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NACIONAL

Raciel Pérez promueve la igualdad y el empoderamiento de las mujeres

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Entrega apoyos económicos del programa Hermila Galindo * Cien mujeres víctimas de violencia de género recibieron un apoyo económico de 3 mil pesos

 

EL TOPO

 

Montserrat fue víctima de violencia de género a manos de su expareja, el pequeño Ezequiel es su hijo, ambos viven en la colonia San Rafael y hoy recibieron en estímulo económico por parte del presidente municipal Raciel Pérez Cruz a través del programa ‘Hermila Galindo’ que se otorga a mujeres que han vivido esta complicada y dolorosa situación.

En el teatro Eugenia León, el alcalde indicó que este programa tiene como propósito promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres para atender la violencia de género.

“Queremos que en nuestra ciudad todas las mujeres ejerzan su derecho a una vida libre de los diferentes tipos de violencia como física, emocional, psicológica, institucional y económica que es cuando se condiciona el avance de una mujer por cuestiones monetarias”, añade.

Sobre la violencia institucional, Pérez Cruz comentó que en la administración municipal se está capacitando a todos los servidores públicos para que conozcan los protocolos de atención a la violencia hacia las mujeres.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que a través de la cartilla de los derechos humanos que se distribuirá en todo el territorio nacional, todas las mujeres tengan herramientas para poder hacer frente a la lucha cotidiana por sus derechos y cómo erradicar la violencia de género.

El presidente municipal, explicó que desde el gobierno local se emprenden acciones para empoderar a las mujeres como un curso de manejo dirigido a 33 mujeres que manifestaron su intención de aprender a conducir. También se conformó un grupo de 52 mujeres para llevar a cabo un curso de defensa personal en el que aprendieron técnicas y conocimientos para poder defenderse ante una posible agresión.

Mencionó que este tipo de acciones se continuarán realizando en apoyo a este sector con activaciones físicas masivas, clases de aerobics, yoga, zumba, entre otras.

“Queremos que tengan opciones, estamos tejiendo una red de mujeres sororas que se apoyan entre sí, que ante una circunstancia difícil puedan encontrar acompañamiento entre ellas”, agrega.

La titular de la Dirección de Bienestar, Jezabel Delgado Flores, detalló que estos programas son fundamentales para hacer frente a esta problemática, toda vez que 7 de cada 10 mujeres en el país de 15 años en adelante han sufrido algún tipo de violencia.

NACIONAL

¡Acusan a funcionaria de cobrar en la UNAM y trabajar con Martí Batres en el ISSSTE!

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Trabajadores de la Máxima Casa de Estudios señalan que Juana Elvira Suárez Conejero tiene doble cargo: Aparece en la nómina universitaria y ocupa la Coordinación de Asesoras y Asesores de la Dirección General del ISSSTE

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron una queja por el presunto caso de una funcionaria que mantiene una plaza remunerada en la máxima casa de estudios, pese a que, según los denunciantes, no se presenta a desempeñar las funciones correspondientes.

Se trata de Juana Elvira Suárez Conejero, quien actualmente ocupa la Coordinación de Asesoras y Asesores de la Dirección General del ISSSTE, dependencia encabezada por Martí Batres.

La denuncia, de acuerdo con la documentación en poder de este medio, surgió al interior de la propia UNAM, donde trabajadores cuestionan que Suárez Conejero continúe recibiendo recursos de la Universidad mientras desarrolla actividades en el ISSSTE.

Uno de los documentos revisados por este medio corresponde a un registro de depósitos bancarios de nómina de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, fechado el 15 de mayo de 2026, en el que aparece “Suárez Conejero Juana Elvira” entre los trabajadores que reciben percepciones de la institución.

 

¿DÓNDE TRABAJA?

La inconformidad presentada por trabajadores universitarios apunta a que Suárez Conejero mantendría su plaza en la UNAM sin acudir a desempeñar las labores correspondientes, mientras desarrolla una función dentro de la estructura directiva del ISSSTE.

Es decir, el señalamiento que deberá esclarecer la Universidad es si existe una compatibilidad laboral real y documentada entre ambos cargos o si, como sostienen los denunciantes, se estaría pagando una plaza por un trabajo que no se realiza.

La información pública de la propia UNAM registra a Juana Elvira Suárez Conejero con nombramientos académicos como Profesora de Asignatura A no definitiva en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Facultad de Arquitectura. Esto vuelve relevante una serie de preguntas que ahora recaen directamente sobre la Universidad:

¿Cuál es su carga académica? ¿Qué materias imparte? ¿En qué horarios? ¿Cuenta con registros de asistencia? ¿Existe autorización para desempeñar simultáneamente funciones en otra dependencia pública? ¿Quién supervisa el cumplimiento de su plaza?

