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EL ÁGORA

La Constitución Política, a más de un siglo

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La Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista * Los gobiernos de la autollamada 4T derogaron el Estado de Derecho, acabaron con la división de Poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

México aportó al mundo la primera revolución social del siglo XX y una de las Constituciones Políticas más avanzadas que incluía no sólo las prerrogativas individuales sino los derechos sociales.

Los constituyentes de 1917 nos dieron un marco jurídico basado en una República representativa, democrática, laica y federal, con contrapesos al poder político y las bases para una legislación que protegiera al ciudadano de los abusos de la autoridad, como la Ley de Amparo.

Sin embargo, a poco más de un siglo, la Carta Magna dejó de cumplir con su función garantista y los gobiernos de la autollamada 4T han hecho del constitucionalismo un instrumento para derogar el Estado de Derecho, acabar con la división de Poderes y los organismos autónomos, además de erguirse en un gobierno autoritario mediante una presidencia omnímoda que anula la defensa del ciudadano ante los excesos del poder.

Todo comenzó un 5 de febrero en el Teatro de la República en Querétaro cuando un sátrapa se indignó ante una de sus pares -titular del Poder Judicial- porque no le rindió pleitesía. Entonces, se urdió una venganza personal para acabar no sólo con la independencia de un poder soberano, sino utilizar esa vendetta para la construcción de una presidencia imperial que ya contaba con un Congreso abyecto que convirtió las Cámaras en una oficialía de partes de las iniciativas del Poder Ejecutivo a las que no se le quitaba ni una coma.

La Reforma Judicial fue el mecanismo perverso mediante el cual se atentó contra verdaderos ministros, magistrados y jueces para destituirlos e imponer, en amañadas elecciones -aunque en el mundo no se usan los togados votados-, a administradores de la justicia a modo, sufragados mediante acordeón.

Un atropello a los ciudadanos, hoy, en estado de indefensión y a merced de ignorantes e imberbes abogados.

Consumada la extinción del Poder Judicial independiente, al amparo de improcedente simulación electoral, se allanó el camino al autoritarismo presidencial y con ello el retroceso en nuestra democracia al instaurar una República sin división de Poderes.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su texto “La Reforma Judicial Mexicana. Cómo se destruye el Estado de Derecho”, enfatiza que la reforma es la negación del paradigma constitucional de las actuales democracias avanzadas, que consiste en un sistema de límites y vínculos al poder político, de ellos que más importantes son los derechos fundamentales y la separación de Poderes.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 establece que toda sociedad, en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de Poderes establecida, carece de Constitución.

Agrega el constitucionalista que en México se transforma la democracia en una autocrítica electiva, análoga a la de la Turquía de Erdogan o la Hungría de Víctor Orban.

El discípulo de Norberto Bobbio precisa que si se quiere que el ejercicio de la función judicial sea capaz de garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial los constitucionalmente establecidos, no podrá depender de condicionamientos políticos contingentes, sino sólo de la política expresa en la ley, sobre todo en la Constitución Política.

Sólo la separación de Poderes y la independencia de los jueces puede salvaguardar la autoridad de la ley frente a los arbitrios y abusos, discriminaciones y privilegios de los sujetos políticos.

Para Ferrajoli, la reforma tiene un carácter fuertemente regresivo y antidemocrático de una concepción de la democracia que funda la legitimación de todos los poderes públicos en la omnipresencia de las mayorías salidas de las urnas.

Lo anterior evita la verdadera democracia, el constitucionalismo y anula el Estado de Derecho.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cientos de veces reformada a conveniencia de los gobernantes, en especial por las administraciones de la 4T, dejó de ser garante de los derechos individuales y sociales del mexicano. Del espíritu del constituyente sólo queda el recuerdo.

 

APOSTILLA

A quien no lo calienta ni el sol en estos días es al presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Fernando Balzaretti.

A punto de dejar el cargo en este órgano rector de todas las IAP, le estalló en las manos un escándalo de corrupción en la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck, institución que él mismo solía exhibir como ejemplo de buenas prácticas.

Habrá que ver si ahora sí el gobierno de Clara Brugada Molina decide poner la lupa sobre los manejos de la JAP y, de paso, vigilar que se respete la voluntad fundacional de los mecenas.

