La Secretaría de Transporte de Jalisco, encabezada por Diego Monraz Villaseñor, enfrenta una doble crisis de corrupción
Una auditoría de la Contraloría del Estado reveló que entre enero y septiembre de 2023 se eliminaron irregularmente 114,323 multas vehiculares, lo que representó una pérdida de 106 millones de pesos para el estado.
Estas sanciones fueron canceladas sin justificación legal mediante un mecanismo distinto al juicio de nulidad, lo que sugiere un esquema sistemático para beneficiar a particulares y transportistas. Aunque las denuncias iniciales apuntan a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Transporte es la responsable de administrar y supervisar el sistema de sanciones viales, lo que la coloca en el centro del escándalo.
A esto se suma una investigación federal por presunto almacenamiento ilegal de combustible.
En marzo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó 31,000 litros de diésel en el patio sur del Peribús en Tonalá, donde la empresa responsable no tenía permisos para operar.
La investigación se encuentra en la carpeta FED/JAL/GDL/0003480/2024, y aunque no se ha confirmado el origen ilícito del combustible, el caso ha puesto bajo la lupa a los hermanos Higareda, concesionarios del Peribús y propietarios de empresas relacionadas con la venta de diésel, quienes han recibido más de 2,500 millones de pesos en subsidios estatales. La Secretaría de Transporte, a cargo de Monraz, es la encargada de supervisar a estos concesionarios, lo que genera dudas sobre la falta de control en sus operaciones.
Estos hechos se suman a otros señalamientos previos contra Diego Monraz, como el manejo opaco de subsidios, su relación con la Alianza de Camioneros, la falta de regulación del transporte público y la cancelación irregular de multas.
A pesar de las denuncias, Monraz ha logrado mantenerse en el cargo durante dos administraciones y fue ratificado en la actual gestión de Pablo Lemus, lo que sugiere un blindaje político.
Sin embargo, la combinación de la eliminación masiva de multas y la investigación por huachicol podría poner en riesgo su continuidad al frente de la Secretaría.
Hasta ahora, no hay responsables sancionados ni medidas correctivas anunciadas.
El gobierno de Jalisco enfrenta la presión de esclarecer estos casos y demostrar que no existe impunidad en el manejo de sanciones y recursos públicos dentro del sector transporte.
La responsabilidad recae en el Consejo Directivo, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez * La Asociación de Colonos de dicho fraccionamiento podría quedarse hasta por 30 días sin agua mientras SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación
JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ
Nadie lo hubiera imaginado, de por sí estamos en tiempos de austeridad hídrica… y para acabarla de amolar colapsa la bomba de Vallescondido en Atizapán de Zaragoza.
Los colonos de dicho fraccionamiento recibieron la amarga noticia de que el equipo del pozo principal dejó de funcionar totalmente y la advertencia de que el restablecimiento del servicio podría tardar hasta 30 días, en lo que SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación.
Lamentable que la bomba del pozo que abastece de agua al fraccionamiento Club de Golf Vallescondido colapsó totalmente, lo que provocará afectaciones en el suministro del vital líquido.
La asociación precisa que la operación, mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua potable corresponde al organismo operador municipal, en este caso SAPASA, por lo que aclara que no tiene facultades para intervenir en las decisiones técnicas relacionadas con el pozo.
Por lo pronto el director general de SAPASA, Marco Antonio Pérez Reyes, ya se comprometió a dar seguimiento a la contingencia y agilizar la solución.
En el mejor de los casos, la normalización del servicio podría lograrse en un plazo mínimo de 10 días, aunque el tiempo definitivo dependerá del diagnóstico técnico.
Explican que la bomba averiada es un equipo sumergible instalado a aproximadamente 140 metros de profundidad, por lo que primero deberá ser extraída para determinar el alcance de los daños y definir si es posible repararla o si será necesario sustituirla por completo.
COLAPSO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO
Para muchos especialistas, el colapso de la bomba se debió a la falta de mantenimiento preventivo.
Para este tipo de labores se cuenta con el Programa de Obras Anual, mejor conocido como el POA.
El POA (Plan Operativo Anual) y el presupuesto son herramientas de gestión que se vinculan para planificar las metas de una organización y asignar los recursos financieros necesarios para cumplirlas en un periodo de 12 meses.
Asimismo, el POA define las acciones y objetivos, mientras que el presupuesto establece los fondos autorizados para ejecutarlos.
Todo indica que no hubo mantenimiento de manera correcta, ya sea por omisión, no hubo un programa específico o simplemente no ejercieron el presupuesto requerido, y lo que pagan los platos rotos, como siempre, son los vecinos y colonos.
No le busquen tres pies al gato, pero el responsable del colapso de la bomba es el Consejo Directivo de SAPASA, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas.
El director general, Marco Antonio Pérez Reyes, es el secretario técnico del Consejo Directivo, pero no tiene injerencia alguna ni poder de decisión.
