PULPO POLÍTICO
La SCJN se desvanece
Publicado
Hace 1 añoen
Por
Redacción
El Poder Judicial de la Federación entró en una fase terminal * El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no garantiza acabar con la corrupción, al contrario, en el caso de lograr elegir a los miembros del PJF sólo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica
MARCO ANTONIO FLORES***
El “desvanecimiento” del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México entró en la fase final y es muy semejante al de un enfermo terminal, o más precisamente la disminución del estado de conciencia o la pérdida de la lucidez, es un fenómeno común en los últimos días de vida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde mediados de abril, dejó de turnar la mayoría de los asuntos a ministros. Miles de litigios fiscales, familiares o civiles quedarán congelados hasta que llegue la nueva integración.
¿Cuándo? ¿Cómo?, es incierto. Con la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, estamos presenciando la agonía de nuestro régimen democrático constitucional y, poniendo en tela de juicio, el Estado de Derecho.
Un Poder Judicial, disminuido, vulnerado, agredido y asediado por un Ejecutivo suprapoderoso -desde 2018-, con un Poder Legislativo sometido.

La “Reforma del Poder Judicial” será el parteaguas de este sexenio 2024-2030. El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no garantiza acabar con la corrupción, al contrario, en el caso de lograr elegir a los miembros del PJF sólo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica.
VENGANZA POLÍTICA
La reforma judicial es un despropósito presidencial que raya entre la venganza política y el rencor a quienes en el Poder Judicial no se arrodillaron a sus designios.
Es un acto de supina ignorancia -quizá propuesta por la Consejera Jurídica de AMLO- que únicamente pretende ignorar el espíritu y principio fundamental de los creadores de la teoría de la división de Poderes, John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), cuya esencia parte de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.
Este principio fundamental, que en un régimen democrático evita la concentración de poder y que se consolidó como uno de los pilares de nuestra Constitución desde 1857.
Pareciera que aquella sentencia de “¡Al diablo con sus instituciones!” la pretende concretar el segundo piso de la 4T; ya ocurrió con los organismos autónomos constitucionales.
La anhelada mayoría calificada, muy deseada y no lograda por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la obtuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con ese gran Poder Legislativo ha dado continuidad a todo lo que dejó pendiente su antecesor, incluidas 20 iniciativas de ley que presentó AMLO en febrero de 2024, la mayoría con carácter populista. La más regresiva, la reforma judicial.

Ahora se presume que por elegir a los miembros del Poder Legislativo y por ser el primer país que lo hace, seremos el país más democrático del mundo… ¡Pamplinas!
NI COMPARACIÓN CON EU
¿Dónde andan los grandes juristas de la 4T, qué tiene de racional esa afirmación? Se argumentó que Estados Unidos también elige a sus jueces (sólo estatales o locales). Sin embargo, hay que considerar que el “federalismo” americano, que por cierto copiamos, tiene una historia singular y es auténtica y real desde sus orígenes, hace más de 200 años.
Hablar del sistema judicial estadounidense es hablar de 51 sistemas judiciales (50 estatales y uno federal), es abordar un sistema federal judicial creado siguiendo la senda del propio federalismo del país -que es similar al moribundo mexicano en la designación de jueces, magistrados y ministros federales-.
Los requisitos, en todos los casos, para lograr ser candidatos a jueces son muy amplios y estrictos. Llegan los mejores en experiencia, profesionalismo y capacidad, no como acá, que una tómbola a la suerte lo decide (que eso es un decir, porque todo mundo sabe que está amañado).

Imagínese en México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, que huele, más que nada, a un “afán controlador”.
Podría repetirse la historia reciente: La destrucción del Seguro Popular para sustituirlo por el inexistente y fracasado Insabi. O lo que ocurrió cuando se demolió el aeropuerto de Texcoco, una obra que cumplía con los requisitos exigidos a nivel mundial, entre ellos el obligatorio Plan Maestro.
Es del dominio público que las decisiones y caprichos personales del poder presidencial -AMLO- han representado enormes costos al erario público. Con la reforma judicial los costos serán más amplios para millones de mexicanos.
Se estiman 10 mil candidatos para ocupar mil 680 cargos en una elección enigmática e incierta, porque el 1 de junio se elegirá a la mitad. Todos los cargos se elegirán de listas compuestas por candidaturas enviadas por el Poder Ejecutivo, las dos Cámaras del Poder Legislativo y la SCJN -los de esta última sacados por tómbola en el Senado-.
ADIÓS A LA DEMOCRACIA
El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés. La reforma judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.

