La Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista * Los gobiernos de la autollamada 4T derogaron el Estado de Derecho, acabaron con la división de Poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
México aportó al mundo la primera revolución social del siglo XX y una de las Constituciones Políticas más avanzadas que incluía no sólo las prerrogativas individuales sino los derechos sociales.
Los constituyentes de 1917 nos dieron un marco jurídico basado en una República representativa, democrática, laica y federal, con contrapesos al poder político y las bases para una legislación que protegiera al ciudadano de los abusos de la autoridad, como la Ley de Amparo.
Sin embargo, a poco más de un siglo, la Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista y los gobiernos de la autollamada 4T han hecho del constitucionalismo un instrumento para derogar el Estado de Derecho, acabar con la división de Poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder.
Todo comenzó un 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro cuando un sátrapa se indignó ante una de sus pares -titular del Poder Judicial- porque no le rindió pleitesía. Entonces, se urdió una venganza personal para acabar no sólo con la independencia de un poder soberano, sino utilizar esa vendetta para la construcción de una presidencia imperial que ya contaba con un Congreso abyecto que convirtió las Cámaras en una oficialía de partes de las iniciativas del Poder Ejecutivo a las que no se le quitaba ni una coma.
La Reforma Judicial fue el mecanismo perverso mediante el cual se atentó contra verdaderos ministros, magistrados y jueces para destituirlos e imponer, en amañadas elecciones -aunque en el mundo no se usan los togados votados-, a administradores de la justicia a modo, sufragados mediante acordeón.
Un atropello a los ciudadanos, hoy, en estado de indefensión y a merced de ignorantes e imberbes abogados.
Consumada la extinción del Poder Judicial independiente, al amparo de improcedente simulación electoral, se allanó el camino al autoritarismo presidencial y con ello el retroceso en nuestra democracia al instaurar una República sin división de Poderes.
El jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su texto “La Reforma Judicial Mexicana. Cómo se destruye el Estado de Derecho”, enfatiza que la reforma es la negación del paradigma constitucional de las actuales democracias avanzadas, que consiste en un sistema de límites y vínculos al poder político, de ellos que más importantes son los derechos fundamentales y la separación de Poderes.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece que toda sociedad, en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de Poderes establecida, carece de Constitución.
Agrega el constitucionalista que en México se transforma la democracia en una autocrítica electiva, análoga a la de la Turquía de Erdogan o la Hungría de Víctor Orban.
El discípulo de Norberto Bobbio precisa que si se quiere que el ejercicio de la función judicial sea capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial los constitucionalmente establecidos, no podrá depender de condicionamientos políticos contingentes, sino sólo de la política expresa en la ley, sobre todo en la Constitución Política.
Sólo la separación de Poderes y la independencia de los jueces puede salvaguardar la autoridad de la ley frente a los arbitrios y abusos, discriminaciones y privilegios de los sujetos políticos.
Para Ferrajoli, la reforma tiene un carácter fuertemente regresivo y antidemocrático de una concepción de la democracia que funda la legitimación de todos los poderes públicos en la omnipresencia de las mayorías salidas de las urnas.
Lo anterior evita la verdadera democracia, el constitucionalismo y anula el Estado de Derecho.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cientos de veces reformada a conveniencia de los gobernantes, en especial por las administraciones de la 4T, dejó de ser garante de los derechos individuales y sociales del mexicano. Del espíritu del constituyente sólo queda el recuerdo.
APOSTILLA
A quien no lo calienta ni el sol en estos días es al presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Fernando Balzaretti.
A punto de dejar el cargo en este órgano rector de todas las IAP, le estalló en las manos un escándalo de corrupción en la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck, institución que él mismo solía exhibir como ejemplo de buenas prácticas.
Habrá que ver si ahora sí el gobierno de Clara Brugada Molina decide poner la lupa sobre los manejos de la JAP y, de paso, vigilar que se respete la voluntad fundacional de los mecenas.
Porque si Balzaretti logra heredar el puesto a su candidata, no hay razones para el optimismo: Al sector asistencial, que debería ser protegido, le esperan más sombras que certezas.
¿Cuál soberanía? * En la realidad los gringos se han metido hasta la cocina y obligado a nuestras autoridades a cumplir con sus instrucciones
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
El proyecto político de la autodenominada 4T tiene un manejo a conveniencia del concepto de soberanía.
