Segalmex, el escándalo mayúsculo en el gobierno de AMLO * Criticaban a los regímenes priístas por sus fechorías, sin embargo, el expresidente Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a diez mandatarios estatales de su propio partido. ¿Cuántos gobernadores han procesado los de la 4T?

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Una de las falacias con la que engañó a 35 millones de ciudadanos el tlatoani tabasqueño fue su promesa de barrer las escaleras de arriba hacia abajo para acabar con la corrupción en México.

Todos los días les imputaba al PRI y a los gobiernos neoliberales la autoría de todos nuestros males, los tildaba de ladrones y expoliadores de los pobres. Ello le permitió llegar al poder.

Obnubilado ese pueblo bueno y sabio le creyó sus mentiras y en más de una ocasión sacó su pañuelo blanco para decir que había erradicado la corrupción en su sexenio. Nada más alejado de la realidad.

Durante su mandato se dio el escandaloso caso de Segalmex, sin que hasta la fecha se haya recuperado lo robado y en la cárcel sólo están funcionarios menores.

Resulta que el director general, el expriísta Ignacio Ovalle, fue premiado con un cargo en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Las administraciones de la 4T han sido muy corruptas, donde más se han encubierto los latrocinios y dado impunidad a los criminales.

Criticaban a los regímenes priístas por sus fechorías; sin embargo, el expresidente Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a diez mandatarios estatales de su propio partido.

¿Cuántos gobernadores han procesado los de la 4T? Hay ingobernabilidad en varias entidades del país y no son pocos los Ejecutivos locales señalados por sus nexos con el crimen organizado, incluso políticos de primer nivel fueron financiados durante sus campañas con dinero del lavado de dinero o del huachicol fiscal.

Entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, entre otras, han estado en el ojo del huracán, y que son muy reiterativos los señalamientos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las revelaciones del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, hablan de un desvío de miles de millones de pesos destinados a financiar campañas y fondear programas sociales con fines electoreros, cantidad muy superior a lo demandado por la Estafa Maestra, motivo por el que fue encarcelada injustamente Rosario Robles Berlanga.

El despido poco explicado de Marx Arriaga también ha destapado irregularidades en la SEP.

Ya es por todos sabido que la 4T claro que no es igual que los gobiernos neoliberales, son peores y más cínicos.

Transparencia Internacional publicó su informe 2025, donde ubica a México en el lugar 141 de 182 de percepción de corrupción.

Tenemos el último lugar en corrupción entre las 38 economías evaluadas en la OCDE y en el grupo del G-20 estamos en el penúltimo lugar, sólo arriba de Rusia. En América Latina nos ubican por debajo de Brasil y Chile. Organismos internacionales consideran que el costo de la corrupción representa entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La corrupción no sólo representa un costo económico, también va acompañada de otros efectos negativos como la opacidad en los actos de gobierno, la no rendición de cuentas, la justicia a modo, la impunidad para correligionarios y el uso político y vengativo de la ley con los adversarios.

La connivencia con el crimen organizado y el huachicol fiscal evidenciaron el financiamiento ilegal de las campañas políticas y propició una violencia generalizada.

La corrupción no sólo frenó el desarrollo nacional, también nos ha hecho un país inseguro, donde la impunidad genera la repetición de los delitos y acrecienta la criminalidad.

Tenemos 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo, y si bien perdimos el primer lugar -hoy en manos de Puerto Príncipe, Haití-, si tenemos la sexta y novena posición con Culiacán y Ciudad Obregón; México tiene otras 15 poblaciones en la media centena.

En lugar de mentir con la ondeada del pañuelito, el tabasqueño debió establecer verdaderas políticas públicas para combatir la corrupción y no fingir su batalla con estigmatizante nombre del elefante blanco llamado “Instituto Para Devolverle Al Pueblo Lo Robado”.

Nadie ha deshonrado tanto el lema de “no mentir, no robar y no traicionar” como los propios miembros de la 4T, que con sus actos fomentan los antivalores.

Si realmente atacaran la corrupción y metieran a prisión a los nada probos cuatro teístas habría que preguntarse: ¿Quién apagaría la luz en la sede de Morena y en muchas áreas del gobierno?

La Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista * Los gobiernos de la autollamada 4T derogaron el Estado de Derecho, acabaron con la división de Poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

México aportó al mundo la primera revolución social del siglo XX y una de las Constituciones Políticas más avanzadas que incluía no sólo las prerrogativas individuales sino los derechos sociales.