Son precisamente estos puntos los que los trabajadores universitarios piden esclarecer.

 

DE LA UNAM AL EQUIPO DE MARTÍ BATRES

Mientras en la UNAM existe este cuestionamiento, Suárez Conejero ocupa actualmente un puesto dentro de la estructura de la Dirección General del ISSSTE. El Instituto la identifica como coordinadora de Asesoras y Asesores de la Dirección General, posición cercana al titular del organismo, Martí Batres.

La funcionaria ha aparecido además en actividades oficiales del ISSSTE vinculadas con proyectos y acciones institucionales.

La doble pertenencia laboral no constituye por sí misma una irregularidad: existen esquemas de compatibilidad, horarios y autorizaciones que pueden permitir que una persona tenga más de una actividad laboral.

El problema, según los trabajadores que presentaron la queja, es que Suárez Conejero estaría cobrando en la UNAM sin cumplir materialmente con las obligaciones de su plaza. Por ello, la responsabilidad de la Universidad será determinar si los señalamientos tienen sustento y, en su caso, establecer quién autorizó, supervisó o permitió dicha situación.

 

TRABAJADORES PONEN EL FOCO EN LA UNAM

A diferencia de otros casos de presunto uso irregular de plazas públicas, en este caso la denuncia no surge de una investigación externa ni de una acusación política contra el ISSSTE. El señalamiento proviene de trabajadores de la propia UNAM, quienes cuestionan el uso de recursos universitarios y el cumplimiento de una plaza dentro de la institución.

Por ello, el caso abre una discusión sobre los mecanismos de control de la Universidad para verificar que quienes reciben recursos públicos efectivamente cumplan con las funciones por las que son remunerados.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿Puede una persona mantener una plaza remunerada en la UNAM mientras ocupa un puesto de responsabilidad dentro del ISSSTE y, al mismo tiempo, no presentarse a realizar las actividades correspondientes a su plaza universitaria?

La respuesta debería estar en los expedientes laborales, horarios, controles de asistencia y registros académicos de la propia Universidad.

Y aparece otro capítulo: Los cubanos en el ISSSTE.

La investigación también alcanza la estructura que rodea a Suárez Conejero en el ISSSTE.

Documentación que está siendo revisada por este medio señala la incorporación de personas de origen cubano a áreas del Instituto, algunas con percepciones superiores a los 70 mil pesos mensuales.

El dato resulta relevante porque permitiría determinar si existe un patrón de contratación alrededor de la estructura de asesores de la Dirección General o si se trata de casos independientes.

Hasta ahora, ambos asuntos deben mantenerse separados: por un lado, la denuncia de trabajadores de la UNAM sobre el presunto incumplimiento de la plaza de Suárez Conejero; por otro, las contrataciones y salarios dentro del ISSSTE.

 

UNAM TENDRÁ LA PALABRA

El caso coloca nuevamente bajo la lupa los mecanismos internos de la UNAM para vigilar el cumplimiento de sus plazas y el destino de los recursos destinados a su personal.

La Universidad deberá explicar si Juana Elvira Suárez Conejero cumple actualmente con las obligaciones de su nombramiento, cuáles son sus horarios y funciones, y bajo qué condiciones puede desempeñar simultáneamente un cargo dentro del ISSSTE.

También deberá aclarar si existe alguna investigación interna derivada de la queja presentada por trabajadores universitarios.

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NACIONAL

Educación y capacitación, motores del crecimiento económico: Nacer Global

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Jorge Nacer Gobera, presidente de la red de universidades privadas más grande de México, y Eugenio Segura, senador con licencia por Quintana Roo, acuerdan de manera satisfactoria apoyar los esfuerzos de capacitación de diferentes sectores de la economía del estado quintanarroense

 

ARMANDO GARCÍA

 

Jorge Nacer Gobera, presidente de la red de universidades privadas más grande de México, y Eugenio Segura, senador con licencia por Quintana Roo, acuerdan de manera satisfactoria apoyar los esfuerzos de capacitación de diferentes sectores de la economía del estado quintanarroense.

“Con mucho gusto nos involucramos en este proyecto, a través del senador Eugenio Segura, un joven, pero experimentado político de la entidad”, añade Nacer Gobera, presidente de Nacer Global.

“Coincidimos con la gobernadora Mara Lezama en que la educación y capacitación son motores del crecimiento económico. Apoyaremos en turismo y también en otros sectores, como parte del esfuerzo de diversificación económica de Quintana Roo”, expresa Jorge Nacer.

