De nada sirven los cambios en el gabinete mexiquense, pues los premiados sólo disfrutan del erario público * El grupo en el poder en el Estado de México, el llamado Texcoco, riñe de manera constante, antepone sus ambiciones personales y se olvida de gobernar

ALFREDO IBÁÑEZ

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, llevó a cabo diversos cambios en su gabinete.

El más importante fue el relevo en la Secretaría de Salud, la cual estaba en manos de Macarena Montoya Olvera y que ahora ocupa Celina Castañeda de la Lanza.

Por cierto, dicha funcionaria está ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a ese partido que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el discurso ha defenestrado hasta el cansancio, pero que en los hechos no toca, le guarda respeto y que a estas alturas huele a complicidad.

El ejemplo más claro es Alfredo del Mazo Maza, a quien señalaban de corrupto y más por ser cercano a Enrique Peña Nieto, la amenaza de investigarlo y de llevarlo a la cárcel fue su bandera en su campaña electoral… y ya ven, nada ha pasado, al contrario, le hacen reconocimientos a su padre.

Con estos hechos suma fuerza de que ya estaba pactado de que Alfredo del Maza entregaría la gubernatura mexiquense.

Otro ejemplo: Alejandra del Moral, quien en campaña electoral afirmó que lo peor del PRI estaba en Morena… y cae más rápido una habladora que una coja, pues Del Moral Vela por sus intereses y ya se sumó al movimiento transformador.

Así que lo del PRIAN es pura demagogia.

Retomando a Celina Castañeda, la nueva adquisición y flamante refuerzo de Gómez Álvarez, trabajó en la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, de 2017 a 2021, y se desempeñó como coordinadora del Programa Estatal de Medicina Paliativa dentro de la Secretaría de Salud estatal.

Qué rápido olvidó la gobernadora Delfina Gómez los señalamientos incendiarios que lanzó una y otra vez en contra del PRI y del exgobernador priísta, a quien acusaba de ser fiel heredero y representante del Grupo Atlacomulco, aquel que se mantuvo casi 100 años en el poder y al que en campaña le gustaba llamar el “árbol de la corrupción”.

Bueno, pues como parte de esa corrupción, de eso que llamó la “herencia maldita”, es su nueva secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza.

Los acuerdos que hace la gobernadora con el PRI, en vísperas de las elecciones del 2027, comienzan a manifestarse.

Tan mal anda su gobierno que busca a toda costa establecer alianzas de cara a las elecciones del próximo año, por lo visto no importa con quién sea, máxime que aquellos que creía sus incondicionales, es decir, los partidos Del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), le salieron respondones y exigen mayores espacios de poder.

Cabe destacar que la gestión de Gómez Álvarez suma por lo menos siete cambios importantes, entre ellos las Secretarías del Agua, Educación y la de Movilidad, ésta última, lejos de dar solución a la serie de problemas, como es el transporte público de pasajeros, los deja crecer.

La proliferación de unidades pirata sigue y con ellas el número de delitos cometidos a bordo de ellas.

La incapacidad del gobierno estatal es preocupante. Cómo es posible que en la entidad circulen como si nada más de 700 mil unidades de pasajeros irregulares, piratas como se les denomina.

Pero está claro que son votos y dinero, mucho dinero, cuyo destino se desconoce, eso podría explicar tanta impunidad.

Para ejemplificar más el caso, es necesario señalar que el parque vehicular en orden, es decir, aquellos que tienen concesión, asciende apenas a 170 mil.

Si bien fue herencia de los gobiernos del PRI, con casi tres años de gobierno debe notarse el cambio que prometieron, pero no, su sello es la falta de resultados.

Frente a ese escenario, de nada sirve que la gobernadora Gómez haga cambios en su gabinete, pues en la práctica lo que hacen los premiados es disfrutar una temporada del erario público, saben que no tienen la capacidad para el cargo, entonces hacen como que trabajan, pero finalmente dejan una serie de problemas, sólo que más agravados, en perjuicio de casi 17 millones de mexiquenses.

En septiembre próximo el gobierno de Morena va a cumplir tres años en el poder, llegará a la mitad del sexenio y no se le conoce una sola obra de alto impacto, que beneficie a la población en general.

