La personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la CDMX * Jueces de la Ciudad de México y la propia FGR no cedieron al engaño de Velázquez Rangel, pero sí el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Víctor Manuel recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México * En concreto: Ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa

LOS MALOSOS

El jueves pasado 12 de febrero, el Gobierno del Estado de México otorgó a Víctor Manuel Velázquez Rangel la posesión de la planta cementera de Cruz Azul, ubicada en el municipio Tula de Allende, en Hidalgo.

Velázquez Rangel ha sostenido en diversos medios de comunicación que la entrega se hizo en cumplimiento de un mandato judicial; pero se omite convenientemente decir que la orden fue otorgada por un juez de control (juez penal) del Estado de México, quien únicamente ordenó una entrega temporal y sujeta a las resultas de un procedimiento penal que se instruye por la comisión de delitos del orden común, que son competencia exclusiva de la Fiscalía del Estado de Hidalgo.

Así es, Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México, que dentro de la planta cementera de Hidalgo se estaban ejecutando hechos de naturaleza delictiva que eran de competencia local de las autoridades de Hidalgo; sin embargo, ningún juez de control de la CDMX concedió la medida de restitución temporal que solicitó, habida cuenta que los jueces eran conocedores que la personalidad de Víctor Velázquez como legítimo representante de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L., está actualmente en litigio ante jueces de la propia Ciudad de México.

Ante la imposibilidad de obtener la orden por medio del engaño a jueces de la CDMX, Velázquez acudió a jueces de control de la Federación; es decir, denunció ante la FGR de Alejandro Gertz, los mismos hechos que había puesto en conocimiento de Bertha Alcalde. Los jueces de control de la Federación tampoco accedieron a las peticiones de Velázquez Rangel y en una audiencia penosa, su abogado se desistió de la solicitud formulada ante la advertencia del juez que dicha medida únicamente podía ser dictada mediante debate en audiencia, en la que las personas acusadas de los supuestos delitos tuvieran oportunidad de justificar sus derechos. Ante esta posibilidad, Víctor Velázquez se desistió de la petición.

Este es el tercer intento, el financiamiento de la campaña de Delfina Gómez con dinero de la Cooperativa La Cruz Azul ayudó a que un juez de control del Estado de México, sin competencia territorial, emitiera una orden de restitución temporal de la planta (pues no les alcanza para más), la que ordenó con la mera denuncia y sin escuchar a las personas que estaban dentro de la planta (los supuestos delincuentes).

El gran burlado ha sido el Gobierno del Estado de Hidalgo, cuya autoridad burló Velázquez recurriendo fraudulentamente a la jurisdicción del Estado de México.

Personal de la Fiscalía del Estado de México, sin oficios de colaboración, ejercieron actos de autoridad en el territorio de otra entidad federativa. La Fiscalía de Hidalgo se limitó a decir que apoyaba el “operativo” con el acordonamiento de la zona perimetral. Lo que no midió Delfina, ni tampoco el Gobierno de Hidalgo (cómplice por ineptitud), es que los socios cooperativistas de La Cruz Azul han sido beneficiados por tres resoluciones arbitrales que tienen el carácter de definitivas.

La primera de estas resoluciones declaró la ineficacia de la asamblea en la que resultó electo Velázquez; la segunda resolución expulsó a Velázquez de la cooperativa y la tercera resolución es la que otorga la posesión a los socios cooperativistas de manera directa.

Claudia Sheinbaum Pardo conoce de primera mano estas resoluciones, pues fue directamente conminada por el árbitro para la ejecución de las resoluciones correspondientes; su omisión es causa de responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, por inobservar resoluciones que le son obligatorias a todos los jueces mexicanos en virtud de los tratados internacionales que en materia comercial tiene firmados el Estado Mexicano.

En este caso, no será la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la Corte Internacional de Arbitraje la que condene al Estado Mexicano a pagar los más de 400 mil millones de pesos que la inactividad del Estado Mexicano ha ocasionado, al impedir sistemáticamente la observancia de dichas resoluciones arbitrales.