Porque si Balzaretti logra heredar el puesto a su candidata, no hay razones para el optimismo: Al sector asistencial, que debería ser protegido, le esperan más sombras que certezas.

 

EL ÁGORA

Buscan un Congreso a modo y controlar los comicios desde el Poder Ejecutivo

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Pluripartidismo a prueba con el Plan B o Z * Aunque el cáncer cervicouterino es una enfermedad prevenible, cobra miles de vidas cada año

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Más allá de los planes de la A a la Z en materia electoral, de la intentona gubernamental por garantizar per secula seculorum un Congreso a modo -como las abyectas Cámaras de hoy- y de pretender el control de los comicios desde el Ejecutivo -así se hacía en Gobernación-, el sistema pluripartidista mexicano enfrenta un reto que puede definir el futuro de nuestra imperfecta democracia.

Sabido es que todos los institutos políticos han menoscabado la confianza ciudadana, que el electorado ya no cree en las incumplidas promesas de campaña y a pesar de todo asiste a la cita en las urnas, aunque cada vez en menor número.

El abstencionismo es el verdadero triunfador de los comicios, lo que favorece las apetencias del gobierno en turno para legitimar fraudes electorales.

La apatía social tiene su justificación. Los partidos políticos perdieron su esencia y función política. Abandonaron sus plataformas ideológicas y declaración de principios y aunque es acción básica de esas organizaciones buscar el poder, el verdadero partido lo hace para presentar un plan de gobierno que, como decía el alcalde madrileño Tierno Galván, resuelva los problemas ciudadanos. Pero ahora acceden al poder por el poder mismo.

Institutos políticos sin posiciones ideológicas se han convertido en agencias mercenarias, membresía de corruptos, mercachifles de la política, militancias sin escrúpulos y coaliciones convenencieras que (Groucho Marx dixit) tienen unos principios, pero si no gustan, tienen otros. Mientras tanto, el elector es rehén de esos remedos de representantes populares que, además de engañarlos con falsa promesas, los han convertido, mediante el clientelismo electoral, en una masa amorfa acostumbrada a las dádivas presupuestales, disfrazadas de programas sociales, y ahora sólo extienden la mano para recibir dinero y normalizar la pobreza como destino manifiesto.

A pesar de todo, el electorado les da una nueva oportunidad, no a través de reformas que sólo buscan concentrar el poder en torno de una presidencia omnipotente y sepultar la división de Poderes.

El problema no es el número de legisladores ni de pesos y centavos -la democracia no debe ser un sistema de vida barato-, sino rescatar la esencia de los partidos políticos. Nuestro sistema pluripartidista debe recobrar la geografía ideológica, abrirse a todas las voces y escuchar las demandas populares para resolver los grandes problemas nacionales.

Los partidos tienen que abandonar las prácticas chantajistas, acabar con las rémoras, el chapulineo militante, la abdicación de la verdadera representación popular.

El pluripartidismo demanda el fortalecimiento de las estructuras políticas para convertirse en gestores de la sociedad y actores del bien común.

Algo que daña al país y a la democracia es la pulverización opositora. Los nuevos partidos, algunos creados por el propio sistema, no favorecen a los ciudadanos y sólo propician el empoderamiento del partido hegemónico, antítesis de la democracia.

No pueden ser obtusos los institutos políticos; deben sacrificar sus intereses personales o de camarilla y pensar en ser verdaderos representantes populares, no siervos del poder ni ambiciosos del beneficio propio. No defrauden, nuevamente, al electorado.

 

TAMIZAJE Y PREVENCIÓN, EL DÚO PERFECTO CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO

Aunque el cáncer cervicouterino es una enfermedad prevenible, cobra miles de vidas cada año. En México se estiman más de 10,300 nuevos casos anuales y cerca del 95% está relacionado con infecciones persistentes por genotipos de alto riesgo de Virus del Papiloma Humano (VPH) en el cuello del útero, una infección muy común que puede permanecer durante años en el organismo sin provocar síntomas visibles.

Por su naturaleza silenciosa, el diagnóstico oportuno resulta fundamental. En sus primeras etapas la infección suele pasar inadvertida y sólo puede detectarse mediante pruebas de tamizaje, lo que vuelve clave fortalecer las estrategias de detección temprana.

