Crece el descontento social * Omar García ha emprendido un nuevo plan de seguridad, el cual parece rendir frutos ante los resultados * Para el pueblo no son suficientes las operaciones que hasta ahora han ejecutado, impera la desconfianza, sobre todo cuando no se ha detenido a aquellos políticos que se presume brindan protección a los integrantes del crimen organizado
ALFREDO IBÁÑEZ
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha emprendido una nueva estrategia de seguridad en todo el país y gradualmente ha eliminado la maniobra que llevó a cabo el gobierno anterior encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Abrazos, no balazos”, esa era la instrucción con la que se toleró al crimen organizado y se le permitió operar impunemente en todo el territorio nacional.
Con el nuevo gobierno, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se confronta al crimen organizado, se combate a las diferentes organizaciones criminales y se busca poner tras las rejas a sus líderes narcotraficantes.
En el sexenio anterior se optó por negar el crecimiento del narcotráfico e incluso la existencia de narcolaboratorios, en especial los relacionados con la producción de fentanilo.
El expresidente López Obrador afirmaba de manera contundente que en México no se producía fentanilo, aunque se troquelaban ilegalmente las pastillas.
“No es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo a Canadá y Estados Unidos, aquí se hacen pastillas, las troquelan pastillas azules”, sostuvo una y otra vez, no obstante que, en contraparte, la presencia y operación del crimen organizado se extendía por todo el país y en el extranjero.
Frente a los cuestionamientos que le hacían políticos estadounidenses por la elaboración de tal opioide, y ante las acusaciones de que su administración no hacía nada por detener esa práctica, los tildó de irresponsables.
“Eso es muy irresponsable, en realidad deberían estar revisando que las agencias antidrogas estadunidenses sean más eficaces”, señaló.
Recientemente el titular de la SSPC, García Harfuch, dio a conocer en su informe de seguridad que a la fecha se han detenido 18 mil 712 personas por delitos de alto impacto, se han decomisado más de 144 toneladas de droga, y concretó el aseguramiento de 9 mil 600 armas.
Asimismo, dijo que se aseguraron 144 toneladas de droga; 9 mil armas de fuego y en 17 estados se han destruido 839 laboratorios clandestinos, además de que se han decomisado más de un millón de litros de sustancias químicas.
Como puede advertirse, el discurso del expresidente, de que en México todo estaba en paz, se viene por los suelos.
Los abrazos que proponía se le diera al crimen organizado resultaron altamente perjudiciales para el país, pues no sólo floreció la delincuencia organizada, sino que además se dispararon los homicidios, las desapariciones, las fosas clandestinas, el cobro de piso, entre las lindezas propias de la omisión del sexenio anterior.
Aunque la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo no se deslinda públicamente de su mentor político, ni tampoco se espera que lo haga, en los hechos es notorio que no comulga con su estrategia de seguridad.
Es innegable que recibió terrible herencia de inseguridad y ahora con la presión de la administración del gobierno de Estados Unidos no lo puede ocultar.
Por lo pronto, y bajo la dirección de Omar García, ha emprendido un nuevo plan de seguridad, el cual parece rendir frutos ante los resultados.
Pareciera porque las medidas puestas en marcha tienen un gran impacto mediático, llenan las páginas de los medios de comunicación, pero no son bien aceptadas por la población, la cual insiste en que la inseguridad es el problema principal que les aqueja.
No son suficientes las operaciones que hasta ahora han ejecutado, impera la desconfianza, sobre todo cuando no se ha detenido a aquellos políticos que se presume brindan protección a los integrantes del crimen organizado.
Al contrario, gozan de la protección del gobierno federal, del partido Morena, que lejos de pugnar por fincarle responsabilidades, los cubren con el manto de la inmunidad.
Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que corresponden al primer trimestre de 2025.
Como es sabido, su propósito es informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia.
Pues bien, la ENSU reveló que el 69 por ciento de los mexicanos se siente inseguro, la estrategia emprendida no es suficiente.
En el caso de las mujeres sostuvieron que es inseguro vivir en su ciudad, percepción que lejos de disminuir crece paulatinamente, lo cual pone en entredicho la medida de seguridad del gobierno federal.