Imbuido en el populismo setentero de la época echeverrista, un falso nacionalismo se lleva hasta extremos chauvinistas y patrioteros para justificar su modelo social cerrado frente a un orbe globalizado que superó con mucho la idea de soberanía vigente en los países decimonónicos o de la primera mitad de la centuria pasada.
Esa idea trasnochada de que los Estados -gobierno, pueblo y territorio- se autodefinen, marcan fronteras casi medievales y que al exterior poco debe importar la vida cotidiana de una nación “independiente”, ya no funciona en el mundo contemporáneo e interrelacionado en el que vivimos.
El principio monárquico de soberanía pasó a la historia y sólo funciona en regímenes dictatoriales, donde hasta se prohíbe la salida de los ciudadanos.
México, a pesar de contar con el tratado de libre comercio más grande del mundo y tener relaciones con casi todas las naciones -salvo las pausadas por el tlatoani tabasqueño y sus obsesiones-, ha construido un sistema político autárquico donde un empoderado presidencialismo sin división de Poderes ni contrapesos constitucionales autónomos imposibilita la certeza jurídica a las inversiones extranjeras, además de disminuir su capacidad gubernativa a manos del crimen organizado, lo que provoca fricciones con los Estados Unidos, entre otros países.
La visión aldeana de mantener una economía en crisis para someter a un pueblo, condenarlo a la pobreza y crear una oligarquía partidista o burocrática -como en el estalinismo-, posibilita la expansión de la violencia y el crecimiento del narcotráfico, lo que alarma a la Casa Blanca; por ello considera a los barones de la droga como terroristas y anuncia su combate, aún en territorio nacional.
Ante esa amenaza, se saca del baúl de los recuerdos la letra del Himno Nacional y las monografías de los Niños Héroes, las que como estampitas del “detente” son escudo de la soberanía, se envuelven en el Lábaro Patrio y nos declaran país libre y soberano.
Sin embargo, en la realidad, los gringos se han metido hasta la cocina y obligado a nuestras autoridades a cumplir con sus instrucciones.
Las invasiones ya no son sólo militares, sino comerciales, ideológicas, informáticas y tecnológicas. Nada detiene al nuevo imperialismo.
Pero en el proyecto populista de la 4T, sólo interesa el control interno de la sociedad, aunque se renuncie a la gobernanza y se capitule en favor del crimen organizado.
Desde hace cuatro años, el Pentágono advirtió que más de la tercera parte del país estaba gobernado por el narcotráfico.
Su preocupación no era salvar al pueblo mexicano, sino el daño a la salud pública y a la seguridad nacional de los americanos.
Hubo oídos sordos y se rechazó la ayuda norteamericana, la cual, insisto, no es un beneficio nacional, sino protección a su población y sus intereses.
Llegó el republicano a la Casa Blanca y literalmente dobló al gobierno mexicano, al que consecuentó inicialmente en su propósito de menoscabar el Estado de Derecho, hasta que se puso en riesgo la actividad de las empresas gringas y se desbordó el trasiego de la droga.
Fueron muchas las advertencias del megalómano neoyorquino, al que siempre se le enfrentó con el consabido “mexicanos al grito de guerra…” y la defensa hipócrita de la soberanía decimonónica.
Como decían las abuelitas, “muy celosos de la honra, pero muy desentendidos del gasto”.
Se desgarraron las vestimentas cuando se descubrió circunstancialmente la intervención de la CIA en el desmantelamiento del mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua y se aprestaron a quemar en leña verde a la gobernadora Maru Campos.
Omisos en la investigación propia, saben que muchas de las detenciones recientes de mafiosos y la desactivación de sus negocios han sido con información y supervisión de las agencias norteamericanas.
La connivencia con la maña está por encima de la seguridad de los mexicanos.
Otro factor que incomodó a Trump es la amenaza a las empresas trasnacionales que ven afectados sus intereses ante la falta de certeza jurídica por la sumisión del Poder Judicial.
Al T-MEC, que nos favorece, poco importa el concepto de soberanía y peligra su ratificación.
Son más traidores a la patria los que hacen una defensa a ultranza de autoridades infiltradas por el narcotráfico que quienes reconocen la necesidad de permitir la ayuda norteamericana.
No la hacen los gringos como madres de la caridad, sino por la defensa de sus intereses más allá de las fronteras y por ello sí son capaces de una intervención militar. Se los advirtieron.
Alejados de la democracia imperfecta * Bajo advertencia no hay engaños: El embajador norteamericano Ronald D. Johnson fue claro: sin certeza jurídica y si no se combate la corrupción, no se concretará el nuevo T-MEC
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
En una década nos alejamos de la democracia imperfecta para convertirnos en un régimen híbrido, donde perduran cuestionables procesos electorales, hay fallas estructurales en Estado de Derecho, el funcionamiento del gobierno y se reducen las libertades ciudadanas.
