EL ÁGORA
La gente sigue insegura
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Hace 2 meseson
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Redacción
La delincuencia, el azote del 75 por ciento de la ciudadanía * La mayor percepción de este fenómeno se da en Morelos, Tabasco y Guanajuato * Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o en el transporte público y extorsión
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Aunque el gobierno ha cambiado su política pública de seguridad y fortalecido la estrategia con inteligencia policial en el combate al crimen, el 75.6 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años considera sentirse inseguro en su entidad federativa por la delincuencia.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, entre marzo y abril de 2025, el 64.2 por ciento de la población cree que la inseguridad es el problema más grave en el país, más que la salud o el incremento en los precios. La mayor percepción de este fenómeno se dio en los estados de Morelos, Tabasco y Guanajuato.

Seguramente al cierre del primer año del sexenio disminuirán los homicidios dolosos y se incrementará el combate al crimen organizado, pero lamentablemente la delincuencia común es la que más incide en la sensación de inseguridad ciudadana.
El estudio del organismo demoscópico revela que, en 2024, en 11.4 millones de hogares, que representan el 29 por ciento del total del país, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito, porcentaje superior al de 2023. La cantidad de 23.1 millones de personas mayores de edad fue víctima del delito, más hombres que mujeres.
Las tasas mayores de victimización fueron en el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX) y Tlaxcala.
En donde hubo una prevalencia delictiva superior de hombres fue en el Edomex y en la CDMX, mientras que en mujeres fue la entidad mexiquense y Tlaxcala.
La información estadística precisa que en 2024 se cometieron 33.5 millones de delitos, poco más que los registrados en 2023.
Los estados con más incidencia fueron la CDMX, el Edomex y Querétaro. Los ilícitos más frecuentes son: fraude, robo o asalto en la calle o el transporte público y extorsión. Las mujeres resultaron ser más vulnerables a los delitos sexuales.
Sin duda, el crimen tiene importante impacto en la economía nacional; según el INEGI, el monto total de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos, lo que representa poco más del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El costo del delito no sólo implica la pérdida material de los bienes, sino el gasto que hacen los ciudadanos para prevenir el delito.
En esas medidas, los mexicanos desembolsaron más de 90 mil millones de pesos para cambiar cerraduras, puertas y ventanas, colocar rejas o bardas.
La nueva política pública de seguridad y sus estrategias todavía no permean entre la sociedad; prueba de ello es que la gente denuncia menos.
En 2024, de los 33.5 millones de delitos ocurridos, únicamente el 9.6 por ciento se denunció, menos que en 2023. Sólo siete de cada cien ilícitos se investigaron y en el 80 por ciento de los casos no hubo resultados; menos del uno por ciento (0.8) tuvo resolución favorable para el denunciante. Por ello la gente no acude al ministerio público, sabe que únicamente perderá el tiempo, tiene desconfianza de la autoridad, considera que hará trámites largos y difíciles, además del miedo a la persona agresora.

