En sólo 8 años Morena duplicará la deuda del país * El no incremento en los recursos a los programas sociales podría impedir que nuevos beneficiarios se incorporen, dejando fuera a quienes cumplan 65 años el próximo año
ERIC GARCÍA
Para los diputados federales del PRI, la política económica que pretende el gobierno federal para 2026 y las proyecciones de la economía mexicana para 2025, entregados a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda, presentan cifras fantasiosas y están absolutamente rebasadas.
Tras realizar un análisis, consideraron necesario solicitar un replanteamiento y reestimaciòn del proyecto, en el que se tome en cuenta la realidad que hoy vive México, sobre todo por su relación comercial con Estados Unidos y los impactos arancelarios que se tendrán, en la inflación, la productividad de las empresas, la certidumbre para las inversiones y la creación de empleo.
Los legisladores que coordina Rubén Moreira expusieron, como ejemplo de las cifras irreales del documento, que el crecimiento económico proyectado para 2025 por el gobierno es de entre 1.5 y 2.3 por ciento; y para 2026, entre 1.5 y 2.5 por ciento. Mientras que el propio Banco de México y más de 35 agencias calificadoras, bancos e instituciones financieras proyectan que la actividad económica estará entre 0.6 por ciento de crecimiento y hasta una caída de menos 1.3 por ciento.
Señalaron que la situación de México sigue de picada con el gobierno de Morena y una muestra de ello es que el endeudamiento sigue creciendo incontrolablemente, de manera que para el próximo año deberemos casi 20 billones de pesos, el doble de la deuda que teníamos cuando llegaron a la Presidencia en 2018.
Manifestaron preocupación porque ningún programa prioritario tendrá incremento real en 2026, por lo que condenaron la falta de interés y voluntad real para atender la crisis que se vive en materia de seguridad, pues en el rubro de búsqueda de personas desaparecidas hay una variación real en el presupuesto de 0.09 por ciento y en atención a víctimas una disminución real de recursos del 0.47 por ciento, es decir, nada.
Advirtieron que el no incremento en los recursos a los programas sociales podría impedir que nuevos beneficiarios se incorporen, dejando fuera a quienes cumplan 65 años el próximo año. Entre los programas afectados, además de Adultos Mayores, están Salud casa por casa, Prevención del delito, Sembrando vida, Conservación Carretera, Agua Potable y Alcantarillado, La Escuela es Nuestra, Pensión Mujeres Bienestar y Fertilizantes.
Otro dato alegre del proyecto económico de Hacienda, anotaron, es el de la producción de petróleo, pues apunta que generará 1.76 millones de barriles diarios, aun cuando actualmente es de sólo 1.36 millones de barriles por día.
Sobre el tema arancelario, enfatizaron que México ya está siendo afectado, pues el 2 de marzo entraron en vigor aranceles para los productos que no pertenecían al T-MEC, por lo que de los 509 mil millones de dólares que México exportó en 2024 a EUA, ahora solo 247 mil millones están libres de aranceles por cumplir con el tratado.
Lo más preocupante, reiteraron, es que no hay un plan definido, ni un secretario de Economía que logre acuerdos concretos con los vecinos del norte, ya que cada mes quedamos en espera de ver qué pasa, condicionados con el tema de seguridad y narcotráfico, en el que no vemos muchos resultados ni presupuesto.
Agregaron la necesidad de fortalecer las cadenas productivas, el mercado interno y una política de sustitución de importaciones, aunque reconocieron que la debilidad de las finanzas públicas no lo permite, ya que en el sexenio pasado “gastamos mucho en obras que no funcionan, cuando no debíamos de gastar y nos endeudamos como nunca”.
Desde mayo pasado el legislador panista pidió asignar recursos suficientes a policías estatales y municipales * El vicecoordinador de los senadores panistas subrayó la urgencia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la ola de violencia que persiste a nivel nacional
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, siempre ha velado por el bienestar de la ciudadanía, pero más por la tranquilidad y seguridad de la gente, que es la mayor demanda de la población.
En estos días que la violencia se ha desatado a nivel nacional, sobre todo en Michoacán, el estado que está en boca de todos, vale la pena recordar lo que puntualizó Vargas del Villar el 7 de mayo pasado.
En conferencia de prensa en el Senado de la República, reiteró que el tema de seguridad pública debe ser abordado con responsabilidad y sin tintes partidistas.
En ese evento estuvo acompañado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; el coordinador en el Senado, Ricardo Anaya Cortés; así como senadores y diputados federales panistas.
Enrique Vargas subrayó la urgencia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la violencia que persiste en estados como Sinaloa.
“Fuimos muy claros en acompañar esta estrategia de seguridad porque creemos que no debe politizarse”, expresó el legislador panista.
Recordó que el sexenio anterior dejó una cifra alarmante de más de 250 mil desaparecidos, lo cual motivó al grupo parlamentario a sumarse a una nueva propuesta con la que, dijo, buscan evitar que se repitan errores del pasado.
