Pese a su relevancia demográfica y económica, sus derechos político-electorales siguen siendo limitados * Migrantes podrán votar por todos los cargos de elección popular * Priístas denuncian desigualdad entre estados que sí permiten el voto desde el exterior y los que no

ERIC GARCÍA

El senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 329 y 332, y adicionar fracciones al artículo 334 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

La propuesta establece que los ciudadanos mexicanos fuera del país puedan votar no sólo en las elecciones presidenciales y de senadurías, como ocurre actualmente, sino también en las de diputaciones federales y locales, gubernaturas, jefaturas de Gobierno, presidencias municipales y alcaldías.

“Esta situación genera una disparidad en el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos”, argumenta el legislador, al señalar que mientras algunos estados permiten esta participación, otros no han legislado al respecto.

El senador de Puebla recordó que, a pesar de avances como las reformas de 1996, 2005 y 2014, subsisten limitaciones normativas que restringen el derecho a votar de quienes radican fuera del país.

En particular, sólo 23 de las 32 entidades federativas han legislado para permitir el voto desde el extranjero en elecciones locales, lo que genera una desigualdad de trato entre ciudadanos mexicanos, dependiendo del lugar de origen.

Camarillo Medina denunció que actualmente quienes viven fuera de México no pueden participar en la elección de diputados federales, lo que limita su representación en el Congreso de la Unión.

“Esta omisión representa una restricción significativa al derecho de los mexicanos a participar en la selección de quienes toman decisiones clave para el desarrollo de sus comunidades”, añade.

En la exposición de motivos, se destaca que más de 12 millones de mexicanas y mexicanos viven en el extranjero, el 97.33% de ellos en Estados Unidos, y que en 2023 enviaron remesas por 63,313 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México.

A pesar de su relevancia demográfica y económica, sus derechos político-electorales siguen siendo limitados.

También presentó cifras que muestran el crecimiento sostenido de la participación electoral desde el extranjero: 33 mil votos en 2006; 40 mil 714 en 2012; 98 mil 470 en 2018 y 184 mil 326 en 2024.

Esta tendencia, señala, evidencia un mayor interés de la comunidad migrante en los asuntos públicos del país.

El dictamen propuesto contempla que el Instituto Nacional Electoral determine los mecanismos para emitir el voto desde el extranjero, ya sea por correo, en módulos consulares o por vía electrónica, con el fin de garantizar el acceso efectivo al sufragio en todos los niveles de gobierno.

En sólo 8 años Morena duplicará la deuda del país * El no incremento en los recursos a los programas sociales podría impedir que nuevos beneficiarios se incorporen, dejando fuera a quienes cumplan 65 años el próximo año

ERIC GARCÍA

Para los diputados federales del PRI, la política económica que pretende el gobierno federal para 2026 y las proyecciones de la economía mexicana para 2025, entregados a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda, presentan cifras fantasiosas y están absolutamente rebasadas.

Tras realizar un análisis, consideraron necesario solicitar un replanteamiento y reestimaciòn del proyecto, en el que se tome en cuenta la realidad que hoy vive México, sobre todo por su relación comercial con Estados Unidos y los impactos arancelarios que se tendrán, en la inflación, la productividad de las empresas, la certidumbre para las inversiones y la creación de empleo.

Los legisladores que coordina Rubén Moreira expusieron, como ejemplo de las cifras irreales del documento, que el crecimiento económico proyectado para 2025 por el gobierno es de entre 1.5 y 2.3 por ciento; y para 2026, entre 1.5 y 2.5 por ciento. Mientras que el propio Banco de México y más de 35 agencias calificadoras, bancos e instituciones financieras proyectan que la actividad económica estará entre 0.6 por ciento de crecimiento y hasta una caída de menos 1.3 por ciento.

Señalaron que la situación de México sigue de picada con el gobierno de Morena y una muestra de ello es que el endeudamiento sigue creciendo incontrolablemente, de manera que para el próximo año deberemos casi 20 billones de pesos, el doble de la deuda que teníamos cuando llegaron a la Presidencia en 2018.

Manifestaron preocupación porque ningún programa prioritario tendrá incremento real en 2026, por lo que condenaron la falta de interés y voluntad real para atender la crisis que se vive en materia de seguridad, pues en el rubro de búsqueda de personas desaparecidas hay una variación real en el presupuesto de 0.09 por ciento y en atención a víctimas una disminución real de recursos del 0.47 por ciento, es decir, nada.

