La Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista * Los gobiernos de la autollamada 4T derogaron el Estado de Derecho, acabaron con la división de Poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

México aportó al mundo la primera revolución social del siglo XX y una de las Constituciones Políticas más avanzadas que incluía no sólo las prerrogativas individuales sino los derechos sociales.

Los constituyentes de 1917 nos dieron un marco jurídico basado en una República representativa, democrática, laica y federal, con contrapesos al poder político y las bases para una legislación que protegiera al ciudadano de los abusos de la autoridad, como la Ley de Amparo.

Sin embargo, a poco más de un siglo, la Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista y los gobiernos de la autollamada 4T han hecho del constitucionalismo un instrumento para derogar el Estado de Derecho, acabar con la división de Poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder.

Todo comenzó un 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro cuando un sátrapa se indignó ante una de sus pares -titular del Poder Judicial- porque no le rindió pleitesía. Entonces, se urdió una venganza personal para acabar no sólo con la independencia de un poder soberano, sino utilizar esa vendetta para la construcción de una presidencia imperial que ya contaba con un Congreso abyecto que convirtió las Cámaras en una oficialía de partes de las iniciativas del Poder Ejecutivo a las que no se le quitaba ni una coma.

La Reforma Judicial fue el mecanismo perverso mediante el cual se atentó contra verdaderos ministros, magistrados y jueces para destituirlos e imponer, en amañadas elecciones -aunque en el mundo no se usan los togados votados-, a administradores de la justicia a modo, sufragados mediante acordeón.

Un atropello a los ciudadanos, hoy, en estado de indefensión y a merced de ignorantes e imberbes abogados.

Consumada la extinción del Poder Judicial independiente, al amparo de improcedente simulación electoral, se allanó el camino al autoritarismo presidencial y con ello el retroceso en nuestra democracia al instaurar una República sin división de Poderes.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su texto “La Reforma Judicial Mexicana. Cómo se destruye el Estado de Derecho”, enfatiza que la reforma es la negación del paradigma constitucional de las actuales democracias avanzadas, que consiste en un sistema de límites y vínculos al poder político, de ellos que más importantes son los derechos fundamentales y la separación de Poderes.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece que toda sociedad, en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de Poderes establecida, carece de Constitución.

Agrega el constitucionalista que en México se transforma la democracia en una autocrítica electiva, análoga a la de la Turquía de Erdogan o la Hungría de Víctor Orban.

El discípulo de Norberto Bobbio precisa que si se quiere que el ejercicio de la función judicial sea capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial los constitucionalmente establecidos, no podrá depender de condicionamientos políticos contingentes, sino sólo de la política expresa en la ley, sobre todo en la Constitución Política.

Sólo la separación de Poderes y la independencia de los jueces puede salvaguardar la autoridad de la ley frente a los arbitrios y abusos, discriminaciones y privilegios de los sujetos políticos.

Para Ferrajoli, la reforma tiene un carácter fuertemente regresivo y antidemocrático de una concepción de la democracia que funda la legitimación de todos los poderes públicos en la omnipresencia de las mayorías salidas de las urnas.

Lo anterior evita la verdadera democracia, el constitucionalismo y anula el Estado de Derecho.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cientos de veces reformada a conveniencia de los gobernantes, en especial por las administraciones de la 4T, dejó de ser garante de los derechos individuales y sociales del mexicano. Del espíritu del constituyente sólo queda el recuerdo.

APOSTILLA

A quien no lo calienta ni el sol en estos días es al presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Fernando Balzaretti.

A punto de dejar el cargo en este órgano rector de todas las IAP, le estalló en las manos un escándalo de corrupción en la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck, institución que él mismo solía exhibir como ejemplo de buenas prácticas.

Habrá que ver si ahora sí el gobierno de Clara Brugada Molina decide poner la lupa sobre los manejos de la JAP y, de paso, vigilar que se respete la voluntad fundacional de los mecenas.

Porque si Balzaretti logra heredar el puesto a su candidata, no hay razones para el optimismo: Al sector asistencial, que debería ser protegido, le esperan más sombras que certezas.

Curiosamente, muchos de los cuadros en la cúspide de la Cuarta Transformación salieron de los movimientos desestabilizadores de la UNAM * La 4T quiere una Universidad acrítica, no pensante, masificada, que sólo forme técnicos mediocres, agradecidos con la “educación” gratuita para permanecer en la medianía

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Hace mucho que la UNAM dejó de ser una de las mejores universidades del mundo, rankea alrededor de la centena entre las escuelas de educación superior del orbe y defiende su lugar entre las excelencias hispanoamericanas.

¿Qué detonó su progresivo deterioro y despeñadero como referente internacional en la formación de profesionistas de alta calidad académica para la investigación, la docencia y la difusión de la cultura?

Si bien es cierto que no fue la primera universidad creada por los españoles en el continente, desde su creación como Real y Pontificia Universidad de México se distinguió por su preparación científica, filosófica y humanista.