Los constituyentes de 1917 nos dieron un marco jurídico basado en una República representativa, democrática, laica y federal, con contrapesos al poder político y las bases para una legislación que protegiera al ciudadano de los abusos de la autoridad, como la Ley de Amparo.

Sin embargo, a poco más de un siglo, la Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista y los gobiernos de la autollamada 4T han hecho del constitucionalismo un instrumento para derogar el Estado de Derecho, acabar con la división de Poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder.

Todo comenzó un 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro cuando un sátrapa se indignó ante una de sus pares -titular del Poder Judicial- porque no le rindió pleitesía. Entonces, se urdió una venganza personal para acabar no sólo con la independencia de un poder soberano, sino utilizar esa vendetta para la construcción de una presidencia imperial que ya contaba con un Congreso abyecto que convirtió las Cámaras en una oficialía de partes de las iniciativas del Poder Ejecutivo a las que no se le quitaba ni una coma.

La Reforma Judicial fue el mecanismo perverso mediante el cual se atentó contra verdaderos ministros, magistrados y jueces para destituirlos e imponer, en amañadas elecciones -aunque en el mundo no se usan los togados votados-, a administradores de la justicia a modo, sufragados mediante acordeón.

Un atropello a los ciudadanos, hoy, en estado de indefensión y a merced de ignorantes e imberbes abogados.

Consumada la extinción del Poder Judicial independiente, al amparo de improcedente simulación electoral, se allanó el camino al autoritarismo presidencial y con ello el retroceso en nuestra democracia al instaurar una República sin división de Poderes.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su texto “La Reforma Judicial Mexicana. Cómo se destruye el Estado de Derecho”, enfatiza que la reforma es la negación del paradigma constitucional de las actuales democracias avanzadas, que consiste en un sistema de límites y vínculos al poder político, de ellos que más importantes son los derechos fundamentales y la separación de Poderes.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece que toda sociedad, en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de Poderes establecida, carece de Constitución.

Agrega el constitucionalista que en México se transforma la democracia en una autocrítica electiva, análoga a la de la Turquía de Erdogan o la Hungría de Víctor Orban.

El discípulo de Norberto Bobbio precisa que si se quiere que el ejercicio de la función judicial sea capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial los constitucionalmente establecidos, no podrá depender de condicionamientos políticos contingentes, sino sólo de la política expresa en la ley, sobre todo en la Constitución Política.

Sólo la separación de Poderes y la independencia de los jueces puede salvaguardar la autoridad de la ley frente a los arbitrios y abusos, discriminaciones y privilegios de los sujetos políticos.

Para Ferrajoli, la reforma tiene un carácter fuertemente regresivo y antidemocrático de una concepción de la democracia que funda la legitimación de todos los poderes públicos en la omnipresencia de las mayorías salidas de las urnas.

Lo anterior evita la verdadera democracia, el constitucionalismo y anula el Estado de Derecho.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cientos de veces reformada a conveniencia de los gobernantes, en especial por las administraciones de la 4T, dejó de ser garante de los derechos individuales y sociales del mexicano. Del espíritu del constituyente sólo queda el recuerdo.

APOSTILLA

A quien no lo calienta ni el sol en estos días es al presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Fernando Balzaretti.

A punto de dejar el cargo en este órgano rector de todas las IAP, le estalló en las manos un escándalo de corrupción en la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck, institución que él mismo solía exhibir como ejemplo de buenas prácticas.

Habrá que ver si ahora sí el gobierno de Clara Brugada Molina decide poner la lupa sobre los manejos de la JAP y, de paso, vigilar que se respete la voluntad fundacional de los mecenas.

Porque si Balzaretti logra heredar el puesto a su candidata, no hay razones para el optimismo: Al sector asistencial, que debería ser protegido, le esperan más sombras que certezas.

Curiosamente, muchos de los cuadros en la cúspide de la Cuarta Transformación salieron de los movimientos desestabilizadores de la UNAM * La 4T quiere una Universidad acrítica, no pensante, masificada, que sólo forme técnicos mediocres, agradecidos con la “educación” gratuita para permanecer en la medianía

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Hace mucho que la UNAM dejó de ser una de las mejores universidades del mundo, rankea alrededor de la centena entre las escuelas de educación superior del orbe y defiende su lugar entre las excelencias hispanoamericanas.

