La creciente ola delictiva a nivel nacional la genera el crimen organizado * Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La pérdida de buena parte de la gobernabilidad se debe a la creciente violencia política que generan el crimen organizado y algunas reyertas entre grupos de poder no muy bien esclarecidas por la propia autoridad.
En todos los casos se trata de agresiones para amenazar, intimidar, frenar carreras políticas, incidir en procesos electorales, cobrar venganza por no aceptar pactos ilícitos o incumplirlos, imponer candidatos o suplantar a legales autoridades para ejercer el poder público e incluso crear tributaciones paralelas, como el cobro de derecho de piso u otorgar permisos para abrir negocios.
También realizan labor social, auxilian a damnificados después de desastres naturales, dan regalos en el Día de las Madres, el Día del Niño o en Reyes, además de distribuir despensas u organizar eventos musicales.
El Estado constitucional ha claudicado en su función primigenia de dar seguridad a los gobernados y garantizar el respeto a la vida y al patrimonio de los ciudadanos.
La pérdida de la gobernabilidad empoderó a los grupos criminales y permitió el deterioro del Estado de Derecho, por lo que dejó la gobernanza en grupos de poder fáctico que hacen las funciones de la autoridad como otorgar seguridad a comunidades enteras.
El crimen organizado no sólo se circunscribe al narcotráfico, se extiende a la trata de personas -por explotación sexual, laboral o migrante-, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
En Chiapas y Oaxaca se da la violencia política mediante el desplazamiento forzado de comunidades enteras por disputas de tenencia de la tierra, razones étnicas o religiosas, así como la mafia de los polleros que comercian con migrantes. También se da el asesinato o desaparición de líderes sociales.
Ante los desplazamientos o masacres, prevalece la impunidad y la inacción de autoridades.
La violencia política ha acompañado el desarrollo histórico del país: Golpes de Estado y asonadas militares en el siglo XIX, la Revolución Mexicana y su millón de muertos, los sucesivos magnicidios posrrevolucionarios, los homicidios políticos como los del general Serrano, el general Saturnino Cedillo o los muertos del henriquismo.
También ejerció violencia política el propio gobierno al reprimir, en aras de mantener la estabilidad social, los movimientos magisteriales, médico, ferrocarrilero, electricista y los de estudiantes de 1968 y 1971.
Ahora son la delincuencia organizada y las facciones políticas en busca del poder los que ejercen el otrora monopolio estatal del uso de la fuerza.
Asimismo, mediante esa violencia, los criminales se han apoderado de los procesos electorales y ellos deciden quién debe gobernar.
Lo mismo financian campañas políticas en todos los niveles que imponen candidatos, eliminan contrincantes, secuestran aspirantes, amenazan a funcionarios electorales, inhiben el voto, alientan el abstencionismo y destruyen casillas.
La pérdida de la gobernanza provoca un sentimiento de abatimiento ciudadano, se asume que la violencia se impone al pacto social y que el Estado ya no es garante del respeto a la vida y a la propiedad.
Se normaliza la connivencia de las autoridades con la delincuencia organizada, se reconoce socialmente la corrupción y que es inherente a los servidores públicos.
Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial, que no los mueve la figura omnímoda, omnipotente y omnipresente de un jefe de Estado autárquico.
Ello requiere de abandonar la narrativa basada en las falacias que apelan al principio de autoridad, desechar el discurso de odio y buscar la unidad nacional, no la polarización ni el divisionismo social.
Hoy el gobierno enfrenta no sólo el reto de rivalizar o asociarse con el crimen organizado en todas sus acepciones, sino el reclamo de la Generación Z que, si bien sólo se visibilizó con una marcha, la satisfacción de sus demandas de empleo, educación, justicia, seguridad, combate a la corrupción y mayor participación política se logrará desde sus propias formas de expresión, como las redes sociales.
No buscarán protagonizar una primavera árabe ni los fallidos movimientos estudiantes del otoño de 1968 o el verano de 1971, pero si las autoridades desoyen el llamado al cambio de los jóvenes, Nepal o Marruecos estará a la vuelta de la esquina.
Por supervivencia, el Estado debe recuperar la gobernabilidad.
Todavía se está a tiempo de evitar ese atentado a la democracia * Imposible que la Cuarta Transformación gobierne un milenio. No hay pueblo que lo aguante
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Difícilmente la autollamada 4T sobrevivirá un milenio, como presumen sus panegiristas en el gobierno o desde la “prensa” aliada.