El siguiente capítulo se peleará en un país con tribunales serios, con un Poder Judicial independiente y con autoridades administrativas con valor civil, que tengan respeto por sí mismas y que cumplan con su deber. Los paganos serán los más pobres, porque con su dinero Sheinbaum Pardo pagará la corrupción de su “nuevo” Poder Judicial.

Los Lobos andan sueltos en el Congreso capitalino * Ale Rojo vale mucho, la gente la quiere, la “guerra sucia” le hace lo que el viento a Juárez y su gran virtud: El pueblo lo ve como ciudadana y no como política

LOS MALOSOS

Muy, pero muy mal se vieron los panistas en el Congreso de la Ciudad de México, comandados por Andrés Atayde, en su intentona de golpear al gobierno de la morenista en Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, con el tema de la compra de gorras y uniformes para niños y niñas deportistas al considerarlos como bienes innecesarios.

Acusar sin pruebas a la alcaldesa de Los Chintololos es una nimiedad cuando hay temas mucho más importantes que Acción Nacional debería llevar a la tribuna del Congreso capitalino.

Lo cierto es que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, se ve muy mal enviando a su esposa, la diputada Laura Álvarez, a tratar de golpear a Nancy Núñez, con temas menores, cuando la morenista ha diseñado estrategias para contrarrestar la inseguridad.

Una prueba de lo anterior es el trabajo conjunto con los presidentes municipales de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, para evitar el “efecto cucaracha”, es decir, que la delincuencia vaya y venga a sus anchas en esa zona.

O será que Mauricio Tabe tiene mucho interés en colocar a su esposa en su lugar, porque él ya no puede reelegirse.

La verdad se vería muy mal que dejara la herencia de la alcaldía Miguel Hidalgo para su compañera de vida.

Quizá son muy religiosos, porque la Iglesia señala que cuando una pareja se une y se casa ante Dios ya son solo un cuerpo.

TIEMBLAN LOS LOBOS

En otra más del Congreso de la Ciudad de México, los Lobos se dieron rienda suelta. Ni de aquí ni de allá, comentan en los corrillos del Palacio Legislativo de Donceles y Allende.

En días pasados se pusieron a temblar los diputados de Morena, Víctor Hugo Lobo Román y su hijo, el diputado suplente en el Congreso-CDMX, Víctor Hugo Lobo Rodríguez, cuando el diputado propietario, Gerardo González García, decidió regresar a su curul, pero sólo la acarició para luego volver a solicitar licencia.

Resulta que el Juanito Gerardo González, mentor de Lobo Rodríguez, regresó a su curul después del mal trato de Lobo padre, quien lo expulsó de la nómina de la Cámara de Diputados, un deporte que le va bien, pues hay excolaboradores de sobra que le han renunciado, porque les ha quedado a deber meses de sueldo, y si no nos creen, pregunten en el recinto parlamentario.

Los Lobos le han visto la cara a sus referentes en Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum y los hermanos Morales, oriundos de Iztapalapa, pues tras renunciar al PRD y aventar las credenciales, se afiliaron a Morena, hicieron campaña por el partido guinda en 2024 y son diputados por ese partido actualmente.

Pero tienen metidas las manos en el PRD; se han apoderado violentamente de sus sedes de Jalapa 88, Coyoacán, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, por cierto, en esta última se cometió un feminicidio donde está relacionada la zambranista Polimnia Romana Sierra. Y por lo visto, no hay quién les ponga un alto.

MIENTRAS MÁS LA ATACAN, MÁS SE CATAPULTA ALE ROJO

Los morenistas deberían medir bien las consecuencias de sus actos, pues en la preferencia ciudadana Alessandra Rojo de la Vega crece como la espuma.

Ya chole con su “guerra sucia”, un día sí, otro también, le buscan hasta por debajo de las piedras y nada le encuentran.

Si la quieren sacar a la mala, más se catapultará Rojo de la Vega, quedará como víctima (no olvidar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador) y tendrá vía libre para analizar bien su futuro político… y la verdad, ella está bien posicionada que nadie la detendrá por su inmejorable posición.

