El sitio, antes símbolo de peligro, riesgo e improvisación, será resignificado para convertirse en un espacio de beneficio comunitario, expresa el presidente municipal de Naucalpan, Estado de México

EL TOPO

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, al encabezar la conclusión de la demolición controlada del edificio ubicado en la calle Sierra Leona, en la colonia Ampliación Benito Juárez, una obra de autoconstrucción que representaba un riesgo inminente para sus habitantes y vecinos, afirmó, se cumplió, “hoy ya decimos, misión cumplida”.

“Hoy podemos decir con gusto y con el honor de la decisión que se tomó desde el primer día de apoyarles en todo lo que se requiriera, que ya la obra para demolición controlada está terminada. Hoy ya decimos: misión cumplida”, añade.

El edificio, cuya estructura presentaba severas deficiencias, fue desmantelado durante un periodo de dos meses, con la participación de 40 trabajadores, tres excavadoras, dos retroexcavadoras y más de 10 camiones de volteo, trabajos bajo la coordinación de la demolición, a cargo de Manuel Cante, y con el apoyo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan.

El alcalde agradeció a la empresa responsable y a los especialistas por su compromiso y por haber realizado un proceso seguro, fase por fase, del nivel superior al inferior, con el apoyo de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan, quienes velaron por la seguridad de las familias durante toda la intervención.

Montoya Márquez subrayó que este sitio, antes símbolo de peligro, riesgo e improvisación, será resignificado para convertirse en un espacio de beneficio comunitario. “Ya veremos si un parque o algo más, pero que sea para todas y para todos”.

En su mensaje, también lamentó la falta de voluntad política de administraciones anteriores que, en lugar de actuar, optaron por esperar a que el edificio colapsara, ignorando su responsabilidad con la comunidad.

Una vecina del edificio expresó con emoción su agradecimiento al gobierno municipal por la atención y apoyo brindados.

Con esta acción, el Gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos.

Afirma que nunca sospechó de Hernán Bermúdez * Hasta el momento ninguna fiscalía me ha llamado a declarar y reitero que estoy a la disposición de las autoridades, señala el coordinador de los senadores morenistas

ILDEFONSO PEREYRA

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, afirma que no sospechó nunca de los vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco, con el crimen organizado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, señala que Tabasco ocupaba el lugar número 8 en delincuencia cuando él llegó a gobernar el estado, en enero de 2019, pero que durante su mandato fue paulatinamente disminuyendo.

También afirma que no tuvo alguna sospecha durante su gubernatura de los vínculos de su entonces secretario de Seguridad estatal.

“No sospeché, si hubiese sospechado de él, inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo, todos los días acudíamos a la mesa de Seguridad, ahí se presentaban los informes correspondientes y trabajamos de manera muy coordinada, por eso ahí están los resultados”, enfatiza el coordinador de Morena en el Senado.

Indica que ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía de Tabasco lo han llamado a declarar hasta el momento, pero reitera que está a disposición de las autoridades.

“Como cualquier funcionario público estoy a la disposición de alguna autoridad que solicite de mí alguna declaración o una comparecencia”, añade.

“Hay mucha desinformación, mucha politiquería”, expresa López Hernández al destacar que emitió el viernes pasado un comunicado, asegurando que está a la disposición de cualquier autoridad que se lo requiera.

Comentó que eligió a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco para a sustituir a Ángel Mario Martínez, quien decidió dejar el cargo debido a la tensión de llevarlo a cabo.

Destaca las cifras de delitos al recibir la gubernatura y cuando desocupó el cargo, puntualizando que desde la administración de Hernán Bermúdez, junto con otros organismos, se redujo considerablemente el número de delitos.

Afirma que la primera vez que escuchó hablar sobre el grupo criminal “La Barredora” fue cuando se mudó a la Ciudad de México, cuando ocupó el cargo como secretario de Gobernación.

“Nunca lo escuché en Tabasco, lo escuché por primera ocasión a raíz de unas supuestas filtraciones, de un supuesto hackeo que se llama Guacamaya Leaks”, asegura.

Cuestionado sobre su opinión sobre el grupo criminal y Hernán Bermúdez, el senador se rehusó a comentar algo al respecto, argumentando que prefiere no prejuzgar y que esperará a que las autoridades deslinden responsabilidades.

Involucran al titular de la Notaría 122 * El caso llegaría a la Comisión Permanente

ILDEFONSO PEREYRA

Fuentes en Yucatán confirman que avanza una investigación sobre una presunta red de despojo patrimonial en la costa del estado, en la que el notario Carlos de la Mora Lizama, titular de la Notaría 122, sería el principal operador jurídico.

Su función habría sido otorgar certeza legal a transacciones inmobiliarias con serias irregularidades, facilitando la transferencia de predios con alta plusvalía a particulares vinculados con grupos de poder económico.

De acuerdo con testimonios, su notaría ha servido como mecanismo para “blanquear” el proceso de apropiación de terrenos en disputa, lo que podría derivar en la revisión de su patente notarial.

Aunque los orígenes del esquema se remontan a años anteriores, uno de los funcionarios que habría allanado el camino fue Mario Peraza, exdiputado federal del PRI por el Distrito 2 de Yucatán -zona que abarca los predios costeros en conflicto- y exdirector del Catastro estatal durante el gobierno de Rolando Zapata Bello.

En esa etapa, Peraza habría participado en la reconfiguración registral de varios terrenos, lo que permitió posteriores maniobras de compraventa que hoy se encuentran bajo investigación.

Varios de los presuntos afectados ya han entregado documentación a las autoridades del estado y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, solicitando permanecer en el anonimato por la sensibilidad del caso.

Las denuncias señalan un patrón recurrente: cambios irregulares en la titularidad de los predios, seguidos por procesos notariales que les otorgan aparente legalidad.

Una imagen captada recientemente en uno de los terrenos en disputa muestra a varios actores señalados por su participación en estas operaciones. De izquierda a derecha se identifica a Javier A. Rosado (gorra azul con blanco), quien habría sido denunciado por amenazas en una agresión previa con machete en mano; Oscar Peniche, socio de DDA, señalado como presunto beneficiario de terrenos, y a quien se presume Rosado protege como guardaespaldas; Carlos Ortiz Rodríguez, grabando con celular; Paul Ramírez Navarrete, con brazos cruzados; y José Ramayo Marrufo, también grabando con lentes oscuros y camisa blanca. Esta escena ha sido integrada como parte del expediente en curso.

El caso podría ser abordado en los próximos días por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ya que actores legislativos y organizaciones civiles han solicitado su revisión como un ejemplo de cómo se utiliza la estructura legal para legitimar el despojo territorial.

La resolución de este tema pondrá a prueba la voluntad institucional para desmantelar redes de poder que han operado con impunidad durante años.