El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit ubica a México en la posición 81 del ranking global, lo que significa que hemos descendido diez lugares en sólo siete años, al pasar de una calificación de 6.2 a 5.3.
Hoy, Uruguay tiene una democracia más sólida en América Latina.
Según ese índice, antes de la 4T había un sistema político más democrático y más libertades cívicas. En un régimen híbrido, donde nos clasifican ahora, las instituciones pierden eficiencia y credibilidad y se aproximan a los gobiernos autoritarios.
La narrativa oficial insiste en presentar al periodo neoliberal como el causante o fuente de todas nuestras tragedias y antítesis de la justicia social para justificar los yerros del populismo, propician la estigmatización de las clases económicamente poderosas como si el capital fuera la espoliadora de los obreros y buscan desaparecer a la clase media, ya que quieren mantener la pobreza como destino manifiesto.
En su interpretación maniquea de la realidad, crean enemigos ficticios para mantener vigente la lucha de clases y hacen todo lo posible por imponer políticas estatistas, donde un gobierno bonapartista aparenta estar por encima de los factores de la producción para dispensar el bienestar social y acotar las ambiciones empresariales, aunque se ahuyente la inversión.
Parecen no darse cuenta del fracaso del populismo setentero y el daño irreparable que provocó la “docena trágica”, donde el régimen arrebató a los emprendedores la función de generar riqueza para convertirse en pésimo patrón que mantuvo un obeso sector paraestatal y no generó un solo peso.
Hoy, como ayer, son malos administradores de aeropuertos, puertos, líneas aéreas, hoteles, ferrocarriles, bancos, farmacias, entre otras ramas productivas, como la construcción. Pero, tanto en los setentas como ahora, son la antítesis del Rey Midas, todo lo destruyen.
Su obtusa visión de la economía, su fracaso en el desarrollo del país y la solapada corrupción oficial los justifican mediante la concentración del poder político y la opacidad en la función pública.
Los abusos del poder ya no pueden ser frenados, porque perdió vigencia la figura del amparo y el Poder Judicial se ha vuelto protector de los gobernantes.
El embajador norteamericano Ronald D. Johnson fue claro: sin certeza jurídica y si no se combate la corrupción, no se concretará el nuevo T-MEC.
La cooptación del árbitro electoral tampoco es una buena señal de ejercicio democrático y es un retroceso en la vida social del país, ya que regresamos a las elecciones de Estado, donde el gobierno controla los procesos electorales para garantizar el triunfo de los candidatos oficiales y contener a la oposición.
El gran riesgo para México es que en el corto plazo abandonemos las simulaciones del régimen híbrido para convertirnos en un Estado autoritario.
APOSTILLA
Bajo el lema de siembra limones, cosecha dólares, Citrus Capital lanza innovadora fórmula de inversión que posibilite la producción del cítrico para exportación a ocho naciones, mediante pequeños accionistas que financien el 65 por ciento del producto en más de 500 hectáreas en Yucatán con rendimientos cercanos al 20 por ciento.
Invertir en pesos y generar rendimientos en dólares se posiciona como una alternativa para diversificar el emprendimiento.
Yermi Sutton, presidente de Cosecha Capital, presentó un modelo de inversión enfocado en la producción y exportación de limón persa.
Citrus Patrimonial -agroindustria con experiencia en producción, cosecha y exportación- estructura un modelo que opera a través de certificados con un valor inicial de 305 mil pesos, que representan 30 árboles de limón persa en un terreno de mil metros cuadrados.
Los inversionistas adquieren el 65 por ciento de las ventas de exportación totales, cuya producción se destina principalmente a exportación hacia Estados Unidos y mercados asiáticos.
El objetivo es ofrecer productos de inversión con alto valor agregado y potencial de rendimiento estimado del 18 por ciento, frente a alternativas como los Cetes o instrumentos tradicionales de ahorro.
Dado el ciclo natural del cultivo, los inversionistas comienzan a recibir utilidades a partir del quinto año.
La triste realidad en el mundo de las patadas * La razón es simple: Los gobiernos no han sabido incentivar a las futuras promesas de cualquier actividad deportiva y porque no hay un plan gubernamental que aliente, como en las grandes potencias, a los jóvenes con capacidades excepcionales
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
El futbol, además de ser una actividad deportiva, lúdica y espectáculo de entretenimiento, es un negocio trasnacional que deja millones de dólares a los organizadores, no así a los gobiernos ni a los comerciantes locales.
