Pese a todos los ataques y afrentas, el movimiento transformador se quedará con las ganas de acabarla * En la 4T, la presidencia imperial fija la narrativa de la función informativa como estrategia propagandística que justifica o encubre al mal gobierno y hace de la posverdad una política pública

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

En 1966, don José Pagés Llergo dijo una frase lapidaria y premonitoria a egresados de la carrera de periodismo de la Universidad Veracruzana: “Ha progresado tanto la ciencia que el vino ya no se hace con uvas, ni el chocolate con cacao ni los periódicos con periodistas”.

Aunque el periodismo se resiste a morir a manos de las redes sociales, cada día esta disciplina es amenazada por el abandono de la función informativa de los medios de comunicación, saturados ahora por la infodemia y la posverdad.

A pesar de ello, como sentenció Umberto Eco, “esto no matará a aquello”, analogía de la novela “Nuestra Señora de París”, de Víctor Hugo, que suponía que la imprenta sustituiría a la arquitectura medieval como forma de comunicación.

El semiólogo italiano enfatizó que el Internet no matará al libro, a la palabra escrita. Por eso el periodismo no desaparecerá, no sólo por su función social, sino porque forma opinión, lo que da sentido a la convivencia en sociedad y vigencia al pacto social.

Sin embargo, esa crisis se extiende a otras áreas como la comunicación social.  Instrumento del ejercicio de gobierno que permite informar a la población del quehacer público y establece un puente de comunicación con los gobernados para conocer sus necesidades y difundir las políticas públicas que satisfacen esas peticiones.

La comunicación social es más que la creación de una positiva imagen institucional, es más que estrategias propagandísticas o publicitarias.

La verdadera comunicación social es una herramienta de buen gobierno que debiera posibilitar la cohesión del Estado mexicano. Todos los gobiernos posrevolucionarios entendieron la función social de la información.

Plutarco Elías Calles creó el Departamento de Boletines.

Lázaro Cárdenas elevó a rango de ministerio el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda, convertido después en Oficinas de Prensa, las cuales pasaron a Direcciones Generales de Información para transformarse en Direcciones Generales de Comunicación Social.

Reconoció la administración pública la importancia de los medios de comunicación como enlace de la autoridad con sus ciudadanos, círculo comunicativo que permitía conocer las peticiones del pueblo para traducirlas en políticas públicas expresadas en un plan de gobierno.

La comunicación social era un termómetro para medir el humor social y prevenir conflictos o crisis políticas. La retroalimentación de la comunicación era un catalizador del descontento social. Cumplía una función preventiva.

Pero, en los últimos sexenios, el modelo de gobierno unipersonal y vertical de la administración hace peligrar a la comunicación social.

En gobiernos autoritarios, donde un líder mesiánico, casi teocrático, asume todas las funciones -incluida la de informar a los gobernados-, peligra la comunicación social. Desaparece la figura del comunicador y el proceso de la comunicación, es decir, deja de existir la retroalimentación y sólo se informa lo que desde la cúspide quieran sepa la población. La falacia se convierte en regla y la posverdad en religión.

Si hoy la función informativa se hace sin periodistas, la comunicación social se realiza sin comunicadores.

Ese esquema funciona mientras la maquinaria propagandística mantenga obnubilada a la sociedad, pero eso no dura todo el tiempo. El letargo social no aguantará, como lo deseaban los nazis, un milenio. La comunicación de un solo hombre tiene otro efecto negativo: no prepara una clase política. Prefiera abyectos subalternos que acepten salarios magros. Eso conlleva otro riesgo: gente ignorante en la función pública y estructuras gubernamentales formadas por junta de notables o caterva de corruptos que solo piensan en su futuro.

La comunicación social no es ajena a esa improvisación. En la 4T, la presidencia imperial fija la narrativa de la función informativa como estrategia propagandística que justifica o encubre al mal gobierno y hace de la posverdad política pública.

Una encuesta a 160 periodistas sobre la preparación de las figuras públicas cuando se enfrentan con los medios reveló que el 60 por ciento considera que los voceros carecen de herramientas mínimas en las entrevistas con periodistas.

La “Primera Encuesta Nacional Diagnóstico de Voceros en México”, de Media Training Lab, indica que el 44 por ciento de los diaristas coincide en que los voceros llegan con un nivel de preparación “regular” y el 15 por ciento considera que enfrentan a los medios “mal”.

El estudio evidencia “una crisis a la hora de exponer los mensajes por parte de los líderes de opinión, lo que compromete su influencia, tanto a nivel individual como en el desempeño de sus organizaciones, ya sean públicas o privadas”.

Sobre la habilidad más débil de los voceros, un 62 por ciento señaló su incapacidad para explicar con claridad los mensajes clave, el 37 por ciento identificó falta de elementos para enfrentar una situación de crisis, el 12 por ciento apuntó un lenguaje corporal deficiente y un 7 por ciento atribuyó las fallas a no saber controlar sus nervios.