No hay pueblo que lo aguante, como tampoco lo hizo la sociedad alemana con los nazis.
Sin embargo, no estamos exentos de ver agonizar nuestra imperfecta democracia a manos de un trasnochado proyecto populista setentero y megalómano, cuya obsesión por mantenerse en el poder lo impulsa a establecer un efímero régimen autoritario que puede convertirse en totalitario.
Atribuyen a Plutarco Elías Calles la frase: “En la vida se comete una sola pendejada, las demás son consecuencias”.
Eso sucede en este tramo de la historia nacional. El enfermizo, narcisista y peregrino capricho del tlatoani tabasqueño por apoderarse del país lo llevó a pretender trascender mediante el establecimiento de una tiranía transexenal basada en el control de los pobres, la extinción de la clase media, el sometimiento de obsequiosos empresarios, el ejercicio de una presidencia imperial más allá de su administración, la desaparición de la división de poderes, la opacidad en los actos de gobierno, la destrucción de los contrapesos constitucionales, la creación de un suprapoder sin leyes y la manipulación de abyectos legisladores y jueces.
Si para ello era conveniente la connivencia con el crimen organizado, qué mejor.
Contrario a lo que piensa la gente, ese proyecto no es socialista ni comunista. Lo que menos importa es la reivindicación de los pobres.
Se trata de revivir el viejo sistema priista de la “Docena Trágica”, donde el gobierno de un solo hombre decide los destinos nacionales, apoyado en ineficaz burocracia y el surgimiento de una nueva clase privilegiada autárquica. Lo de menos es resolver los graves problemas nacionales.
Luis Echeverría Álvarez decía que la economía se manejaba desde Los Pinos y José López Portillo nacionalizaba absurdamente la banca, además de provocar una gran devaluación, a pesar de su defensa canina. La estatización y un obeso gobierno solo trajeron desgracias al país.
Stalin es un claro ejemplo del ejercicio abusivo del poder y el sometimiento del pueblo gobernado por una burocracia dorada y sus excesos.
Hoy vivimos las consecuencias. El segundo piso de la autollamada 4T -lo que ello signifique- no es la continuidad de un proyecto de gobierno, sino un capricho personal por conseguir el sueño truncado en los setentas de pertenecer a la élite política que siempre lo despreció. Ahora cobra venganza de esa y nuevas afrentas.
El poder absoluto no se comparte, se delegan funciones y se exigen cuentas. Ese es el papel que juegan hoy los improvisados nuevos servidores públicos.
El proyecto es claro: administrar la pobreza, ejercer el poder omnipresente, omnipotente y omnímodo, premiar la obediencia y castigar a desobedientes y a marginal oposición. Hacerse de recursos implica ceder el control de regiones enteras del territorio nacional a cambio de mucho dinero.
Esta nueva etapa requiere de legitimarse en el poder mediante el control de las elecciones para que triunfen los candidatos oficiales y los impuestos por el crimen organizado. Para ello se recurre al control de los comicios. Vieja práctica priísta, se manipularán las votaciones desde su organización con un árbitro electoral y magistrados “carnales”; adiós ciudadanización electoral. Así pretenden garantizar su permanencia en el poder per secula seculorum.
El nuevo adefesio legislativo es un candado más que garantiza el robo de los resultados y la anulación de las victorias opositoras. ¿Qué puede fallar?
El segundo piso de la 4T no es más que un tramo hacia la consecución de un peregrino capricho y venganza personal de quien quiere regresar a los setentas, donde el presidencialismo encarnaba al sistema mismo, donde no tuvo cabida el tlatoani tabasqueño, pero hoy va por sus fueros. Avanzan de un régimen híbrido -con fachada demócrata- a un gobierno autoritario. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de evitar ese atentado a la democracia.
La sociedad civil, a pesar de los embates por reprimir la exigencia de sus derechos y libertades y la intentona de comprar su conciencia mediante el uso electorero de los programas asistencialistas, no está derrotada.
Tampoco la medrosa oposición está vencida. La modernización del sistema pluripartidista puede hacer frente al partido en el gobierno, pero es necesario cobrar conciencia de la urgencia de gobernar en alianza.
Imposible que la 4T gobierne un milenio. No hay pueblo que lo aguante.