Desde que era candidata para la alcaldía Cuauhtémoc la minimizaron, luego la calificaron como una alcaldesa simplona por gobernar desde TikTok; luego que por el retiro de las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara estaba cometiendo una afrenta contra la izquierda y sus mártires.

Lo último: Los ataques que vienen del Congreso de la CDMX, la señalan de otorgar contratos ilegales a empresas de sus cuates y piden que la contralora Nashieli Ramírez la investigue y la sancione.

Lo de Rojo de la Vega Piccolo es una cosa de nada ante la adjudicación directa de las licitaciones a nivel federal… y también a sus cuates o familiares. Lo del Tren Maya y del Tren Interoceánico no se olvida.

Ale sabe muy bien que la vigilan con lupa y no les daría oportunidad de que la agarraran en una jugada.

Lo mejor que le puede pasar a Morena es que Alessandra se reelija, porque sería una forma de mantenerla dentro del territorio de Cuauhtémoc, bajo control presupuestal y comparecencias al Congreso.

Y es que si la quitan a la mala y se va, recorrerá toda la ciudad, y hasta gran parte del país, en calidad de víctima, y se le ampliaría su horizonte político… desde una jefatura de Gobierno hasta una candidatura presidencial.

Ale Rojo es una gran opción de la oposición, ya nadie la detiene para lo que venga, poco a poco va caminando hacia un escenario ideal, y para dolor de Morena ya Alessandra se les escapó y no la van a parar.

Las virtudes que nadie tiene en una sola persona: Carisma, pasión, trabajo… y su gran ventaja: Millones de capitalinos la ven como ciudadana y no como política… y eso cala como La Chingada.

¡Un auuuuuto! Las camionetas de lujo de los ministros de la Suprema Corte evidencian que no acatan la instrucción presidencial * Parece disco rayado, pero los morenistas mandan al carajo la Pobreza Franciscana, el doble discurso en su máxima expresión * Escándalos hay muchos, pero hoy le toca a la SCJN: Viaje de una ministra a Costa Rica, un retrato al óleo, compra de togas…

LOS MALOSOS

En estos tiempos en que la 4T pregona a los cuatro vientos la Austeridad Republicana, impulsada desde el sexenio anterior con Andrés Manuel López Obrador y continuada por la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es insultante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida renovar la flotilla vehicular con camionetas de superlujo, con un costo -cada una- de poco más de un millón de pesos, incluso se habla de hasta un millón 700 mil pesos, y para otros rebasan los 2 millones de pesos.

El argumento de la SCJN fue que la compra se hizo por cuestiones de seguridad para los nueve ministros.

Será Chana o Juana, pero la compra se realizó, pese a la política de Austeridad Republicana, un discurso que se ha caído con el paso de los días por la vida de superlujo que llevan los funcionarios de la 4T, que la verdad no tiene caso mencionar porque ya son del dominio público.

Mejor centrémonos ahora en los escándalos en que ha caído la Suprema Corte, el máximo tribunal del país encargado de impartir justicia a todos los mexicanos.

Lo que siempre criticaban de los anteriores ministros, de los salarios altos, de la corrupción e impunidad, parece ser que los actuales siguen su ejemplo. Dicho de otra manera: de la pobreza en la oposición a la opulencia en el poder.

La vida de superlujo es criticable por el discurso que pregonan a diario, la Primera Presidenta ha reiterado infinidad de veces vivir en la “justa medianía”, pero los subordinados no siguen esa política. Ante los hechos, sería mejor ya no decir ese discurso para evitar los ataques y críticas, sobre todo porque el dinero que se gastan son recursos públicos.

El escándalo hizo recordar el discurso del ministro presidente Hugo Aguilar, quien -a inicios de septiembre de 2025, en su discurso de apertura- dijo que “no puede haber justicia con privilegios”.

Y se fue más a fondo al expresar que realizarían un importante plan de austeridad. Todo en el contexto de las remuneraciones y apoyos ya conocidos para los ministros y las ministras -de distintas eras- en la Suprema Corte.

Como contar con asistentes, auto -usualmente un camionetón de lujo-, teléfonos y computadoras con dinero público.