A pesar de ser un país “pambolero”, no destacamos como potencia mundial en el balompié.
Es increíble que en una nación con más de 130 millones de habitantes no haya once pares de piernas que nos hagan competitivos en materia futbolera.
Desde ahí entramos con el pie izquierdo al mundo de las patadas.
Grandes escritores como Gabriel García Márquez o Eduardo Galeano han dado testimonio no sólo de crónicas deportivas, sino de las implicaciones ideológicas, políticas y económicas que tiene el futbol, además de Juan Villoro que combina en sus libros la pasión del aficionado con el análisis sociológico del deporte más popular en el mundo.
Todos coinciden en que el origen paupérrimo de las grandes estrellas los hace destacar en la actividad profesional.
Fueron así figuras brasileñas y argentinas; “cracks” de la Europa del Este también sufrieron penurias que los obligaron a emigrar y destacar en el futbol occidental, recientemente el Medio Oriente y África exportan jugadores a las grandes corporaciones futbolísticas europeas.
México, como en el boxeo, dejó de crear ídolos que por su origen conservaran el hambre de triunfo y la necesidad de resaltar en el deporte.
Nos persigue el síndrome del “Jamaicón” Villegas, las jóvenes promesas no desean figurar allende las fronteras y tampoco tienen ya la necesidad del hambre de triunfo.
Mientras tanto, África exporta “N” cantidad de jugadores que incluso retribuyen a sus paisanos la mayor parte de sus ingresos y crean fideicomisos para la construcción de escuelas y hospitales, sabedores de las carencias ancestrales de sus connacionales.
Es el esfuerzo personal lo que los hace brillar. Allá como aquí no hay una política pública deportiva que forje campeones; los pocos jugadores mexicanos exportados han destacado por los “buscadores” de talento y la ambición económica de los equipos por obtener ganancias.
Pero, en la mayoría de los casos, nuestros internacionales, como el “Jamaicón”, regresan al poco tiempo.
México nunca será campeón mundial porque los gobiernos no han sabido incentivar a las futuras promesas de cualquier actividad deportiva y porque no hay un plan gubernamental que aliente, como en las grandes potencias, a los jóvenes con capacidades excepcionales.
Se acabaron los Hugo Sánchez o los “Chicharito” Hernández.
Difícil creer que en un país “pambolero” no haya una oncena que nos represente con dignidad.
Por eso también llegamos tarde al negocio del deporte de las patadas. En el próximo Mundial, México pondrá las obras y la infraestructura -insuficiente, mal hecha y tardía-, pero no recibirá nada a cambio.
Será la FIFA y las grandes empresas multinacionales las que se lleven todas las ganancias.
El gobierno tuvo ocho años para relanzarnos como país, pero no supo rescatar para sus gobernados un espectáculo que le diera pasajero olvido a sus problemas y penurias, además la esperanza de soñar con un quinto partido.
Extraños en su casa, los mexicanos serán testigos a distancia de la excelsa justa deportiva.
La televisión será su reducto en una Copa que no le dejará ni enseñanza ni beneficios.
Queda como asignatura pendiente el real fomento al deporte, no con efímeros torneos y la adaptación al trancazo de canchas deportivas que luego quedan abandonadas.
Es obligación del gobierno crear nuevos héroes deportivos que por orgullo nacional den identidad a una sociedad ávida de triunfos y entrar como pares al negocio del deporte de las patadas. Al menos en este Mundial, no será así.
APOSTILLA
Por consenso de todas las fuerzas políticas y acorde con la Reforma Política del gobierno federal de reducir gastos en las Cámaras de Diputados locales, el Congreso de Baja California aprobó la reducción de su Presupuesto a 52 millones 648 mil 055.99 pesos, lo que representa un ahorro significativo para el ejercicio 2026.
Este ajuste se implementa de manera anticipada y voluntaria, a pesar de que la resolución exige aplicarla hasta el 2027, donde además se realizarán modificaciones mayores para cumplir con el tope del 0.7% del presupuesto estatal.
La presidenta del Congreso, Michel Sánchez Allende -de Morena-, reconoció que, aunque existan diferencias con otras corrientes, hoy se sumaron al acuerdo como muestra de unidad y responsabilidad compartida en la fiscalización del recurso público.
Como se recordará, la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el Congreso de Baja California es el más caro del país.