La larga lista de decomisos y detenciones no son suficientes, los mexicanos esperan que la Primera Mandataria haga realidad su compromiso de que a su gobierno lo que le interesa es la seguridad de los mexicanos.
Ahora ya no se ocultará quién manda * Habrá que esperar para conocer si los nuevos magistrados son iguales que sus antecesores o peores
ALFREDO IBÁÑEZ
Terminó la elección para renovar jueces, magistrados y ministros.
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de nueva cuenta sepultó a la oposición, peligrosamente expande su poderío; claramente se observa que tiene el control de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Como puede advertirse, se puso fin al tan ansiado equilibrio de Poderes y se dio paso a la concentración del poder.
Si bien es cierto que esa división del poder gubernamental se ha dado en México más en la teoría que en la práctica, al menos quedada la ilusión de que se contaba con esa autonomía tripartita.
Por años, aunque sea como hipótesis, se ha mencionado que tanto el Legislativo, Judicial y el Ejecutivo guardaban sana distancia, que cada uno actuaba acorde a sus atribuciones y en beneficio del país.
Nada más alejado de la realidad y ahora con los resultados de la reciente elección judicial, ya no tendrán que ocultar quién manda.
Es evidente que una vez más el Poder Ejecutivo, sólo que ahora, sin maquillarlo, someterá a sus designios a los otros Poderes.
No es un tema como para entrar en pánico, ya que esa práctica no es nueva.
En el pasado, con los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente de la República, es decir, el titular del Poder Ejecutivo es quien concentraba todo el poder y tomaba todas las decisiones.
En el sexenio pasado, bajo la conducción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pudo advertirse no asomos de una independencia de Poderes, sino una abierta y confrontada separación de Poderes.
Pero no porque se tuviera un avance democrático en el país, sino por la lucha encarnizada por el control político y económico que desataron los partidos de oposición, como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Ambos se aliaron con el Poder Judicial en manos de la exministra Norma Piña y llevaron a cabo una encarnizada pelea en contra de quien detentaba el Poder Ejecutivo.
Riña que se avivó gradualmente, máxime que la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), azuzada por la oposición, desechó abiertamente las iniciativas del Poder Ejecutivo, entre ellas las concernientes a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, sobre todo la enmienda que pretendía que la Guardia Nacional quedara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En el fragor de esa lucha salieron a relucir un sinnúmero de corruptelas de parte de quienes se dicen observadores y respetuosos de la ley.
Por ejemplo, se conoció que esos ministros que se decían incorruptibles, esos togados que se vendían como los encargados de velar por el cumplimiento de la Constitución Política, operaban en favor de los delincuentes de cuello blanco y de los diversos cárteles del narcotráfico.
Una y otra vez López Obrador denunció que como parte de su estrategia para favorecer a los transgresores recurrían a la práctica de liberarlos de las diversas cárceles del país en los fines de semana.
La larga lista de irregularidades en el Poder Judicial, todos los días se dio a conocer, se hizo del dominio público que eran absolutos traficantes de influencias, pues sembraron y enraizaron el nepotismo.
Así, con el cargo que detentaban hicieron suyo el presupuesto público, metieron a la nómina a sus esposas, hijos, padres, amigos, incondicionales, suegras y hasta las amantes.
Ríos de tinta corrieron evidenciando su apego al dinero, de cómo 11 personas, once ministros, literalmente devoraban al año 20 mil millones 765 mil 377 pesos, dinero del pueblo, de los contribuyentes que gastaban en total opacidad y que servía para mantener 40 privilegios de por vida.
Prebendas entre las que destacaron su salario mensual de casi 300 mil pesos; aguinaldo de 586 mil pesos; un fondo de casi 800 mil pesos para comer en restaurantes de lujo, en fin, una larga lista de lindezas que en su momento se ventilaron.
Con ese antecedente y una vez calentado el ambiente, meses después se llevó a cabo la elección judicial, en la que, por primera vez en la historia de México, los votantes pudieron elegir a jueces, magistrados y ministros, obviamente afines a Morena.
Como ya se sabe, el partido en el poder una vez más se alzó con el triunfo y apoyado de acordeones logró colocar a sus más cercanos colaboradores.