Su aportación al conocimiento mundial no dejó duda. Grandes pensadores también pasaron por sus aulas y no pocos difusores cultuales enaltecieron el orgullo universitario.

Aun durante el porfiriato, la Universidad aportó lo mejor de sí misma para enriquecer la ciencia, la técnica y la formación de cuadros para la administración pública, amén de grandes filósofos y literatos que prestigiaron al país.

El barrio universitario que iba del edificio de la Santa Inquisición a las colindancias con Palacio Nacional vio desfilar por Donceles -calle que transitaban los donceles, los jóvenes hacia la Universidad- a muchas generaciones de hombres de bien que forjaron la patria.

Justo Sierra es ejemplo vivo de apoyo a la Universidad, a quien se le debe el rango de Nacional.

No fue necesariamente un revolucionario quien logró darle la autonomía a la UNAM, sino uno de sus rectores, José Vasconcelos, mejor humanista que político.

Desde entonces, 1929, la -perdonen el lugar común- Máxima Casa de Estudios se convirtió en verdadera casa de la universalidad, templo de la diversidad de ideas, convergencia de la pluralidad política, santuario de la libertad de cátedra e incubadora de la ciencia y la tecnología, recinto de la cultura y recipiendaria de cientos de galardones internacionales. Forjadora de los tres Premios Nobel con que cuenta nuestro país. La autonomía y el rector Javier Barros Sierra aguantaron el embate del presidencialismo y la represión estudiantil de 1968.

Sin embargo, un rector progresista y hasta izquierdista, autor del libro La Democracia en México, Pablo González Casanova, provocó la masificación de la educación universitaria.

Su hermano, Henrique, no sólo lo apoyó para conservar el pase automático, sino que creó los CCHs para fomentar la educación tecnológica y truncar el acceso de miles de jóvenes a las licenciaturas en las facultades, colapsadas por su matrícula. Mano de obra barata para la planta productiva. Ahí comenzó el deterioro de una de las universidades más importantes del planeta.

Curiosamente, muchos de los cuadros en la cúspide de la 4T salieron de los movimientos desestabilizadores de la UNAM, aunque la mayoría de sus adeptos no pasaron por la Universidad ni en camión y otros recurrieron a títulos apócrifos o escuelas patito.

Hoy, desde la administración pública, mantienen una nueva embestida para acabar con la Universidad de José Vasconcelos, Ignacio García Téllez, Antonio Castro Leal, Gustavo Baz, Mario de la Cueva, Alfonso Caso, Salvador Zubirán, Nabor Carrillo, Ignacio Chávez, Javier Barros, Guillermo Soberón, Jorge Carpizo, José Sarukán, José Narro y Enrique Graue, entre otros.

La 4T quiere una Universidad acrítica, no pensante, masificada, que sólo forme técnicos mediocres, agradecidos con la “educación” gratuita para permanecer en la medianía.

El papel de la UNAM debe ser otro. El de una institución de pueblo que cumpla con un cometido social: Hacer de México un país grande, referente en el mundo de la ciencia, la tecnología y la cultura.

La Universidad debe trascender a su mediocre gobierno y forjar nuevas generaciones aspiracionales que conquisten un mundo globalizado que exige profesionistas de calidad.

No hay otro parámetro que la educación de excelencia. El reto está hoy en sus autoridades y el estudiantado. México merece mucho más.

APOSTILLA

El reportero, corresponsal, columnista, comentarista, conductor y director de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, platicó con alumnos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, a quienes expresó que “la libertad de expresión no se pierde de golpe. No desaparece con un decreto ni con una reforma explícita. Se erosiona. Se desgasta. Se encoge. Se vuelve riesgosa. Y a veces, lo más inquietante, se vuelve socialmente impopular.

“En el México de la Cuarta Transformación, el principal reto no es que libertad de expresión haya sido formalmente abolida, sino que se ha vuelto frágil, selectiva y crecientemente condicionada”.

Dijo a los futuros comunicadores que la pregunta ya no es si existe la libertad de expresión, sino qué estamos dispuestos a pagar por ejercerla y qué tipo de periodistas quiere formar esta generación.

Se entregó la plaza al crimen organizado y a Estados Unidos * Preocupante que el gobierno abdique a su potestad de enjuiciar a los delincuentes para que rindan cuentas a la sociedad mexicana, donde también causaron daño, violencia y muerte

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

La autollamada 4T claudicó en su función primigenia de dar seguridad a los mexicanos y entregó la plaza, primero al crimen organizado -quien le disputa la gobernanza- y luego a los gringos, de los cuales recibe directrices para el verdadero combate a los barones de la droga, calificados como terroristas por la Casa Blanca.

La administración heredó la connivencia gubernamental con las mafias, la simulación en su ataque, la filtración en las áreas de gobierno, la permisividad para controlar las elecciones, financiar campañas e imponer candidatos o desaparecerlos.

Ese panorama de ingobernabilidad posibilitó el tránsito libre de drogas por fronteras y puertos a los Estados Unidos.

