La delincuencia, el azote del 75 por ciento de la ciudadanía * La mayor percepción de este fenómeno se da en Morelos, Tabasco y Guanajuato * Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o en el transporte público y extorsión

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Aunque el gobierno ha cambiado su política pública de seguridad y fortalecido la estrategia con inteligencia policial en el combate al crimen, el 75.6 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años considera sentirse inseguro en su entidad federativa por la delincuencia.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, entre marzo y abril de 2025, el 64.2 por ciento de la población cree que la inseguridad es el problema más grave en el país, más que la salud o el incremento en los precios. La mayor percepción de este fenómeno se dio en los estados de Morelos, Tabasco y Guanajuato.

Seguramente al cierre del primer año del sexenio disminuirán los homicidios dolosos y se incrementará el combate al crimen organizado, pero lamentablemente la delincuencia común es la que más incide en la sensación de inseguridad ciudadana.

El estudio del organismo demoscópico revela que, en 2024, en 11.4 millones de hogares, que representan el 29 por ciento del total del país, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito, porcentaje superior al de 2023. La cantidad de 23.1 millones de personas mayores de edad fue víctima del delito, más hombres que mujeres.

Las tasas mayores de victimización fueron en el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Tlaxcala.

En donde hubo una prevalencia delictiva superior de hombres fue en el Edomex y en la CDMX, mientras que en mujeres fue la entidad mexiquense y Tlaxcala.

La información estadística precisa que en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, poco más que los registrados en 2023.

Los estados con más incidencia fueron la CDMX, el Edomex y Querétaro. Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o el transporte público y extorsión. Las mujeres resultaron ser más vulnerables a los delitos sexuales.

Sin duda, el crimen tiene importante impacto en la economía nacional; según el INEGI, el monto total de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos, lo que representa poco más del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El costo del delito no sólo implica la pérdida material de los bienes, sino el gasto que hacen los ciudadanos para prevenir el delito.

En esas medidas, los mexicanos desembolsaron más de 90 mil millones de pesos para cambiar cerraduras, puertas y ventanas, colocar rejas o bardas.

La nueva política pública de seguridad y sus estrategias todavía no permean entre la sociedad; prueba de ello es que la gente denuncia menos.

En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, únicamente el 9.6 por ciento se denunció, menos que en 2023. Sólo siete de cada cien ilícitos se investigaron y en el 80 por ciento de los casos no hubo resultados; menos del uno por ciento (0.8) tuvo resolución favorable para el denunciante. Por ello la gente no acude al ministerio público, sabe que únicamente perderá el tiempo, tiene desconfianza de la autoridad, considera que hará trámites largos y difíciles, además del miedo a la persona agresora.

CAUSAS Y SOLUCIONES

Las causas de la inseguridad ciudadana en México son resultado de una combinación de factores sociales, económicos y políticos.

Las principales son:

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO.- La presencia de cárteles y organizaciones delictivas ha incrementado la violencia en diversas regiones del país. Estas estructuras criminales operan con un alto nivel de sofisticación, disputando territorios estratégicos y rutas para el tráfico de drogas, armas y personas.

La lucha por el control de estas zonas genera enfrentamientos armados entre grupos rivales y fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo a la población civil y provoca inseguridad en las calles.

CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL.- La infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia debilita la capacidad del Estado para combatir la inseguridad y la delincuencia.

Casos recientes, como la detención de exfuncionarios por desvío de recursos destinados a la seguridad pública, evidencian esta problemática.

DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA.- La falta de acceso a oportunidades laborales y educativas es una de las causas de la inseguridad, ya que propicia que individuos, en especial jóvenes, busquen actividades delictivas como medio de subsistencia.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 40% de la población en México vive en condiciones de pobreza, lo que limita su acceso a educación de calidad, salud y empleos formales.

Ante esta realidad, muchos jóvenes son reclutados por el crimen organizado con la promesa de dinero fácil.

Además, la falta de inversión en infraestructura, servicios básicos y programas sociales incrementa la inseguridad en la comunidad.

DEBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO.- La falta de aplicación efectiva de la ley contribuye a la expansión de la inseguridad.

Según el Índice Global de Impunidad del CESIJ, México es uno de los países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, ya que más del 90% de los delitos queda sin resolver. Esta falta de consecuencias jurídicas fortalece el crimen organizado y la corrupción.

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES.- Muchos mexicanos crecen marcados por el abuso, la marginación y la ausencia de valores comunitarios, aumentando las probabilidades de optar por la violencia o la ilegalidad como forma de vida.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el 66% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y muchas veces estos actos ocurren dentro del ámbito familiar. Los menores que crecen expuestos a estas dinámicas pueden normalizar la violencia y reproducirla en otros espacios, contribuyendo así a la inseguridad en la comunidad.

