Cuentas que prácticamente se duplicaron y ultimatums de dos semanas para pagar o perder el patrimonio. Ese fue el saldo con el que se toparon miles de familias al regresar a las cajas del Nacional Monte de Piedad

ILDEFONSO LÓPEZ

Al reanudar operaciones, la institución condiciona la recuperación de prendas al pago de los recargos acumulados por el cierre y otorga un plazo de 15 días antes de iniciar los remates.

Cuentas que prácticamente se duplicaron y ultimatums de dos semanas para pagar o perder el patrimonio. Ese fue el saldo con el que se toparon miles de familias al regresar a las cajas del Nacional Monte de Piedad, donde la administración comenzó a exigir el cobro de intereses generados durante los 370 días en que sus instalaciones permanecieron cerradas por un conflicto sindical ajeno a los usuarios.

La parálisis en las 300 sucursales del país -iniciada el 1 de octubre de 2025 tras la ruptura contractual entre el sindicato y la institución de asistencia privada- dejó bajo llave millones de garantías en las 32 entidades.

Aunque la empresa promovió depósitos a distancia a través de bancos y tiendas de conveniencia, buena parte del padrón optó por pausar los abonos ante la falta de certidumbre sobre el destino de sus pertenencias y la nula claridad respecto de una fecha de solución.

Al reactivarse el servicio, el personal de ventanilla notificó que las operaciones suspendidas no quedaron exentas de los cargos ordinarios por resguardo y financiamiento correspondientes al año durante el cual duró el diferendo laboral.

Esta disposición derivó en que los adeudos que antes de la huelga rondaban los 2 mil 640 pesos por refrendo de joyería hoy requieren más de 5 mil 180 pesos para evitar que las prendas pasen a comercialización.

A la exigencia de cubrir los intereses acumulados se suma la presión del tiempo: la administración fijó un plazo perentorio de apenas 15 días naturales para que los clientes con pagos vencidos cubran el total requerido o negocien conforme a los lineamientos internos, con la advertencia expresa de que los artículos no regularizados serán enviados a las almonedas para su venta al público.

Aunque la dirección general de José Antonio Murillo Garza difundió un plan de contingencia que incluye 45 días sin cobro de intereses para trámites específicos y descuentos de entre 45 y 75 por ciento según la antigüedad del contrato, en las cajas los usuarios señalaron que estos porcentajes se aplican sobre bases infladas por el propio cierre, por lo que el monto a desembolsar sigue siendo superior al saldo original.

Los clientes cuestionaron que una institución constituida con fines asistenciales traslade las consecuencias financieras de una disputa interna a quienes recurrieron al empeño por necesidades de liquidez inmediata, lo que ha motivado a diversos usuarios a solicitar la revisión legal de los contratos y la intervención de los órganos reguladores para frenar los remates mientras no exista una aclaración detallada de las cuentas.

• Martínez Castillo también se presenta como docente de instituciones privadas y presume cercanía con altos funcionarios
• También indagan el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles residenciales de alto valor

ILDEFONSO VILCHIS

Una investigación en curso analiza señalamientos contra Carlos Alberto Martínez Castillo, a quien se le atribuye haberse presentado ante terceros como abogado vinculado a una firma internacional, como docente de instituciones privadas y como persona con cercanía a ex integrantes del Estado Mayor Presidencial y a funcionarios en activo.

Dichas presentaciones se verificarán de manera independiente.

De acuerdo con testimonios de particulares que solicitan el anonimato por tratarse de controversias privadas en curso, existirían diferencias entre la imagen de solvencia proyectada por el señalado y su cónyuge, y el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles residenciales de alto valor.

Los testimonios se contrastan con documentos, refieren un patrón señalado que consiste en la obtención de la posesión de un inmueble tras proyectar capacidad económica y la posterior generación de controversias para la recuperación del mismo.

Existen versiones sobre incumplimiento de pago. Pendiente de obtener contratos, recibos, expedientes judiciales y sentencias.

Entre las zonas más afectadas por la parálisis institucional destacan los estados de Michoacán, Zacatecas, Baja California y Colima, donde la entrega de fusiles presenta rezagos de hasta dos años

ILDEFONSO VILCHIS

La operatividad de las secretarías de Seguridad Pública estatal se encuentra en riesgo debido a la tardanza en la obtención de permisos de importación, retrasos en pagos y cambios unilaterales en contratos por parte de la Dirección General de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM), dirigida por el general Gómez Ruiz.

Mientras las autoridades registran faltantes, más de 15 empresas proveedoras de armamento sostienen que cumplieron con la entrega de municiones e insumos a los estados, responsabilizando a la dependencia federal por los bloqueos administrativos.

La falta de fluidez en los trámites a cargo de la DCAM frena la correcta distribución del equipamiento táctico contratado por los gobiernos locales.

Esta desatención institucional perjudica directamente la planificación táctica de los cuerpos de policía en regiones donde la presencia delictiva exige capacidad de respuesta inmediata y material reglamentario actualizado.

Entre las zonas más afectadas por la parálisis institucional destacan los estados de Michoacán, Zacatecas, Baja California y Colima, donde la entrega de fusiles presenta rezagos de hasta dos años.

De forma paralela, existen corporaciones que ya recibieron las armas por parte de la autoridad militar, pero permanecen inoperativas debido a que no se les han suministrado las municiones indispensables para su uso de cargo.

El desabasto de pertrechos a nivel estatal por parte de las instituciones armadas cuenta con antecedentes documentados. Un informe elaborado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que la Sedena incurrió en el incumplimiento de la entrega de equipo bélico por 122 millones de pesos en 21 estados, según derivó de las revisiones de auditoría aplicadas a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

La controversia entre los proveedores privados y la titularidad de la DCAM acentúa la urgencia de transparentar los procesos de comercialización y elección de fabricantes de armamento al ser obvio el favoritismo de empresas que, no obstante, no cumplen sus entregas siguen siendo propuestas por la DCAM a las entidades que solicitan disponibilidad de material.

Los mandos policiales locales insisten en que la resolución inmediata de estos trámites resulta imprescindible para restablecer el estado de fuerza, equipar a los efectivos y evitar que las fallas de la burocracia federal sigan menoscabando la seguridad pública.