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EL ÁGORA

Violencia política y gobernanza

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La creciente ola delictiva a nivel nacional la genera el crimen organizado * Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La pérdida de buena parte de la gobernabilidad se debe a la creciente violencia política que generan el crimen organizado y algunas reyertas entre grupos de poder no muy bien esclarecidas por la propia autoridad.

En todos los casos se trata de agresiones para amenazar, intimidar, frenar carreras políticas, incidir en procesos electorales, cobrar venganza por no aceptar pactos ilícitos o incumplirlos, imponer candidatos o suplantar a legales autoridades para ejercer el poder público e incluso crear tributaciones paralelas, como el cobro de derecho de piso u otorgar permisos para abrir negocios.

También realizan labor social, auxilian a damnificados después de desastres naturales, dan regalos en el Día de las Madres, el Día del Niño o en Reyes, además de distribuir despensas u organizar eventos musicales.

El Estado constitucional ha claudicado en su función primigenia de dar seguridad a los gobernados y garantizar el respeto a la vida y al patrimonio de los ciudadanos.

La pérdida de la gobernabilidad empoderó a los grupos criminales y permitió el deterioro del Estado de Derecho, por lo que dejó la gobernanza en grupos de poder fáctico que hacen las funciones de la autoridad como otorgar seguridad a comunidades enteras.

El crimen organizado no sólo se circunscribe al narcotráfico, se extiende a la trata de personas -por explotación sexual, laboral o migrante-, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

En Chiapas y Oaxaca se da la violencia política mediante el desplazamiento forzado de comunidades enteras por disputas de tenencia de la tierra, razones étnicas o religiosas, así como la mafia de los polleros que comercian con migrantes. También se da el asesinato o desaparición de líderes sociales.

Ante los desplazamientos o masacres, prevalece la impunidad y la inacción de autoridades.

La violencia política ha acompañado el desarrollo histórico del país: Golpes de Estado y asonadas militares en el siglo XIX, la Revolución Mexicana y su millón de muertos, los sucesivos magnicidios posrrevolucionarios, los homicidios políticos como los del general Serrano, el general Saturnino Cedillo o los muertos del henriquismo.

También ejerció violencia política el propio gobierno al reprimir, en aras de mantener la estabilidad social, los movimientos magisteriales, médico, ferrocarrilero, electricista y los de estudiantes de 1968 y 1971.

Ahora son la delincuencia organizada y las facciones políticas en busca del poder los que ejercen el otrora monopolio estatal del uso de la fuerza.

Asimismo, mediante esa violencia, los criminales se han apoderado de los procesos electorales y ellos deciden quién debe gobernar.

Lo mismo financian campañas políticas en todos los niveles que imponen candidatos, eliminan contrincantes, secuestran aspirantes, amenazan a funcionarios electorales, inhiben el voto, alientan el abstencionismo y destruyen casillas.

La pérdida de la gobernanza provoca un sentimiento de abatimiento ciudadano, se asume que la violencia se impone al pacto social y que el Estado ya no es garante del respeto a la vida y a la propiedad.

Se normaliza la connivencia de las autoridades con la delincuencia organizada, se reconoce socialmente la corrupción y que es inherente a los servidores públicos.

Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial, que no los mueve la figura omnímoda, omnipotente y omnipresente de un jefe de Estado autárquico.

Ello requiere de abandonar la narrativa basada en las falacias que apelan al principio de autoridad, desechar el discurso de odio y buscar la unidad nacional, no la polarización ni el divisionismo social.

Hoy el gobierno enfrenta no sólo el reto de rivalizar o asociarse con el crimen organizado en todas sus acepciones, sino el reclamo de la Generación Z que, si bien sólo se visibilizó con una marcha, la satisfacción de sus demandas de empleo, educación, justicia, seguridad, combate a la corrupción y mayor participación política se logrará desde sus propias formas de expresión, como las redes sociales.

No buscarán protagonizar una primavera árabe ni los fallidos movimientos estudiantes del otoño de 1968 o el verano de 1971, pero si las autoridades desoyen el llamado al cambio de los jóvenes, Nepal o Marruecos estará a la vuelta de la esquina.

Por supervivencia, el Estado debe recuperar la gobernabilidad.

