La democracia no se mide por la libertad que tiene la prensa para criticar al gobierno sin permiso * El resultado anunciado por parte de la presidenta del organismo, Norma Solano Rodríguez, es considerablemente superior, toda vez que acota las sanciones a incumplimientos, protege a las audiencias, conserva códigos de ética y defensorías, y de manera notable, impide convertir al Estado en árbitro de la verdad periodística

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

“Donde no hay libertad de prensa, el gobierno es un monólogo y la sociedad queda condenada al silencio o a la adulación”: Octavio Paz

En el debate y en los hechos, respecto a la discusión de los Derechos de las Audiencias, salió ilesa la libertad más importante de la democracia: la libertad de expresión.

Después de semanas de polémica, críticas y advertencias de organizaciones, medios de comunicación y periodistas, el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprueba finalmente los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Y, para decirlo sin rodeos: sí hubo reversa; el texto aprobado y publicado este 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, y que entrará en vigor 30 días naturales después de su publicación, ya no es el mismo que provocó la alarma. Algo tuvieron que escuchar allá en Palacio Nacional.

El resultado que se dio a conocer el pasado 26 de agosto

por parte de la presidenta del organismo, Norma Solano Rodríguez, es considerablemente superior, toda vez que acota las sanciones a incumplimientos, protege a las audiencias, conserva códigos de ética y defensorías, y de manera notable, impide convertir al Estado en árbitro de la verdad periodística.

En la consulta realizada del 27 de julio al 21 de agosto, en la que participaron 8 mil personas y se emitieron 8 mil 889 comentarios, el 82 por ciento de estos últimos rechazaron el proyecto original, mientras que el 9.7 por ciento se manifestó en favor.

La CRT destacó además que “el mensaje de miles de personas ha sido claro: quieren medios de comunicación independientes de cualquier revisión oficial”.

La amenaza más delicada del proyecto original estaba en esas palabras aparentemente inocuas que podían convertirse en una peligrosa herramienta de poder: “información falsa” y “descontextualizada”.

Porque entonces surgía la pregunta elemental: ¿Quién decide qué es falso? ¿El periodista? ¿El director del medio? ¿La Defensoría de las Audiencias? ¿La CRT? ¿Un burócrata con facultades regulatorias? ¿O, de plano, una autoridad administrativa convertida en árbitro de la verdad? Ese era el problema. Y ese problema, al menos en buena medida, fue retirado del texto gubernamental.

La versión aprobada elimina aquellas referencias que podían abrir la puerta a que la autoridad terminara calificando contenidos periodísticos. La propia CRT sostuvo también que no revisará contenidos ni decisiones editoriales.

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Bien. Porque el Estado puede reglamentar frecuencias, concesiones, procedimientos y obligaciones regulatorias.

Lo que no puede hacer -sin entrar en una zona constitucionalmente riesgosa- es convertirse en editor de los medios de comunicación.

¿Y SI NO?

Si los Lineamientos se aplican exactamente como fueron presentados el fin de semana pasado, la historia podría terminar siendo menos dramática de lo que algunos anticipábamos.

Las audiencias tendrán mecanismos para reclamar.

Los medios deberán contar con Defensoría de Audiencias.

Tendrán que disponer de códigos de ética.

Deberán distinguir información de opinión y publicidad de contenido.

Y tendrán procedimientos para atender inconformidades.

Nada de eso debería espantar a nadie. Al contrario. Una audiencia informada también necesita mecanismos para reclamar cuando un medio viola sus propias reglas.

El problema nunca fueron los derechos de las audiencias. El problema era quién tendría la última palabra sobre lo que los mexicanos podían considerar verdadero, falso, contextualizado o conveniente. Y ahí la diferencia es enorme.

¿Y SI SÍ?

Ahí está el pequeño detalle. Porque una cosa es lo que dice el reglamento y otra, bastante distinta, cómo se aplicará.

Hoy la CRT asegura que no revisará contenidos ni decisiones editoriales. De acuerdo.

Ahora habrá que verlo cuando llegue la primera queja políticamente incómoda. Porque será muy sencillo respetar la libertad editorial cuando alguien reclame por un horario, una identificación publicitaria o una deficiencia administrativa.