Rodríguez Villegas tiene la responsabilidad de la administración y operación del Consejo Directivo de SAPASA, así de fácil y sencillo.
El personal de SAPASA hace milagros para mantener en buen estado y operando lo mejor posible para resolver la problemática del desabasto de agua.
Sólo un comentario adicional: Durante la gestión de Alfredo Vázquez González, en la dirección general de SAPASA, nunca se presentó un problema de esta gran magnitud, mucho menos la gran megafuga de agua que ocurrió hace años que costó la vida de dos trabajadores. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos durante su administración como director general.
Hasta la fecha todavía es un misterio el motivo de la renuncia de Alfredo Vázquez… pero es de sabios cambiar de opinión y la decisión está en el escritorio de Pedro Rodríguez.
Operativo nocturno para inhibir el robo de autopartes en la colonia Roma Sur * La alcaldesa destaca que la Cuauhtémoc mejora la percepción de seguridad gracias a los patrullajes implementados y al trabajo coordinado con policías
TEXTO Y FOTOS: TOM ROMA
Alessandra Rojo de la Vega Picolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, muestra mano firme y combate de una manera frontal el robo de autoparte.
La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno en la colonia Roma Sur. Es una acción semanal, informa la también activista y feminista.
“Este operativo lo tenemos constantemente, semanalmente; el objetivo principal es el robo de autopartes, que es un tema que denuncian mucho los vecinos”, añade.
En el operativo participaron 20 elementos de la Policía Auxiliar con 10 patrullas y motopatrullas, y se implementó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado.
Rojo de la Vega Piccolo señala que este tipo de operativos han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.
“No lo decimos nosotros, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos.
“Fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad; es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año, recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, agrega.
Es de resaltar que los operativos nocturnos forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la que ya se han retirado aproximadamente 4 cuatro mil vehículos de la vía pública, 52 luminarias renovadas y la remisión de franeleros.
Por si lo anterior fuera poco, se han procesado a unos 30 agresores de mujeres y brindado 6 mil atenciones psicológicas y jurídicas.
En la Cuauhtémoc existen puntos donde se comercializan autopartes de dudosa procedencia, como las colonias Doctores, Buenos Aires o Peralvillo.
Alessandra Rojo de la Vega hace un exhorto para realizar un trabajo conjunto.
“Aprovechar para hacer una invitación al gobierno de la Ciudad de México, a la fiscalía, a que nos coordinemos en este sentido, no sólo aumentar las penas de quienes roban las autopartes, sino que se lleven a cabo estos operativos a estos sitios en donde se tienen que verificar y se tienen que hacer una investigación, debería de haber una mesa de trabajo para tocar específicamente el robo de autopartes, que es una dolencia de las vecinas y vecinos.
“Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, muchas veces los compañeros y compañeras de la Dirección General de Seguridad atrapan en flagrancia a quienes están robando las autopartes, pero no aparece la parte afectada, no aparecen las víctimas, los dueños de los vehículos. Entonces, no denuncian y se tienen que dejar en libertad al sujeto que cometió el delito”, enfatiza la alcaldesa Rojo de la Vega, una funcionaria de resultados que ha conquistado la preferencia ciudadana. Honor a quien honor merece.
Lo acompaña en la primera posición Héctor Santana, edil de Bahía de Banderas, Nayarit * En la tercera posición se ubica Manuel Meza Muñiz, alcalde sustituto de Escobedo, Nuevo León
EL TOPO
La alcaldesa de Huixquilucan, Estado de México, Romina Contreras Carrasco; el edil de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Santana, y el presidente sustituto de Escobedo, Nuevo León, Manuel Meza Muñiz, son los ediles municipales mejor evaluados del país, de acuerdo con la edición de junio del Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes de CE Research, el cual evalúa el desempeño de las autoridades gubernamentales en ciudades con menos de 600 mil habitantes.
Santana y Contreras registraron 63% de aprobación, la más alta, en la evaluación de satisfacción ciudadana en rubros como seguridad, servicios de alumbrado y limpia, pavimentación, agua potable, infraestructura y percepción de corrupción.
Meza, al igual que los ediles de Los Cabos, Baja California Sur, Christian Agúndez; de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Farah; de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga; de Metepec, Estado de México, Fernando Flores; y de Campeche, Campeche, Biby Rabelo, registraron 62%.
Para cerrar el Top 10 aparecen la alcaldesa de Othón P. Blanco (Chetumal), Quintana Roo, Yensunni Martínez, y la alcaldesa de Solidaridad (Playa del Carmen), Quintana Roo, Angy Estefanía Mercado, ambas con 61% de aprobación, aunque este porcentaje se extiende hasta la decimocuarta posición del ranking.
En contraste, Lorena Alfaro, de Irapuato, Guanajuato; Javier Torres, de Fresnillo, Zacatecas; Riult Rivera, de Colima, Colima; Juan Miguel Ramírez, de Celaya, Guanajuato; y Luis Daniel Serrano, de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, son los ediles peor evaluados en este mes.