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NACIONAL

Eventuarte y Solumax: los puntos de rescate humanitario siguen sin instalarse en el INM

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La respuesta estará en manos de las autoridades responsables de revisar el procedimiento y establecer si la contratación debe mantenerse vigente, modificarse, corregirse o, en última instancia, reponerse desde el principio

 

ERIC LÓPEZ

 

La inconformidad de una empresa participante puso la licitación bajo revisión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración. Mientras se determina si el procedimiento se ajustó a la normatividad, los servicios contemplados en el contrato continúan sin concretarse.

El cumplimiento de una contratación realizada por el Instituto Nacional de Migración (INM) vuelve a generar cuestionamientos alrededor de la Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional No. LA-04-K00-004K00001-N-34-2026, en la que fueron seleccionadas las empresas Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V. y Eventuarte, S. A. de C. V.

El principal señalamiento tiene que ver con la ejecución del contrato: los puntos de rescate humanitario previstos en la contratación no han sido instalados.

A esta situación se suma ahora una revisión por parte de las instancias de control.

Una de las empresas que participaron en el procedimiento presentó una inconformidad, llevando el caso ante el Órgano Interno de Control del INM, que deberá revisar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la licitación y determinar si el proceso cumplió con las disposiciones legales y administrativas correspondientes.

Entre las posibles consecuencias, en caso de que la autoridad encuentre elementos suficientes para determinar que el procedimiento presentó irregularidades, estaría la posibilidad de dejarlo sin efectos y ordenar una nueva contratación.

No obstante, cualquier determinación dependerá de la resolución que emita la autoridad encargada de atender la inconformidad.

Las dudas sobre el procedimiento no son nuevas. Desde que comenzó la licitación se plantearon cuestionamientos relacionados con la experiencia y capacidad operativa de las compañías seleccionadas para ejecutar un proyecto de esta naturaleza.

La importancia de este punto radica en el objeto mismo de la contratación.

Los puntos de rescate humanitario están destinados a brindar atención a personas migrantes que pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.

Por ello, no basta con que una empresa cumpla formalmente con los requisitos de una licitación: resulta indispensable que tenga la capacidad material y operativa para cumplir efectivamente con las obligaciones contratadas.

La situación actual plantea además una coincidencia que merece ser aclarada: los servicios no se han materializado mientras la legalidad del procedimiento de contratación está siendo revisada.

Esto coloca nuevamente al INM frente a varias preguntas.

¿Qué verificaciones se realizaron antes de adjudicar el contrato? ¿Qué elementos utilizó la institución para determinar que las empresas seleccionadas contaban con la capacidad necesaria? ¿Qué mecanismos de supervisión se han implementado para comprobar el avance de los trabajos?

También queda pendiente saber si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, tiene conocimiento de la situación y de la inconformidad presentada.

Y en caso de que las instancias correspondientes estén al tanto, surge otra interrogante: ¿qué acciones se han tomado desde los órganos de control para revisar el cumplimiento de la contratación?

Como parte de la investigación, se buscó obtener la posición de Eventuarte y Solumax mediante los domicilios que tienen registrados, sin que hasta ahora se haya conseguido una respuesta que permita conocer el avance real de los trabajos o explicar la ausencia de los puntos de rescate.

También se solicitó información al Instituto Nacional de Migración sobre el estado de los contratos, el avance de las obligaciones, los pagos efectuados y las implicaciones de la inconformidad que actualmente se encuentra en revisión.

Hasta el momento no se ha presentado una explicación pública suficiente que permita establecer por qué los servicios contratados no se han concretado ni cuál será el futuro de la licitación mientras el procedimiento permanece bajo análisis.

El asunto cobra especial importancia por dos razones: el uso de recursos públicos y el destino de la infraestructura contratada.

No se trata únicamente de determinar si un proveedor cumplió o no con un contrato. Los servicios están vinculados con la atención humanitaria de personas migrantes, por lo que cualquier retraso o incumplimiento puede tener consecuencias que van más allá del ámbito administrativo.

Mientras el Órgano Interno de Control concluye la revisión de la inconformidad, permanece una pregunta central para el Instituto Nacional de Migración:

¿Cuándo se tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores contratados tengan la capacidad de cumplir con servicios esenciales para la atención de la población migrante?

La respuesta estará en manos de las autoridades responsables de revisar el procedimiento y establecer si la contratación debe mantenerse vigente, modificarse, corregirse o, en última instancia, reponerse desde el principio.

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