La verdadera prueba llegará cuando la queja sea por una investigación periodística. Por una entrevista incómoda. Por una crítica al gobierno. Por una acusación contra un funcionario. Por una información que el poder considere “inexacta”. O por una opinión que alguien pretenda disfrazar de noticia. Y ahí veremos de qué están hechos los Lineamientos.

Porque la censura moderna no necesariamente llega con tijeras. Ya lo he expresado aquí mismo con anterioridad. A veces llega con un oficio. Con una recomendación. Con una interpretación administrativa. Con un procedimiento. Con una multa. O simplemente con la amenaza de que pueda llegar.

Por eso no basta con celebrar que desaparecieron del texto las palabras más peligrosas. Ahora habrá que vigilar las facultades que permanecieron.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MARCA EL LÍMITE

Los artículos 6o. y 7o. constitucionales no fueron plasmados para proteger únicamente las opiniones agradables.

Protegen, precisamente, las incómodas. Las críticas. Las que molestan. Las que cuestionan al poder. Las que hacen que algún funcionario levante el teléfono y pregunte: “¿Y eso quién lo dijo?”, o como lo ha expresado la propia Claudia Sheinbaum, “tomen nota…”

Porque una democracia no se mide por la libertad que tiene la prensa para elogiar al gobierno. Se mide por la libertad que conserva para criticarlo sin pedir permiso.

Y aquí está el punto que no debemos perder de vista: El derecho de las audiencias a recibir información no puede convertirse en el derecho del Estado a decidir qué información debe recibir la audiencia.

Las audiencias tienen el derecho a recibir información veraz, plural, y oportuna, especialmente en programación noticiosa. Y a que la publicidad o propaganda no sea presentada como información periodística. Son cosas radicalmente distintas.

LA CONSULTA SIRVIÓ

Hay otro dato que tampoco debe pasar inadvertido. La consulta pública produjo miles de observaciones y una fuerte reacción de los medios y de organizaciones vinculadas con la libertad de expresión, y como advertimos líneas arriba, con un alto porcentaje de rechazo. Y el proyecto cambió.

Eso demuestra que la participación pública todavía puede modificar una decisión regulatoria antes de que se convierta en norma.

También demuestra algo más: Cuando periodistas, medios, organizaciones y ciudadanos dejan de discutir por separado y ponen el foco en la libertad de expresión, el poder tiene que escuchar. Aunque sea un poco. Aunque sea tarde. Aunque sea a regañadientes.

NO ECHAR LAS CAMPANAS AL VUELO

Tampoco se trata de declarar una victoria definitiva con la publicación de las nuevas normas.

La libertad de expresión no queda protegida porque un funcionario diga que será respetada. Queda protegida cuando la autoridad carece de instrumentos para limitarla arbitrariamente y cuando, si intenta hacerlo, existen jueces, instituciones y ciudadanos capaces de frenarla.

Por eso habrá que leer con lupa el texto definitivo. Y habrá que observar la primera aplicación. Y la segunda. Y la tercera.

Porque los reglamentos se conocen verdaderamente cuando dejan de estar escritos y comienzan a utilizarse.

¿Y SI NO? ¿Y SI SÍ?

¿Y si no hay censura? Qué bueno.

Que los derechos de las audiencias funcionen. Que los medios rindan cuentas. Que haya pluralidad. Que exista derecho de réplica. Que los códigos de ética sirvan.

Que la audiencia tenga mecanismos eficaces para reclamar. Nadie debería oponerse a eso.

¿Y si sí? ¿Y si mañana alguien pretende utilizar los Lineamientos para presionar a un medio?

¿Y si una queja se convierte en pretexto para revisar una investigación? ¿Y si una recomendación termina convirtiéndose en presión?

¿Y si una autoridad comienza a interpretar qué es “veraz”, qué es “plural” y qué es editorialmente aceptable?

Entonces habrá que recordar algo elemental: La libertad de prensa no pertenece al gobierno, ni a los medios, ni a los periodistas: Pertenece a la sociedad.