EL ÁGORA

Ya es complicado convencer al pueblo de que “vamos bien”

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Humor social e idiosincrasia nacional * Las nuevas inversiones no se materializan e incluso algunas empresas, automotrices y tecnológicas, empiezan a migrar, mientras el comercio informal soporta casi el 60 por ciento de la economía nacional * Los comicios del próximo año serán críticos para la democracia mexicana, afirma Eduardo Vázquez Rossainz

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Diversos eventos económicos, políticos y sociales han afectado la imagen de la 4T.

Cada día se complica más imponer un modelo de comunicación que convenza a la gente de que vamos bien y que el bienestar generalizado ya toca la puerta.

Se habla de cifras récord en inversión extranjera y empleo, pero no se aclara que mucho de ese capital es reinversión de utilidades y no dinero fresco, como tampoco se dice que la mayor parte de las fuentes de trabajo están en el comercio informal, el cual no paga impuestos, no otorga prestaciones a los empleados y no cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Las nuevas inversiones no se materializan e incluso algunas empresas, automotrices y tecnológicas, empiezan a migrar, mientras el comercio informal soporta casi el 60 por ciento de la economía nacional.

En el sector salud se inauguran nuevas clínicas y hospitales, e incluso se habla de la cobertura universal para el año próximo, pero siguen saturados los servicios médicos y de especialidades, además persiste el desabasto de medicamentos, falta material de laboratorio y quirúrgico, hay escasez de quirófanos.

No es suficiente la construcción de nuevos nosocomios, se necesita presupuestar a futuro infraestructura y equipamiento, recursos humanos, materiales médicos, de laboratorio, para estudios especializados como resonancias magnéticas, ultrasonidos, tomografías, densitometrías, medicina nuclear, medicamentos y vacunas.

¿Habrá dinero para ello? Un sistema sanitario como el actual, colapsado, no puede garantizar un esquema de salud de calidad ni atender la demanda universal.

La falta de empleo, la inflación que no cede e impacta en el gasto familiar, el estancamiento de la economía que asfixia el mínimo crecimiento, la ausencia de educación pública de calidad, la percepción de inseguridad que todavía resienten los ciudadanos, las agresiones a periodistas y la violencia política debieran provocar un humor social negativo, de hartazgo, de reclamo y hasta de rebeldía.

Pero la idiosincrasia del mexicano hace que aguantemos carros y carretas.

Nacimos para el sufrimiento; la apatía puede más que la insurgencia, somos agachones y conformistas, normalizamos tragedias y desgobiernos.

Aquí, en un futuro inmediato, no habrá otro 68, no provocaremos una primavera árabe ni la generación Z tomará las calles.

La crisis política que vive el partido en el poder, la inconformidad social que se manifiesta en varias entidades federativas por la inestabilidad gubernamental que provocan las acusaciones de la Casa Blanca y las agencias de seguridad norteamericanas sobre la connivencia de mandatarios y funcionarios con el crimen organizado no afectará el establishment mexicano.

Puede haber todos los casos Rocha Moya, el huachicoleo que sea, la corrupción evidente, actos por encima de la ley que a nadie parece importar, las encuestas diluyen el humor social.

Normalizamos los efectos de la desventura. No nacimos para la verdadera democracia ni tenemos alma de héroes. ¡Es la idiosincrasia, estúpido!

 

APOSTILLA

El experto en seguridad e inteligencia para el combate a la delincuencia, Eduardo Vázquez Rossainz, advirtió sobre el riesgo de que en las elecciones de 2027 -las más grandes en la historia de México-, jóvenes criminales lleguen a los gobiernos municipales y se imponga una oclocracia criminal -poder delictivo-, en un país donde, diversas fuentes, reconocen su influencia en el 40 por ciento del territorio nacional.

Al presentar su libro “Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos”, el especialista y académico enfatizó que los comicios del próximo año serán críticos para la democracia mexicana, por la posibilidad de que miembros estructurales del crimen se incorporen a los partidos políticos como candidatos y se hagan gobierno, sobre todo a nivel municipal.

El mayor riesgo, agregó Vázquez Rossainz, está en regidores, alcaldes y diputados locales, ya que un cabildo infiltrado, por disposición del Artículo 115 Constitucional, es quien nombra al titular de Seguridad Pública municipal. Aunque recordó que también tienen cooptados a marinos, militares y policías.