Habrá que esperar para conocer si los nuevos magistrados son iguales que sus antecesores o peores.
Cabe destacar que en tanto Morena celebra por lo alto su triunfo, la oposición le regatean su conquista bajo el torpe argumento de que sólo votaron 13 millones, de un total de 100 millones de electores. Finalmente, una victoria es una victoria.
Concluido el conteo de los votos puede advertirse que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrado por personajes estrechamente ligadas a la 4T, al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En este nuevo episodio que vive el país es iluso pensar que el Poder Judicial beneficie al pueblo, a las masas, nunca ha sido así.
Está visto que responde a los intereses de los poderosos, ya lo hizo con el PRI y con el PAN, con Morena a juzgar por su desempeño como gobierno, todo seguirá igual o peor.
Tomar las calles, su arma preferida para lograr sus intereses personales bajo la bandera de aumento salarial y mejores condiciones de trabajo * La CNTE está implacable, nada la satisface ni la detiene, se siente poderosa por tener al mejor aliado: AMLO * La Coordinadora Nacional marca territorio y somete a los gobiernos federal y capitalino
ALFREDO IBÁÑEZ
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está imparable, nada le satisface y nadie la detiene, es el vivo ejemplo de la impunidad.
Sus acciones lesivas no tienen consecuencias, miden fuerzas lo mismo con el gobierno federal que con el de la Ciudad de México.
Los más de 200 mil profesores que integran tal sindicato comulgan con la izquierda, al igual que la 4T, por eso son igualitos, son empecinados y no dan su brazo a torcer.
Muchos maestros son líderes sociales en estados como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, Oaxaca, entidades en las que tienen férrea presencia. Saben perfectamente cómo calentar el ambiente político y propiciar la crispación social.
Frente a su manifiesto desafío a las autoridades, a los padres de familia que ven cómo se va el ciclo escolar y sus hijos no aprenden nada, a la población en general, sería inocente pensar que actúan solos, que no tienen un poderoso aliado.
Si bien su demanda salarial y tener mejores condiciones de trabajo fue su planteamiento inicial, últimamente eso parece no importarles, pasó a segundo término, pero es la carta de presentación con la que presionan, con la que chantajean a las diversas instancias de gobierno.
Por cierto, cómo se puede explicar que tales profesores que se dicen mal pagados, que son pobres, que no tienen dinero, realizan movilizaciones como las que hemos visto en los últimos días.
Mover todos los días a decenas de personas, cubrir sus necesidades básicas como su alimentación, implica un enorme gasto económico, y la duda que surge es de dónde obtienen esos millonarios recursos.
Y hay más interrogantes: ¿Quién paga tales desmanes? ¿Quién financia a esos mentores que se han tornado en verdaderos provocadores? ¿Acaso estamos frente a otro hecho divino?
ACTOS DIVINOS
En el México reciente ya conocimos de un acto celestial, de cómo simples 200 pesos en el bolsillo pueden convertirse en verdadera fuente inagotable de financiamiento.
De cómo acompañado por una “Sor Juana” se puede recorrer el país por varios años con gastos todo pagado, hacer campaña política permanente en busca de la Presidencia de la República. Cubrir millonarias cifras y que nunca se agote.
De ser así estamos ante otro milagro que supera incluso a la multiplicación de los cinco panes y de los dos peces. El origen pareciera ser la tierra del edén.
Es al expresidente Andrés Manuel López Obrador a quien le conviene mostrar el músculo, hacerle saber a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que si alguien mueve los hilos del poder, quien tiene la estructura de Morena bajo su control es él.
Es precisamente el exmandatario quien sabe perfectamente en qué momento soltar al tigre. Esta vez, en el marco de las elecciones del Poder Judicial; posiblemente no llegó al terreno de dejarlo libre, pero sí azuzarlo para marcar territorio.
Conocedor de la historia de México como pocos, en dos ocasiones el político tabasqueño recurrió a la velada amenaza de soltar el tigre, por cierto, de la autoría del Porfirio Díaz.
Fue el 31 de mayo de 1911, cuando Díaz, colérico, indignado, lastimado, y antes de partir al exilio, le soltó a Victoriano Huerta: “Madero ha soltado el tigre, ahora veremos si puede controlarlo”.
