La Secretaría de Transporte de Jalisco, encabezada por Diego Monraz Villaseñor, enfrenta una doble crisis de corrupción
Una auditoría de la Contraloría del Estado reveló que entre enero y septiembre de 2023 se eliminaron irregularmente 114,323 multas vehiculares, lo que representó una pérdida de 106 millones de pesos para el estado.
Estas sanciones fueron canceladas sin justificación legal mediante un mecanismo distinto al juicio de nulidad, lo que sugiere un esquema sistemático para beneficiar a particulares y transportistas. Aunque las denuncias iniciales apuntan a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Transporte es la responsable de administrar y supervisar el sistema de sanciones viales, lo que la coloca en el centro del escándalo.
A esto se suma una investigación federal por presunto almacenamiento ilegal de combustible.
En marzo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó 31,000 litros de diésel en el patio sur del Peribús en Tonalá, donde la empresa responsable no tenía permisos para operar.
La investigación se encuentra en la carpeta FED/JAL/GDL/0003480/2024, y aunque no se ha confirmado el origen ilícito del combustible, el caso ha puesto bajo la lupa a los hermanos Higareda, concesionarios del Peribús y propietarios de empresas relacionadas con la venta de diésel, quienes han recibido más de 2,500 millones de pesos en subsidios estatales. La Secretaría de Transporte, a cargo de Monraz, es la encargada de supervisar a estos concesionarios, lo que genera dudas sobre la falta de control en sus operaciones.
Estos hechos se suman a otros señalamientos previos contra Diego Monraz, como el manejo opaco de subsidios, su relación con la Alianza de Camioneros, la falta de regulación del transporte público y la cancelación irregular de multas.
A pesar de las denuncias, Monraz ha logrado mantenerse en el cargo durante dos administraciones y fue ratificado en la actual gestión de Pablo Lemus, lo que sugiere un blindaje político.
Sin embargo, la combinación de la eliminación masiva de multas y la investigación por huachicol podría poner en riesgo su continuidad al frente de la Secretaría.
Hasta ahora, no hay responsables sancionados ni medidas correctivas anunciadas.
El gobierno de Jalisco enfrenta la presión de esclarecer estos casos y demostrar que no existe impunidad en el manejo de sanciones y recursos públicos dentro del sector transporte.
El consulado existió, pero dejó de operar en 2018. Desde entonces, durante este lapso, no se realizó ahí una sola gestión consular de Nicaragua
ILDEFONSO LÓPEZ
La versión difundida sobre la suspensión parcial de un inmueble que se hacía pasar como “Consulado de Nicaragua”, en la alcaldía Álvaro Obregón, omite un elemento fundamental: El inmueble dejó de operar como consulado desde 2018 y, desde entonces, no se ha realizado en ese lugar alguna gestión, trámite o actividad consular del gobierno de Nicaragua.
El representante del propietario del inmueble confirmó que en 2008 sí funcionó ahí el Consulado de Nicaragua tras el nombramiento de Pablo Baltodano Monroy, quien fue designado cónsul de aquel país hasta el 2012. Posteriormente llegó al cargo María Eugenia Baltodano, quien ocupó el inmueble hasta el 2018.
Aunque existió un contrato relacionado con el inmueble, que se mantuvo vigente hasta 2022, esto no significó que el lugar continuara funcionando como sede consular ni que ahí se realizaran actividades de la representación nicaragüense.
Durante los años posteriores, ningún funcionario, ciudadano o usuario acudió al inmueble para realizar trámites consulares de Nicaragua, ni se llevaron a cabo ahí las funciones propias de una representación diplomática.
Entonces, ¿por qué seguía existiendo una placa que identificaba al lugar como consulado?
La explicación es mucho más sencilla, aclara el abogado del dueño: la placa pertenecía a la representación de Nicaragua y no podía ser retirada unilateralmente por el propietario del inmueble. Su retiro correspondía a los propios funcionarios nicaragüenses.
De hecho, subraya que hace aproximadamente tres semanas funcionarios de Nicaragua acudieron al inmueble y retiraron finalmente la placa, poniendo fin a una identificación que correspondía a una actividad que había dejado de existir desde 2018.