¿Qué detonó su progresivo deterioro y despeñadero como referente internacional en la formación de profesionistas de alta calidad académica para la investigación, la docencia y la difusión de la cultura?

Si bien es cierto que no fue la primera universidad creada por los españoles en el continente, desde su creación como Real y Pontificia Universidad de México se distinguió por su preparación científica, filosófica y humanista.

Su aportación al conocimiento mundial no dejó duda. Grandes pensadores también pasaron por sus aulas y no pocos difusores cultuales enaltecieron el orgullo universitario.

Aun durante el porfiriato, la Universidad aportó lo mejor de sí misma para enriquecer la ciencia, la técnica y la formación de cuadros para la administración pública, amén de grandes filósofos y literatos que prestigiaron al país.

El barrio universitario que iba del edificio de la Santa Inquisición a las colindancias con Palacio Nacional vio desfilar por Donceles -calle que transitaban los donceles, los jóvenes hacia la Universidad- a muchas generaciones de hombres de bien que forjaron la patria.

Justo Sierra es ejemplo vivo de apoyo a la Universidad, a quien se le debe el rango de Nacional.

No fue necesariamente un revolucionario quien logró darle la autonomía a la UNAM, sino uno de sus rectores, José Vasconcelos, mejor humanista que político.

Desde entonces, 1929, la -perdonen el lugar común- Máxima Casa de Estudios se convirtió en verdadera casa de la universalidad, templo de la diversidad de ideas, convergencia de la pluralidad política, santuario de la libertad de cátedra e incubadora de la ciencia y la tecnología, recinto de la cultura y recipiendaria de cientos de galardones internacionales. Forjadora de los tres Premios Nobel con que cuenta nuestro país. La autonomía y el rector Javier Barros Sierra aguantaron el embate del presidencialismo y la represión estudiantil de 1968.

Sin embargo, un rector progresista y hasta izquierdista, autor del libro La Democracia en México, Pablo González Casanova, provocó la masificación de la educación universitaria.

Su hermano, Henrique, no sólo lo apoyó para conservar el pase automático, sino que creó los CCHs para fomentar la educación tecnológica y truncar el acceso de miles de jóvenes a las licenciaturas en las facultades, colapsadas por su matrícula. Mano de obra barata para la planta productiva. Ahí comenzó el deterioro de una de las universidades más importantes del planeta.

Curiosamente, muchos de los cuadros en la cúspide de la 4T salieron de los movimientos desestabilizadores de la UNAM, aunque la mayoría de sus adeptos no pasaron por la Universidad ni en camión y otros recurrieron a títulos apócrifos o escuelas patito.

Hoy, desde la administración pública, mantienen una nueva embestida para acabar con la Universidad de José Vasconcelos, Ignacio García Téllez, Antonio Castro Leal, Gustavo Baz, Mario de la Cueva, Alfonso Caso, Salvador Zubirán, Nabor Carrillo, Ignacio Chávez, Javier Barros, Guillermo Soberón, Jorge Carpizo, José Sarukán, José Narro y Enrique Graue, entre otros.

La 4T quiere una Universidad acrítica, no pensante, masificada, que sólo forme técnicos mediocres, agradecidos con la “educación” gratuita para permanecer en la medianía.

El papel de la UNAM debe ser otro. El de una institución de pueblo que cumpla con un cometido social: Hacer de México un país grande, referente en el mundo de la ciencia, la tecnología y la cultura.

La Universidad debe trascender a su mediocre gobierno y forjar nuevas generaciones aspiracionales que conquisten un mundo globalizado que exige profesionistas de calidad.

No hay otro parámetro que la educación de excelencia. El reto está hoy en sus autoridades y el estudiantado. México merece mucho más.

APOSTILLA

El reportero, corresponsal, columnista, comentarista, conductor y director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, platicó con alumnos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, a quienes expresó que “la libertad de expresión no se pierde de golpe. No desaparece con un decreto ni con una reforma explícita. Se erosiona. Se desgasta. Se encoge. Se vuelve riesgosa. Y a veces, lo más inquietante, se vuelve socialmente impopular.

“En el México de la Cuarta Transformación, el principal reto no es que libertad de expresión haya sido formalmente abolida, sino que se ha vuelto frágil, selectiva y crecientemente condicionada”.

Dijo a los futuros comunicadores que la pregunta ya no es si existe la libertad de expresión, sino qué estamos dispuestos a pagar por ejercerla y qué tipo de periodistas quiere formar esta generación.