El también exfuncionario federal y diplomático recordó que hay evidencia de que en las votaciones de 2021 y 2024 hubo filtración del crimen en gubernaturas y se incrementó la violencia política.

Reiteró el riesgo de tener “candidatos estructuralmente vinculados, es decir, criminales que no tienen ninguna investigación abierta, jóvenes de 23 o 24 años que pueden convertirse en actores políticos y de gobierno”.

Sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos dijo que México no puede concebir un país seguro sin la colaboración americana; por el carácter trasnacional del crimen organizado, el terrorismo y los riesgos cibernéticos; es necesaria la alianza en materia de inteligencia, más allá de Interpol o Europol.

El libro fue comentado por la periodista y exasesora de la Casa Blanca, Ana María Salazar, quien propuso que México abandone el viejo esquema de la seguridad centrado en la soberanía, cuando se enfrenta a organizaciones violentas con presencia internacional y control de facto en territorios. Preguntó la especialista, ¿el crimen organizado son grupos guerrilleros, terroristas? No son bandas que controlen dos o tres cuadras, tienen presencia internacional.

La analista enfatizó: el problema es que las autoridades tratan el tema como un problema de seguridad pública, cuando es una amenaza al Estado de Derecho… y si no se frena, se termina en una guerra clandestina.

Destacó del autor, Eduardo Vázquez Rossainz, su advertencia de caer en una oclocracia criminal por falta de visión de largo plazo para atacar un conflicto con una nueva estructura jurídica que contemple los problemas de seguridad nacional más allá de un obsoleto concepto de soberanía.

 

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Estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad

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La terca realidad contradice la narrativa oficial * Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La terca realidad contradice la narrativa oficial. Según las autoridades, somos autosuficientes en la atención especializada para la población mexicana e incluso se justificó el arribo de médicos cubanos con el pretexto de que a los doctores nacionales no les interesaban las plazas en el sector salud.

Más aún: se cuestionó el sistema de las universidades privadas que imparten la carrera de medicina y de enfermería porque convertían a los estudiantes en mercenarios de su profesión, encarecían la atención médico-hospitalaria y hacían elitista el acceso a la salud.

También las instituciones públicas de educación superior salieron raspadas con el discurso político ante la demanda de más campos clínicos para ejercer las especialidades.

El argumento era lo contrario: al haber más galenos especializados, se abarata la profesión. Alentaron a las parteras y desdeñaron a los gineco-obstetras.

El burocratismo, la corrupción, la inexperiencia y la opacidad de funcionarios del sector salud, encargados de otorgar las Opiniones Técnicas Administrativas (OTA), para después tramitar los RVOEs ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), impiden que las universidades privadas impartan no sólo las carreras de medicina y enfermería, sino preparar a los doctores en las casi 30 especialidades que hasta el momento hay en el ámbito de la salud.

Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades.

Tanto en Salud como en Educación Pública se han cerrado las puertas a las organizaciones educativas que buscan formar y certificar a los cirujanos especialistas que demandan más de 134 millones de mexicanos.

La terca realidad demuestra que estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad para todos los compatriotas y que la corrupción, los intereses personales y políticos, la inexperiencia en la administración pública y la opacidad que existe en la Dirección General de Educación en Salud -de la Secretaría de Salud- y en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos  para la Salud (CIFRHS) -con la participación de la SEP-, propician actos de corrupción y extorsión a rectores de universidades privadas al realizar los  trámites o solicitudes.

Denuncian formalmente a la doctora Magdalena Delgado Bernal, subordinada de la directora general Laura Cortés Sanabria, quien además de retrasar los dictámenes técnicos, mantiene como espada de Damocles la autorización o negativa de las OTAs sin motivar o fundamentar el rechazo y “condiciona” el fallo favorable a cambio de dinero.

Así lo manifestó ante las autoridades el apoderado legal del Instituto de Ciencias Médicas, Sociales y Humanidades de México, quien dio a conocer una llamada de extorsión por un millón 200 mil pesos para recibir la aprobación de su trámite, de lo contrario sería rechazada la solicitud, independientemente de la integración correcta del expediente.

Actualmente sólo hay 120 mil especialistas en todo el país y un déficit de más de 100 mil enfermeras para atender las necesidades de los pacientes.