Porque cuando el poder controla la información, la primera víctima no es el periodista. Es el ciudadano que deja de saber dónde termina la información y dónde comienza la versión oficial.

Por eso, sí: bienvenida la protección de las audiencias.

Pero con una condición irrenunciable:

QUE QUIEN PROTEJA A LA AUDIENCIA, NO TERMINE PROTEGIÉNDOLA DE LA VERDAD QUE AL PODER LE INCOMODA.

¿Vigilarán también a las Mañaneras del Pueblo? * ¿Y si, bajo el pretexto de proteger a las audiencias, terminamos necesitando proteger a la sociedad del poder que pretende protegerlas? * “La libertad de prensa es la piedra angular de todas las libertades”: James Madison

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

¿Y si no? ¿Y si finalmente no se aprueban los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum?

Y la pregunta obligada es la otra: ¿Y si sí?

Porque, en política, tan importante como saber qué puede ocurrir, es preguntarse qué consecuencias tendrá cada escenario.

Veamos.

La consulta pública abierta para recibir opiniones sobre el proyecto concluyó el próximo 21 de agosto. Y, a estas alturas, una parte importante del debate ya no está solamente en el contenido de los lineamientos, sino en la desconfianza que ha generado el procedimiento y, sobre todo, en el temor de que bajo la bandera de la protección de las audiencias termine abriéndose una puerta para una mayor intervención del poder público sobre los contenidos de los medios.

En el medio periodístico, académico y político se han multiplicado las voces críticas.

Y no es un asunto menor.

Porque cuando el Estado comienza a establecer reglas sobre la manera en que deben presentarse las noticias, las opiniones, los contenidos y las posibles rectificaciones, la discusión deja de ser exclusivamente administrativa.

Se convierte en una discusión constitucional.

La libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa no son concesiones del gobierno en turno. Son derechos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales que México comparte.

Por eso la pregunta de fondo no debería ser únicamente qué derechos tienen las audiencias.

También habría que preguntar: ¿Quién vigilará a quienes pretendan vigilar a los medios?

CONSULTA Y DESCONFIANZA

De acuerdo con las cifras publicadas por la autoridad reguladora en la plataforma habilitada para la consulta, diversos ciudadanos, organizaciones y concesionarios han presentado opiniones y observaciones al proyecto.

En un corte al 17 de agosto, la página señala que se han expresado 5,898 “comentarios de la ciudadanía”, y 5,652 “participantes únicos”

Y buena parte de las posiciones conocidas hasta ahora han expresado preocupación por los alcances de la propuesta.

El gobierno, por supuesto, sostiene una posición distinta.

Claudia Sheinbaum ha rechazado que los lineamientos tengan como propósito restringir la libertad de expresión o controlar los contenidos de los medios de comunicación. Ha defendido la protección de los derechos de las audiencias y la autorregulación como mecanismos preferentes.

Y la consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, Luisa María Alcalde, ha señalado que las disposiciones relativas a sanciones y multas todavía forman parte del proceso de consulta y podrían modificarse a partir de las observaciones recibidas.

Para ellas todo parece estar muy bien. Pero queda una pregunta elemental: ¿Usted les cree?

Porque la credibilidad de una política pública no se construye únicamente con lo que dice el gobierno que pretende hacer, sino con las garantías institucionales que existan para impedir que esa política pueda utilizarse para hacer algo distinto.

Y ahí está precisamente el problema.

EL FANTASMA DE LA CENSURA

Nadie debería oponerse a que las audiencias tengan derechos.

El problema comienza cuando el Estado se coloca como árbitro de los contenidos periodísticos.

Porque una cosa es garantizar derechos y otra muy distinta es determinar desde el poder qué debe entenderse por “información adecuada, equilibrada, veraz o suficientemente contextualizada”, como rezan los principios de la propuesta presidencial.

En el periodismo, además, existe un principio elemental: la mejor protección en favor del periodismo es más libertad de prensa, más pluralidad y más competencia; no menos libertad.

Y hay otro asunto que debe revisarse a fondo: Las Mañaneras del Pueblo.