Será enorme el costo de la curva de aprendizaje y se echará al cesto de la basura la experiencia de cientos de abogados con una carrera judicial de 15 o 20 años… un galimatías costoso e ineficiente.
Lamentablemente en México se desvanece el Poder Judicial, y con ello la división de Poderes.
El régimen democrático constitucional está moribundo. ¡Sálvese quien pueda!
***Académico y consultor.
“Era suyo, lo tenían y lo dejaron ir”… como dijera el cronista deportivo Enrique ‘El Perro’ Bermúdez * Mientras en las Cortes americanas se integran sólidos expedientes, pruebas y sentencias, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo y la soberanía
MARKOFLOS
Parodiando al popular cronista deportivo Enrique “El Perro” Bermúdez, podríamos referirnos al piloto de la nave que trasladó al Mayo Zambada, aludiendo a la Fiscalía General de la República (FGR): “Lo tenían, era suyo y… lo dejaron ir”.
La responsabilidad sin duda es de la FGR de haber entregado a Estados Unidos al piloto mexicano -que llevó a ese país al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada- cuando ya estaba detenido en México y era una valiosa fuente para aclarar el secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa.
Ahora que se sabe fue un operativo arreglado por el FBI, esto implicaría que sólo lo podrían haber sabido los cuatro o cinco protagonistas de esa operación encubierta, entre ellos el piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda, quien fue deportado a México sin que alguien advirtiera de quién se trataba, hasta que fue detenido en flagrancia y luego entregado nuevamente a la justicia de Estados Unidos, sin darse por enterados que era el piloto de planta de “Los Chapitos”.
No es que seamos mal pensados, pero surgen las siguientes interrogantes: ¿Nadie se percató de quién se trataba? ¿Se le interrogó aquí sobre la extracción de “El Mayo”?
De acuerdo con el fiscal regional David Boone de la Garza, fue la FGR la que ordenó la entrega a Estados Unidos del piloto Núñez Ojeda.

Si eso ocurrió antes del 3 de diciembre de 2025, la responsabilidad de la entrega del piloto recaería en Alejandro Gertz Manero, quien hasta ese día fue fiscal general de la República y que como premio a su “brillante” desempeño fue designado embajador en el Reino Unido.

Dos años llevaba el Estado Mexicano esperando que el gobierno norteamericano le entregara información sobre la captura del Mayo Zambada, ocurrida en julio de 2024.
Hace apenas unos días, un reportaje de Luis Chaparro reveló una declaración del FBI, en la que el organismo aceptó que el operativo contra ‘El Mayo’ Zambada fue suyo: planeado, organizado y ejecutado la misión en territorio mexicano, con Joaquín Guzmán López como el principal ejecutor en campo.
El reportaje también señala que el avión fue modificado: Le cambiaron el motor, la pintura, las luces y el número de serie. El FBI donó el avión en el que trasladaron al ‘Mayo’ Zambada al War Eagles Air Museum.

El 8 de julio de 2026, la Fiscalía General de la República ofrece una conferencia en la que planteó diversas anomalías: Violaciones graves al derecho mexicano e internacional, un pacto fuera de los canales legales entre países y una mentira del embajador Ken Salazar, quien violaría el principio de buena fe diplomática.
Además, la FGR solicitó -otra vez- formalmente al gobierno de Estados Unidos que proporcione información sobre lo ocurrido con el caso Zambada.
México tiene 32 investigaciones abiertas contra ‘El Mayo’ Zambada, con órdenes de aprehensión vigentes. Aun así, se ve imposible traerlo de regreso.