A pesar de todo, la 4T no matará a la comunicación social.

¿Riesgo o distractor? * ¿Qué tanto puede controlar el gobierno al crimen organizado a tres meses del mayor espectáculo deportivo creado por Jules Rimet? Por el bien del país, más vale que así lo tengan contemplado

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

En tres meses, México vivirá una borrachera futbolera por más de 30 días y podrá ver 104 partidos desde la comodidad del hogar, la oficina o la cantina, pero nadie puede vaticinar qué cruda nos espera.

Al gobierno le urge que transcurran rápidamente estos noventa días para que la opinión pública entre en modo futbol y se olvide de los grandes problemas nacionales.

Nadie cuestionará los yerros de la administración pública, no se reparará en la cotidiana corrupción oficial, los malos servicios públicos, los despidos, el cierre de empresas; supondrán que habrá seguridad y medicinas en los hospitales.

A quién le importará la inflación o la falta de dinero para comprar la canasta básica; se olvidarán del narcotráfico y no sabrán quiénes son los nuevos capos del crimen organizado.

Pero este tipo de eventos deportivos no está exento de producir fenómenos sociales que afectan a posteriori la historia de cualquier país. Por ello, hoy la autoridad debiera tener una estrategia operativa que no sólo garantice la seguridad pública y que los encuentros se desarrollen con tranquilidad, contar con servicios de inteligencia que le permitan prevenir cualquier contingencia que altere la paz o la seguridad nacional, además de velar por la inmunidad de jugadores, directivos, público, turistas y prestadores de servicios. En México no es nuevo el riesgo de ver amenazadas las justas deportivas.

En 1968, la primavera parisina afectó al mundo y a nuestro país. El movimiento estudiantil, que empezó con un pleito callejero entre bachilleres, pudo provocar un golpe de Estado y la cancelación de los Juegos Olímpicos a diez días de encenderse el pebetero en el estadio de Ciudad Universitaria.

Con la represión gubernamental, la nación se convulsionó, pero el Estado escuchó a los jóvenes para encausar el descontento social. En ese momento, la autoridad, apanicada por el comunismo, lo que menos deseaba era una rebelión socialista que derrocara al gobierno.

La historia demostró que no había tal insurrección marxista, pero las protestas estudiantiles lideraron las tensiones sociales.

Toda proporción guardada, la administración de la 4T enfrenta hoy una situación similar y no porque en el mundo despierte la Generación Z y abdiquen gobiernos o que el Internet haya visibilizado a los jóvenes en la primavera árabe. No, los adolescentes mexicanos lograrán el cambio, no en las calles, sino con novedosas formas de manifestarse. El riesgo de la inestabilidad que haga peligrar la Copa del Mundo es la violencia e ingobernabilidad que provocan los barones de la droga.

COPA DEL MUNDO REQUIERE CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD PARA LOS SOCIOS

El Mundial no sólo es deporte, es también una maquinaria de hacer negocios que requiere de certeza jurídica y seguridad para los socios, más que a los jugadores.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz sopesó la posibilidad de cancelar la Olimpiada, pero optó por la represión, lo que dio estabilidad al país para la supervivencia del sistema político. ¿Qué tanto puede controlar el gobierno al crimen organizado a tres meses del mayor espectáculo deportivo creado por Jules Rimet? Por el bien del país, más vale que así lo tengan contemplado.

Hay preocupación por el clima de violencia que se vive. Las cancelaciones hoteleras -el eufemismo oficial dice que son liberaciones- deben llamar a la preocupación.

Por otra parte, el futbol da tranquilidad a los gobiernos y hasta lo usan políticamente. La guerra del futbol entre Honduras y El Salvador fue un gran pretexto para ocultar problemas agrarios y migratorios; las dictaduras militares sudamericanas no sólo usaron los estadios para detenciones masivas o masacre de ciudadanos, también utilizaron el deporte de las patadas para promoverse como hinchas y legitimarse.

Las mafias son capaces de cometer atrocidades en aras de la pasión y los dólares, como el asesinato del seleccionado Andrés Escobar -anotador de fatídico autogol-, a manos de un “aficionado”, ordenado por el Cártel de Medellín, luego de las pérdidas millonarias por la eliminación de Colombia en el Mundial de 1994.

Esperemos que el gobierno pueda contener la violencia que provoca el crimen organizado y que el Mundial sea ese distractor que contenga el humor social, sobre todo porque el mexicano está ávido de momentos alegres, aunque no pasemos al quinto juego.

APOSTILLA

Organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos advirtieron que la iniciativa de reforma electoral presentada ante el Congreso de la Unión no establece mecanismos claros que garanticen la representación política de los paisanos residentes en el exterior, pese a que públicamente se habló de la posibilidad de asignar hasta ocho curules para la diáspora, pero ahora eso ya está en duda; hay incertidumbre.

La Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Binacional de Fuerza Migrante señala que el documento presentado a los legisladores no contempla una circunscripción migrante ni fija un número determinado de escaños para representantes de la comunidad mexicana en el extranjero. Veremos qué pasa. Por lo pronto fijaron postura: la figura de diputados migrantes es resultado de muchos años de lucha, no una concesión.

Para avanzar en la recuperación de la seguridad y la paz pública * Es necesario un llamado a la unidad nacional, no con las coyunturales y patrioteras convocatorias en defensa de un obsoleto concepto de soberanía nacional

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

En estos momentos, más que nunca, el gobierno requiere de llamar a la unidad nacional, no con las coyunturales y patrioteras convocatorias en defensa de un obsoleto concepto de soberanía nacional, ni las chauvinistas alertas de salvaguarda del territorio nacional de imaginarias invasiones extranjeras o huecos coros de “mexicanos al grito de guerra…”.

Hoy urge una redefinición del pacto social para refundar el Estado Mexicano con apego a la ley, incluido el régimen mismo y avanzar juntos en la consecución de objetivos comunes como la democracia, el bien común, la realización plena de los gobernados y lograr el regreso de la paz social y la tranquilidad pública.

La cohesión social necesita la suscripción de un nuevo pacto social, donde todos los componentes del Estado se comprometan a respetar las reglas de una sana convivencia en comunidad y renunciar al libre albedrío.

Ello implica la reformulación de las normas que dan certeza jurídica, el respeto a ese marco legal y el compromiso de aportar lo mejor de sí para que, en cada trinchera, se labre un país con desarrollo, crecimiento, paz y bienestar.

El gobierno debe ser el primero en asumir responsabilidades que garanticen el respeto al Estado de Derecho, se comprometa a salvaguardar la vida y patrimonio de todos los mexicanos, recuperar la gobernanza y coadyuvar al fortalecimiento de la democracia, respetar las instituciones que forman la República, alentar la división de Poderes y aceptar la observancia de los organismos constitucionales autónomos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Mientras las administraciones de la 4T no reconozcan lo prioritario que es acotar el poder público, no se tendrá autoridad moral para hacer el llamado a la unidad nacional, a la refundación del Estado Mexicano moderno.

Así como no se garantiza la seguridad pública y nacional sólo con la captura de capos, mediante la exigencia e inteligencia del gobierno americano, tampoco se puede refrendar la democracia con iniciativas que quieren regresar a las elecciones de Estado, a los comicios bajo el control gubernamental, al sistema de carro completo, donde la democracia se entiende como “El Estado soy yo” e impone su democracia como acto de fe porque se hace a nombre del pueblo.

Para avanzar en la recuperación de la seguridad y la paz pública es necesario acabar con la connivencia entre autoridades y crimen organizado.

Para avanzar en la democracia se debe alentar la oposición que evite los partidos hegemónicos y fortalezca el pluripartidismo, transparentar la función pública con órganos independientes que anulen la opacidad gubernamental, reconocer que, en una República, los Poderes de la Unión son iguales y que entre ellos vigilan y acotan el ejercicio arbitrario de la res pública.

La reforma electoral, de aprobarse -como será con un abyecto Poder Legislativo-, será el último clavo en el ataúd de nuestra inacabada democracia, la cual no es barata, pero si funciona vale la pena la inversión.

La democracia no es cuestión de pesos y centavos, sino forma permanente de vida que cada vez la hacemos más lejana.

El buen gobierno debe compartir el poder, la administración de los actos de autoridad y reconocer la competencia de sus pares.

Las iniciativas son sólo un parche, remedios paliativos para el cáncer que es la ambición de poder por el poder mismo.

Si tuvieran visión de Estado el propio gobierno propondría una renovación del pacto social, un urgente llamado a la unidad nacional, no buscaría su supervivencia.

Otro componente del Estado es la población, quien renunció a sus derechos naturales para convertirse en ciudadanos que aceptan el principio de autoridad para vivir en comunidad con paz y tranquilidad social.

Sin embargo, también el ciudadano ha fallado y contribuido al deterioro del paco social.

A los mexicanos tampoco les gusta cumplir con la ley y alientan la corrupción, y normalizar el deterioro del Estado de Derecho, la violencia y la cultura del narcotráfico; aceptan la paz narca y a las autoridades impuestas o en connivencia con el crimen organizado.

Consumen y promueven el comercio informal, así como las prácticas desleales y son partícipes de la polarización social que fomenta el gobierno.

Nos acostumbraron a extender la mano a cambio de sostener el proyecto político que divide a los mexicanos y estigmatiza la realización y superación personal.

Se resquebraja el pacto social y no escuchamos las alertas de que sucumbimos como país.

Urge la unidad nacional para refundar nuestra nación.