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en 2020 la Estrategia Global para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino, basada en tres pilares: vacunación contra el VPH, detección mediante pruebas de alta precisión y tratamiento oportuno de lesiones precancerosas.

La iniciativa busca que al menos 70% de las mujeres entre 35 y 45 años acceda a pruebas de detección, con el fin de identificar infecciones por genotipos de alto riesgo de Virus del Papiloma Humano (VPH) y cambios celulares tempranos que puedan evolucionar hacia cáncer cervical.

“Por ese comportamiento silencioso, el tamizaje periódico es fundamental. Detectar infecciones por VPH de alto riesgo o lesiones precursoras permite intervenir antes de que la enfermedad avance”, explica la Dra. Ana Karen Soto Sañudo, oncopatóloga y coordinadora del Departamento de Patología del Hospital Regional del ISSSTE Manuel Cárdenas de la Vega, durante su intervención en la conferencia de prensa “Prevención y tamizaje: dueto perfecto contra el cáncer cervicouterino”, realizada en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino que se conmemora el próximo 26 de marzo.

En este contexto, existen herramientas diagnósticas que fortalecen la capacidad de los sistemas de salud para detectar la enfermedad en etapas tempranas.

Una de ellas es la citología de base líquida, un método que preserva las células cervicales en un medio líquido antes de su análisis.

A diferencia del papanicolaou convencional, este enfoque mejora la calidad de la muestra y facilita la identificación de alteraciones celulares tempranas. Plataformas basadas en este principio, adicionan enriquecimiento celular, método que ha mostrado incrementar hasta en 64.4% la detección de lesiones precursoras de alto grado frente al papanicolaou convencional.

Además, la muestra preservada permite realizar pruebas moleculares para detectar el VPH. Ejemplo de ello son las pruebas moleculares para VPH de alto riesgo, que identifica el ADN viral y detecta 14 genotipos asociados con mayor riesgo oncogénico de manera individual, incluidos los genotipos 16 y 18, relacionados con aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervical en el mundo.

“Las herramientas diagnósticas actuales permiten identificar, no sólo la presencia del virus, sino también los genotipos asociados con mayor riesgo. Esto impulsa el mundo de la salud, al tiempo que ayuda a orientar mejor el seguimiento clínico y fortalecer los programas de detección oportuna”, señala el maestro en Bioética José Antonio Duarte, gerente de Asuntos Médicos de BD.

Los especialistas coinciden en que la combinación entre vacunación contra el VPH; programas de tamizaje sostenidos y tecnologías diagnósticas más precisas representan hoy una de las estrategias más efectivas para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino.

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Hay comunicación social para rato

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Pese a todos los ataques y afrentas, el movimiento transformador se quedará con las ganas de acabarla * En la 4T, la presidencia imperial fija la narrativa de la función informativa como estrategia propagandística que justifica o encubre al mal gobierno y hace de la posverdad una política pública

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

En 1966, don José Pagés Llergo dijo una frase lapidaria y premonitoria a egresados de la carrera de periodismo de la Universidad Veracruzana: “Ha progresado tanto la ciencia que el vino ya no se hace con uvas, ni el chocolate con cacao ni los periódicos con periodistas”.

Aunque el periodismo se resiste a morir a manos de las redes sociales, cada día esta disciplina es amenazada por el abandono de la función informativa de los medios de comunicación, saturados ahora por la infodemia y la posverdad.

A pesar de ello, como sentenció Umberto Eco, “esto no matará a aquello”, analogía de la novela “Nuestra Señora de París”, de Víctor Hugo, que suponía que la imprenta sustituiría a la arquitectura medieval como forma de comunicación.

El semiólogo italiano enfatizó que el Internet no matará al libro, a la palabra escrita. Por eso el periodismo no desaparecerá, no sólo por su función social, sino porque forma opinión, lo que da sentido a la convivencia en sociedad y vigencia al pacto social.

Sin embargo, esa crisis se extiende a otras áreas como la comunicación social.  Instrumento del ejercicio de gobierno que permite informar a la población del quehacer público y establece un puente de comunicación con los gobernados para conocer sus necesidades y difundir las políticas públicas que satisfacen esas peticiones.

La comunicación social es más que la creación de una positiva imagen institucional, es más que estrategias propagandísticas o publicitarias.

La verdadera comunicación social es una herramienta de buen gobierno que debiera posibilitar la cohesión del Estado mexicano. Todos los gobiernos posrevolucionarios entendieron la función social de la información.

