Nada de que lo engañaron, expresó Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio * La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destapa una serie de corruptelas, herencia del político tabasqueño, que tuvieron su origen durante su gestión y que fueron solapadas y ocultadas afanosamente

ALFREDO IBÁÑEZ

“El presidente sabe todo, nada de que lo engañaron”, afirmó de manera contundente al inicio de su gestión presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Con largos años de lucha contra gobiernos encabezados por el PRI o por el PAN, sostenía que la corrupción provenía de arriba, de las esferas gubernamentales donde se toman las decisiones.

Con un lenguaje directo, sin cortapisas, sostuvo en su momento, que la corrupción en México se extendió como un cáncer porque se permitió desde el más alto nivel de la Presidencia de la República.

“No es cierto que el presidente no sabía, o que lo engañaron o fueron desleales sus colaboradores.

“El presidente tiene toda la información, claro que sabe todo, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente”, expresó López Obrador como una manera de ataque a sus antecesores.

Una y otra vez machacaba que los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se significaron por corruptos y ante la insinuación de que en Morena también había casos, terminante soltaba una de sus frases preferidas “no somos iguales”.

Esto viene a propósito porque en lo que va de la gestión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha destapado una serie de corruptelas, herencia del político tabasqueño, que tuvieron su origen durante su gestión y que fueron solapadas y ocultadas afanosamente.

Los ejemplos se multiplican, uno de ellos es la operación del crimen organizado en todo el país, el tráfico de drogas y el robo de combustible, el multicitado huachicol, ahora con el agregado de fiscal.

Hasta hace unas semanas el gobierno federal se negaba a reconocer que en su interior hay malos elementos que operan al amparo del poder.

Sin embargo, la realidad y presión de Estados Unidos los rebasó, fue así que el domingo pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas, relacionadas con una red de contrabando de combustible.

No se trata de cualquier tipo de delincuentes, en ese grupo están tres empresarios, cinco marinos en activo, cinco ex funcionarios de Aduanas y un marino en retiro.

Lo grave es que todo indica que la Secretaría de Marina (Semar), una de las instituciones más respetadas, ha sido vulnerada por la delincuencia organizada.

Entre los detenidos están Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; el primero operaba desde hace tres años en la aduana de Tampico, el segundo está prófugo.

Cobijados por la Marina y con cargos con poder de decisión, permitían el ingreso de grandes buques cargados con huachicol; como puede advertirse, las autoridades en turno se hacían de la vista gorda.

Tiene razón el expresidente Andrés Manuel: Los negocios más jugosos se hacen al amparo del poder, y este caso lo demuestra, pone en evidencia el grado de corrupción en los niveles más altos del gobierno federal.

Ante los hechos, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo salió en defensa del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y lo exculpó al advertir que él mismo había denunciado el caso.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, no se quedó atrás, se sumó a la postura de Claudia Sheinbaum al señalar que Rafael Ojeda Durán denunció hace dos años ante la FGR problemas en varias áreas, por lo que pidió se investigara a todo el personal sin distinciones, lo que llevó a descubrir una red de robo de hidrocarburos.

Dos años es mucho tiempo, la inactividad de la FGR es preocupante, a qué le apostaba, quizá esperaba que el asunto no trascendiera y todo quedara en la impunidad.

Es evidente que la presión que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno de México es determinante para que este tipo de casos salgan a la luz pública.

Afortunadamente para México la administración del presidente Donald Trump no cesa en su determinación de combatir a los grupos de criminales que operan en el país, de tal manera que la titular del Poder Ejecutivo, Sheinbaum, se ha visto obligada a proceder en contra de narcotraficantes que fueron intocables durante el sexenio pasado.

Aquí la inquietud que surge en los cafés políticos es qué pensará AMLO, ¿lo tomará a bien o habrá molestia?

Pero la exigencia del mandatario estadounidense va más allá de la detención de ese tipo delincuentes: Busca afanosamente poner tras las rejas a empresarios y políticos que los han protegido, que son parte de esos grupos criminales.

En ese contexto se llevó a cabo la detención del personal de Marina, sin duda alguna que es un duro golpe no sólo al prestigio de esa institución, sino también al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo conocimiento de lo que acontecía en las entrañas de la Marina, pues -según sus palabras- “el presidente tiene toda la información, claro que sabe todo, los negocios más jugosos que se hacen al amparo del poder público llevan el visto bueno del presidente”.

Más claro ni el agua.