Da impunidad con la defensa a ultranza de los corruptos * La falaz narrativa de exigir pruebas sólo pretende dar inexistente probidad a una administración que se ha caracterizado por los señalamientos de deshonestidad de muchos malos servidores públicos que se aprovecharon de los cargos para enriquecerse ilícitamente
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Le escuché al jurista Andrés Serra Rojas una defensa apasionada del sistema político mexicano cuando intervino en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación durante una consulta pública de la Reforma Política promovida por el propio régimen: “Mi vino es amargo, pero es mi vino, qué le vamos a hacer…”.
Pero la protección a ultranza que hace el régimen de la autollamada 4T de todos los corruptos de su movimiento, dista mucho de los argumentos empleados por el catedrático universitario respecto del presidencialismo y se asemeja más a la frase atribuida a uno de los integrantes del emporio Gucci en protección de su desmadroso y despilfarrador heredero, falto además de talento y creatividad: “Es un idiota, pero es mi idiota”.
Lo mismo sucede con los portavoces del gobierno que arropan hasta la ignominia a todos los militantes evidenciados en actos ilícitos, atentatorios también de la moral pública.
“Son delincuentes, pero son mis delincuentes”, parece rezar el argumento defensivo para dar impunidad a quienes traicionan a sus gobernados, lo mismo por connivencia con el crimen organizado que por venales actividades públicas, la comisión de latrocinios, el abuso de poder, la omisión o las complicidades.
La falaz narrativa de exigir pruebas sólo pretende dar inexistente probidad a una administración que se ha caracterizado por los señalamientos de deshonestidad de muchos malos servidores públicos que se aprovecharon de los cargos para enriquecerse ilícitamente, defraudar la confianza ciudadana y, en el peor de los casos, entregar la plaza -la gobernabilidad a las mafias-, a cambio de dinero o participación accionaria.
La omisión es otra cara de la corrupción, ya que, para no patear el avispero, se regresa a la vieja política del siglo XVIII: “laissez faire et laissez passer, le monde va de lui meme” -dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo-. Las reglas del mercado definen la paz narca.
Autoridades norteamericanas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones universitarias, investigaciones periodísticas y pronunciamientos de la oposición han denunciado diversas prácticas corruptas o delincuenciales de personajes de la 4T, cuyos actos deshonestos afectan las finanzas públicas o legitiman los recursos ilícitos de los mañosos.
Sin embargo, ninguna imputación ha prosperado y mucho menos se ha iniciado una investigación ministerial. Para la 4T, todos sus correligionarios son impolutos.
No sólo se niega la pérdida de la gobernabilidad a manos de los criminales, se normaliza la violencia que generan y hasta se aprovechan los recursos de dudosa procedencia para financiar las campañas políticas en todos los niveles, además de imponer candidatos o eliminarlos.
Más aún, se propicia un cinismo falaz e impune. Ante las acusaciones públicas se recurre a “yo solo soy la directora general”, “no soy culpable de lo que ocurrió en la estación migratoria porque yo estaba a más de mil kilómetros”, “pues que no se enfermen”, “él no contagia el virus, su contagio es moral”, “no somos como ellos” “pero robaban más los del PRI”, “pero, cuánto gana Loret de Mola”, “y yo por qué”, “en junio los alumnos ya no aprenden nada, porque ya no se les enseña nada en las escuelas” y un largo etcétera de justificaciones a las corruptelas de la 4T.
Prefieren encubrir a sus criminales y perder credibilidad antes que aceptar la responsabilidad de sus corruptos. Por supuesto que mienten, roban y traicionan al pueblo. Esperemos que la compra de conciencias que hacen de los electores mediante las pensiones y becas de los programas sociales para viejitos y ninis no les alcance para tapar tanta corrupción y que -aunque nos tilden de traidores a la Patria-, los gringos puedan juzgar a tanto malandro de la 4T que ha atentado contra la democracia y la salud pública, no sólo en los Estados Unidos, sino en nuestro territorio.
Les queda corta la frase de Al Pacino en la película Gucci. Son corruptos, no idiotas.
La peregrina sugerencia para acortar el ciclo escolar provocó el descontento de los padres de familia * Decir que en el último mes de clases a los escolapios ya no les enseñan nada, el titular de la SEP exhibe que el modelo educativo de la “nueva escuela mexicana” (sic), donde no se puede reprobar a nadie ni sancionar las inasistencias, sólo pretende formar mano de obra barata para el mercado laboral, sin posibilidades de integrarse al mundo globalizado que demanda gente mejor preparada
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La narrativa oficial ya no alcanza para encubrir los yerros de las malas políticas públicas del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.