Vargas enfatizó que el gobierno federal no podrá combatir solo la inseguridad y urgió a que se asignen recursos suficientes a policías estatales y municipales.
“Este país va a cambiar en materia de seguridad cuando se invierta verdaderamente en los tres niveles de gobierno”, afirmó.
También en mayo pasado denunció que durante la administración pasada se dejaron de entregar más de 20 mil millones de pesos a los cuerpos municipales de seguridad, lo que impidió mejoras en patrullas, armamento, capacitación y sueldos.
Señaló que sostuvo una conversación privada con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre la situación en Sinaloa.
Aunque se les informó de una reducción en los índices delictivos, el legislador panista reconoció que la violencia entre cárteles continúa y responsabilizó también al gobernador del estado por la crisis de inseguridad.
El presidente del PAN, Jorge Romero, sostuvo que el partido decidió respaldar la nueva estrategia en materia de seguridad por convicción, asegurando que la ciudadanía demanda soluciones y no enfrentamientos políticos.
“Una tragedia no es solo una estadística; es algo que te cambia la vida para siempre”, expresó.
Hoy a 6 meses de distancia, el tiempo le dio la razón al senador panista: Que la violencia entre cárteles continúa y que no debe politizarse el tema de la seguridad pública.
Por el posible uso indebido de recursos públicos, expresa Nora Arias Contreras
ILDEFONSO PEREYRA
El Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar a la Contraloría General de la Capital investigar al alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por el posible uso indebido de recursos públicos, ante la toma de las instalaciones del Comité del PRD en esta demarcación.
De la misma manera, se pidió dar vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de que se abrió la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1S/D/01258/06-2025 por el delito de despojo.
En tribuna de Donceles y Allende, la coordinadora del PRD, Nora Arias Contreras, denunció que en la alcaldía Coyoacán hay personal que devenga un sueldo con recursos públicos, y además participa en la toma y ocupación de las instalaciones de dicho instituto político ubicadas en esa demarcación territorial.
“Esto no es sólo una falta de respeto a la legalidad y función pública, puede constituir un indebido uso de recursos públicos, abandono de funciones y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad institucional”, sentenció.
En la fundamentación de su proposición, la diputada Arias Contreras dijo que no se debe permitir que las alcaldías se conviertan en instrumentos de presión o control, porque esas no son sus funciones.
Presenta iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública * Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presenta una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el propósito de erradicar la discriminación, el acoso sexual, la violencia institucional y la falta de oportunidades que enfrentan las mujeres en las corporaciones policiacas del país.
Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia, además de impulsar medidas afirmativas que promuevan su ascenso, profesionalización y permanencia dentro de las instituciones de seguridad.
Vargas del Villar señala que, a pesar de los avances en materia de inclusión, las mujeres continúan enfrentando brechas de género dentro de las fuerzas de seguridad.
Citó el Diagnóstico Nacional sobre las Condiciones de Ingreso, Permanencia y Ascenso en las Instituciones de Seguridad Pública, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que revela que solo el 29.1% del personal operativo son mujeres, y de ellas menos del 15% ocupan mandos medios o superiores.
El senador también refirió estudios de ONU Mujeres y la organización Intersecta, los cuales indican que 45% de las mujeres policías ha sido víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo, mientras que 74% enfrenta obstáculos para ascender de puesto.
Asimismo, destaca que el acceso a licencias de maternidad, servicios de cuidado infantil y equipo táctico adaptado a sus necesidades es limitado o inexistente.
“Muchas de ellas enfrentan condiciones laborales desiguales, discriminación, violencia institucional, acoso sexual y falta de oportunidades para su ascenso, lo que limita su desarrollo profesional y vulnera sus derechos”, afirma Vargas del Villar.
La propuesta legislativa plantea modificaciones al Artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de que las instalaciones policiacas cuenten con guarderías y lactarios equipados conforme a los estándares internacionales de higiene y seguridad. También busca garantizar uniformes y equipamiento adecuados a las características físicas y necesidades de cada elemento.
Además, se propone incorporar la perspectiva de género en los artículos 14 y 22, con el propósito de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública considere políticas de igualdad sustantiva en la mejora de condiciones laborales y de seguridad social de las mujeres policías.
En el Artículo 61, la iniciativa impulsa medidas afirmativas para el ascenso, permanencia y profesionalización del personal policial en igualdad de condiciones, así como remuneraciones equitativas entre hombres y mujeres.
Por su parte, el Artículo 119 establece que el personal operativo deberá contar con uniformes y equipo adaptado a sus funciones y necesidades específicas, mientras que el Artículo 135 contempla la creación de protocolos contra el acoso sexual y la violencia institucional, además de mecanismos de acompañamiento y protección para las víctimas.
Vargas del Villar enfatiza que estas reformas permitirán fortalecer la igualdad sustantiva en las instituciones de seguridad pública y mejorar su legitimidad y eficacia.
“Es necesario establecer principios rectores de igualdad sustantiva en las corporaciones, crear protocolos contra el acoso y la violencia de género, y garantizar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres policías”, agrega.