El propietario también aclaró que la alcaldía Álvaro Obregón realizó un operativo e intentó suspender las actividades que actualmente se desarrollan en el inmueble, bajo la premisa de que se trataba de una sede consular.
La medida fue impugnada mediante una queja y ya existe una resolución que permite solicitar el retiro de los sellos colocados por la autoridad, por lo que el procedimiento administrativo continúa por las vías correspondientes.
El propietario considera que presentar el inmueble actualmente como un supuesto “Consulado de Nicaragua” distorsiona la realidad y puede generar una percepción equivocada ante la opinión pública.
En pocas palabras: el consulado existió, pero dejó de operar en 2018. Desde entonces, durante este lapso, no se realizó ahí una sola gestión consular de Nicaragua.
Lo que permaneció durante años fue únicamente una placa colocada cuando el inmueble sí funcionaba como representación consular.
Durante una reunión entre el presidente del grupo educativo y el gobernador Joaquín Díaz Mena, Nacer Global evalúa inversiones en Yucatán
ARMANDO GARCÍA
Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, y Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global, se reunieron en las instalaciones de El Economista, ubicadas al sur de la capital del país, para evaluar planes de inversión adicionales en el estado yucateco.
Hoy en día Nacer Global, el grupo de universidades privadas más grande de México, opera el Instituto Patria en Mérida, con 6 hectáreas de superficie de terreno y 6 mil metros cuadrados de construcción.
Tiene también presencia a través de Quick Learning, el líder en enseñanza de inglés a escala nacional.
Para septiembre de 2027 se inaugurará la ampliación de las instalaciones del Instituto Patria, que incluirá nuevas aulas, laboratorios e instalaciones deportivas.
“El crecimiento económico de Yucatán abre oportunidades para nosotros. Como grupo especializado en educación y capacitación, podemos y queremos contribuir al desarrollo de Yucatán”, expresa Jorge Nacer.
El morenista se desmarca de Movimiento Ciudadano y es uno de los perfiles con mayor aceptación entre ciudadanos, empresarios y comités políticos
ILDEFONSO GARCÍA
Mientras Morena define a su candidato para la gubernatura de Nuevo León en 2027, Waldo Fernández busca proyectarse como un factor de unidad dentro del movimiento, al tiempo que mantiene una confrontación política con el gobierno de Samuel García.
Ante simpatizantes, el senador con licencia ha reconocido a otros aspirantes y liderazgos de Morena, entre ellos Clara Luz Flores, Andrés Mijes, Judith Díaz, Tatiana Clouthier y Felipe de Jesús Cantú.
Llama a cerrar filas y respetar el resultado del proceso interno de Morena, PVEM y PT, coalición que busca competir por la gubernatura el próximo año.
El legislador con licencia sostiene que la contienda interna permanece cerrada entre cinco aspirantes y que la candidatura deberá definirse mediante las encuestas y los mecanismos establecidos por la dirigencia nacional.
Mientras busca conciliar las distintas corrientes del movimiento, Fernández ha sido respaldado por integrantes del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), empresarios, ciudadanos y comités políticos.
SAMUEL GARCÍA NO CUMPLIÓ A NUEVO LEÓN
Waldo Fernández, durante su trabajo en territorio, ha incrementado sus críticas contra el gobernador Samuel García y su administración, particularmente por los problemas que enfrenta Nuevo León en materia de movilidad, finanzas, infraestructura y contaminación.
Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con el transporte público. Ha señalado los retrasos en proyectos como las Líneas 4 y 6 del Metro y sostiene que la crisis de movilidad continúa afectando a miles de ciudadanos.
Fernández también cuestiona el manejo de las finanzas estatales. En las últimas semanas ha señalado presuntos retrasos en pagos a organizaciones civiles y otros sectores, además de advertir sobre un supuesto desorden financiero en la administración estatal.
El también empresario ha reclamado al gobierno estatal por la distribución de recursos y la atención de problemas que, afirma, siguen sin resolverse, pese a los ingresos y capacidades económicas de Nuevo León.
SE DESMARCA DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Con estas críticas, Fernández intenta marcar distancia del proyecto de Movimiento Ciudadano, partido que actualmente gobierna el estado, y al mismo tiempo busca evitar una ruptura dentro de Morena.
El aspirante reconoció públicamente a sus contendientes y llamó a respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que calificó como presiones provenientes del extranjero.