CAUSAS Y SOLUCIONES
Las causas de la inseguridad ciudadana en México son resultado de una combinación de factores sociales, económicos y políticos.
Las principales son:
CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO.- La presencia de cárteles y organizaciones delictivas ha incrementado la violencia en diversas regiones del país. Estas estructuras criminales operan con un alto nivel de sofisticación, disputando territorios estratégicos y rutas para el tráfico de drogas, armas y personas.
La lucha por el control de estas zonas genera enfrentamientos armados entre grupos rivales y fuerzas de seguridad, lo que pone en riesgo a la población civil y provoca inseguridad en las calles.
CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL.- La infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad y justicia debilita la capacidad del Estado para combatir la inseguridad y la delincuencia.
Casos recientes, como la detención de exfuncionarios por desvío de recursos destinados a la seguridad pública, evidencian esta problemática.
DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA.- La falta de acceso a oportunidades laborales y educativas es una de las causas de la inseguridad, ya que propicia que individuos, en especial jóvenes, busquen actividades delictivas como medio de subsistencia.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más del 40% de la población en México vive en condiciones de pobreza, lo que limita su acceso a educación de calidad, salud y empleos formales.
Ante esta realidad, muchos jóvenes son reclutados por el crimen organizado con la promesa de dinero fácil.
Además, la falta de inversión en infraestructura, servicios básicos y programas sociales incrementa la inseguridad en la comunidad.
DEBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO.- La falta de aplicación efectiva de la ley contribuye a la expansión de la inseguridad.
Según el Índice Global de Impunidad del CESIJ, México es uno de los países con mayores niveles de impunidad a nivel mundial, ya que más del 90% de los delitos queda sin resolver. Esta falta de consecuencias jurídicas fortalece el crimen organizado y la corrupción.
FACTORES SOCIALES Y CULTURALES.- Muchos mexicanos crecen marcados por el abuso, la marginación y la ausencia de valores comunitarios, aumentando las probabilidades de optar por la violencia o la ilegalidad como forma de vida.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el 66% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y muchas veces estos actos ocurren dentro del ámbito familiar. Los menores que crecen expuestos a estas dinámicas pueden normalizar la violencia y reproducirla en otros espacios, contribuyendo así a la inseguridad en la comunidad.
CONSECUENCIAS
El aumento de la violencia, la expansión del crimen organizado y la persistente impunidad han mermado la calidad de vida de millones de mexicanos. Estas son algunas de las consecuencias de la inseguridad en México:
*** La inseguridad disuade la inversión extranjera y nacional, limita el crecimiento económico y aumenta los costos operativos de las empresas debido a medidas de seguridad adicionales.
Además, la falta de inversión ocasiona que la base productiva no se expanda y, por lo tanto, no se generen empleos.
*** La constante exposición a la violencia es una consecuencia de la inseguridad que crea desconfianza entre los ciudadanos, fomentando la apatía hacia la participación comunitaria.
Además, el miedo constante a ser víctima de delitos provoca estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental en la población.

*** Familias y comunidades enteras se desplazan buscando seguridad, afectando la dinámica demográfica del país.
ESTRATEGIAS
Estudiar las causas y consecuencias de la inseguridad en México permite considerar diversas estrategias para solucionar el problema:
*** Mejorar la capacitación, equipamiento y profesionalización de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.
*** Asegurar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias legales y promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial para recuperar la confianza ciudadana.
*** Invertir en educación, salud y generación de empleo en comunidades vulnerables puede reducir las condiciones que propician la delincuencia.
*** Fomentar la colaboración entre sociedad y gobierno en la ejecución de programas de prevención del delito y promoción de la cultura de la legalidad.
*** Promover desde temprana edad la educación en valores cívicos y éticos contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos con el bienestar común.
*** Dado que la inseguridad y delincuencia en México tienen un componente transnacional, es importante fortalecer la colaboración con otros países para combatir el tráfico de drogas, armas y personas.
Las causas de la inseguridad representan desafíos complejos que requieren soluciones complejas. Sin embargo, transformar esta realidad es posible a través del conocimiento y la acción.
Ante este panorama crítico, la población no se siente segura. Un reto enorme para el gobierno de la 4T.
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Estado de Derecho y gobernanza, las otras asignaturas pendientes
EL ÁGORA
Estado de Derecho y gobernanza, las otras asignaturas pendientes
Published
Hace 5 díason
noviembre 6, 2025By
Redacción
Educación, salud, seguridad y economía, las demandas principales * Se publicó el informe del World Justice Proyect of Law 2025, el cual mide el respeto al Estado de Derecho en 143 países y México bajó en ese ranking mundial a la posición 128 y al lugar 28 de 32 naciones en la región
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
A las asignaturas pendientes del gobierno en materia de educación, salud, economía y seguridad, se suma la pérdida de la gobernanza a manos del crimen organizado y la construcción de un Estado autoritario.
Se publicó el informe del World Justice Proyect of Law 2025, el cual mide el respeto al Estado de Derecho en 143 países y México bajó en ese ranking mundial a la posición 128 y al lugar 28 de 32 naciones en la región.
Sólo estamos menos jodidos política y democráticamente que los gobiernos -es un decir- de Afganistán, Camboya, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El informe mide los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, un gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
A nivel mundial el organismo internacional comprobó el deterioro del Estado de Derecho por una disminución de los controles sobre el Poder Ejecutivo, un mayor sometimiento de los órganos legislativo y judicial y la ausencia de una supervisión independiente de los gobiernos.
En México, es evidente la inexistente división de Poderes, la instauración de una presidencial casi imperial, omnímoda, omnipresente y omnipotente que impuso un Congreso abyecto y sepultó al Poder Judicial para instaurar a ignorantes jueces de consigna, además de desaparecer los contrapesos constitucionales, los órganos autónomos y actuar en la opacidad y sin transparencia.