Durante la referida conferencia de prensa, la Fiscalía General de la República recriminó que el FBI entregara información “falsa, parcial e insuficiente” sobre lo sucedido en julio de 2024, cuando el narcotraficante Ismael Zambada fue secuestrado tras una traición de sus socios en el Cártel de Sinaloa y entregado a las autoridades de Estados Unidos.
Sobre este punto, y muy polémico por cierto, es relevante esclarecer que en estricto el FBI no violó alguna ley mexicana, si nos atenemos a que el acuerdo FBI-Joaquín Guzmán debió haberse limitado al compromiso del Chapito mayor de poner al Mayo Zambada en territorio norteamericano, sin que formalmente el FBI pusiera pie en territorio mexicano.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, hizo varios señalamientos: “En agosto de 2024, personal de la Fiscalía General de la República acudió a inspeccionar en las oficinas de El Paso, Texas, los indicios encontrados en la aeronave, y posteriormente el avión en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México”.
Godoy Ramos asegura que no se les facilitó el acceso para “realizar las acciones pertinentes” ni “se proporcionó la información requerida”, “ni se permitió tomar fotografías” y que en las “constancias se advierte que las autoridades norteamericanas han dado datos falsos e imprecisos de identificación de ese avión”.
Ante esto, surge otra pregunta: ¿De cuándo acá una agencia norteamericana, como el FBI o la CIA, tienen obligación de proporcionar a un gobierno extranjero información sobre sus “misiones secretas”?
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que el gobierno norteamericano nunca proporcionó información respecto al referido operativo.

Acusa al exembajador Ken Salazar de haber mentido en su momento. Asimismo, subraya que a partir del secuestro de Zambada se desató una guerra civil en el Cártel de Sinaloa que ha dejado miles de muertos y desaparecidos en dicho estado, “la que se hubiera evitado” en caso de que el gobierno estadounidense hubiera pedido permiso al Estado Mexicano para capturar al Mayo, toda vez que Zambada no había sido detenido en México desde hace cuarenta años que inició su liderazgo en el cártel más poderoso del mundo.
En relación a lo expresado por la Mandataria Sheinbaum Pardo, el exembajador Salazar acaba de publicar unas memorias en las que aborda su paso por México.
En ellas Ken escribe que el antecesor y mentor de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, estaba preocupado por lo que Ismael Zambada pudiera decir a las autoridades norteamericanas sobre su gobierno y los vínculos del narcotráfico.
“Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, es más bien la participación de Estados Unidos en la captura del Mayo”, replicó Sheinbaum.
Al parecer este desencuentro “verbal” con nuestro socio y vecino del norte sólo servirá para dar continuidad a la narrativa de la 4T: La guerra del narcotráfico es culpa del expresidente Felipe Calderón, así como la guerra de Chapitos contra Mayitos en Sinaloa es culpa del gobierno norteamericano, por no “pedir permiso” para realizar sus operaciones encubiertas.
Adicionalmente se seguirá alimentando el gastado discurso de envolverse en la Bandera Nacional. Que a los “mexicanos se les respeta” y que “si osare un extraño enemigo profanar con su planta nuestro suelo”; que nuestra soberanía pretende ser vulnerada.
Mientras la información sólida, las evidencias, las declaraciones provienen de las agencias y Supremas Cortes de Estados Unidos, la narrativa oficial en México se ha reducido a la consabida estrategia de victimizarse con el discurso del nacionalismo lastimado y proteger a los presuntos delincuentes acusados por EU de estar coludidos con los cárteles mexicanos.
Y aquí nace una enésima cuestión: ¿Qué se intenta evadir detrás de la bandera de la soberanía?
Las pruebas documentales ya obran en expedientes de los juzgados americanos. El Mayo Zambada declaró en su primera audiencia haber sido emboscado tras acudir a una reunión, a la que fue convocado por el gobernador Rubén Rocha Moya, bajo el engaño de mediar en una disputa política entre liderazgos locales. En esa reunión fue secuestrado y enviado a Estados Unidos, al tiempo que se cometió el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y rival político del gobernador.

La Fiscalía estatal fabricó un video y una versión falsa de un asalto en una gasolinera, después la FGR desmoronó el montaje al hallar sangre de los escoltas de El Mayo en la camioneta de la simulación.
Ante esas pruebas documentales, “evidencias” que obran en los expedientes de los juzgados de Nueva York, surge otra vez esta pregunta: ¿Por qué el gobierno mexicano continúa protegiendo al exgobernador de Sinaloa?

