Financiera Sustentable de México acumula 42 sanciones de la CNBV, según el portal público del regulador

JOSÉ LÓPEZ

Financiera Sustentable de México (Finsus) busca licencia de banca múltiple ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el mismo regulador que en octubre de 2025 revocó la licencia de CIBanco por deficiencias graves en prevención de lavado de dinero.

Finsus acumula 42 sanciones de la CNBV por el mismo concepto, según el portal público del regulador.

Su presidente del Consejo es Norman Hagemeister Rey, yerno de Jorge Rangel de Alba Brunel -expresidente del Consejo de CIBanco-, según el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México (folio 486216, diciembre de 2023).

Posee 4.23 por ciento de Finsus y es uno de los tres firmantes autorizados para operaciones superiores a cien millones de pesos; su suplente es Patrick Hagemeister Rey, también yerno de Rangel.

Su posición no es única. Los registros lo ubican en tres estructuras del mismo grupo: preside Finsus (fintech), es suplente del presidente del Consejo en sociedades del conglomerado hospitalario San Angelín-Dalinde (salud) y mantiene una calidad de consejero, hoy en disputa, en Tenedora CI, la controladora de CIBanco (banca).

Aquí surge una paradoja jurídica que ningún proceso de evaluación de licencia debería pasar por alto. Hagemeister fue consejero propietario y apoderado de Tenedora CI -la sociedad controladora de CIBanco- desde 2014. Su remoción consta en una asamblea de accionistas de abril de 2023 cuya validez está hoy cuestionada ante tribunales.

La consecuencia es delicada. Si esa asamblea se declarara inválida, la remoción nunca habría surtido efectos y conforme al artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles -que mantiene a los administradores en funciones hasta que sus sustitutos tomen posesión- Hagemeister seguiría siendo, jurídicamente, consejero de la controladora del banco colapsado. Es decir: podría estar presidiendo Finsus, la financiera que aspira a la licencia, mientras conserva un cargo vigente en la holding del banco al que esa misma autoridad le revocó la suya.

El paralelismo no termina en las personas. CIBanco acumuló 13 sanciones de la CNBV y fue designado por la FinCEN del Tesoro estadounidense como “primary money laundering concern” en junio de 2025 (Federal Register 2025-11993). En febrero de 2026, Finsus trasladó sus operaciones a Calzada General Mariano Escobedo 595, Polanco, el mismo edificio que fue sede de CIBanco.

Las preguntas son legítimas: ¿Contempla el examen de la solicitud el historial regulatorio y la situación corporativa de los principales accionistas y directivos del solicitante? ¿Ha verificado la autoridad la condición jurídica de Hagemeister respecto de la holding de CIBanco?

El Poder Judicial Federal ya conoce de la red patrimonial vinculada a estos actores y ha mantenido vigentes medidas que ordenan no innovar sobre activos en disputa.

Se buscó la versión de Finsus y de los mencionados, hasta el momento no hay respuesta. Todos gozan de presunción de inocencia conforme al Artículo 20 Constitucional.

Los datos constan en registros públicos (RPPC CDMX folio 486216) y en el Federal Register de Estados Unidos.

¡No se hagan bolas!, más que un cambio representa la continuidad del actual gobernador zacatecano

ILDEFONSO LÓPEZ

Por más que David Monreal intente vestir la sucesión de 2027 con el discurso de que “es tiempo de mujeres”, la verdadera discusión en Zacatecas no es de género, sino de continuidad política.

Porque una cosa es abrir espacios para nuevos liderazgos femeninos y otra muy distinta es utilizar esa narrativa para prolongar un mismo proyecto de poder.

En ese contexto aparece Verónica Díaz. Su principal problema político no es ser mujer, ni aspirar legítimamente a gobernar Zacatecas.

Su problema es que buena parte de la ciudadanía la identifica como la candidata más cercana al grupo que hoy gobierna el estado y, particularmente, al círculo político de David Monreal.

Y cuando una candidatura nace tan ligada a un gobierno, también hereda sus pasivos.

Si los ciudadanos consideran que la actual administración ha quedado a deber en resultados, que existe desgaste político o que Zacatecas necesita una nueva etapa, será difícil convencerlos de que Verónica representa algo distinto.

