El Poder Judicial de la Federación entró en una fase terminal * El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no garantiza acabar con la corrupción, al contrario, en el caso de lograr elegir a los miembros del PJF sólo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica
MARCO ANTONIO FLORES***
El “desvanecimiento” del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México entró en la fase final y es muy semejante al de un enfermo terminal, o más precisamente la disminución del estado de conciencia o la pérdida de la lucidez, es un fenómeno común en los últimos días de vida.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde mediados de abril, dejó de turnar la mayoría de los asuntos a ministros. Miles de litigios fiscales, familiares o civiles quedarán congelados hasta que llegue la nueva integración.
¿Cuándo? ¿Cómo?, es incierto. Con la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, estamos presenciando la agonía de nuestro régimen democrático constitucional y, poniendo en tela de juicio, el Estado de Derecho.
Un Poder Judicial, disminuido, vulnerado, agredido y asediado por un Ejecutivo suprapoderoso -desde 2018-, con un Poder Legislativo sometido.
La “Reforma del Poder Judicial” será el parteaguas de este sexenio 2024-2030. El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no garantiza acabar con la corrupción, al contrario, en el caso de lograr elegir a los miembros del PJF sólo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica.
VENGANZA POLÍTICA
La reforma judicial es un despropósito presidencial que raya entre la venganza política y el rencor a quienes en el Poder Judicial no se arrodillaron a sus designios.
Es un acto de supina ignorancia -quizá propuesta por la Consejera Jurídica de AMLO- que únicamente pretende ignorar el espíritu y principio fundamental de los creadores de la teoría de la división de Poderes, John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), cuya esencia parte de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.
Este principio fundamental, que en un régimen democrático evita la concentración de poder y que se consolidó como uno de los pilares de nuestra Constitución desde 1857.
Pareciera que aquella sentencia de “¡Al diablo con sus instituciones!” la pretende concretar el segundo piso de la 4T; ya ocurrió con los organismos autónomos constitucionales.
La anhelada mayoría calificada, muy deseada y no lograda por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la obtuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con ese gran Poder Legislativo ha dado continuidad a todo lo que dejó pendiente su antecesor, incluidas 20 iniciativas de ley que presentó AMLO en febrero de 2024, la mayoría con carácter populista. La más regresiva, la reforma judicial.
Ahora se presume que por elegir a los miembros del Poder Legislativo y por ser el primer país que lo hace, seremos el país más democrático del mundo… ¡Pamplinas!
NI COMPARACIÓN CON EU
¿Dónde andan los grandes juristas de la 4T, qué tiene de racional esa afirmación? Se argumentó que Estados Unidos también elige a sus jueces (sólo estatales o locales). Sin embargo, hay que considerar que el “federalismo” americano, que por cierto copiamos, tiene una historia singular y es auténtica y real desde sus orígenes, hace más de 200 años.
Hablar del sistema judicial estadounidense es hablar de 51 sistemas judiciales (50 estatales y uno federal), es abordar un sistema federal judicial creado siguiendo la senda del propio federalismo del país -que es similar al moribundo mexicano en la designación de jueces, magistrados y ministros federales-.
Los requisitos, en todos los casos, para lograr ser candidatos a jueces son muy amplios y estrictos. Llegan los mejores en experiencia, profesionalismo y capacidad, no como acá, que una tómbola a la suerte lo decide (que eso es un decir, porque todo mundo sabe que está amañado).
Imagínese en México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, que huele, más que nada, a un “afán controlador”.
Podría repetirse la historia reciente: La destrucción del Seguro Popular para sustituirlo por el inexistente y fracasado Insabi. O lo que ocurrió cuando se demolió el aeropuerto de Texcoco, una obra que cumplía con los requisitos exigidos a nivel mundial, entre ellos el obligatorio Plan Maestro.
Es del dominio público que las decisiones y caprichos personales del poder presidencial -AMLO- han representado enormes costos al erario público. Con la reforma judicial los costos serán más amplios para millones de mexicanos.
Se estiman 10 mil candidatos para ocupar mil 680 cargos en una elección enigmática e incierta, porque el 1 de junio se elegirá a la mitad. Todos los cargos se elegirán de listas compuestas por candidaturas enviadas por el Poder Ejecutivo, las dos Cámaras del Poder Legislativo y la SCJN -los de esta última sacados por tómbola en el Senado-.
ADIÓS A LA DEMOCRACIA
El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés. La reforma judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.
Será enorme el costo de la curva de aprendizaje y se echará al cesto de la basura la experiencia de cientos de abogados con una carrera judicial de 15 o 20 años… un galimatías costoso e ineficiente.
Lamentablemente en México se desvanece el Poder Judicial, y con ello la división de Poderes.
El régimen democrático constitucional está moribundo. ¡Sálvese quien pueda!
***Académico y consultor.