Recuérdese que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Rocha Moya como su “hermano”, para muchos López Obrador marcó su “línea” como inamovible.
Y seguimos con las dudas: ¿Por qué no se ha investigado la actuación del exgobernador ni los presuntos vínculos de su gabinete con estructuras delictivas ni el impacto de la violencia en el proceso electoral de Sinaloa?
Es de resaltar que los reportes sobre secuestros o “levantones” de operadores políticos opuestos a Morena, las amenazas directas a candidatos y el control territorial durante los comicios locales forman parte de un expediente que existe en Estados Unidos, pero no en México.
El misterio del piloto y de la aeronave en la que viajaron los capos pone en preocupación al Estado Mexicano, y es que radares de las autoridades de Aeronáutica Civil ni de la Fuerza Aérea Militar registraron el despegue de un avión de territorio nacional con uno de los criminales más buscados, sin que algún sistema de inteligencia, seguridad, o vigilancia lo detectara.
El misterioso piloto que estuvo en las narices de las autoridades tampoco fue detectado y fue expulsado a Estados Unidos sin alguna investigación ni procedimiento legal de extradición.
Este caso evidencia al menos incompetencia que raya en el ridículo. Repito: El FBI no violó alguna ley mexicana, ni tratado internacional en estricto y formal sentido, asi como el exembajador Ken Salazar no mintió.

Mientras en las Cortes americanas se integran sólidos expedientes, pruebas y sentencias, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo y la soberanía.
¿Hasta cuándo la impunidad y el presunto encubrimiento de correligionarios del poder?
El mayor peligro de México, la advertencia de José López Portillo * El cinismo de la 4T es burdo y evidente * La Austeridad Republicana funciona muy bien en el discurso, pero en los hechos está del carajo
MARKOFLOS***
Hay similitud en lo que pasaba en México hace cuarenta años: Se celebraba el certamen futbolero en nuestro país y la oncena tricolor había llegado a las eliminatorias de octavos de final.
Por esas fechas el expresidente José López Portillo había advertido que el mayor peligro para México era que se convirtiera en un país de cínicos.
En la hora actual parece que el “Deja-vu” nos alcanza, fuimos una de las sedes de la pasión del futbol, pero también la profecía de JLP parece estarse cumpliendo… y es que el cinismo de la 4T es burdo y evidente.

Como prueba de ello, sólo basta remitirnos a algunos de los ejemplos más recientes.
A partir de abril de este año, a pesar de que fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos -de estar vinculados con el Cártel de Sinaloa-, el exgobernador de Sinaloa y nueve de sus excolaboradores gozan de total libertad, ninguno de ellos ha sido objeto de investigaciones serias sobre esas graves acusaciones y lejos de tener algún rubor o al menos de cubrir las formas respecto a su estatus jurídico, andan tan “campantes” exhibiéndose o escondiéndose con la complicidad y protección del gobierno de la 4T.
RUBÉN ROCHA Y ENRIQUE INZUNZA
El exgobernador Rubén Rocha Moya goza de casi todas las prerrogativas que tenía en funciones, escoltas y seguridad, recursos económicos a discreción e impunidad total.

Por su parte, otro de los coacusados, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, continúa recibiendo su salario íntegro que ronda entre los $120,000 y $190,000 pesos mensuales (dieta legislativa), a pesar de estar ausente de sus funciones y tener las cuentas bancarias congeladas por investigaciones en Estados Unidos.
Debido a este bloqueo financiero, el Senado le emite su pago mediante cheques de caja.

Su escaño ha permanecido vacío durante meses, lo que ha generado fuertes críticas y reclamos por parte de legisladores de oposición.
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN
Otro escándalo de cínica Austeridad Republicana y dispendio es el que protagonizó en estos días José Ramón López Beltrán, después de que circularan videos en los que aparece durante unas vacaciones en el parque temático Magic Kingdom, en Orlando, Florida.

A partir de esas imágenes, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanza nuevos señalamientos sobre el estilo de vida del hijo del expresidente y cuestiona el origen de los recursos con los que realiza esos viajes.
El intercambio de declaraciones entre José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario volvió a escalar en estos días en redes sociales, luego de que ambos protagonizaran un nuevo enfrentamiento por acusaciones de presunta corrupción y el origen del patrimonio del integrante de la familia del exmandatario.
A través de su cuenta en X, el empresario afirmó que revisará “punto por punto” los argumentos presentados por López Beltrán y reiteró diversas acusaciones que ha hecho anteriormente.
RUTILIO ESCANDÓN CADENAS
Otro personaje que actúa cínicamente es el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; se desempeña actualmente como Cónsul General de México en Miami, Florida.
En el ámbito público y de la opinión pública, su patrimonio ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por propiedades millonarias -incluyendo un extenso rancho y diversas residencias- y la opacidad sobre una casa valuada en más de 26 millones de pesos que desapareció de sus declaraciones.

