Dzib Sotelo, el juez que facilitó el despojo y dio paso al cochinero que hoy es la empresa cementera
LOS MALOSOS
Hoy La Cruz Azul son retazos del ayer bajo la toma ilegal a todas luces y cada vez más evidente que llevó a Víctor Manuel Velázquez Rangel y a José Antonio Marín Gutiérrez a conducir, sin experiencia ni visión alguna, las riendas de una empresa que hoy ya no tiene futuro alguno.
Cruz Azul Hidalgo es una empresa fantasma gracias a la pobre visión de estos personajes que han tomado con lujo de violencia y amenazas a la empresa, hoy no administrada, pero sí sometida.
Médica Azul quebrada, Concretos Cruz Azul quebrada, los más de mil millones de pesos anuales destinados a programas sociales, cancelados; pensiones y jubilaciones a trabajadores, cancelados; la capacidad productiva se desplomó en más del 40% y la posición número dos del mercado cementero son recuerdos del lejano ayer con casi el 50% de los cooperativistas expulsados en asambleas apócrifas y más de un centenar con órdenes de aprehensión a modo por no someterse.
Quienes prometieron unión y desarrollo han creado pánico, persecución y quebrantos.
Pero, además de agradecer a quien dio paso a esta hecatombe, hay que recordar el origen del conflicto en la Cooperativa Cruz Azul. Este desastre no nació de la nada, fue el resultado de la intervención deshonesta de en su momento del consejero jurídico de la Presidencia, que operó para entregar el control de la cooperativa a Velázquez Rangel con jueces a modo. La traición no se habría consumado sin la complicidad de jueces dispuestos a torcer la ley.
Aquí los aplausos son para el juez quinto de distrito en materia civil de la Ciudad de México, Alejandro Dzib Sotelo, quien, en un giro totalmente sospechoso, revocó la suspensión que él mismo había concedido, permitiendo que Víctor Manuel Velázquez y su grupo tomaran el control de la empresa.
Justificó su decisión con un argumento insostenible: “La pandemia del Covid-19 afectaba la operatividad de la cooperativa”, cuando en realidad su fallo sólo sirvió para consolidar un fraude y dar ventaja a quienes habían sido señalados como responsables de una convocatoria ilegal.
Aparentemente Dzib Sotelo renunció a participar en las elecciones venideras del Poder Judicial de la Federación evitando así la posibilidad de seguir escalando en un sistema de justicia que ha sido usado como arma política y herramienta de despojo. Sin embargo, su retiro no borra el daño que causó. Su fallo entregó la cooperativa a un grupo que ha demostrado ser incapaz y codicioso, llevando la empresa a una crisis sin precedentes desde agosto de 2020, cuando le desgracia llegó a Cruz Azul en forma de persecución, despidos, corrupción y saqueo.
A Dzib Sotelo las palmas que ratifican las palabras del “presidente Andrés Manuel López Obrador” (así lo llama la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo en sus Mañaneras del Pueblo), “el Poder Judicial ha estado al servicio de la corrupción”, sepultando no sólo a las leyes y la legalidad, también acaba con las empresas productivas de México por la ambición desmedida de unos cuantos.
El tiempo ha dejado claro que Velázquez y su grupo no tenían la intención de mejorar la cooperativa, sino de enriquecerse a costa de ella. La justicia debe alcanzar a todos los responsables, comenzados por los jueces y abogados que orquestaron este fraude, y aunque Dzib Sotelo se haya bajado del barco, para muchos cooperativistas su nombre quedará marcado como uno de los operadores judiciales que entregaron la Cooperativa a sus verdugos.
Cabe señalar que en 2022 Dzib Sotelo también llevó el caso de la cooperativa Palo Alto y fue motivo de investigación por parte del Consejo de la Judicatura Federal al tener denuncias por beneficiar a empresas. El mismo “modus operandi” en la cooperativa Cruz Azul, pues benefició a Velázquez y a Marín.