Hoy en día se requieren médicos con especialidad y subespecialidad en Anatomía Patológica, Anestesiología Pediátrica, Medicina del Dolor, Neuroanestesiología, Cardiología Intervencionista, Cirugía Vascular y Angiología, Neurocirugía, Cirugía Oncológica, Dermatología, Endocirugía, Genética Médica, Biología de la Reproducción Humana, Infectología, Medicina Interna y de Urgencias, Neurología, Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría, Urología y Reumatología, entre otras especialidades.

Nadie puede creer que sin suficientes médicos especializados ni infraestructura necesaria se puede contar con un sistema sanitario que garantice el derecho a la salud de calidad.

 

APOSTILLA

Posponer casos delicados de lo familiar y no resolver conforme a derecho en favor de menores de edad, puede convertirse en práctica común en Juzgados de Tlalnepantla, al trasladar a otros jueces expedientes que llevan mucho tiempo en litigio, en detrimento del bienestar de hijos e hijas de familia inmersos en la separación de sus padres.

Son varias las voces de abogados que han llevado toda su vida asuntos del orden de lo familiar -rama del Derecho muy delicada y de urgente resolución-, quienes denuncian que los titulares de los Juzgados de lo Familiar han caído en prácticas dilatorias muy similares, tanto en la CDMX como del Estado de México, en particular en el distrito judicial de Tlalnepantla.

Estos abogados coinciden en señalar la recurrente práctica de posponer los casos y, con diversas argucias, no resolverlos para pasarlos a otro togado en una actitud “escapista” y extender los tiempos legales, con lo que, al final, los hijos de familia involucrados quedan en una indefinición legal y se pone su vida en completa incertidumbre, tanto en lo material como psicológico.

Atribuyen esta práctica dilatoria al juez segundo Familiar de Tlalnepantla, Humberto García Villegas, quien lejos de dictaminar la resolución de casos de familias que llevan años en litigio, los traslada a otros colegas, lo que afecta la vida y el desarrollo óptimo de menores de edad.

En la mayoría de las ocasiones, donde hay infantes y adolescentes involucrados, la justicia debiera ser expedita e impartida en los plazos y términos que dicta la Ley.

Por ello, juzgadores como García Villegas, que pareciera no comulga con esos preceptos, busca evadir su obligación de impartir justicia, después de retardar varios meses diversos expedientes.

Los tribunales deben garantizar la verdadera administración de justicia y están obligados a impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes y emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

En la próxima entrega, comentaremos el libro “Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos”, de Eduardo Vázquez Rossain, quien advierte sobre la posible infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales en las elecciones de 2027.

La obra es prologada por la exconsejera política de la Casa Blanca, Ana María Salazar.

 

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EL ÁGORA

Eliminando los contrapesos constitucionales se implementa una presidencia imperial

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El siguiente paso es aplicar la autocensura y libertad de expresión * La narrativa oficial no acepta contradicciones, es la verdad absoluta basada en falacias * Apelan a la autoridad, “porque lo digo yo”, “tengo otros datos”, “el pueblo bueno y sabio me apoya”

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Una de las consecuencias del modelo de comunicación política de un régimen cuasi autocrático es la confrontación social y el control de la prensa.

La narrativa oficial genera la polarización y la ideologización de los mensajes gubernamentales para justificar su permanencia en el poder.

No hay una política pública que defina la comunicación con los gobernados, pero sí tiene claro su objetivo de trascender con un esquema populista basado en la administración de la pobreza y el uso electorero de los programas asistencialistas.

La 4T ha sabido implementar una presidencia imperial y eliminado los contrapesos constitucionales.

Sometidos los Poderes de la República, desaparecida la transparencia en la función pública, enseñoreada la opacidad y alentada la división ciudadana, el siguiente paso es intentar el control de la prensa.

La narrativa oficial no acepta contradicciones, es la verdad absoluta basada en falacias. Apelan a la autoridad, “porque lo digo yo”, “tengo otros datos”, “el pueblo bueno y sabio me apoya”.

Imponen la infodemia y la posverdad, el pensamiento uniforme.

La prensa, el cuarto poder, no sólo es un poder fáctico, sino interlocutor de la sociedad y contrapeso que exige la rendición de cuentas a los servidores públicos, lo que es un peligro para un régimen autárquico.