Las conclusiones del trabajo 2025 establecen que la recesión del Estado de Derecho se acrecienta en la medida en que se profundizan las tendencias autoritarias.
En el caso mexicano, como en la mayoría de los países observados, se dio un deterioro en indicadores de libertad de expresión, de asociación, de justicia civil y penal.
A nivel mundial hubo un retroceso del 68 por ciento, el índice más alto desde que hay ese registro. Lo alarmante es que el deterioro de las democracias se da en gobiernos populistas, de izquierda o derecha, que arribaron al poder mediante procesos electorales.
Y pensar que la era del nacismo se suponía una etapa histórica superada, pero El Salvador, Turquía o la India dan prueba de lo contrario y México se acerca a esos gobiernos autoritarios.
Pueblo que no aprende de su paso está condenado a repetir sus tragedias, dice la conseja.
Hitler instauró el tercer Reich mediante el sufragio ciudadano basado en un falso nacionalismo y se apoderó del Reichstag (parlamento) luego de incendiarlo.

Toda proporción guardada, el expresidente tabasqueño obnubiló a una nación con la oferta populista de reivindicar a los pobres y acabar con la corrupción y sólo incendió al país con su discurso polarizante y enraizó la corrupción.
Bien establece el informe del World Justice Proyect of Law, en los países carentes de Estado de Derecho, hay una mayor injerencia gubernamental.
Hoy vivimos una presidencia casi imperial y aunque no necesitaron incendiar el parlamento, les bastó con controlar a un espurio y abyecto Congreso para gobernar y estallar al Poder Judicial para cumplir con un capricho dictatorial y de paso sepultar la gran aportación de México al Derecho: el juicio de Amparo.

Más allá de la narrativa oficial, la realidad es que el crimen organizado y un populismo setentero han menoscabado la gobernanza y derruido el Estado de Derecho de la democracia.
APOSTILLA
Ser reconocida por Forbes entre las “Empresas que transforman el futuro” no es un logro menor; es la validación internacional de una visión que desde hace más de tres décadas desafió el paradigma del desecho.
Promotora Ambiental de la Laguna (PASA) convierte los residuos en símbolos de innovación, energía y compromiso social.
Su inclusión en el Premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable demuestra que la sostenibilidad corporativa puede ser el eje de una nueva economía donde nada se pierde, todo se transforma y la rentabilidad se mide también en beneficio ambiental.
En un país donde la gestión de residuos aún enfrenta rezagos estructurales, PASA construyó un modelo empresarial que redefine las reglas del juego.
Su operación integra tecnología, eficiencia y responsabilidad, además reincorpora más del 99% de las mermas generadas en sus procesos y reduce drásticamente la carga destinada a disposición final.

.Más que rellenos sanitarios, sus centros son polos de innovación ambiental equipados con sistemas de control, captación de gases y aprovechamiento energético; la basura deja de ser un fin para convertirse en principio de una nueva cadena productiva sustentable.
Bajo el liderazgo de Alberto Eugenio Garza Santos, presidente del Consejo y reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como un empresario ambientalista, y del CEO Manuel González Rodríguez, PASA demuestra que el desarrollo económico y la protección del entorno pueden coexistir.
Su trabajo educativo en escuelas y comunidades y su presencia en la Bolsa Mexicana de Valores muestran una empresa madura, transparente y con propósito.
PASA no sólo transforma residuos: transforma mentalidades, redefine el rol empresarial y confirma que la sostenibilidad, cuando se gestiona con inteligencia, es la más rentable de las inversiones.
EL ÁGORA
Los grandes desafíos históricos de la educación en México
Published
Hace 2 semanason
octubre 30, 2025By
Redacción
En materia de equidad, calidad y acceso * Urge cerrar la brecha entre los sistemas educativos públicos y privados
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La educación en México enfrenta desafíos históricos en materia de equidad, calidad y acceso.
Ante las carencias del sistema público, las escuelas particulares se han consolidado como una alternativa para miles de familias que buscan mejores condiciones de aprendizaje para sus hijos, aunque con ello se amplía la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no.
La ideologización educativa impuesta por los gobiernos de la 4T provocó una pobreza de conocimientos en las escuelas oficiales y dejó de ser semillero de alumnos competitivos que se convertirían en futuros destacados profesionistas.
La educación pública sólo prepara hoy mano de obra barata y deja la educación de calidad en manos de los colegios particulares.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2024-2025 más de 5.6 millones de alumnos cursan sus estudios en instituciones privadas, lo que representa alrededor del 14 por ciento de la matrícula total del estudiantado.
La anterior cifra ha ido en aumento durante la última década, impulsada por la percepción de una educación más personalizada y con mejores recursos tecnológicos.
Sin embargo, especialistas advierten que el crecimiento del sector privado también refleja un deterioro de la confianza en las escuelas públicas, donde los problemas de infraestructura, la falta de materiales y los bajos resultados en evaluaciones nacionales -ya no diga en los internacionales como la prueba PISA- son comunes.