Como bien lo dijo el “presidente AMLO” (repetimos, así lo llama la Primera Mandataria Sheinbaum), el Poder Judicial está corrompido por el poder del dinero.
Un año de encierro le cambió la vida al primo Cravioto Fernández * Al estilo Florencia Serranía: Claudia Sheinbaum Pardo solamente es la Presidenta de México
LOS MALOSOS
No cabe duda que traen la misma sangre tanto el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, como su primo Germán Cravioto Fernández para vivir holgadamente de los demás, no importa si es de forma ilícita.
Su cercanía con el poder los hace pensar que están tocados por la mano de Dios y amparados por Morena.
El funcionario, que está en el gabinete de Clara Brugada, recientemente se vio involucrado en un tema por demás penoso, como fue el que se le descubrió ese conflicto de interés entre él y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
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Cómo olvidar que el secretario de Gobierno “rentaba” un departamento perteneciente a la citada Fundación en medio de la disputa por la recuperación del predio del Refugio Franciscano, la cual, por cierto, está presuntamente envuelta en actos de corrupción por la venta de inmuebles y terrenos.
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Además, los directivos de la Fundación Antonio Haghenbeck tienen acusaciones ante la Fiscalía General de Justicia (FJG) de la Ciudad de México por despojo, fraude, falsificación de documentos, robo, amenazas, delitos financieros y ambientales.
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César Cravioto habitaba en un departamento ubicado en la calle Isaac Newton, número 256, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en una exclusiva zona de la Ciudad de México, inmueble perteneciente a la Fundación Haghenbeck y de la Lama.
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En su momento, el funcionario morenista negó que existiera un conflicto de interés y reveló que pagaba 20 mil pesos al mes por la renta del departamento que habitó durante 15 años.
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Mas su dicho no convenció a propios ni a extraños, debido a que sus “cuates” corrían con sus gastos.
EL PRIMO EN MALOS PASOS
Por su parte, su primo Germán Cravioto Fernández tuvo que haber pensado muy bien a qué se iba a dedicar en cuanto salió del Reclusorio Oriente, pues más de un año de encarcelado le cambia la vida a uno.
Ante esta situación, tuvo que ordenar sus ideas y alejarse de su “pandilla”, la cual también estuvo privada de la libertad por despojo.
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Y es que el famoso primo, junto con Guadalupe Rodríguez Pérez y Juan José de los mismos apellidos fueron detenidos y metidos a prisión por el delito de Despojo en Pandilla en agravio del Instituto de Vivienda que hoy dirige Inti Muñoz.
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Este trío de pelafustanes entró “como Juan por su casa” al predio ubicado en la calle de Encinos número 81 o indistintamente número 327, colonia Miguel Hidalgo Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan, y se apostaron a vivir en el lugar como si fuera suyo, lo que originó que el INVI -junto con una constructora- los denunciara penalmente logrando su encarcelamiento.
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Por lo que su defensa se movió y logró que se les diera el beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de Pena y el sustitutivo penal de Tratamiento en Libertad.
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Dicha sentencia le fue concedida a Germán Cravioto el 29 de diciembre de 2021, por lo que tuvo que exhibir un billete de depósito (W524635) por 10 mil pesos.
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Pero eso sí, su defensa pidió que toda la información de su defendido fuera encriptada, es decir confidencial, sin acceso para nadie.
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Ahora bien, en sentencia de fecha del 29 de diciembre de 2024, Cravioto Fernández fue sentenciado, junto con sus cómplices, a la reparación del daño material derivado del delito de despojo consistente en restituir en favor del INVI.
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Tristemente la citada finca fue desmantelada por los delincuentes, es decir, se llevaron puertas, baños, lavabos y todo tipo de accesorios originando un fuerte hueco millonario por el robo de esos enseres.
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Lamentablemente este delito, esta acción, detuvo el sueño de cientos de familias que desean tener un departamento o casa digna y propia, es decir, un patrimonio que pasaría a manos de sus familiares cuando los titulares fallezcan.
SHEINBAUM, AL ESTILO FLORENCIA SERRANÍA
¿Se acuerdan de Florencia Serranía? ¿De su famosa frase que se hizo viral y que provocó miles de críticas?
