Se pierde la gobernabilidad por no hacer el uso legítimo de la fuerza * Ahora altos funcionarios del gobierno capitalino y sus lacayos panegiristas hablan de una provocación y culpan de las agresiones a supuestos ultras financiados por el PRIAN

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Los gobiernos capitalino y federal se vieron rebasados en la contención de las protestas conmemorativas de la matanza de estudiantes y civiles en Tlatelolco hace 57 años.

Con ello demostraron que han perdido la gobernanza al claudicar en la función primigenia de todo Estado: Dar seguridad y proteger la vida y patrimonio de los ciudadanos, amén de mantener la paz y el orden público.

Renunciaron a una de sus prerrogativas constitucionales que permite mantener el pacto social: Hacer uso legítimo de la fuerza.

Corresponde a los mandatarios la utilización de los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas para preservar la tranquilidad y la seguridad nacional.

Sin embargo, claudicaron en esa función y minimizaron la autoridad de las policías.

Las escenas que vivimos la semana pasada son consecuencia de una titubeante estrategia gubernamental que permite la protesta social como expresión democrática, aunque es más laxa con ciertos grupos.

Se es omiso ante la violencia en las marchas de los “Ayotzinapos”, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), las estudiantiles y hasta las de las ultras feministas, pero se intimida o encapsula a las madres buscadoras, a los padres de niños con cáncer que reclaman medicamentos y terapias o a los verdaderos movimientos feministas que nunca han sido recibidos ni escuchados en Palacio Nacional.

La narrativa oficial busca estigmatizar la protesta opositora y acabar con la idea de los cuerpos policiales como represores, a sabiendas de que la contención mediante el uso proporcional de la fuerza está legítimamente permitida.

Históricamente se ha reprimido a cristeros, maestros, ferrocarrileros, médicos, estudiantes y movimientos disidentes cuando los gobernantes en turno presumen peligra la estabilidad nacional.

Curiosamente cuando la oposición -hoy hecha gobierno- introdujo la violencia en sus movilizaciones y el cobarde anonimato detrás de paliacates y pasamontañas, los regímenes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) cedieron a la presión de esos grupos y cortaron garras a las fuerzas del orden.

Dejaron de utilizarse los carros tanques con agua -práctica común en otras naciones- para disuadir a manifestantes.

Con el tiempo, también olvidaron los toletes, por lo que los policías ahora sólo se defienden con los escudos de acrílico.

CESARON MANDO POLICIACOS CUANDO INSTRUYERON EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA

Cuando verdaderos jefes policiacos instruyeron el uso de la fuerza y apoyaron a sus uniformados… fueron cesados o renunciaron.

Tal es el caso de David Garay Maldonado, destituido porque disolvió con la Montada y los Potros (motociclistas de Tránsito) un bloqueo de estudiantes en Reforma y Bucareli.

Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con Miguel Ángel Mancera, renunció porque su jefe no lo respaldó cuando con los elementos de la SSP rescataron a elementos del Estado Mayor Presidencial agredidos por manifestantes en Palacio Nacional.

Se rifaron los guardianes del orden y Rodríguez Almeida dijo que México contaba con la mejor policía del mundo.

Mancera no estuvo de acuerdo con la frase y en un acto de dignidad el secretario dejó el cargo.

Toda la policía está inerme, a merced de cualquier grupúsculo político o de la delincuencia.

Los opositores de ayer, hoy gobierno, olvidan que ellos introdujeron la violencia en la protesta social y crearon a esos vándalos que como quinta-columnas distorsionan y descalifican legítimas demandas.

Ahora altos funcionarios del gobierno capitalino y sus lacayos panegiristas hablan de una provocación y culpan de las agresiones a supuestos ultras financiados por el PRIAN.

Con todo respeto a Sor Juana Inés de la Cruz, permítaseme parafrasear: Gobiernos necios que acusáis a la oposición sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.

APOSTILLA

Nuevo distractor: Acusan al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de corrupto y lavador de dinero, por lo que ilegalmente la impresentable gobernadora de Campeche le expropió terrenos.

Por difamación, el presidente tricolor demandará en México y en el extranjero a la primera mandataria del país. Otros delitos podrían tipificarse como abuso de autoridad.

Flaco favor se hicieron la inquilina de Palacio Nacional y la hija del cacique Carlos Sansores Pérez.

Mientras tanto, el campechano también denunció persecución política y una campaña permanente de desprestigio.

Espera que no se haga el uso faccioso de las instituciones de justicia ante los falsos señalamientos de corrupción y lavado de dinero.

Insistió “Alito” que vivimos en un narcogobierno.