Plutarco Elías Calles creó el Departamento de Boletines.

Lázaro Cárdenas elevó a rango de ministerio el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda, convertido después en Oficinas de Prensa, las cuales pasaron a Direcciones Generales de Información para transformarse en Direcciones Generales de Comunicación Social.

Reconoció la administración pública la importancia de los medios de comunicación como enlace de la autoridad con sus ciudadanos, círculo comunicativo que permitía conocer las peticiones del pueblo para traducirlas en políticas públicas expresadas en un plan de gobierno.

La comunicación social era un termómetro para medir el humor social y prevenir conflictos o crisis políticas. La retroalimentación de la comunicación era un catalizador del descontento social. Cumplía una función preventiva.

Pero, en los últimos sexenios, el modelo de gobierno unipersonal y vertical de la administración hace peligrar a la comunicación social.

En gobiernos autoritarios, donde un líder mesiánico, casi teocrático, asume todas las funciones -incluida la de informar a los gobernados-, peligra la comunicación social. Desaparece la figura del comunicador y el proceso de la comunicación, es decir, deja de existir la retroalimentación y sólo se informa lo que desde la cúspide quieran sepa la población. La falacia se convierte en regla y la posverdad en religión.

Si hoy la función informativa se hace sin periodistas, la comunicación social se realiza sin comunicadores.

Ese esquema funciona mientras la maquinaria propagandística mantenga obnubilada a la sociedad, pero eso no dura todo el tiempo. El letargo social no aguantará, como lo deseaban los nazis, un milenio. La comunicación de un solo hombre tiene otro efecto negativo: no prepara una clase política. Prefiera abyectos subalternos que acepten salarios magros. Eso conlleva otro riesgo: gente ignorante en la función pública y estructuras gubernamentales formadas por junta de notables o caterva de corruptos que solo piensan en su futuro.

La comunicación social no es ajena a esa improvisación. En la 4T, la presidencia imperial fija la narrativa de la función informativa como estrategia propagandística que justifica o encubre al mal gobierno y hace de la posverdad política pública.

Una encuesta a 160 periodistas sobre la preparación de las figuras públicas cuando se enfrentan con los medios reveló que el 60 por ciento considera que los voceros carecen de herramientas mínimas en las entrevistas con periodistas.

La “Primera Encuesta Nacional Diagnóstico de Voceros en México”, de Media Training Lab, indica que el 44 por ciento de los diaristas coincide en que los voceros llegan con un nivel de preparación “regular” y el 15 por ciento considera que enfrentan a los medios “mal”.

El estudio evidencia “una crisis a la hora de exponer los mensajes por parte de los líderes de opinión, lo que compromete su influencia, tanto a nivel individual como en el desempeño de sus organizaciones, ya sean públicas o privadas”.

Sobre la habilidad más débil de los voceros, un 62 por ciento señaló su incapacidad para explicar con claridad los mensajes clave, el 37 por ciento identificó falta de elementos para enfrentar una situación de crisis, el 12 por ciento apuntó un lenguaje corporal deficiente y un 7 por ciento atribuyó las fallas a no saber controlar sus nervios.

A pesar de todo, la 4T no matará a la comunicación social.

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EL ÁGORA

Mundial de Futbol, el arma perfecta de Morena para olvidar los problemas del país

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¿Riesgo o distractor? * ¿Qué tanto puede controlar el gobierno al crimen organizado a tres meses del mayor espectáculo deportivo creado por Jules Rimet? Por el bien del país, más vale que así lo tengan contemplado

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

En tres meses, México vivirá una borrachera futbolera por más de 30 días y podrá ver 104 partidos desde la comodidad del hogar, la oficina o la cantina, pero nadie puede vaticinar qué cruda nos espera.

Al gobierno le urge que transcurran rápidamente estos noventa días para que la opinión pública entre en modo futbol y se olvide de los grandes problemas nacionales.

Nadie cuestionará los yerros de la administración pública, no se reparará en la cotidiana corrupción oficial, los malos servicios públicos, los despidos, el cierre de empresas; supondrán que habrá seguridad y medicinas en los hospitales.

A quién le importará la inflación o la falta de dinero para comprar la canasta básica; se olvidarán del narcotráfico y no sabrán quiénes son los nuevos capos del crimen organizado.