El narcotráfico se convirtió no sólo en un problema de salud pública sino de seguridad nacional para la Unión Americana que cobraba la vida de cien mil jóvenes al año.

Al triunfo del republicano, se inició una campaña de hostigamiento para convertir en realidad las promesas de campaña de Donald Trump.

Se sellaron las fronteras para acabar con las caravanas de migrantes en busca del “sueño americano”.

Miles de soldados fueron destacamentados en el norte y sur para evitar el avance de los trashumantes.

Exigió al gobierno mexicano convertirse en tercer país seguro para recibir a los expulsados y regresarlos a sus naciones. Para defender a sus empresas aplicó los aranceles y el cierre a productos agrícolas.

En materia de seguridad impuso el combate a los narcoterroristas, lo que posibilitaba la intervención directa de agentes y tropa en territorio nacional para eliminar o extraer a los hoy llamados objetivos prioritarios, capos de la droga.

El inquilino de la Casa Blanca hizo varias advertencias para que la administración de la 4T se pusiera las pilas -y en ocasiones atendieron las solicitudes-, incluso se estructuraron áreas de inteligencia policial en la seguridad pública.

Pero, más preocupados en su proyecto político de perpetuarse en el poder con una presidencia imperial sin división de Poderes ni contrapesos constitucionales, descuidaron la amenaza Trump y sólo la enfrentaron con el patriotero “mexicanos al grito de guerra…”, sin percatarse de que el neoyorquino busca la instauración de un sistema geopolítico, donde la supremacía americana aniquila el vetusto concepto de soberanía.

Hoy el frente de guerra no es una invasión militarizada masiva ni una expedición punitiva como la de John J. Pershing en busca de Francisco Villa, sino modernas intervenciones más tecnificadas con inteligencia militar.

Los avisos fueron muchos, pero no escuchados. Comenzaron los sobrevuelos no permitidos, lo mismo sobre Tamaulipas que en el sureste o el Pacífico.

Los drones en la sierra. Luego vino el hundimiento de una lancha en aguas nacionales y la orden a la Marina de buscar sobrevivientes.

Se anuncia el bloque marítimo para evitar el suministro de combustible a Cuba; México recula y analiza parar la “ayuda humanitaria” a la Isla.

La invasión terrestre ya empezó. Todavía no se explica cómo fue sacado del país el legendario “Mayo” Zambada y la intervención de agentes americanos en suelo nacional.

Se veía venir: Cede el gobierno y entrega a casi un centenar de narcotraficantes con procesos pendientes aquí, muchos de los cuales tenían amparo para evitar su extradición.

Más allá de violaciones al debido proceso, es preocupante que el gobierno abdique a su potestad de enjuiciar a los delincuentes para que rindan cuentas a la sociedad mexicana, donde también causaron daño, violencia y muerte. La intervención de agentes americanos no es nueva: Hay que recordar el secuestro de Luis Zuno y del doctor Álvarez Machain en Guadalajara por el caso Camarena.

No descansó la DEA hasta cumplir su venganza y obligar la extradición de Rafael Caro Quintero.

Llama la atención la captura o entrega de Ryan Wedding, exatleta olímpico, narcotraficante comparado por el FBI con el “Chapo” Guzmán o Pablo Escobar Gaviria.

Se ufanan de que el mismo cuerpo de élite que sustrajo a Nicolás Maduro, es el que ubicó al canadiense y lo trasladó a California.

Esa es la nueva intervención terrestre, acciones extranjeras que no puede justificar el gobierno.

Las autoridades prefieren entregar a los criminales que tenerlos en las cárceles mexicanas, inundadas de corrupción y autogobierno, donde campea la mafia de la extorsión.

APOSTILLA

Jenny Althair Rivas Padilla rindió protesta como presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), enfocada en convertir a la asociación en un referente de soluciones concretas para los desafíos del sector.

Destacó que AMPI, con más de 7 mil asociados, será un puente de diálogo y acuerdo entre los poderes públicos, organismos empresariales y la sociedad, para impulsar soluciones en materia de compraventa, renta y desarrollo inmobiliario.

La nueva presidenta presentó un plan de trabajo para fortalecer no sólo a la asociación, sino a todo el ecosistema inmobiliario para acelerar el flujo de capital y aprovechar estándares globales y certificaciones internacionales para fortalecer la competitividad del sector mexicano, consolidar alianzas internacionales, como la ya existente con la National Association of Realtors (NAR), y atraer inversión mediante misiones comerciales estratégicas.

El sector enfrenta retos estructurales como un rezago habitacional de 8 millones de viviendas (INEGI, 2008-2024), que se refleja en falta de vivienda nueva, hacinamiento y carencia de servicios básicos.

“No venimos a señalar problemas, sino a construir soluciones. AMPI será la plataforma desde la cual impulsaremos un sector más ético, competitivo y accesible, en beneficio de los profesionales, las familias y la economía de México”, concluye Jenny Rivas Padilla.