Ahora que hay un desgaste de nuestro sistema pluripartidista, el legislador Pedro Haces Barba hizo una defensa seria de los institutos políticos en Estrasburgo, Francia.

Dijo que ninguna democracia puede entenderse sin la existencia de partidos libres, ya que dan cauce a los intereses sociales.

Agregó que son vínculo entre sociedad y democracia, y convierten las demandas ciudadanas en políticas públicas. Pidió afrontar el reto de ser confiables para la gente. El tlalpense expresó que donde los partidos funcionan como canales de representación real, las sociedades logran estabilidad y desarrollo.

En la nueva normalidad los mandatarios nada hacen para mantener el orden y la paz social * Morena incumplió con su promesa de campaña: Acabar con la corrupción… pero sucedió algo peor: Salieron más rateros que los anteriores

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

No hay nada peor en la historia de un pueblo que la normalización de su propia desgracia, su destrucción como sociedad y el rechazo a la moral pública para aceptar antivalores como nueva forma de convivencia en comunidad. La tradicional familia mexicana de la centuria pasada ha visto trastocada la idiosincrasia aglutinadora, patriarcal -sin las adjetivaciones feministas-, aspiracional y respetuosa del orden y de la autoridad para aceptar el libre albedrío sobre el baluarte social.

Una camarilla política se impuso al comportamiento grupal, el pacto y el orden social sucumbieron ante normas que proponen la descomposición social, claudican a la gobernanza y fomentan la mediocridad del individuo, alientan las prácticas del agandalle, la trampa, la tranza como parámetros de éxito: “Soy chingón porque corrompí o soborné” y el único “aspiracionismo” aceptado por la 4T es que su élite disfrute de la canonjías del odiado neoliberalismo.

Como en los tiempos del estalinismo, sólo los iniciados -que no es el pueblo- pueden acceder a las riquezas si pertenecen a la casta divina de la autocracia cuatrotera.

Para ello, en este nuevo Estado la clase dominante echa a andar todo un aparato ideologizante que obnubila a la población y determina el nuevo comportamiento social, donde los excesos sociales -de algunos- y del gobierno se ven con normalidad y se justifican los abusos del poder.

Así, la pobreza es ya algo natural, debemos vivir no en la medianía, sino casi en la miseria, con una clase media en peligro de extinción.

Pobreza o miseria es parte de la cotidianidad, sin cuestionar por qué no hay crecimiento ni desarrollo.

Se normalizan las crisis económicas -como en la Docena Trágica- y se ve como pingüe logro un famélico crecimiento del 0.8 por ciento.

La inflación ya es parte de nuestra vida diaria, aunque sea más evidente la pobreza laboral por inaccesible canasta básica. Se normaliza el alza de los precios.

Peor aún: Se normalizan los malos gobiernos o la narcocultura como forma de vida; ante la ineficacia oficial es plausible recurrir a los capos de la droga para abastecer medicamentos e insumos a los hospitales, entregar despensas a las familias necesitadas o juguetes a los niños, quienes ven en los mañosos ídolos a imitar ante la indiferencia de autoridades que perdieron la gobernanza y el interés público por fomentar valores cívicos.

En esta nueva normalidad, donde los mandatarios no hacen nada por mantener el orden y la paz social, la gente ha perdido el respeto por los policías y las Fuerzas Armadas; en la calle son cotidianas las agresiones e insultos a los uniformados por parte de “ciudadanos” que reclaman, con o sin razón, la acción o inacción de los representantes de la ley.

Lo mismo sucede con los militares, a quienes corren de las comunidades, ya sea porque protegen a los barones de la droga o no hay confianza en el actuar de los verdes y prefieren la justicia de propia mano a través de sus milicias o autodefensas.

Mención especial merece el mundo de la corrupción que envuelve a los gobiernos y favorecidos de la 4T.

Los excesos cometidos por anteriores regímenes llevaron al límite el hartazgo social y ello posibilitó el triunfo electoral de Morena, quien prometió acabar con la corrupción.

Nada más alejado de la realidad, no sólo incumplieron con esa promesa de campaña, salieron más rateros que aquellos.

Pero gracias a su aparato ideológico y de propaganda, hicieron que no sólo se normalizara el atraco, sino que se justificara su mal actuar.

Como dice el refrán: Lo que en el rico es alegría, en el pobre es borrachera.

VILLANOS FAVORITOS

Los villanos favoritos de la 4T son Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, pero ante evidentes casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios, familias reales, prestanombres y saqueadores, se recurre a la falacia ad verecundiam o de autoridad: “porque lo digo yo”; ergo sum, es innecesaria la argumentación, sobra toda aportación de pruebas evidencias o recursos legales, son mis normas y mis reglas.