Escandón Cadenas dejó de reportar en sus declaraciones patrimoniales una casa de más de 2 mil metros cuadrados justo cuando concluyó su gobierno en Chiapas y asumió como cónsul en Miami.
La propiedad apareció en los documentos oficiales del entonces gobernador hasta 2023; sin embargo, desapareció en la declaración patrimonial presentada en 2024 ante el Servicio Exterior Mexicano.
La omisión ocurre en medio del crecimiento patrimonial del exmandatario que actualmente reporta ingresos anuales por rentas de propiedades superiores a los 2.4 millones de pesos.
Al concluir su administración en Chiapas y ser designado cónsul, la referida propiedad dejó de aparecer entre los bienes reportados por el funcionario.
Las declaraciones patrimoniales no explican si la casa fue vendida, donada o transferida a terceros, ni existe un apartado donde se detalle la baja del inmueble.
El exgobernador tampoco incluyó información adicional sobre el movimiento de esa propiedad en los documentos entregados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las declaraciones patrimoniales de Rutilio Escandón muestran variaciones importantes en el número de propiedades reportadas entre un año y otro.
De manera cronológica, los documentos consultados indican que entre 2021 y 2023 mantenía registrados 15 bienes inmuebles.
Posteriormente, en 2024, añadió dos propiedades heredadas vinculadas a su esposa, Rosalinda López Hernández, hermana del senador Adán Augusto López Hernández.
No obstante, varios de esos bienes permanecieron clasificados como confidenciales durante años.
Además de la desaparición de la residencia de más de 2 mil metros cuadrados, las declaraciones no precisan qué propiedades generan actualmente los más de 2 millones 425 mil pesos anuales que recibe por concepto de rentas.
El exgobernador de Chiapas pasó de reportar ingresos derivados de fondos de inversión a sostener gran parte de sus percepciones adicionales mediante arrendamientos inmobiliarios.
DAVID MONREAL ÁVILA
Oro ejemplo de cinismo rampante e impunidad es el del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. Ha estado envuelto en múltiples polémicas, siendo la más notoria un video de 2021, en donde fue captado tocando inapropiadamente a una candidata.
Recientemente ha enfrentado controversias por denuncias de patrimonio, conflictos internos con su hermano y acusaciones de represión.
Durante su campaña electoral por la gubernatura, circuló un video en el que se observa a Monreal tocar el glúteo y posteriormente la cintura de Rocío Moreno, candidata a la alcaldía de Juchipila.
Aunque tanto él como la afectada negaron la agresión, el material causó gran indignación pública. En septiembre, su hermano, el senador Saúl Monreal, lo acusó públicamente de estar manipulado por un grupo político opositor dentro de su mismo partido.
Saúl afirmó que este grupo orquestaba campañas en su contra para bloquear sus aspiraciones políticas.
Respecto a su patrimonio, líderes de partidos -como el PRI y el PVEM- han señalado al mandatario por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, mencionando montos que superarían los 200 millones de pesos, aunque las denuncias han quedado sin seguimiento judicial claro.

Adicionalmente, en septiembre de 2025, el colectivo de madres buscadoras “Sangre de mi Sangre” denunció represión por parte de las fuerzas de seguridad del estado de Zacatecas mientras realizaban una manifestación pacífica en un puente peatonal.
Y AÚN HAY MÁS
El cinismo y la “austeridad” se presentan en la 4T en todos los niveles de gobierno.
En un día laborable, el 24 de junio, la alcaldesa de Morena del municipio de Villaflores, Valeria Rosales, su padre Mariano Rosales y su pareja asistieron al partido de futbol entre México y la República Checa que se realizó en el Estadio Ciudad de México, en donde pagaron boletos en la zona VIP, que de acuerdo con la FIFA tienen un costo de 80 mil pesos.