En el inicio de actividades de la SCJN, liderada por Hugo Aguilar, se anunció un salario neto de 137 mil 582 pesos, poco más que el de la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, para ministros y ministras… otra contradicción porque nadie debe ganar más que el presidente, una política impulsada por López Obrador.

POLÉMICAS EN SÓLO SEIS DÍAS

A dos días de la millonaria compra de las lujosas “camionetas del Bienestar” para los ministros de la SCJN, ahora sale a relucir que una ministra viajó al extranjero sin que hasta hoy se informe si los gastos corrieron a cuenta personal o del erario y que la Corte pagó un retrato al óleo de otra ministra.

Fue el periodista Carlos Islas, de Político Mx, quien reveló el viernes 23 de enero que a la ministra Loretta Ortiz la fotografiaron recientemente cuando viajaba en avión, en “business class” (clase ejecutiva), con destino a Costa Rica.

Hasta ahora, añade el periodista, se ignora “si este viaje se trata de una actividad académica, institucional o privada. Ni la Suprema Corte ni la ministra han emitido una postura al respecto”.

Es de resaltar que el primer escándalo fue cuando se dio a conocer públicamente que el ministro presidente contaba con casi 100 asesores.

Cabe mencionar que hoy en día el nuevo presidente de la SCJN tiene 75 asesores registrados en la presidencia de la Corte. Para hacer una comparación, Norma Piña tenía sólo 6 asesores registrados en la presidencia.

Aún no se apaciguaban las aguas del lío de las camionetas blindadas, cuando también el mismo viernes se dio a conocer que la SCJN pagó 40,600 pesos por un retrato al óleo de Lenia Batres Guadarrama, quien curiosamente es conocida como “la ministra del pueblo”.

Según el periodista Carlos Islas, documentos de la Corte informan que la Dirección General de Infraestructura Física de la SCJN adjudicó directamente el contrato de un retrato al óleo, de 50 por 40 centímetros, y el 29 de septiembre de 2025 se autorizó el pago.

A pesar de la adjudicación, supuestamente nunca se formalizó el contrato con la Corte debido a que “la propia artista declinó realizar el trabajo por compromisos y actividades previamente programadas”, como quedó asentado en un escrito que presentó a la Corte el 16 de octubre de 2025.

La Corte, en su defensa, dice que la elaboración de estas piezas artísticas no son un servicio exclusivo para un ministro(a) y que en el edificio de la misma se encuentran los retratos de los ministros que han formado parte de la SCJN desde el siglo XIX, como parte de una práctica institucional de registro histórico del país.

COMPRA DE TOGAS POR 300 MIL PESOS

Otro escándalo: Una nueva investigación revela una compra millonaria por 12 togas por 300 mil pesos.

Según publicó este lunes Froji MX, apenas unas semanas después de las elecciones judiciales, las nuevas figuras de la SCJN adquirieron seis togas por un valor de 160 mil 80 pesos, es decir, cada una de ellas tuvo un valor de 26 mil 680 pesos. Además, en septiembre del mismo año, una vez que sus integrantes habían asumido sus funciones, el órgano realizó otra adquisición de seis togas por 134.467 pesos. En total, fueron 294.574 pesos gastados en apenas doce unidades.

Las figuras involucradas en estas compras fueron el presidente de la Corte, Hugo Aguilar; Estela Ríos; Giovani Figueroa; Irving Espinosa; Arístides Guerrero y Sara Herrerías.

Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jasmín Esquivel no participaron de la compra porque ya contaban con el uniforme reglamentario de su periodo anterior como máximas integrantes del órgano judicial más importante del país, pero en el pasado Loretta Ortiz ordenó la compra de tres togas por un total de 75 mil pesos, Lenia Batres hizo lo propio, pero por un total de 84 mil pesos.

Hugo Aguilar prometió no usar toga durante su mandato como una señal de cambio. Sin embargo, es uno de los señalados por estas costosas compras.

Queda en el olvido la promesa de que la reforma judicial instauraría la Austeridad Republicana y pondría fin a los privilegios y lujos de los integrantes de esta institución, principalmente los ministros.