Esto en referencia al movimiento que Francisco I. Madero había emprendido para arrebatarle el poder y para lo cual recurrió a la movilización de los diversos sectores sociales que mostraban manifiesta inconformidad y un incontrolable malestar.
La primera vez que López Obrador recurrió a tal expresión fue en marzo de 2018, en esa ocasión en campaña.
Advirtió que de haber fraude electoral se soltaría al tigre, en alusión a que se podría desbordar el descontento social y él no lo controlaría.
Ya como presidente de la República y ante la amenaza de la oposición, que pretendía arrebatarle el poder que no supo ganarle en las urnas, mediante un Golpe de Estado, avalado por el Poder Judicial, sostuvo:
“No se podría anular una elección porque no hay ningún motivo, pero además, imagínense ustedes, toco madera, sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema que sería lo equivalente a un Golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres”.
Pues bien, con el asalto a la Ciudad de México de los profesores, es claro que se soltaron a los generadores de malestar social, a fin de golpear el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo.
Ante las diferencias que mantiene la titular del Poder Ejecutivo federal con su antecesor, derivado, entre otras cosas, por el giro que le ha dado a la lucha contra el narcotráfico, puede inferirse que en el rancho de Palenque se mandó un mensaje claro de quién controla la poderosa estructura morenista.
Se puso de manifiesto la fragilidad del gobierno federal y la complacencia de la administración de la Ciudad de México. Tanto la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, como la propia Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, se han visto sometidas a los designios de quien promueve a los mentores.
La sombra de uno de los mejores aliados de los profesores, como lo es López Obrador, tiene un peso determinante, lo mismo en Palacio Nacional que en el antiguo edificio del Ayuntamiento.
Cabe recordar que desde el 15 de mayo, Día del Maestro, los profesores tomaron las calles, se declararon en huelga indefinida, bajo la exigencia de derogar la reforma del ISSSTE de 2007, eliminar las Afores, el cálculo de pensiones por UMAS, la reforma educativa de 2019, sin dejar de lado el que se les conceda un aumento del 100 por ciento en su salario base.
Sus exigencias podrían catalogarse como razonables e incluso justas, pero de ninguna manera pueden justificar que durante casi 15 días tengan secuestrada a la capital, que miles de estudiantes no tomen clases, pese a que el ciclo escolar está a punto de concluir, amén de que miles de trabajadores son afectados todos los días.
Pese al caos que provocan en la ciudad, son ampliamente tolerados, es más, recurriendo al poeta mexicano Amado Nervo y guardando las debidas proporciones, no son tocados ni con el pétalo de una rosa, están blindados por su aliado político, no de hoy, sino de muchos años atrás.
Clara Brugada y la Primera Presidenta advierten que nada impedirá la lucha frontal contra el crimen organizado * Surgen muchas hipótesis, pero hasta el momento nada concluyente * La nueva estrategia del secretario Omar García Harfuch ha provocado que se alborote el avispero * La 4T está en una encrucijada: Por un lado Trump y por el otro la delincuencia organizada
ALFREDO IBÁÑEZ
El asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz, por donde quiera que se le vea es un mensaje y una respuesta, lo mismo para el gobierno capitalino que para la administración federal que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La mañana del pasado martes, mientras la titular del Ejecutivo federal daba su tradicional Mañanera del Pueblo, rodeada de lo más notable de su gabinete, un solitario sicario, pero apoyado por una red de cómplices, segó a balazos la vida de los dos cercanos colaboradores de quien lleva las riendas en la Ciudad de México.
El crimen se registró sobre la Calzada de Tlalpan y calle Napoleón, colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, pero su efecto impactó directamente en Palacio Nacional.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue el encargado de darle la noticia a Sheinbaum Pardo, quien mostró preocupación.
Reinó el nerviosismo y la incertidumbre entre los miembros del gabinete, y no es para menos, debido a que se cometió un asesinato contra dos personas muy cercanas al poder y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con el video de los lamentables hechos, el asesino actuó de manera profesional, tenía bien estudiado los movimientos de sus víctimas, así como su ruta de escape.
A la secretaria particular Ximena Guzmán le asestó 8 certeros balazos, y cuatro al asesor José Muñoz.