La semana pasada sufrió su peor crisis de credibilidad y pérdida de confianza en lo que va del sexenio.
Sin alguna necesidad, un aparente distractor se convirtió en la Némesis de las autoridades educativas y evidenció las debilidades de un sistema académico ideologizante, amén de incrementar el negativo humor social.
El régimen no supo capitalizar la organización del Mundial de Futbol 2026, el cual pudo aprovechar para promover al país internacionalmente, fortalecer la identidad nacional y mediatizar a la población durante un mes para que se olvidara momentáneamente de sus problemas y carencias.
La inexperiencia de la 4T como administradores públicos hizo que la inversión se convirtiera en gasto y ante la imposibilidad de dotar de infraestructura a las sedes mundialistas, optaron por las obras cosméticas y barrer sólo por donde pasa la suegra.
A algún genio se le ocurrió que, para mejorar la movilidad en la gran capital, debiera esconderse a la población y mandar a los niños a sus casas para disfrutar los partidos con sus padres en la tranquilidad del hogar y permitir a los visitantes transitar las calles sin aglomeraciones.
La peregrina sugerencia para acortar el ciclo escolar provocó el descontento de los padres de familia.
Las justificadoras declaraciones de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) -perdónalo Vasconcelos-, de que en el último mes de clases los escolapios ya no aprenden nada porque ya no les enseñan nada, exhibe que el modelo educativo de la “nueva escuela mexicana” (sic), donde no se puede reprobar a nadie ni sancionar las inasistencias, sólo pretende formar mano de obra barata para el mercado laboral, sin posibilidades de integrarse al mundo globalizado que demanda gente mejor preparada.
La impunidad y protección que caracteriza a este gobierno le asegura la chamba al encargado de la oficina en las calles de República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras lo mandan de gobernador a Colima. Resultó más apaleado que una piñata.
Por cierto, no sólo en la política interior sufre esta administración, también desde el exterior le han demostrado que la pérdida de la gobernabilidad a manos del crimen organizado, la connivencia con el narcotráfico y la filtración de las mafias en las esferas del poder público provocan corrupción, impunidad y protección a narcopolíticos.
A pesar de los llamados patrioteros a la defensa de la soberanía nacional, al reiterado pronunciamiento de que somos independientes y no una colonia, la realidad es que, desde la semana pasada, las autoridades americanas nos han traído peor que Hernán Cortés a los indios. Las piñatas nos quedan cortas.
Sin una estrategia de comunicación política, sin líneas discursivas definidas, el gobierno no ha sabido hacer frente a los señalamientos y amenazas de la Casa Blanca y de las agencias de inteligencia norteamericanas.
Lejos de extraditar a servidores públicos presuntamente involucrados en actividades ilícitas para ser juzgados en Estados Unidos, se les protege hasta la saciedad, aunque ese manto protector provoque el riesgo de una intervención militar quirúrgica para extraerlos; esa intervención la imploran hasta las mujeres guerrerenses desplazadas de sus comunidades.
Pero no sólo es el narcotráfico y el huachicol fiscal lo que nos tiene como piñata en mecate, también es la actividad de la CIA en territorio nacional.
El gobierno de la Cuarta Transformación se envuelve en el Lábaro Patrio para exigir se castigue la traición a la patria del gobierno de Chihuahua, donde fallecieron dos agentes norteamericanos tras la destrucción del mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas en México, pero se enreda para justificar el atentado con bomba contra dos presuntos narcotraficantes a las afueras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Juzgan con dos raceros y el clásico “hágase la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre” o a mis amigos Ley y Gracia y a mis enemigos sólo la Ley.
En aras de desmentir la intervención de elementos de inteligencia gringa en la eliminación de dos objetivos prioritarios, como hoy les dicen, se presume que fueron fuerzas del orden mexicanas, con información de allá, los que eliminaron a los mañosos.
Pero surgen las siguientes interrogantes: ¿Y el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y el debido proceso?
Ahora, como cazarrecompensas del Viejo Oeste o como en Brasil de los ochentas, ¿emplearán el “rifle sanitario” para deshacerse de las lacras? Salió peor el remedio que la enfermedad.
Seguramente por un buen rato seguirá el grito de “dale, dale, dale…”.