“A mí no me vengan con que la ley es la ley”. Solapadores de Ignacio Ovalle, Adán Augusto López, los hijos de ya saben quién, et al.

La impunidad es el sello distintivo de estos tiempos. Como sociedad aceptamos que, desde Palacio Nacional, además de intimidar o difamar, nieguen los latrocinios de todos los días.

“No es cierto, no hay pruebas, es una campaña de desprestigio de la oposición, no somos iguales”, entre otros etcéteras.

Y sí, vemos la corrupción como algo normal. Ese es el gran riesgo que corremos hoy, normalizamos nuestra propia desgracia.

PIDEN AL PUEBLO NO IGNORAR NI NORMALIZAR LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN

Noemí Luna Ayala, diputada panista, ya había alertado sobre esta problemática.

En julio pasado, pidió a la ciudadanía no ignorar ni normalizar los escándalos de corrupción y los vínculos de Morena y su gobierno con el crimen organizado.

Luna Ayala exigió a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deslindarse de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y tomar decisiones firmes ante la crisis que atraviesa el país.

La vicecoordinadora de Acción Nacional en San Lázaro presentó cifras alarmantes sobre la situación del crimen organizado en varias entidades del país.

“Tenemos minas terrestres del crimen organizado en Michoacán; huachicol en Hidalgo, Jalisco, Puebla, entre otros estados, con pérdidas directas para Pemex que superan los 25 mil millones de dólares”, expresó.

También destacó el elevado número de muertes violentas y desplazamientos forzados que han marcado la crisis de inseguridad.

Criticó la falta de acciones efectivas y la continua búsqueda de excusas por parte del gobierno federal para justificar el caos.

Noemí Luna, ante la problemática situación, se le lanzó a la yugular a la Primera Mandataria.

“Se le terminaron las excusas, Presidenta; ya no se puede culpar a Calderón ni a nadie más. Sus omisiones son evidencias de anarquía”, añade.

Ya encarrerada, también cuestionó cómo podría el gobierno de Sheinbaum Pardo expulsar a los corruptos si eso resultaría en la disolución del propio partido.

“¡La decencia tiene que volver al servicio público!”, exclamó, e instó a la población a no permitir que los escándalos morenistas se normalicen.

“No nos vamos a callar; seguimos denunciando hasta que la justicia se haga costumbre. Hay muchos pendientes”, asevera la legisladora Luna.

La delincuencia, el azote del 75 por ciento de la ciudadanía * La mayor percepción de este fenómeno se da en Morelos, Tabasco y Guanajuato * Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o en el transporte público y extorsión

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Aunque el gobierno ha cambiado su política pública de seguridad y fortalecido la estrategia con inteligencia policial en el combate al crimen, el 75.6 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años considera sentirse inseguro en su entidad federativa por la delincuencia.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, entre marzo y abril de 2025, el 64.2 por ciento de la población cree que la inseguridad es el problema más grave en el país, más que la salud o el incremento en los precios. La mayor percepción de este fenómeno se dio en los estados de Morelos, Tabasco y Guanajuato.

Seguramente al cierre del primer año del sexenio disminuirán los homicidios dolosos y se incrementará el combate al crimen organizado, pero lamentablemente la delincuencia común es la que más incide en la sensación de inseguridad ciudadana.

El estudio del organismo demoscópico revela que, en 2024, en 11.4 millones de hogares, que representan el 29 por ciento del total del país, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito, porcentaje superior al de 2023. La cantidad de 23.1 millones de personas mayores de edad fue víctima del delito, más hombres que mujeres.

Las tasas mayores de victimización fueron en el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Tlaxcala.

En donde hubo una prevalencia delictiva superior de hombres fue en el Edomex y en la CDMX, mientras que en mujeres fue la entidad mexiquense y Tlaxcala.

La información estadística precisa que en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, poco más que los registrados en 2023.

Los estados con más incidencia fueron la CDMX, el Edomex y Querétaro. Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o el transporte público y extorsión. Las mujeres resultaron ser más vulnerables a los delitos sexuales.

Sin duda, el crimen tiene importante impacto en la economía nacional; según el INEGI, el monto total de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos, lo que representa poco más del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El costo del delito no sólo implica la pérdida material de los bienes, sino el gasto que hacen los ciudadanos para prevenir el delito.

En esas medidas, los mexicanos desembolsaron más de 90 mil millones de pesos para cambiar cerraduras, puertas y ventanas, colocar rejas o bardas.