La cercanía política entre ambos ha sido constante durante años, desde campañas electorales hasta responsabilidades dentro del movimiento que llevó a Morena al poder en el estado.

Por eso resulta complicado vender la idea de renovación. Porque la pregunta inevitable será: ¿qué cambiaría realmente?

La narrativa oficial pretende presentar a Verónica Díaz como una nueva opción para Zacatecas, pero sus adversarios seguramente insistirán en que se trata de la misma estructura con un rostro diferente.

Que detrás de la candidatura no existe una ruptura con el pasado reciente, sino la intención de conservar influencia, posiciones y control político después de 2027.

El reto para ella será demostrar independencia. Convencer de que tiene proyecto propio, decisiones propias y una visión distinta para el estado.

Porque mientras no logre separarse políticamente de David Monreal, cada crítica al actual gobierno terminará alcanzándola.

En política, las fortalezas se heredan, pero también los costos. Y hoy, más que una candidata distinta, Verónica corre el riesgo de ser percibida como la continuidad de una administración que muchos zacatecanos ya evalúan con cansancio.

La sucesión de 2027 no se decidirá por quién sea la favorita del gobernador. Se decidirá por quién logre convencer a los ciudadanos de que representa un futuro diferente.

Y hasta ahora Verónica Díaz sigue cargando más con la sombra de David Monreal que con una identidad política propia.

Los reportes de fiscalización interna destacan que los objetos sociales y capacidades de ambas firmas no guardan relación directa con las demandas financieras o logísticas de los servicios solicitados, lo que representa una transgresión potencial a los principios de máxima transparencia y normatividad vigentes que rigen el gasto público

ILDEFONSO LÓPEZ

Los comités evaluadores de compras públicas mantienen bajo observación la participación conjunta de las empresas Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V., y Eventuarte, S. A. de C. V., tras detectarse graves deficiencias en su liquidez financiera y estructura operativa. Evaluaciones técnicas previas señalan que este consorcio adolece del personal especializado y los activos materiales mínimos indispensables para asegurar el debido cumplimiento de los contratos gubernamentales de gran envergadura en los que pretenden competir.

Asimismo, la nula trayectoria comprobable y la falta de especialización técnica en las áreas convocadas han puesto en entredicho la viabilidad de sus propuestas comerciales dentro de los concursos del Estado.

Los reportes de fiscalización interna destacan que los objetos sociales y capacidades de ambas firmas no guardan relación directa con las demandas financieras o logísticas de los servicios solicitados, lo que representa una transgresión potencial a los principios de máxima transparencia y normatividad vigentes que rigen el gasto público.

De acuerdo con los reportes de los padrones de proveedores, las verificaciones físicas detallan que las instalaciones declaradas por Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V., y Eventuarte, S. A. de C. V. no reflejan la capacidad instalada para respaldar compromisos.

El contraste entre el objeto social de una comercializadora de acabados de construcción y una firma orientada a la gestión de servicios artísticos o de eventos devela una alianza inusual que carece de sinergia operativa, activos fijos suficientes o maquinaria especializada para cumplir con las bases técnicas de las licitaciones.

A nivel financiero, los indicadores de capital neto y liquidez presentados por la alianza conjunta no acreditan el soporte necesario para mitigar posibles contingencias durante la ejecución de los contratos, lo que representa un factor de riesgo para el erario.

Especialistas en derecho mercantil y contratación pública señalan que la postulación de esquemas asociativos que no demuestran antecedentes prácticos exitosos en el mercado suele utilizarse de manera instrumental para evadir filtros regulatorios y aparentar una solvencia que no se sustenta en la realidad corporativa.

Ante los señalamientos de inviabilidad técnica, las dependencias encargadas de los concursos públicos han iniciado un cotejo riguroso de la documentación integrada por las dos empresas antes de emitir los fallos definitivos. Organismos de rendición de cuentas exigen un endurecimiento en las reglas de validación de proveedores para salvaguardar el patrimonio institucional y garantizar que sólo consorcios con estructura real accedan al presupuesto.