Tampoco hay evidencias que esté trabajando en la construcción de hospitales, universidades, escuelas de nivel básico, menos en carreteras, porque las que hay están literalmente destrozadas.

Su política de gobierno se resume en la entrega y eso a medias, de programas sociales, dádivas y no precisamente para quienes más lo necesitan, sino para aquellos que son afines al partido guinda.

Otro distintivo más es la riña permanente, la disputa por el poder, todos contra todos.

El secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, desde el inicio de la actual gestión está en campaña, una y otra vez se confronta con su mentor político, aquel que le dio varios espacios en Texcoco, el senador Higinio Martínez Miranda.

Primero le arrebató el control en el Congreso local, palomeó e impuso a los legisladores que simpatizan con sus ambiciones, posteriormente hizo lo mismo con los alcaldes.

Ahora de cara a las elecciones del 2027, con las que se renovarán las 125 presidencias municipales y el Congreso local, Duarte Olivares está metido de lleno en los preparativos, sabe que aquellos a los que él proponga más tarde serán sus aliados y le servirán para buscar el gobierno estatal, pues su ambición es ser gobernador mexiquense, aunque de forma oficial, pues en la práctica ya lo es.

Como puede advertirse, el grupo en el poder en el Estado de México, el llamado Texcoco, riñe de manera constante, antepone sus ambiciones personales y se olvida de gobernar.

Las confrontaciones entre alcaldes morenistas es permanente, las acusaciones por ilícitos están a la orden del día, la rebatinga por el poder entre Higinio Martínez y Horacio Duarte es crónica.

En los próximos meses seguramente se van a incentivar las ambiciones y los pleitos, en tanto los mexiquenses siguen a la espera del gobierno sin corrupción e ineptitud que prometió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Que así sea por el bien de millones de mexiquenses.

Decepcionante las acciones tomadas en la Fiscalía General de la República, máxime que está obligada a actuar apegada al Estado de Derecho * De cara a las elecciones de 2027, las confrontaciones al interior de Morena suben de todo

ALFREDO IBÁÑEZ

Una auténtica pesadilla laboral vive en carne propia el personal de la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de la llegada de la titular de esa dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

Los despidos se suman por decenas, las amenazas con lanzar a la calle a los que conservan sus plazas son constantes, la violación a su contrato de trabajo es permanente, pues pese a que algunos de ellos firmaron por determinados meses y no ha llegado esa fecha, no hay problema, no les importa, los despiden.

De acuerdo con empleados que llevan más de 20 años de servicio, nunca se había padecido una situación similar, sobre todo porque el recorte se centra en los que menos ganan, en los operativos, en tanto la plantilla de directores, directores adjuntos y subdirectores va en aumento.

En concreto, y sin hacerse bolas, un reducido grupo se disputa el botín presupuestal, el dinero del pueblo, el recurso de los contribuyentes.

Un ejemplo de las violaciones a los derechos laborales es la Unidad de Comunicación Social, que preside Omar Cruz Juárez, área en la que a días de haber llegado enarbolaron la bandera de la Austeridad Republicana y procedieron al despido masivo, pero sin un peso de por medio.

No hay dinero, argumentan, en tanto él tiene un salario de más de 100 mil pesos mensuales, muy cercano al sueldo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero no todo termina ahí, los afectados no acaban de digerir el trago amargo, cuando ya les propinaron otro golpe.

Resulta que a los burócratas les dan a firmar contratos por un mes, y si no les gusta… pueden irse a la calle.

Una práctica que tiende a generalizarse en otras áreas de la FGR, pero con la agravante de que la contratación es por 15 días.

Como puede advertirse, el ambiente laboral es pésimo, predomina el miedo y la incertidumbre entre la clase trabajadora, esa que pertenece al pueblo y a la que la 4T dice proteger. Pura demagogia.

Como si no bastara con la serie de violaciones y abusos que se comete en esa instancia que, debería ser ejemplo de justicia, los empleados de Comunicación Social se mudaron de Insurgentes 16, alcaldía Cuauhtémoc, a las instalaciones de Santa Fe, en Cuajimalpa.

No tendría nada de malo el movimiento, salvo que para los oficinistas mal pagados, resulta costoso el traslado y para que aquellos que tienen una motocicleta o un automóvil, tampoco es opción porque tienen prohibido hacer uso de las instalaciones.