La frialdad y efectividad con la que actuó puso en evidencia que se trata de un trabajo propio de quien tiene un alto nivel de especialización.
Mientras las instancias responsables de esclarecer el crimen dan palos de ciego, las hipótesis surgen al por mayor.
Una de ellas podría ser que se tratara de un crimen pasional, aunque por la forma en cómo se dio la doble ejecución puede advertir que es un mensaje directo a los gobiernos capitalino y federal.
Pero también una respuesta para ambas instancias, derivada de la nueva política de seguridad pública que encabeza el superpolicía Omar García Harfuch, que consiste en combatir al crimen organizado, cuando el gobierno anterior lo solapó y protegió bajo su consigna de ‘abrazos no balazos’.
La serie de operativos en contra de los diversos cárteles del narcotráfico, de acuerdo con García Harfuch, trajo como resultado la detención de 21 mil 411 personas por delitos de alto impacto, entre ellos importantes personajes del mundo del hampa.
Además, decenas de presuntos criminales terminaron abatidos en los enfrentamientos que han sostenido con las fuerzas federales, sin olvidar el golpe económico que ha representado la destrucción de al menos 915 laboratorios clandestinos, en los que se procesa fentanilo y otras drogas más.
En suma, han pateado el avispero, de ahí la larga lista de políticos asesinados, que en los primeros tres meses del presente año suman más de 50, principalmente de nivel municipal, en los que figuran alcaldes, síndicos, regidores, así como candidatos a cargos de elección popular.
Si bien el gobierno federal no actúa por iniciativa propia, sino presionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abiertamente ha sostenido su intención de abatir a las organizaciones de narcotraficantes más importantes que operan en México, las autoridades mexicanas han cambiado su estrategia de seguridad, libran batallas con el crimen organizado, el cual una y otra vez advierte que no está dispuesto a rendirse.
La respuesta de los grupos criminales es violenta y manifiesta. En diversos estados del país, los asesinatos de políticos es la constante.
La Ciudad de México había sido la excepción, pero ya no, se rompió esa paz de la que por años gozaban los capitalinos, pues el crimen organizado cimbró las entrañas del poder local y federal.
Con la doble ejecución, los responsables expusieron la facilidad con la que operan, lo hicieron a plena luz del día, en una zona altamente transitada con la intención de que todos conocieran su poder de forma pública.
Un crimen con mensaje al gobierno de Clara Brugada y de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que hace falta saber es quién o quiénes están detrás. Evidentemente alguien poderoso que tiene información privilegiada, poder económico, planeó perfectamente la ruta de escape y mostró la vulnerabilidad de los funcionarios capitalinos.
En esta nueva estrategia de seguridad pública del gobierno federal, el presidente Trump juega un papel central, ha ejercido presión al gobierno de México, para que no sólo se combata a los narcotraficantes, sino que entregue a políticos ligados al narcotráfico.
Recientemente se dio a conocer la cancelación de la visa a dos políticos: La gobernadora de Baja California por Morena, Marina del Pilar, y su esposo, el exdiputado local y federal por el PAN, Carlos Alberto Torres Torres.
El tema no termina ahí, el bien informado periodista Tim Golden sostuvo que el gobierno de Estados Unidos trabaja una lista en la que están decenas de políticos mexicanos ligados al narcotráfico, a quienes en breve podrían aplicarles medidas restrictivas, como el retiro de la visa.
Esta lista incluye a diversos gobernadores, líderes de Morena y políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Como puede advertirse, el gobierno estadounidense quiere la cabeza de políticos y narcotraficantes, sin embargo, la administración de Sheinbaum se ha centrado en los segundos.
Protege a políticos presuntos delincuentes y combate a las organizaciones criminales contrarias a sus intereses, sin embargo, éstas han demostrado su poder de respuesta como es el caso del doble asesinato en la Ciudad de México.
Ante la presión externa y de los criminales, la administración de la 4T está en una encrucijada.
En el corto tiempo al gobierno federal no le quedará otra alternativa que entregar a políticos vinculados con el narcotráfico, posiblemente eso baje la presión y la sed de sangre de los grupos criminales al ver que la cosa va en serio.