Pues resulta que al estilo de la entonces directora del Metro, la Presidenta Claudia Sheinbaum señala que a ella no le corresponde combatir la corrupción.
¿Cómo la ven? Que no le toca esa chambita, que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República.
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Es increíble su comentario, pues fue su bandera para llegar a la Presidencia de la República, el mismo discurso de López Obrador que siempre pregonó que acabaría con la corrupción.
Pues toma tu banana, ahora resulta que eso no le corresponde a ella y su deslinde nos hace recordar a Florencia Serranía, cuando expresó el 10 de enero de 2021 “yo sólo soy la directora del Metro”, una declaración para librarse de la responsabilidad directora del mantenimiento tras el incendio en la subestación Delicias.
Fonseca y Omaña llegan “embriagados” de poder a sus oficinas de la FGR, e incluso “crudos” en horas de trabajo * Muy lamentable que no guarden la discreción, pues el aliento alcohólico lo siente el personal de la FGR ubicada en Reforma e Insurgentes cuando coinciden al tomar el elevador
LOS MALOSOS
Todo indica que el ejemplo de Raúl Tovar en la Dirección General de Comunicación Social y en la Vocería de la Fiscalía General de la República todavía impera en dicha dependencia.
Es por todos sabido que Raúl Tovar se “embriagó” de poder, pues tenía doble entrada por desempeñar dos funciones, pero se le “subió” tanto que ya no contestaba llamadas del personal que tenía a su cargo.
Tovar hacía y deshacía en el área de Comunicación Social, él “palomeaba” las plazas y colocaba en buenos puestos a sus “recomendados”.
Pero, bueno, Raúl ya se fue, pero todo indica que la mala “maña” ya se les pegó a Roberto Fonseca y a Alejandro Omaña.
En los pasillos de la FGR se escucha la pregunta de por qué el personal de Comunicación Social se “marea” de poder, ¿por qué será? ¿Qué pasa en la FGR?
Y es que presuntamente el Dios Baco tomó posesión de áreas como la de Comunicación Social de Insurgentes y Reforma, pues son diversas las ocasiones en las que el personal del equipo de la fiscal Ernestina Godoy_ llega ebrio o “crudos” a sus oficinas; obviamente, en horario de trabajo.
De la lista de asiduos a las bebidas embriagantes, espirituosas, está Roberto Fonseca, responsable de atención a medios y segundo de a bordo de Omar Cruz, el titular de la Unidad de Comunicación Social.
Otro de los que gusta empinar el codo con singular alegría es Alejandro Omaña, cercano a la fiscal Godoy y quien hasta hace unos días operaba para el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.
Muy lamentable que Roberto y Alejandro no sean tan discretos, pues el aliento alcohólico lo siente el personal de la FGR ubicada en Reforma e Insurgentes cuando coinciden al tomar el elevador.
Con todo respeto, doña Ernestina no resuelve ningún caso de su competencia, como el de su amigo y compañero de partido, Morena, Adán Augusto, o el de la Marina, involucrada en huachicol fiscal.
Pero no se vale que funcionarios menores a Ernestina se sientan más “poderosos” que ella, y es que su mal proceder afecta la imagen de Godoy, quien de por sí ya bastante problema tiene para recuperar la tranquilidad y seguridad de todos los mexicanos.
No estaría mal un correctivo para Fonseca y Omaña, pues la buena juez por su casa empieza… y es que no es la primera vez que llegan “embriagados” a sus oficinas en horas de trabajo.
Como siempre lo ha dicho la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se vale que usen instalaciones y dinero del pueblo para “ponerse alegre”.
Seguiremos pendiente de lo que se escucha en los pasillos de la FGR, autónoma e independiente, pero no confundirse con impunidad y sentirse “Juan Camaney”. No olvidar que los cargos son efímeros, está uno de paso, una lección que nunca entendió Raúl Tovar, quien siempre se sintió “todopoderoso”.
La personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la CDMX * Jueces de la Ciudad de México y la propia FGR no cedieron al engaño de Velázquez Rangel, pero sí el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Víctor Manuel recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México * En concreto: Ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa
LOS MALOSOS
El jueves pasado 12 de febrero, el Gobierno del Estado de México otorgó a Víctor Manuel Velázquez Rangel la posesión de la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el municipio Tula de Allende, en Hidalgo.
Velázquez Rangel ha sostenido en diversos medios de comunicación que la entrega se hizo en cumplimiento de un mandato judicial; pero se omite convenientemente decir que la orden fue otorgada por un juez de control (juez penal) del Estado de México, quien únicamente ordenó una entrega temporal y sujeta a las resultas de un procedimiento penal que se instruye por la comisión de delitos del orden común, que son competencia exclusiva de la Fiscalía del Estado de Hidalgo.
Así es, Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México, que dentro de la planta cementera de Hidalgo se estaban ejecutando hechos de naturaleza delictiva que eran de competencia local de las autoridades de Hidalgo; sin embargo, ningún juez de control de la CDMX concedió la medida de restitución temporal que solicitó, habida cuenta que los jueces eran conocedores que la personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la propia Ciudad de México.
Ante la imposibilidad de obtener la orden por medio del engaño a jueces de la CDMX, Velázquez acudió a jueces de control de la Federación; es decir, denunció ante la FGR de Alejandro Gertz, los mismos hechos que había puesto en conocimiento de Bertha Alcalde. Los jueces de control de la Federación tampoco accedieron a las peticiones de Velázquez Rangel y en una audiencia penosa, su abogado se desistió de la solicitud formulada ante la advertencia del juez que dicha medida únicamente podía ser dictada mediante debate en audiencia, en la que las personas acusadas de los supuestos delitos tuvieran oportunidad de justificar sus derechos. Ante esta posibilidad, Víctor Velázquez se desistió de la petición.
Este es el tercer intento, el financiamiento de la campaña de Delfina Gómez con dinero de la Cooperativa La Cruz Azul ayudó a que un juez de control del Estado de México, sin competencia territorial, emitiera una orden de restitución temporal de la planta (pues no les alcanza para más), la que ordenó con la mera denuncia y sin escuchar a las personas que estaban dentro de la planta (los supuestos delincuentes).
El gran burlado ha sido el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Velázquez recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México.
Personal de la Fiscalía del Estado de México, sin oficios de colaboración, ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa. La Fiscalía de Hidalgo se limitó a decir que apoyaba el “operativo” con el acordonamiento de la zona perimetral. Lo que no midió Delfina, ni tampoco el Gobierno de Hidalgo (cómplice por ineptitud), es que los socios cooperativistas de La Cruz Azul han sido beneficiados por tres resoluciones arbitrales que tienen el carácter de definitivas.
La primera de estas resoluciones declaró la ineficacia de la asamblea en la que resultó electo Velázquez; la segunda resolución expulsó a Velázquez de la cooperativa y la tercera resolución es la que otorga la posesión a los socios cooperativistas de manera directa.
Claudia Sheinbaum Pardo conoce de primera mano estas resoluciones, pues fue directamente conminada por el árbitro para la ejecución de las resoluciones correspondientes; su omisión es causa de responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, por inobservar resoluciones que le son obligatorias a todos los jueces mexicanos en virtud de los tratados internacionales que en materia comercial tiene firmados el Estado Mexicano.
En este caso, no será la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Internacional de Arbitraje la que condene al Estado Mexicano a pagar los más de 400 mil millones de pesos que la inactividad del Estado Mexicano ha ocasionado, al impedir sistemáticamente la observancia de dichas resoluciones arbitrales.
El siguiente capítulo se peleará en un país con tribunales serios, con un Poder Judicial independiente y con autoridades administrativas con valor civil, que tengan respeto por sí mismas y que cumplan con su deber. Los paganos serán los más pobres, porque con su dinero Sheinbaum Pardo pagará la corrupción de su “nuevo” Poder Judicial.