Hasta ahora la alcaldesa Valeria Rosales no ha emitido alguna comunicación para saber el monto que gastó en las tres entradas al estadio, que pueden estar valoradas en 240 mil pesos, más los boletos de avión, alimentación, hospedaje, traslados de aeropuertos y otros.
Después del video del partido entre México y República Checa, los miembros de la familia Rosales ya no han vuelto a hacer más publicaciones del partido, pero en Villaflores aseguran que también asistieron al encuentro entre México y Reino Unido, por lo que habrían erogado unos 720 mil pesos, sin contar otros gastos.
Estos ejemplos recientes contradicen los lineamientos que pregona la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su partido Morena, en el sentido de que el gobierno de la transformación y sus integrantes deben actuar con austeridad, honestidad, que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre” y que se combate la corrupción y la impunidad sin excepción alguna.
Los correligionarios de la Mandataria no deben distraerla con escándalos de cinismo, corrupción e impunidad. Del mismo modo que ella no debe tolerarlos.
Es tiempo de ejercer el poder presidencial de manera plena y sin excepciones. Por el bien de México, “La patria es primero”.
PULPO POLÍTICO
¿Filtraciones, testigos protegidos o injerencia extranjera?
Publicado
Hace 2 semanasen
julio 5, 2026Por
Redacción
Tras las publicaciones de Los Angeles Times y de The New York Times * Morena rechaza la información sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos * El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, envía un comunicado a la dirección editorial del NYT
MARCO ANTONIO FLORES***
En medio de la euforia del certamen futbolero, parecen perderse algunas noticias que se están publicando en Estados Unidos.
Aunque la avalancha de información -respecto a narcofuncionarios mexicanos que se venía formando a raíz del caso Rocha Moya y sus nueve cómplices- parece que se enfría, la realidad es que está más caliente que el máximo evento del futbol.
Sólo hay que revisar lo que publicó The New York Times, el pasado 27 de junio, en un artículo firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, cuyo texto señala: “El gobierno de Donald Trump ha intensificado sus investigaciones sobre el gobierno de México y, a medida que esos esfuerzos avanzan, algunos funcionarios electos del partido en el poder se han ofrecido de manera discreta a las autoridades estadounidenses como informantes contra otros integrantes del partido, según ocho personas que han participado en las conversaciones”.
Por su parte, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho del cuestionamiento a esas investigaciones un grito de batalla para su partido político de izquierda, Morena, al calificar las acusaciones como una injerencia extranjera.

Lo publicado por NYT dice lo siguiente:
“Que políticos mexicanos ayuden en las investigaciones estadounidenses sobre sus colegas es una señal muy preocupante para el partido político dominante de México y su líder, Sheinbaum.
“Indica que las investigaciones estadounidenses sobre corrupción están tomando impulso, justo cuando Sheinbaum ha hecho de oponerse a ellas una de las apuestas centrales de su presidencia.
“El cierre de filas a que convoca la Presidenta desde arriba no se corresponde desde abajo”, dice Carlos Bravo Regidor, un destacado analista político mexicano.
“Hay gente abajo que es parte de la propia escena que, lejos de cerrar filas con la Presidenta, va corriendo a Estados Unidos para salvar su pellejo”, añade.
“En las últimas semanas (Sheinbaum) ha optado por ponerse de lado de su partido y ha rechazado las exigencias de Estados Unidos de detener a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Morena en el estado de Sinaloa, después de que fiscales estadounidenses lo acusaran de proteger al poderoso cártel de su estado a cambio de ayuda para ganar las elecciones”, agrega.

Sobre esto, Sheinbaum Pardo dice que los investigadores estadounidenses no han presentado pruebas que justifiquen su detención y que la exigencia implica una injerencia en los asuntos de México.
También dijo que la Fiscalía mexicana abriría sus propias investigaciones sobre los funcionarios acusados. Pero Claudia Sheinbaum ha acusado varias veces al gobierno de Trump de hacer política.
“Ya no estamos hablando de cooperación”, añadió, “estamos hablando de injerencia”.
No es la primera vez que una importante publicación de Estados Unidos arremete contra un gobierno mexicano.
Es conocido el “modus operandi” de agencias como la DEA y la CIA que filtran datos para presionar y apresurar la pesca de información.

