CEO Manuel González Rodríguez, PASA demuestra que el desarrollo económico y la protección del entorno pueden coexistir.

Su trabajo educativo en escuelas y comunidades y su presencia en la Bolsa Mexicana de Valores muestran una empresa madura, transparente y con propósito.

PASA no sólo transforma residuos: transforma mentalidades, redefine el rol empresarial y confirma que la sostenibilidad, cuando se gestiona con inteligencia, es la más rentable de las inversiones.

En materia de equidad, calidad y acceso * Urge cerrar la brecha entre los sistemas educativos públicos y privados

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

La educación en México enfrenta desafíos históricos en materia de equidad, calidad y acceso.

Ante las carencias del sistema público, las escuelas particulares se han consolidado como una alternativa para miles de familias que buscan mejores condiciones de aprendizaje para sus hijos, aunque con ello se amplía la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no.

La ideologización educativa impuesta por los gobiernos de la 4T provocó una pobreza de conocimientos en las escuelas oficiales y dejó de ser semillero de alumnos competitivos que se convertirían en futuros destacados profesionistas.

La educación pública sólo prepara hoy mano de obra barata y deja la educación de calidad en manos de los colegios particulares.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2024-2025 más de 5.6 millones de alumnos cursan sus estudios en instituciones privadas, lo que representa alrededor del 14 por ciento de la matrícula total del estudiantado.

La anterior cifra ha ido en aumento durante la última década, impulsada por la percepción de una educación más personalizada y con mejores recursos tecnológicos.

Sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento del sector privado también refleja un deterioro de la confianza en las escuelas públicas, donde los problemas de infraestructura, la falta de materiales y los bajos resultados en evaluaciones nacionales -ya no diga en los internacionales como la prueba PISA- son comunes.

Las escuelas particulares no debieran ser vistas como una competencia, sino complemento del sistema educativo, señaló a este columnista el académico Antonio Luna Campos, quien resaltó que el reto es garantizar que la calidad educativa no dependa del poder adquisitivo de las familias.

El auge de las escuelas privadas también ha transformado su perfil. Mientras algunas mantienen cuotas altas y modelos exclusivos, otras ofrecen costos accesibles y programas mixtos. Aun así, la desigualdad educativa persiste.

Cabe mencionar que, a pesar de los beneficios de la educación privada, ésta se ha visto amenazada por una ligera disminución en su matrícula, ya que el gobierno federal otorga muchas prestaciones a niños y jóvenes como uniformes, mochilas, ciertos útiles, dinero y hasta el incentivo de no ser reprobados, a pesar de su bajo rendimiento, lo que ocasiona que su padres decidan que sus hijos permanezcan en dichos planteles, aunque no adquieran conocimientos ni finquen las bases sólidas de una preparación universitaria que les permita ser absorbidos por un  mundo globalizado más competitivo.

La mayoría de los alumnos estudian en planteles públicos con recursos muy limitados, una educación escasa y acientífica porque los desafíos como la capacitación docente, la actualización de planes de estudio y la inversión en infraestructura no están contemplados en los planes sexenales ni en los presupuestos de los gobiernos.

Urge cerrar la brecha entre los sistemas educativos públicos y privados, pero el proyecto político de la 4T no visualiza  la educación de calidad ni el apoyo a la ciencia y la tecnología, porque su prioridad es concentrar los recursos en las dádivas electorales que se dispersan a través de los programas asistencialistas.

Lamentablemente, la educación pública en México no forjará a los profesionistas del futuro, sino obreros mal pagados. Ojalá pronto lleguen gobiernos que cuenten en sus gabinetes con nuevos Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez o Jesús Reyes Heroles. El país lo merece y necesita.

APOSTILLA

El gobierno de la autollamada 4T no solo queda a deber en materia educativa, sino en seguridad.

En la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI se informó que el 63 por ciento de los mexicanos se siente inseguro en su localidad y, en el caso de las mujeres, la cifra se elevó a 68.2 por ciento.

En septiembre del año pasado, el indicador nacional estaba en 58.6 por ciento, 4.4 por ciento menos.

Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca son las ciudades con mayor percepción de inseguridad; la capital sinaloense destacó con 88.3 por ciento.

Por su parte, la OSC México Evalúa dio a conocer que, de enero a septiembre de 2025, 17 estados de la República mostraron cifras preocupantes de violencia letal: rankean en los primeros lugares Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Quintana Roo.

Todavía hay retos importantes en la agenda de seguridad, como reducir los homicidios dolosos, la violencia política, las desapariciones forzadas, la extorsión y el narcomenudeo. Urge que regrese la paz y la tranquilidad social.

EDUCACIÓN EN RETROCESO

El 21 de octubre pasado, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), debió “comparecer” en el Senado de la República para exponer acerca de la situación educativa durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se posponía debido a que el funcionario “fue comisionado” para atender la emergencia por las recientes inundaciones en el país; más allá de esto no hay ninguna duda que la enseñanza mexicana está en crisis y va en picada.

Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en 2022, cuando México se posicionó como el tercer país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Matemáticas y Comprensión lectora, y con el peor puntaje en Ciencia.

México resultó muy bajo en el promedio internacional de todas las asignaturas evaluadas, pues retrocedió 24 puntos respecto a 2003 y 14 respecto a 2018. Asimismo, la evaluación diagnóstica aplicada a alumnos de Educación Básica durante 2022 y 2023 realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, estimó que los resultados obtenidos en Matemáticas, Lectura, Formación Cívica y Ética fueron reprobatorios en primaria y secundaria.

Datos del Observatorio de la Educación evidencian que nuestro sistema de enseñanza está abandonado y no satisface la cobertura educativa, ya que la deserción escolar es alarmante, pues durante el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil estudiantes abandonaron la escuela.

Subraya que existe “un panorama crítico en abandono escolar, estancamiento en cobertura y rezago estructural en regiones indígenas y rurales”; el dato revela la falta de planes para la permanencia escolar, “cifra que por sí sola desmonta cualquier discurso oficial que pretenda ocultar la dimensión de la crisis educativa en México”.

El Informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 2024 aseguró que “México necesita un sistema educativo que genere en sus estudiantes las habilidades necesarias para el futuro, pero también uno que garantice la igualdad educativa en términos de acceso, permanencia y calidad en el país”, algo que ni Mario Delgado ni Morena o la 4T niegan; pero no invierten más recursos económicos ni corrigen el sistema educativo.

Hoy, en pleno 2025, se exige haber terminado la preparatoria para cualquier empleo y contar con habilidades digitales, pensamiento crítico, trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas; y si hoy los jóvenes no reciben una educación adecuada, son condenados a empleos informales.

Así, mientras países como Japón, Corea del Sur o Noruega son ejemplo de inversión educativa al reformar sus modelos de enseñanza basados en proyectos, habilidades digitales, colaboración y emprendimiento para formar ciudadanos creativos, competitivos y con visión global, en México seguimos atrapados entre la burocracia, los sindicatos, la improvisación y políticos incompetentes. La educación está reprobada.