CONSECUENCIAS

El aumento de la violencia, la expansión del crimen organizado y la persistente impunidad han mermado la calidad de vida de millones de mexicanos. Estas son algunas de las consecuencias de la inseguridad en México:

*** La inseguridad disuade la inversión extranjera y nacional, limita el crecimiento económico y aumenta los costos operativos de las empresas debido a medidas de seguridad adicionales.

Además, la falta de inversión ocasiona que la base productiva no se expanda y, por lo tanto, no se generen empleos.

*** La constante exposición a la violencia es una consecuencia de la inseguridad que crea desconfianza entre los ciudadanos, fomentando la apatía hacia la participación comunitaria.

Además, el miedo constante a ser víctima de delitos provoca estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental en la población.

*** Familias y comunidades enteras se desplazan buscando seguridad, afectando la dinámica demográfica del país.

ESTRATEGIAS

Estudiar las causas y consecuencias de la inseguridad en México permite considerar diversas estrategias para solucionar el problema:

*** Mejorar la capacitación, equipamiento y profesionalización de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.

*** Asegurar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias legales y promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial para recuperar la confianza ciudadana.

*** Invertir en educación, salud y generación de empleo en comunidades vulnerables puede reducir las condiciones que propician la delincuencia.

*** Fomentar la colaboración entre sociedad y gobierno en la ejecución de programas de prevención del delito y promoción de la cultura de la legalidad.

*** Promover desde temprana edad la educación en valores cívicos y éticos contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar común.

*** Dado que la inseguridad y delincuencia en México tienen un componente transnacional, es importante fortalecer la colaboración con otros países para combatir el tráfico de drogas, armas y personas.

Las causas de la inseguridad representan desafíos complejos que requieren soluciones complejas. Sin embargo, transformar esta realidad es posible a través del conocimiento y la acción.

Ante este panorama crítico, la población no se siente segura. Un reto enorme para el gobierno de la 4T.

Cuidado con la censura a las plataformas de interacción * Los medios sociales también pueden destruir a esos ídolos con pies de barro; baste ver el desprestigio público que ha adquirido en el ciberespacio el expresidente tabasqueño

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

No soy partidario del determinismo de la comunicación, aunque durante la Primavera Árabe se les atribuyó a las redes sociales el derrocamiento de los gobiernos de Túnez, Egipto, Libia, Yemen y Siria (2010-2012) y disturbios en Bahréin, Jordania, Argelia, Irak y Sudán, más aún se le llamó la primera revolución del smartphone.

La generación Z, en Nepal, protestó por la prohibición de los medios sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y X, y su movilización logró la dimisión del primer ministro y provocó incendios en el Parlamento y otros edificios públicos, incluso quemaron la casa del gobernante depuesto.

La revuelta tuvo un saldo de más de treinta muertos y cientos de heridos, además de actos vandálicos y la represión policial.

Pero no sólo fue la censura a las plataformas de interacción lo que motivó la protesta de estudiantes y jóvenes, sino -como en la otra primavera, la de mayo de 1968 en Francia y después en México- el hartazgo social por un gobierno corrupto y la exigencia de empleos y más oportunidades para los universitarios.

La comunicación sólo fue el medio para convocar a un pueblo que buscaba desfogar sus frustraciones por vivir las consecuencias de votar a representantes que traicionaron a sus gobernados y sólo vieron el poder político para enriquecerse.

En México, las “benditas” redes sociales han servido a los gobiernos populistas como medio propagandístico de un proyecto político e instrumento de polarización social, divisionismo de clases, patíbulo para denostar a opositores y ciudadanos incómodos, hoguera para dar al pueblo pan y circo, culpar al pasado de los fracasos presentes, sacrificar a villanos creados desde el gobierno y satanizados por abyectos ejércitos de enfermizos fanáticos de la 4T que exigen la sangre de los “traidores a la patria”. En las redes recrean la narrativa de la posverdad.

Hasta ahora esa sobreexposición les ha funcionado, no sólo para estigmatizar a los contrarios, sino para mantener una muy alta popularidad; sin embargo, los medios sociales también pueden destruir a esos ídolos con pies de barro. Baste ver el desprestigio público que ha adquirido en el ciberespacio el expresidente tabasqueño, equiparado a un jefe de la mafia y exhibido como solapador del sexenio más corrupto en la historia del país.

A los gobernantes les debiera preocupar no sólo su imagen en los medios sociales, sino el verdadero determinismo que puede lograr el hartazgo social por el incumplimiento de las promesas de campaña, la connivencia con el crimen organizado y la evidente corrupción de los miembros de la autonombrada 4T.

El movimiento estudiantil de 1968 obligó al Estado a una apertura democrática y más participación social en las decisiones de gobierno.

Las “benditas” redes sociales pueden también despertar el hartazgo social; el uso adormilador de conciencias -a través de las dádivas gubernamentales de los programas sociales- no mantendrá para siempre la obnubilación de la gente. Nepal es una primera llamada para México.