Los grandes estacionamientos, rodeados de verdes jardines, de un lago artificial, y con sofisticado equipo de seguridad y personal de vigilancia, son para los altos funcionarios, para estacionar las camionetas de lujo de los que se embolsan jugosos bonos, compensaciones y altos salarios.

A los de abajo, a los de a pie, les han ofrecido como alternativa los estacionamientos públicos de las inmediaciones del Parque Nacional de la Justicia, en donde están las oficinas de la FGR, que cuenta nada más y nada menos que con una superficie de 163 mil metros cuadrados.

Como puede advertirse, son selectivos, clasistas, se les olvida que esas instalaciones se construyeron con dinero del pueblo, no con el suyo.

Frente a los atropellos laborales, empleados y extrabajadores preparan demandas para reclamar sus derechos.

Ante ello Marco Antonio Velázquez Barrios, quien hasta el 31 de mayo se desempeñaba como administrador especializado en enlace de gestión, recibió instrucciones de las oficinas de Santa Fe para recabar informes y denostar el trabajo de los afectados.

Contador turbio que en más de una ocasión cuadró los gastos excesivos de los funcionarios con el apoyo de malos empleados, quienes firmaban facturas, pero que además hizo del nepotismo su religión. ¿No?, pues ahí está el ejemplo de su hijo, a quien años antes de salir le consiguió un espacio y sigue en la nómina de la dependencia.

El mismo que avaló expedientes de personal recomendado con apenas la preparatoria o carrera trunca, pero que ocupan cargos de directivos, cuando es requisito tener como mínimo la licenciatura.

Decepcionante las acciones tomadas en la FGR, máxime que está obligada a actuar apegada al Estado de Derecho.

PÚBLICA LA CRISIS INTERNA DE MORENA

De cara a las elecciones de 2027, las confrontaciones al interior de Morena suben de todo.

Las discrepancias que antes mantenían en secreto gradualmente salen a la luz pública.

Recientemente los senadores Félix Salgado Macedonio e Higinio Martínez Miranda criticaron a la dirigencia nacional de ese partido, en manos de Luisa Alcalde y de Andy López Beltrán.

Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero, actualmente en manos de su hija, inicialmente denostó a quienes dirigen a Morena porque lo critican, pero tienen a toda su familia en el poder, como es el caso de Alcalde Luján.

“Ahí hay una para una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos ¿Estamos contra el nepotismo? Pues ningún familiar en el poder, es el nepotismo”, dijo.

Aunque más tarde indicó que sus dichos no eran contra Luisa Alcalde, la exhibición de lo que comienza a ser una fractura en ese partido queda de manifiesto.

Higinio Martínez, quien aspira a la gubernatura del Estado de México, le agregó limón a la herida al pronunciarse por una revisión profunda de la conducción del partido, señala que hay fallas en los procesos de selección y en la capacidad de liderazgo.

Está claro que la verdadera oposición de Morena está dentro de ese partido, la lucha por el poder pronto se traducirá en más confrontaciones, al tiempo.

Liberación de Mónica Zambada Niebla hace recordar a Ovidio Guzmán López * En menos de dos años de gestión, Isaac Montoya Márquez logra recuperar la tranquilidad del municipio y sanear las finanzas de Naucalpan, Estado de México

ALFREDO IBÁÑEZ

El gobierno federal detuvo y dejó ir a Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

La detención se concretó tras un operativo en El Álamo, sindicatura de El Salado, municipio de Culiacán, Sinaloa, en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los hechos hicieron recordar aquel episodio en el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se dejara en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de ser detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

En medio de permanentes señalamientos de su presunta complicidad con grupos criminales, en su defensa López Obrador argumentó que la liberación fue para no poner en riesgo la integridad de la población y evitar la masacre de decenas de personas.

Esta vez el Gabinete de Seguridad, a través de un comunicado de prensa, dio a conocer que Mónica Zambada “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”.

El gobierno federal se vio titubeante, no presumió como en otras ocasiones a los detenidos o bajo “resguardo”, como señaló Omar García Harfuch, pues a Zambada Niebla la liberó.