Advirtieron que el no incremento en los recursos a los programas sociales podría impedir que nuevos beneficiarios se incorporen, dejando fuera a quienes cumplan 65 años el próximo año. Entre los programas afectados, además de Adultos Mayores, están Salud casa por casa, Prevención del delito, Sembrando vida, Conservación Carretera, Agua Potable y Alcantarillado, La Escuela es Nuestra, Pensión Mujeres Bienestar y Fertilizantes.

Otro dato alegre del proyecto económico de Hacienda, anotaron, es el de la producción de petróleo, pues apunta que generará 1.76 millones de barriles diarios, aun cuando actualmente es de sólo 1.36 millones de barriles por día.

Sobre el tema arancelario, enfatizaron que México ya está siendo afectado, pues el 2 de marzo entraron en vigor aranceles para los productos que no pertenecían al T-MEC, por lo que de los 509 mil millones de dólares que México exportó en 2024 a EUA, ahora solo 247 mil millones están libres de aranceles por cumplir con el tratado.

Lo más preocupante, reiteraron, es que no hay un plan definido, ni un secretario de Economía que logre acuerdos concretos con los vecinos del norte, ya que cada mes quedamos en espera de ver qué pasa, condicionados con el tema de seguridad y narcotráfico, en el que no vemos muchos resultados ni presupuesto.

Agregaron la necesidad de fortalecer las cadenas productivas, el mercado interno y una política de sustitución de importaciones, aunque reconocieron que la debilidad de las finanzas públicas no lo permite, ya que en el sexenio pasado “gastamos mucho en obras que no funcionan, cuando no debíamos de gastar y nos endeudamos como nunca”.

La decisión tendría como fin reactivar al puerto de Acapulco * No se puede hablar de recuperación económica mientras se le cobra al turismo por ayudar, señala el senador priísta

ERIC GARCÍA

Manuel Añorve Baños, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió al gobierno federal suspender el cobro de peaje en la Autopista del Sol durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, como medida urgente para apoyar la reactivación económica del puerto de Acapulco, Guerrero, tras los daños ocasionados por los huracanes ‘Otis’, en octubre de 2023, y ‘John’, en septiembre de 2024.

A pesar del tiempo transcurrido desde ambos desastres naturales, Guerrero sigue sin recuperarse.

Añorve señaló que esto se debe, en gran medida, a la indiferencia del gobierno federal, que no ha asumido con seriedad la responsabilidad de apoyar de manera sostenida la reconstrucción del estado.

Mediante una proposición publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado, el Grupo Parlamentario del PRI solicitó al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se exente el cobro de peaje en la Autopista del Sol, no solo en Semana Santa, sino también durante las vacaciones de verano e invierno.

“El gobierno no puede darle la espalda a Acapulco en el momento más crítico de su historia reciente. No es aceptable que mientras miles de familias luchan por reconstruir su vida, se les ponga una barrera más en el camino. Exijo que se suspenda el cobro de peaje, porque cada caseta activa aleja al turismo del puerto”, sostuvo.

Añorve ha estado involucrado desde el inicio en las gestiones para la recuperación del estado. Ha impulsado rutas de apoyo, programas de reactivación económica y el seguimiento puntual a las demandas del sector turístico, comercial y social afectado.

“Desde el día uno he estado del lado de mi tierra. Acapulco no necesita discursos, necesita decisiones firmes y acciones urgentes”, añade.

Tras el paso de ‘Otis’, Capufe suspendió el peaje para facilitar el traslado de ayuda y visitantes, pero el 22 de marzo reactivó el cobro en Paso Morelos, Palo Blanco, La Venta y La Venta Bis. “Fue un error que golpea la economía local y ahuyenta al turismo”, agrega.

El legislador guerrerense destaca que actualmente el costo de un viaje redondo desde la Ciudad de México a Acapulco asciende a 930 pesos por vehículo. “¿Cómo pretendemos reactivar el turismo si venir a Acapulco cuesta casi mil pesos sólo en peaje? No estamos pidiendo un beneficio, estamos exigiendo un acto de justicia para los guerrerenses”, asevera.