Las escuelas particulares no debieran ser vistas como una competencia, sino complemento del sistema educativo, señaló a este columnista el académico Antonio Luna Campos, quien resaltó que el reto es garantizar que la calidad educativa no dependa del poder adquisitivo de las familias.
El auge de las escuelas privadas también ha transformado su perfil. Mientras algunas mantienen cuotas altas y modelos exclusivos, otras ofrecen costos accesibles y programas mixtos. Aun así, la desigualdad educativa persiste.
Cabe mencionar que, a pesar de los beneficios de la educación privada, ésta se ha visto amenazada por una ligera disminución en su matrícula, ya que el gobierno federal otorga muchas prestaciones a niños y jóvenes como uniformes, mochilas, ciertos útiles, dinero y hasta el incentivo de no ser reprobados, a pesar de su bajo rendimiento, lo que ocasiona que su padres decidan que sus hijos permanezcan en dichos planteles, aunque no adquieran conocimientos ni finquen las bases sólidas de una preparación universitaria que les permita ser absorbidos por un mundo globalizado más competitivo.
La mayoría de los alumnos estudian en planteles públicos con recursos muy limitados, una educación escasa y acientífica porque los desafíos como la capacitación docente, la actualización de planes de estudio y la inversión en infraestructura no están contemplados en los planes sexenales ni en los presupuestos de los gobiernos.
Urge cerrar la brecha entre los sistemas educativos públicos y privados, pero el proyecto político de la 4T no visualiza la educación de calidad ni el apoyo a la ciencia y la tecnología, porque su prioridad es concentrar los recursos en las dádivas electorales que se dispersan a través de los programas asistencialistas.
Lamentablemente, la educación pública en México no forjará a los profesionistas del futuro, sino obreros mal pagados. Ojalá pronto lleguen gobiernos que cuenten en sus gabinetes con nuevos Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez o Jesús Reyes Heroles. El país lo merece y necesita.
APOSTILLA
El gobierno de la autollamada 4T no solo queda a deber en materia educativa, sino en seguridad.

En la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI se informó que el 63 por ciento de los mexicanos se siente inseguro en su localidad y, en el caso de las mujeres, la cifra se elevó a 68.2 por ciento.
En septiembre del año pasado, el indicador nacional estaba en 58.6 por ciento, 4.4 por ciento menos.
Culiacán, Irapuato, Chilpancingo, Ecatepec y Cuernavaca son las ciudades con mayor percepción de inseguridad; la capital sinaloense destacó con 88.3 por ciento.
Por su parte, la OSC México Evalúa dio a conocer que, de enero a septiembre de 2025, 17 estados de la República mostraron cifras preocupantes de violencia letal: rankean en los primeros lugares Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Quintana Roo.
Todavía hay retos importantes en la agenda de seguridad, como reducir los homicidios dolosos, la violencia política, las desapariciones forzadas, la extorsión y el narcomenudeo. Urge que regrese la paz y la tranquilidad social.
EDUCACIÓN EN RETROCESO
El 21 de octubre pasado, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), debió “comparecer” en el Senado de la República para exponer acerca de la situación educativa durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Sin embargo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se posponía debido a que el funcionario “fue comisionado” para atender la emergencia por las recientes inundaciones en el país; más allá de esto no hay ninguna duda que la enseñanza mexicana está en crisis y va en picada.
Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) en 2022, cuando México se posicionó como el tercer país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Matemáticas y Comprensión lectora, y con el peor puntaje en Ciencia.
México resultó muy bajo en el promedio internacional de todas las asignaturas evaluadas, pues retrocedió 24 puntos respecto a 2003 y 14 respecto a 2018. Asimismo, la evaluación diagnóstica aplicada a alumnos de Educación Básica durante 2022 y 2023 realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, estimó que los resultados obtenidos en Matemáticas, Lectura, Formación Cívica y Ética fueron reprobatorios en primaria y secundaria.
Datos del Observatorio de la Educación evidencian que nuestro sistema de enseñanza está abandonado y no satisface la cobertura educativa, ya que la deserción escolar es alarmante, pues durante el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil estudiantes abandonaron la escuela.
Subraya que existe “un panorama crítico en abandono escolar, estancamiento en cobertura y rezago estructural en regiones indígenas y rurales”; el dato revela la falta de planes para la permanencia escolar, “cifra que por sí sola desmonta cualquier discurso oficial que pretenda ocultar la dimensión de la crisis educativa en México”.
El Informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 2024 aseguró que “México necesita un sistema educativo que genere en sus estudiantes las habilidades necesarias para el futuro, pero también uno que garantice la igualdad educativa en términos de acceso, permanencia y calidad en el país”, algo que ni Mario Delgado ni Morena o la 4T niegan; pero no invierten más recursos económicos ni corrigen el sistema educativo.