Sin embargo, los mensajes cifrados o abiertos que se están mandando al gobierno que encabeza la Mandataria Claudia Sheinbaum, no deben subestimarse o tomarse a la ligera, después de todas las declaraciones y advertencias que han hecho importantes personajes del gobierno norteamericano.
El artículo del NYT agrega: “Los políticos de Morena que ahora colaboran en las investigaciones se suman a una lista cada vez mayor de informantes mexicanos.
“Los fiscales estadounidenses han obtenido información de dos líderes de cárteles encarcelados -hijos de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo- que se declararon culpables el año pasado de delitos relacionados con las drogas.
“Y en los últimos 18 meses, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a Estados Unidos a 92 miembros de los cárteles mexicanos, varios de los cuales han empezado a hablar con las autoridades estadounidenses, según las cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones.
“Dijeron que entre los que han proporcionado información se encuentran altos mandos de los hijos del Chapo, uno de sus pilotos principales y uno de sus asesores más importantes”.
Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA, dijo que -los funcionarios de Morena que están colaborando y el grupo de narcotraficantes que ahora están bajo custodia de Estados Unidos- aumentan la probabilidad de que las autoridades estadounidenses estén preparando casos importantes.

“Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, dijo.
También señala el referido artículo: “En general, Sheinbaum ha establecido una relación positiva con el gobierno de Trump”.
Según datos del gobierno, los homicidios entre enero y mayo se redujeron un 63 por ciento respecto al mismo periodo de hace dos años. Pero iniciar procesos jurídicos contra funcionarios es mucho más complicado políticamente para Sheinbaum.
Algunos de los personajes investigados por Estados Unidos no sólo son miembros de su partido, sino también aliados cercanos de su predecesor y benefactor político, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en su libro, escribió que, según le había contado un contacto común, López Obrador estaba preocupado por la captura -por parte de autoridades estadounidenses- de un líder de un cártel en 2024, por la información que el delincuente pudiera revelar.
Adicionalmente se reseña en la publicación que “dos objetivos en las investigaciones por corrupción de Estados Unidos son los gobernadores de Morena de los estados de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, según cinco personas al tanto de las investigaciones que no estaban autorizadas a hablar de manera pública.

“Los gobernadores han negado acusaciones de estar vinculados al narcotráfico. En torno a estos gobernadores se refiere que López Obrador es aliado de ambos: Durazo fue su secretario de Seguridad y apoyó públicamente a Villarreal cuando se enfrentó a una serie de acusaciones de corrupción en 2022, que él negó”.
LOS ANGELES TIMES YA LO HABÍA PUBLICADO
Las investigaciones sobre los gobernadores ya las había publicado antes el diario Los Angeles Times.
Como se recuerda, el periodista Steve Fisher publicó con anticipación la acusación contra Rocha Moya y sus secuaces, y es el mismo que firmó el artículo que involucra a estos dos gobernadores de Sonora y Tamaulipas.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, había rechazado con antelación lo publicado en Los Angeles Times y ahora acaba de enviar un comunicado a la dirección editorial del New York Tomes, en el que señala: “En relación con las referencias a mi persona contenidas en la nota ‘Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump’, bajo la firma de Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer en su edición del 27 de junio.
“La decisión editorial de The New York Times de publicar y presentar como un hecho afirmaciones previamente difundidas por Los Angeles Times, sin aportar una sola evidencia adicional, objetiva, verificable o susceptible de corroboración, conlleva un alto componente especulativo. “Reitero: no he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas.

“En consecuencia, solicitamos que The New York Times aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial pública confirmada que permita sostener que un servidor haya sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de investigación alguna.
“Atentamente
Alfonso Durazo”.
MORENA RECHAZA LA INFORMACIÓN
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechaza la información publicada por The New York Times sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos como informantes en investigaciones relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado.
Montiel afirma que se trata de una narrativa dirigida a desacreditar al movimiento y sostiene que cualquier investigación deberá realizarse conforme a la ley… lo mismo que han venido diciendo durante varios meses.

“Es una campaña que inició contra el presidente López Obrador al llamarlo narcopresidente, nuestra presidenta cuando fue candidata y es la narrativa de la ultraderecha que ha venido construyendo en estos últimos años”, añade.
También rechaza que Morena proteja a personas involucradas en actividades ilícitas y reitera el respaldo del partido a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Nosotros no somos cómplices de nadie. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, sea una narrativa de la ultraderecha nacional e internacional”.
Ante ese escenario, Montiel asegura que Morena dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y reitera que cualquier actuación deberá desarrollarse dentro del marco legal.
En fin, mientras son peras o manzanas, quizá sepamos si toda esta información que publica el New York Times y otra que proviene de los Estados Unidos, nuestro vecino y principal socio comercial, se refiere a filtraciones de testigos protegidos o se trata de injerencia extranjera que tiene sólo como propósito “atentar contra la soberanía nacional”.
***Académico y consultor.
Egresado del IPN.
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