La nueva política pública de seguridad y sus estrategias todavía no permean entre la sociedad; prueba de ello es que la gente denuncia menos.

En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, únicamente el 9.6 por ciento se denunció, menos que en 2023. Sólo siete de cada cien ilícitos se investigaron y en el 80 por ciento de los casos no hubo resultados; menos del uno por ciento (0.8) tuvo resolución favorable para el denunciante. Por ello la gente no acude al ministerio público, sabe que únicamente perderá el tiempo, tiene desconfianza de la autoridad, considera que hará trámites largos y difíciles, además del miedo a la persona agresora.

CAUSAS Y SOLUCIONES

Las causas de la inseguridad ciudadana en México son resultado de una combinación de factores sociales, económicos y políticos.

Las principales son:

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO.- La presencia de cárteles y organizaciones delictivas ha incrementado la violencia en diversas regiones del país. Estas estructuras criminales operan con un alto nivel de sofisticación, disputando territorios estratégicos y rutas para el tráfico de drogas, armas y personas.

La lucha por el control de estas zonas genera enfrentamientos armados entre grupos rivales y fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo a la población civil y provoca inseguridad en las calles.

CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL.- La infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia debilita la capacidad del Estado para combatir la inseguridad y la delincuencia.

Casos recientes, como la detención de exfuncionarios por desvío de recursos destinados a la seguridad pública, evidencian esta problemática.

DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA.- La falta de acceso a oportunidades laborales y educativas es una de las causas de la inseguridad, ya que propicia que individuos, en especial jóvenes, busquen actividades delictivas como medio de subsistencia.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 40% de la población en México vive en condiciones de pobreza, lo que limita su acceso a educación de calidad, salud y empleos formales.

Ante esta realidad, muchos jóvenes son reclutados por el crimen organizado con la promesa de dinero fácil.

Además, la falta de inversión en infraestructura, servicios básicos y programas sociales incrementa la inseguridad en la comunidad.

DEBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO.- La falta de aplicación efectiva de la ley contribuye a la expansión de la inseguridad.

Según el Índice Global de Impunidad del CESIJ, México es uno de los países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, ya que más del 90% de los delitos queda sin resolver. Esta falta de consecuencias jurídicas fortalece el crimen organizado y la corrupción.

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES.- Muchos mexicanos crecen marcados por el abuso, la marginación y la ausencia de valores comunitarios, aumentando las probabilidades de optar por la violencia o la ilegalidad como forma de vida.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el 66% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y muchas veces estos actos ocurren dentro del ámbito familiar. Los menores que crecen expuestos a estas dinámicas pueden normalizar la violencia y reproducirla en otros espacios, contribuyendo así a la inseguridad en la comunidad.

CONSECUENCIAS

El aumento de la violencia, la expansión del crimen organizado y la persistente impunidad han mermado la calidad de vida de millones de mexicanos. Estas son algunas de las consecuencias de la inseguridad en México:

*** La inseguridad disuade la inversión extranjera y nacional, limita el crecimiento económico y aumenta los costos operativos de las empresas debido a medidas de seguridad adicionales.

Además, la falta de inversión ocasiona que la base productiva no se expanda y, por lo tanto, no se generen empleos.

*** La constante exposición a la violencia es una consecuencia de la inseguridad que crea desconfianza entre los ciudadanos, fomentando la apatía hacia la participación comunitaria.

Además, el miedo constante a ser víctima de delitos provoca estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental en la población.

*** Familias y comunidades enteras se desplazan buscando seguridad, afectando la dinámica demográfica del país.

ESTRATEGIAS

Estudiar las causas y consecuencias de la inseguridad en México permite considerar diversas estrategias para solucionar el problema:

*** Mejorar la capacitación, equipamiento y profesionalización de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.

*** Asegurar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias legales y promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial para recuperar la confianza ciudadana.

*** Invertir en educación, salud y generación de empleo en comunidades vulnerables puede reducir las condiciones que propician la delincuencia.

*** Fomentar la colaboración entre sociedad y gobierno en la ejecución de programas de prevención del delito y promoción de la cultura de la legalidad.

*** Promover desde temprana edad la educación en valores cívicos y éticos contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar común.

*** Dado que la inseguridad y delincuencia en México tienen un componente transnacional, es importante fortalecer la colaboración con otros países para combatir el tráfico de drogas, armas y personas.

Las causas de la inseguridad representan desafíos complejos que requieren soluciones complejas. Sin embargo, transformar esta realidad es posible a través del conocimiento y la acción.

Ante este panorama crítico, la población no se siente segura. Un reto enorme para el gobierno de la 4T.