Piden una clara investigación de parte de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, y de Adrián Rubalcava, diirector del STC Metro
ILDEFONSO LÓPEZ
Una familia de la Ciudad de México denunció públicamente irregularidades al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de señalar que un trabajador identificado como Luis Gonzalo “N” habría continuado recibiendo su salario durante varios meses, mientras permanecía detenido en el marco de una investigación relacionada con un delito.
La denuncia se sustenta, además, en documentación oficial del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Entre los documentos se encuentra una solicitud de vacaciones a nombre de Luis Gonzalo “N”, fechada el 20 de noviembre de 2025, en la que se establece un periodo de 17 días hábiles de vacaciones, con inicio el 24 de noviembre y reanudación de labores el 31 de diciembre. El documento cuenta con la firma del trabajador y con la rúbrica del Ing. José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso, identificado como Gerente de Instalaciones Electrónicas del STC Metro.
De acuerdo con los familiares, esta documentación constituiría uno de los elementos que permiten advertir que el trabajador mantenía una situación administrativa activa dentro del organismo durante el periodo en el que, según su denuncia, se encontraba detenido.
La familia sostiene que el trabajador habría permanecido privado de su libertad entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026, periodo durante el cual, aseguran, habría continuado recibiendo percepciones correspondientes a su cargo dentro del Metro.
Ante ello, los familiares solicitan que se revisen de manera puntual los registros laborales, de asistencia, vacaciones y pagos, a fin de determinar si efectivamente se realizaron depósitos o pagos de salario durante el periodo de detención y, en su caso, establecer bajo qué condiciones administrativas se autorizaron.
La familia cuestiona particularmente la actuación de José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso, titular de la Gerencia de Instalaciones Electrónicas, y pide que se esclarezca si el funcionario tenía conocimiento de la situación jurídica del trabajador y si existió alguna omisión administrativa que permitiera que continuara percibiendo recursos públicos durante el periodo referido.
Los familiares consideran que el caso debe ser investigado a fondo, tanto por la naturaleza de los señalamientos como por tratarse de recursos provenientes de una institución pública. Por ello, solicitan que se determine si los pagos realizados durante ese periodo se apegaron a la normatividad aplicable o si existieron posibles irregularidades y responsabilidades administrativas.
Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y al director general del Metro, Adrián Rubalcava, para que se revise el caso y se ordene una investigación interna que permita esclarecer los hechos y, de ser procedente, determinar las responsabilidades correspondientes.