Su trayectoria es limpia, como para mancharla por encubrir a malos servidores públicos * En el país de no pasa nada ya se empieza a asomar el descontento social * El caso más reciente es el que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, quienes de los dimes y diretes pasaron a los empujones y a los golpes * Comuneros protestan en la casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán

ALFREDO IBÁÑEZ

Vaya días infaustos los que ha vivido México en las últimas semanas y, a juzgar por los acontecimientos, los que faltan por presenciar.

Las confrontaciones verbales entre la clase política gradualmente suben de tono e incluso ya se dio paso a las agresiones físicas.

El caso más reciente es el que protagonizaron los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno, quienes de los dimes y diretes pasaron a los empujones y a los golpes.

Los argumentos quedaron rebasados, y cómo no si a lo largo de meses se ha apostado por la confrontación, por la crispación, por avasallar a los opositores. No se privilegia el diálogo.

Alejandro Moreno, quien efectivamente no es una blanca paloma, que ha sido perdonado al no desaforarlo, y que por cierto es acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche de desviar 83.5 millones de pesos cuando gobernó esa entidad, fiel a su temperamento encaró al polémico Fernández Noroña.

Al ríspido momento, previo a la gresca, se sumó el cúmulo de hechos agraviantes que se han vivido no sólo en el Senado de la República, sino en los últimos años en diversos estados del país, sobre todo en rubros como seguridad, salud y la presencia y operación del crimen organizado.

Sólo faltaba el pretexto para desencadenar el desencuentro que pudimos apreciar, salió a flote el malestar, la frustración que provoca Morena con su comportamiento arrogante, autosuficiente y de complicidad.

De ninguna manera se justifica que se llegue a los golpes, pero el senador Gerardo Fernández saca de sus casillas al más ecuánime y para colmo tiene enfrente a un arrogante líder priísta que ya los midió y sabe que no van a quitarle el fuero.

En Morena, sabedores de que tienen el poder, literalmente hacen lo que quieren, son intocables, critican, pero no toleran que los juzguen, condenan verbalmente a los políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) por corruptos, y bien hecho, pero no admiten que en sus filas hay malos elementos e incluso impresentables que deben ser llevados ante la justicia.

De nada sirven los argumentos o el debate fundado ante el pleno de los órganos deliberativos, pues finalmente se impone la mayoría de Morena. De nada sirven las pruebas, las testimoniales, las acusaciones directas en contra de malos políticos morenistas, con presuntos nexos con la delincuencia organizada si no hay castigo.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inexplicablemente encabeza la defensa de los morenistas que presuntamente están envueltos en ilícitos, es la primera que exige pruebas de las acusaciones vertidas contra sus compañeros de partido, cuando mínimamente debiera pronunciarse porque se separen del cargo, se abra una investigación y ante la justicia que se exhiban los elementos probatorios necesarios a efecto de deslindar responsabilidades.

Con un nivel de aceptación que alcanza hasta el 80 por ciento, el cual la ubica como una de las mandatarias mejor evaluadas de los últimos tiempos, qué necesidad tiene de cargar problemas ajenos.

Su trayectoria es limpia, como para mancharla por encubrir a malos servidores públicos, sobre todo a gobernadores que han sido señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Presidenta, lo más saludable sería llevarlos ante la justicia y que ésta decida su destino.

Pero eso no sucede ni va a pasar, desde hace varios años la respuesta es señalar a los políticos corruptos del pasado como Genaro García Luna, quien purga larga condena en una prisión de Estados Unidos, acusado del tráfico de drogas, al panista Felipe Calderón, quien argumenta que nunca se enteró de lo que hacía su funcionario… nada más absurdo cuando su secretario de Seguridad Pública operaba para el crimen organizado y se llenó los bolsillos de cantidades millonarias.

Otras instancias que participan con el manto de la impunidad son las fiscalías, las cuales presuntamente son independientes, pero no abren investigaciones y menos actúan contra los políticos señalados.

Ahí está el senador Adán Augusto López, quien enfrenta grave polémica, pues cuando fue gobernador del estado de Tabasco tuvo en su gobierno a Hernán Bermúdez, señalado como cabeza de la organización criminal La Barredora, ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La lista sigue, sobre todo de gobernadores, pero en el país de no pasa nada, continúan en sus cargos, intocables, sólo que el descontento social, aunque tenue o tímido, comienza a asomar.