Hoy, en pleno 2025, se exige haber terminado la preparatoria para cualquier empleo y contar con habilidades digitales, pensamiento crítico, trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas; y si hoy los jóvenes no reciben una educación adecuada, son condenados a empleos informales.
Así, mientras países como Japón, Corea del Sur o Noruega son ejemplo de inversión educativa al reformar sus modelos de enseñanza basados en proyectos, habilidades digitales, colaboración y emprendimiento para formar ciudadanos creativos, competitivos y con visión global, en México seguimos atrapados entre la burocracia, los sindicatos, la improvisación y políticos incompetentes. La educación está reprobada.
EL ÁGORA
Negligencia, improvisación y desgobierno
Published
Hace 3 semanason
octubre 24, 2025By
Redacción
La pérdida de la gobernanza no es únicamente frente al crimen organizado, sino ante los desastres naturales * Cuando se quiere combatir las corruptelas, se opta por desaparecer a las instituciones y no perseguir a los infractores * Tras la tragedia de Veracruz, sólo el gobierno podía entregar ayudas… con el logo de Morena
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Lo dicho: La 4T no sabe gobernar. Gobernar no sólo es llegar al poder, es representar la figura del Estado, guiar a una población en un territorio determinado.

Es dar protección, seguridad y resguardo a la ciudadanía, a las familias y su patrimonio, es desarrollar políticas públicas que satisfagan las necesidades de la gente y proporcionarles bienestar.
Su inexperiencia en la administración pública ha desgraciado a los mexicanos. No sólo no les garantiza la seguridad, tampoco les da protección.
La pérdida de la gobernanza no es únicamente frente al crimen organizado, sino ante los desastres naturales.
Desde el sismo de 2017, las fallidas administraciones -entonces en manos del PRD- evidenciaron la falta de una verdadera política de protección civil. Los capitalinos recibieron tardía respuesta de parte de las autoridades.
Hasta la fecha, hay edificaciones sin reconstruir. Mientras se derrumbaban las construcciones, afloraba la corrupción, la falta de reglas de protección civil y la negligencia criminal oficial.
Como en el terremoto de 1985, fue la solidaridad de los mexicanos lo que permitió que México siguiera de pie.
Con el paso del tiempo, las cosas no han cambiado. Se echa la culpa a los de antes hasta de los desastres naturales. Se recurre a las acusaciones de corrupción sin pruebas ni detenidos.
Para apoderarse de los recursos del Fonden se arguyó que era fuente de corrupción -cuando se quiere combatir las corruptelas, se opta por desaparecer a las instituciones y no perseguir a los infractores-.

Hace décadas la gente se quejó de la arbitrariedad de algunos agentes del Servicio Secreto… y resulta que el gobierno optó por desaparecerlo en lugar de castigar a los malos elementos.
La bolsa millonaria del Fonden se destinó a los programas sociales, rogando a Dios que no hubiera catástrofes climáticas o movimientos teutónicos.
Se dijo que los dirigentes del Fonden eran corruptos, aunque el último y millonario director después fue candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Querétaro.