Pese a lo aparatoso y violento del operativo que derivó en la muerte de 11 presuntos delincuentes, tímidamente informó sobre la detención de Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años de edad, alias ‘El Patas’, el cual tiene una orden de detención en Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien es sumamente activo en redes sociales, literalmente desapareció por varias horas, un dato a resaltar pues en su cuenta personal no hizo alguna mención sobre el caso, como es su costumbre en casos mediáticos.

Horas después, en la Mañanera del Pueblo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo García Harfuch que autoridades federales detuvieron momentáneamente a Mónica Zambada con el fin de verificar si contaba con algún mandamiento judicial en México o Estados Unidos.

No obstante, tras descartar cualquier orden de aprehensión, fue puesta en libertad.

El gobierno federal y García Harfuch presumen que su estrategia de seguridad se basa en ejes como el de la investigación e inteligencia que contempla análisis de información; este simple dato hace suponer que ya sabían de la situación legal que guarda Mónica Zambada Niebla, entonces ¿para qué retenerla por más de una hora a bordo de un helicóptero?, ¿con quién se comunicaron?, ¿qué acordaron durante ese tiempo?

Otra interrogante: ¿El objetivo era su esposo, es decir, el yerno de El Mayo Zambada y se encontraron con la hija, a la que rescataron los pobladores de la zona?

Pero mientras son peras o manzanas, causa inquietud que en vísperas del Mundial de Futbol 2026 la pugna entre el gobierno de la 4T y las organizaciones criminales va en ascenso.

Para muchos especialistas, la liberación de Mónica Zambada pareciera ser una señal de tregua.

EN MENOS DE DOS AÑOS, ISAAC MONTOYA DA SEGURIDAD Y FINANZAS SANAS A NAUCALPAN

Isaac Montoya Márquez, alcalde de Morena en Naucalpan, Estado de México, ha intensificado su lucha contra la inseguridad.

A menos de dos años de gestión, ha logrado recuperar la tranquilidad del municipio y también sanear las arcas municipales.

Un gran trabajo digno de resaltar, pues el reto es grande, y es que los índices de inseguridad heredados por la anterior administración del PAN era una “papa caliente”, sin embargo, las primeras líneas de acción para lograr la paz y la seguridad están en marcha.

Ejemplo de ello es la creación de la Guardia Municipal, basado en un modelo de policía de proximidad, con la que gradualmente se ha transformado el cuerpo policiaco que recibió.

La policía municipal, que durante el trienio pasado fue señalada un y otra vez de permanentes corruptelas, tiene el respaldo ciudadano y ya quedó en el olvido la presión social y la lluvia de denuncias contra los malos uniformados, una situación grave que propició que la entonces alcaldesa panista Angélica Moya interviniera a regañadientes y corriera de sus cargos a 196 policías y funcionarios, acusados de extorsión, abuso de autoridad, entre otras lindezas.

Pero eso sólo era la punta de la madeja del nido de corrupción, pues más adelante el gobierno federal sacó a la luz pública lo que ya se conocía, pero nadie se atrevía a denunciar formalmente: El crimen organizado había penetrado la Dirección de Seguridad Pública.

Los altos mandos eran parte de grupos de narcotraficantes y mediante el Operativo Enjambre se logró la detención del subdirector, así como del tercer mando en seguridad.

Sería ingenuo pensar que no hay más implicados, como el entonces comisario o director de Seguridad Pública y la ex alcaldesa del PAN, quien se lavó las manos, pero suponiendo que no estuviera enterada, la omisión también es un delito.

La lista de ilícitos cometidos por la policía municipal del entonces gobierno de Acción Nacional es larga, uno de ellos es el robo de dos millones de pesos, en las cajas del pago de predial, en el que participó un comandante municipal, quien tras ser detenido implicó en sus declaraciones a la exalcaldesa panista y a quien fuera su comisario de Seguridad Pública.

A menos de dos años de gobierno, el alcalde Isaac Montoya ha logrado un notable descenso en los índices de inseguridad, con base en la Encuesta de Seguridad Urbana del INEGI.

Al inicio de su gestión la percepción de inseguridad era del 91%, y hoy en día registra un 78 por ciento.

En materia económica, tras heredar un quebranto financiero, actualmente la hacienda municipal registra sensible saneamiento financiero que, ojalá se traduzca en mejoras para las colonias marginadas de la región y no sólo para los fraccionamientos.