Pero este tipo de eventos deportivos no está exento de producir fenómenos sociales que afectan a posteriori la historia de cualquier país. Por ello, hoy la autoridad debiera tener una estrategia operativa que no sólo garantice la seguridad pública y que los encuentros se desarrollen con tranquilidad, contar con servicios de inteligencia que le permitan prevenir cualquier contingencia que altere la paz o la seguridad nacional, además de velar por la inmunidad de jugadores, directivos, público, turistas y prestadores de servicios. En México no es nuevo el riesgo de ver amenazadas las justas deportivas.

En 1968, la primavera parisina afectó al mundo y a nuestro país. El movimiento estudiantil, que empezó con un pleito callejero entre bachilleres, pudo provocar un golpe de Estado y la cancelación de los Juegos Olímpicos a diez días de encenderse el pebetero en el estadio de Ciudad Universitaria.

Con la represión gubernamental, la nación se convulsionó, pero el Estado escuchó a los jóvenes para encausar el descontento social. En ese momento, la autoridad, apanicada por el comunismo, lo que menos deseaba era una rebelión socialista que derrocara al gobierno.

La historia demostró que no había tal insurrección marxista, pero las protestas estudiantiles lideraron las tensiones sociales.

Toda proporción guardada, la administración de la 4T enfrenta hoy una situación similar y no porque en el mundo despierte la Generación Z y abdiquen gobiernos o que el Internet haya visibilizado a los jóvenes en la primavera árabe. No, los adolescentes mexicanos lograrán el cambio, no en las calles, sino con novedosas formas de manifestarse. El riesgo de la inestabilidad que haga peligrar la Copa del Mundo es la violencia e ingobernabilidad que provocan los barones de la droga.

 

COPA DEL MUNDO REQUIERE CERTEZA JURÍDICA Y SEGURIDAD PARA LOS SOCIOS

El Mundial no sólo es deporte, es también una maquinaria de hacer negocios que requiere de certeza jurídica y seguridad para los socios, más que a los jugadores.

El presidente Gustavo Díaz Ordaz sopesó la posibilidad de cancelar la Olimpiada, pero optó por la represión, lo que dio estabilidad al país para la supervivencia del sistema político. ¿Qué tanto puede controlar el gobierno al crimen organizado a tres meses del mayor espectáculo deportivo creado por Jules Rimet? Por el bien del país, más vale que así lo tengan contemplado.

Hay preocupación por el clima de violencia que se vive. Las cancelaciones hoteleras -el eufemismo oficial dice que son liberaciones- deben llamar a la preocupación.

Por otra parte, el futbol da tranquilidad a los gobiernos y hasta lo usan políticamente. La guerra del futbol entre Honduras y El Salvador fue un gran pretexto para ocultar problemas agrarios y migratorios; las dictaduras militares sudamericanas no sólo usaron los estadios para detenciones masivas o masacre de ciudadanos, también utilizaron el deporte de las patadas para promoverse como hinchas y legitimarse.

Las mafias son capaces de cometer atrocidades en aras de la pasión y los dólares, como el asesinato del seleccionado Andrés Escobar -anotador de fatídico autogol-, a manos de un “aficionado”, ordenado por el Cártel de Medellín, luego de las pérdidas millonarias por la eliminación de Colombia en el Mundial de 1994.

Esperemos que el gobierno pueda contener la violencia que provoca el crimen organizado y que el Mundial sea ese distractor que contenga el humor social, sobre todo porque el mexicano está ávido de momentos alegres, aunque no pasemos al quinto juego.

 

APOSTILLA

Organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos advirtieron que la iniciativa de reforma electoral presentada ante el Congreso de la Unión no establece mecanismos claros que garanticen la representación política de los paisanos residentes en el exterior, pese a que públicamente se habló de la posibilidad de asignar hasta ocho curules para la diáspora, pero ahora eso ya está en duda; hay incertidumbre.

La Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Binacional de Fuerza Migrante señala que el documento presentado a los legisladores no contempla una circunscripción migrante ni fija un número determinado de escaños para representantes de la comunidad mexicana en el extranjero. Veremos qué pasa. Por lo pronto fijaron postura: la figura de diputados migrantes es resultado de muchos años de lucha, no una concesión.

 

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