COMUNEROS PROTESTAN FRENTE A CASA DE GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA EN TEPOZTLÁN

Comuneros de San Juan Tlacotenco, Tepoztlán, realizaron una protesta afuera de la casa de Fernández Noroña para denunciar que en este pueblo mágico la mayoría de su tierra es comunal, por lo que no se puede vender como propiedad privada y “menos mediante créditos bancarios”.

“Aquí no se puede vender, ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros, y aquí está la gente y los comuneros”, dijo uno de los habitantes de San Juan Tlacotenco, ubicada al norte de la cabecera municipal.

Los manifestantes señalan que Fernández Noroña podría haber usado sus influencias como ex presidente del Senado del Congreso de la Unión para obtener la casa, pues la asamblea comunal no se enteró, “es un error, grave, gravísimo, porque está usufructuando bienes que no le corresponden, aquí este es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán”.

Los inconformes con sus pancartas se cubrían sus rostros para no ser identificados. “Tepoztlán no se deja. El pueblo de Tepoztlán exige que se respete esta propiedad del pueblo, el suelo de Tepoztlán es comunal, ya basta de fraude y de corrupción”, añaden.

Después de retirarse los protestantes dejaron sus cartulinas fosforescentes afuera del portón y barda de piedra del inmueble.

Repito, el descontento social ya se empieza a ver y lo más grave sería que el pueblo tomara justicia por su propia mano… y todo porque las autoridades no cumplen con su responsabilidad de aplicar la ley. Recuerden: “El pueblo es sabio y no es tonto”.

Mientras los contribuyentes cumplen con su pago de la Tenencia o refrendo vehicular, las vialidades del Estado de México están destrozadas e intransitables * Diversos han sido los argumentos de la administración estatal sobre su abandono, una de ellas es que las empresas privadas responsables del mantenimiento no han cumplido con sus compromisos

ALFREDO IBÁÑEZ

El Gobierno del Estado de México, que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, presiona a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones en materia de impuestos.

De manera permanente lanza campañas para recordarles que cubran los importes correspondientes; sin embargo, como gobierno evade su responsabilidad: Cobra, pero no aplica el dinero.

Un ejemplo de la doble regla con la que opera la administración estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es la tenencia o refrendo vehicular.

Quienes por alguna razón no pudieron realizar el pago, viven un verdadero viacrucis, debido a que de inmediato son impedidos para verificar su unidad.

Ante esa doble sanción son presa fácil de los policías municipales, de los diferentes colores partidistas, quienes todos los días están a la caza de sus presas, a los cuales no los invitan a ponerse al corriente, sino que los amenazan con llevarlos al corralón para finalmente extorsionarlos.

Como puede advertirse no hay escapatoria… y los impuestos se pagan. Todo está estructurado para exprimir el bolsillo de los automovilistas, para que paguen multas y recargos, que se traducen en importante cantidad de dinero que se supone va a parar a las arcas públicas del estado, pero que inexplicablemente no se aplican.

Es sorprendente y sospechoso que los cientos de millones de pesos que se recaudan por esos conceptos no se reflejan en mejores servicios públicos, como es el buen estado de las carreteras.

Las vialidades del Estado de México están destrozadas e intransitables. En tanto los contribuyentes cubren su responsabilidad fiscal, la gestión de la gobernadora Delfina Gómez no cumple con la parte que le corresponde.

La titular del Poder Ejecutivo estatal no puede argumentar que el abandono de las arterías de comunicación sea por falta de dinero, toda vez que la recaudación de impuestos es millonaria, además que la entidad es la que más número de vehículos tiene registrados.

A principios de este año el total de unidades ascendía a 9.4 millones, entre automóviles y motocicletas.

Conocida esta cifra, es importante destacar el millonario monto obtenido, pues el costo por el refrendo vehicular es de 917 pesos y 677 para motocicletas.

Como puede advertirse dinero hay, los contribuyentes pagan sus impuestos como para que las carreteras del Estado de México estén en mejores condiciones.

Diversos han sido los argumentos de la administración estatal sobre su abandono, una de ellas es que las empresas privadas responsables del mantenimiento no han cumplido con sus compromisos.

Incluso dio a conocer que se han aplicado multas del orden de los 43 millones de pesos. Pero todo ha quedado en declaraciones, no hay castigos enérgicos y menos la reparación de las carreteras.

El Gobierno del Estado de México no puede lavarse las manos ante la seria problemática que enfrentan millones de automovilistas.

Esa actitud de culpar a las empresas privadas del mal estado de las arterías de comunicación no es convincente, porque finalmente es el responsable del patrimonio estatal.