Por eso, recientemente la conversación pública ha girado en torno de la libertad de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información y la regulación de los medios.

Nada nuevo si consideramos que la libre manifestación está consagrada desde la Carta Magna de 1917, que la Ley de Imprenta data también de principios de la centuria pasada y que la garantía sobre el acceso a la información está desde los setenta.

No debiera extrañarnos que los medios cuenten con una regulación, incluidos la radio y la televisión.

Sin embargo, las “benditas redes sociales” dieron un buen pretexto a las autoridades para pretender socavar la función social de todos los medios.

La polarización, la interpretación maniquea de la realidad y la imposición de una narrativa ideologizante son gran “caldo de cultivo” para satanizar a periodistas, dueños de medios, opinadores e intelectuales. La labor de zapa empieza a dar resultados.

Los dueños de diarios o concesionarios, que ven amenazados sus negocios -en ocasiones diversos a la información-, han optado por prescindir de colaboradores críticos.

El acoso fiscal y la falta de publicidad provocan el cierre de espacios y las soterradas reprimendas han alineados a los grandes consorcios que, además, ven peligrar sus concesiones y demás empresas.

Pero también se ha incrementado la autocensura periodística. Ves las barbas de tu vecino cortar… pero no sólo es por las amenazas o acciones gubernamentales, también es el miedo a ejercer la labor informativa independiente y veraz por el asesinato de comunicadores.

No en vano se dice que México es el país más peligroso para la profesión periodística.

Muchos medios ya no tienen secciones policiacas u optan por la cobertura light de las notas informativas. Nada policiaco, nada político.

También los comentócratas acuden a la antigua máxima de no hablar mal del presidente, del Ejército o de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué será más dañina para la democracia: La acción avasalladora de un gobierno autárquico o la claudicación resignada de los periodistas?

 

APOSTILLA

Con el objetivo de avanzar en la cultura de la prevención contra los incendios y que el fuego no apague una vida, la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio (AMRACI) y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (Conapci) demandaron un marco normativo y regulatorio moderno, homologado y nacional que no se quede solo en leyes, sino se promulguen códigos y reglamentos de estricto cumplimiento.

En México se registra un incremento del 10 por ciento anual de incendios en casas, comercios e industria.

Los organizadores de la expo fire mx & safety -Víctor Espínola (director de AMRACI y Conapci), Esteban G. Martínez y Yazmín K. Rodríguez- precisaron que la actual Norma Mexicana 02 data de 2010 y no contempla los avances tecnológicos ni obliga a que edificios muy altos, grandes unidades habitacionales o industrias que manejan materiales más flamables, cuenten con equipos fijos de extinción y no sólo extintores o mangueras.

En 2025, el 43 por ciento de los siniestros se registraron en hogares y casi el 60 por ciento en industrias y almacenajes. En 2012, 124 mil personas sufrieron quemaduras y por cada deceso, hubo 220 sobrevivientes con secuelas permanentes; el tratamiento para un menor con heridas es superior al medio millón de dólares.

La falta de una cultura de prevención contra los incendios se refleja en que menos del 5 por ciento de las casas está asegurada y no llega al 20 por ciento las pequeñas y medianas empresas con seguro.

Hay pérdidas anuales por 34 mil millones de pesos y las aseguradoras pagan 33 millones de pesos diarios por daños en empresas aseguradas.

El 70 por ciento de los siniestros ocurren en los hogares y provocan más víctimas al año que un sismo.

Las compañías de seguros desembolsan 12 mil millones de pesos por siniestros al año.

La prevención no sólo evita la pérdida de vidas, que es prioritario, protege también inversiones, continuidad operativa, cadenas de suministro y competitividad del país. Los incendios, además, emiten 10 mil toneladas de CO2, lo que impacta al medio ambiente.

El 25 y 26 agosto se llevará a cabo la expo fire en el WTC y contará con especialistas de 15 países y la asistencia de 4 mil personas.

La industria contra los incendios crea 20 mil empleos y aporta un valor de mercado de mil millones de dólares al año.

En el evento se propondrá que el 8 de octubre se declare Día Nacional de la Prevención de Incendios. La consigna: un México más seguro.

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