SHEINBAUM CRITICÓ AL DIRECTOR DEL FONDEN
José María ‘Chema’ Tapia es un político mexicano reconocido por ser el exdirector del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
Durante su gestión, fue objeto de críticas debido a sus viajes a Las Vegas, hecho que ‘despertó’ la inconformidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su Mañanera del Pueblo del pasado 15 de octubre, Sheinbaum Pardo criticó la corrupción en el Fonden registrada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y aseguró que mientras ocurrían ciclones, José María ‘Chema’ Tapia apostaba en Las Vegas.
“Vi en las redes una nota que salía en Proceso, traían, hace mucho tiempo, de no me acuerdo de qué huracán o qué tragedia, decían y el director del Fonden, divirtiéndose en no sé dónde en Las Vegas.
“Digo para aquellos que defienden el Fonden. O las corruptelas que hubo”, soltó la Primera Mandataria, quien aseguró que “quien defiende el Fonden es como defender la corrupción”.
Sheinbaum sugirió que estos viajes eran inapropiados para alguien en su posición, especialmente considerando la responsabilidad que conlleva gestionar un fondo destinado a la atención de desastres naturales.
¿Y qué creen? Tapia Franco, tras dejar su cargo como senador por el PRI, fue candidato de Morena-PT-Verde a la alcaldía de Querétaro y ha sido señalado -por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- de comprar una residencia valuada en más de un millón de dólares en Woodlands, al norte de Houston.
LA SOBERBIA E IGNORANCIA EN PROTECCIÓN CIVIL
Sin dinero, con respuestas tardías, negligencia gubernamental, soberbia y sin conocimientos sobre la protección civil, se pretendió enfrentar los estragos de los huracanes que azotaron el Pacífico, especialmente Acapulco. Las consecuencias todavía las padecen los porteños. A ello, habría que añadirle la soberbia del entonces mandatario que con el pretexto de no ir a la zona “sólo a tomarse la foto”, se negó a coordinar la ayuda gubernamental.
Cuando quiso hacerlo, por la presión social, le salió el tiro por la culata, porque se atascó el vehículo militar y no pudo bajarse ni mojarse los zapatos.

Para no desentonar, la actual administración evidenció negligencia criminal al no prevenir a la población de la catástrofe que se avecinaba y que con la nueva semántica de la 4T se justificó cínicamente con un “desbordamiento leve del río…” que sepultó a comunidades enteras de Poza Rica y Álamo, en Veracruz, y otras localidades en cuatro estados más.
No sólo faltó un plan de protección civil, pasmó a las autoridades y sacó a flote su inexperiencia en la administración pública.
La muy cuestionada gobernadora de Veracruz canceló un seguro estatal contra riesgos naturales para “acabar con la corrupción y los gastos excesivos”. A cambio, creó un organismo gubernamental sin capital, sin infraestructura y sin experiencia en materia de seguros.

Sobrada de sí misma, redujo sus torpezas a una frase: “No todo es dinero”.
No son buenos para ayudar a la población, pero sí para capitalizar las tragedias. Las primeras horas después de las inundaciones, los damnificados estuvieron solos y a su suerte. Recibieron la ayuda de sus vecinos, que no la pasaban mejor.
Cuando la sociedad civil se organizó y quiso auxiliar a los afectados, las Fuerzas Armadas impidieron el ingreso de despensas porque la instrucción era que únicamente el gobierno podía entregarlas, ¡y cómo no¡, si las usaron con fines propagandísticos y electorales.
Un ejército de “servidores de la nación” rápidamente etiquetó alimentos y colchonetas con el logotipo de Morena y esa ayuda se convirtió en una marea guinda.
También los mercenarios del Partido Verde hicieron lo propio con sus huestes y entregaron despensas en bolsas… ¡adivinó!, verdes. Actuaron tarde y exclusivamente con fines políticos.
El gobierno se hizo “de la vista gorda” cuando con una logística más eficaz, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo pronta entrega de ayuda a los damnificados.
Ante la indignación de la sociedad civil, la respuesta desde Palacio Nacional sólo fue “dónde está la ayuda de los que critican”, sabedora de que las Fuerzas Armadas controlaron la ayuda para ser etiquetada.
Hoy los “servidores de la nación”, con sus chalecos de color guinda, levantan tardío y lento censo de damnificados para saber de sus carencias y necesidades, cuando es evidente la pérdida de su patrimonio y la urgencia de restablecer los servicios públicos y la construcción de diques que impidan nuevas inundaciones, aunque sea a toro pasado.
Lo que urge es que se actualice el Atlas de Riesgos y se cumplan sus recomendaciones. Lo que no se puede medir no se puede controlar, y parece que las mediciones son la némesis de la 4T.
Definitivamente la 4T es un desgobierno.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Mano firme de Azucena Cisneros contra el huachicoleo del agua
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