El desperfecto de las vialidades genera grandes pérdidas económicas y además pone en riesgo la seguridad de los conductores. Los daños que todos los días sufren los automotores son millonarios.

Recientemente el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local dio a conocer que los perjuicios por baches van desde los 2 mil pesos hasta los 40 mil, dependiendo del tipo de vehículo y del deterioro sufrido.

¿Quién absorbe esos gastos?, como siempre, los propios afectados. Hoy más que nunca cobra relevancia la propuesta que ese partido presentó en su momento, encaminada a que la administración estatal pague una indemnización a los ciudadanos que sufran afectaciones por consecuencia de los baches.

Si el gobierno estatal tolera o encubre a las empresas privadas encargadas del mantenimiento carretero y que no han cumplido con su responsabilidad, entonces que pague por los daños causados.

Es evidente que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez no ha traído avances ni mejoras para la entidad, no obstante que es uno de los estados más ricos del país.

En menos de dos años que lleva gobernando el partido guinda, asoma con fuerza el deterioro.

Cómo es posible que un estado que recauda al año más de 50 mil millones de pesos en impuestos y que ejerce un presupuesto anual de 388 mil millones de pesos, se encamine al atraso.

No hay obras importantes en la presente gestión, a ese paso es imposible siquiera imaginar la construcción de hospitales de tercer nivel, como los que pusieron en marcha los gobiernos del PRI.

Hoy lo recurrente son las inundaciones, drenaje colapsado, el desbordamiento de las aguas negras que se esparcen lo mismo por las calles que por las casas de los pobladores, las carreteras destrozadas, obras inconclusas, la inseguridad, las extorsiones, el huachicoleo de hidrocarburos y de agua, las invasiones, en fin, una larga lista de calamidades.

El abandono de las carreteras es lo más evidente, le sigue el sector salud, en el que los trabajadores una y otra vez denuncian la falta de medicamentos… al paso que va, pronto será el educativo y otros más.

REGAÑO PRESIDENCIAL

La lentitud en la implementación del Bachetón -el programa federal para responder a una de las demandas más sentidas de la población- en territorio mexiquense detonó el regaño presidencial.

Los alcaldes señalaron al presidente de la Junta estatal de Caminos, el ex diputado izcallense Ariel Juárez, como el principal obstáculo, pero la gobernadora le ha dado su respaldo incondicional.

La llamada de atención ocurrió en el marco de las mesas para la paz, el mecanismo interinstitucional coordinado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Y allí se han analizado a detalle los indicadores de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Para el Estado de México, la información es contundente: en Toluca, Ecatepec y Mexicaltzingo, más del 88% de los ciudadanos encuestados identifican los baches como uno de los principales problemas urbanos.

La infraestructura vial, ya precaria desde administraciones anteriores, parece haberse agravado en los últimos meses, generando molestias, accidentes y un deterioro generalizado del entorno urbano.

La Junta de Caminos del Estado de México administra un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales mediante esquemas de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).

Pese a ello, los resultados son prácticamente nulos. No hay evidencia de mejoras sustantivas, ni en el mantenimiento de caminos ni en la coordinación intermunicipal para atender la red vial secundaria.

Ante la inacción de la Junta de Caminos, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habría instruido a la maestra Delfina Gómez a replantear el modelo de gestión: Ahora los municipios, especialmente los del oriente mexiquense, podrán recibir fondos federales de manera directa para atender las vialidades y el alumbrado. Hace más de un mes, la misma Presidenta anunció que el gobierno federal entregara a los municipios maquinaria para realizar esos trabajos.

Esto representa no sólo un cambio de estrategia operativa, sino una desautorización tácita de la Junta y de la propia gobernadora. Este rediseño podría derivar en una pugna de competencias y presupuestos dentro del aparato estatal. Algunos alcaldes, sin embargo, ven con buenos ojos esta nueva posibilidad de manejo directo de recursos, sobre todo ante la lentitud de las instancias estatales.

La ENSU también subraya otro aspecto crítico: el alumbrado público deficiente. En municipios como Almoloya de Juárez, Ecatepec y nuevamente Mexicaltzingo, la percepción de inseguridad crece al ritmo que disminuye la iluminación en calles y avenidas.

La falta de coordinación entre municipios y el gobierno estatal ha provocado zonas completamente a oscuras, donde la delincuencia encuentra terreno fértil.

Aquí también, la Junta de Caminos ha fallado. Aunque su mandato incluye la supervisión de estas áreas, su intervención ha sido, en el mejor de los casos, marginal.