Si los lineamientos pretenden establecer reglas generales para proteger los derechos de las audiencias, la discusión tendría que alcanzar también a los medios públicos. Y ahí aparece una paradoja monumental.

Las conferencias matutinas presidenciales se transmiten diariamente a través de plataformas y medios públicos, y tienen una enorme capacidad de difusión.

Entonces, si una audiencia considera que durante una transmisión se vulneraron sus derechos, ¿podría presentar una queja?

Y si la respuesta es sí, ¿quién resolvería? ¿La misma autoridad? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué procedimiento?

¿Y con qué garantías de independencia?

Porque sería verdaderamente peculiar que el gobierno diseñara reglas para vigilar a los medios privados, mientras sus propios mecanismos de comunicación quedaran fuera del escrutinio que pretende imponer a los demás.

Justo como ocurre ahora con la plataforma “Infodemia Mx” que dirige Genaro Villamil, al igual que la sección “Quién es quién en las mentiras”, de Elizabeth García Vilchis, además del segmento “Derecho de  Réplica” que conduce Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia de la República, quienes un día sí, otro también, se lanzan a denostar a los medios que no les son afines.

Si los derechos de las audiencias son universales, deben serlo para todos: Privados y públicos; oficialistas y críticos; Gobierno y oposición.

Ese debería ser el principio rector. Y aquí aparece otro elemento que ha alimentado la suspicacia.

LOS ABOGADOS DEL EJECUTIVO ESTÁN PARA CUSTODIAR LA LEGALIDAD, NO PARA ADMINISTRAR SEÑALAMIENTOS: ERNESTO VILLANUEVA

El pasado 12 de agosto, Luisa María Alcalde difundió desde su espacio “Derecho de Réplica” señalamientos relacionados con periodistas, comunicadores y medios de comunicación a los que vinculó con lo que denominó un “ecosistema digital” y una “red de amplificación” crítica del gobierno.

El hecho generó cuestionamientos desde distintos sectores. Y conviene hacer una precisión: una cosa es que un funcionario responda públicamente a una crítica y otra que desde una posición de poder se identifique o exhiba a periodistas y medios como integrantes de una supuesta red adversaria.

La diferencia no es menor. En una democracia, el gobierno tiene derecho a responder a sus críticos.

Pero los periodistas también tienen derecho a criticar al gobierno sin convertirse por ello en adversarios del Estado.

Porque cuando el poder comienza a etiquetar públicamente a quienes lo cuestionan, el problema deja de ser solamente político.

Puede convertirse en un asunto de libertad de expresión, seguridad y garantías para ejercer el periodismo.

El especialista en temas de Derecho a la Información, doctor Ernesto Villanueva, advierte que “si fue una lista o no, es semántica. La discusión jurídica no depende de cómo se llame. Hay un problema de competencia; hay un tratamiento de datos sensibles cuya base, finalidad y necesidad deben justificarse; y hay un posible efecto inhibitorio que debe examinarse a la luz de la Convención Americana.

“La aclaración -enfatizó- fue que no era una lista. La que jurídicamente importaba era otra: con qué facultad se hizo. Esa no llegó. Y la única disponible, el apoyo jurídico al Presidente, prueba lo contrario: los abogados del Ejecutivo están para custodiar la legalidad, no para administrar señalamientos; no cuentan con facultades legales parta exhibir a medios, periodistas y políticos”.

EL DOCTOR FRANKENSTEIN CONSTRUYÓ LA ‘CRIATURA’ DE LAS MAÑANERAS: JOSÉ CARREÑO

El periodista y académico José Carreño Carlón ha colocado una pieza clave en este rompecabezas.

En una reciente columna publicada en La Aurora de México, plantea, en esencia, una paradoja: la llamada “Mañanera” concentra simultáneamente funciones de comunicación gubernamental, enorme capacidad de difusión y una plataforma desde la cual el poder responde y confronta a sus críticos.

Carreño Carlón advierte que, bajo esa lógica, los nuevos lineamientos podrían terminar cerrando un círculo en el que el poder público no solamente comunica, sino que también pretende convertirse en referente para determinar cómo deben comportarse los demás emisores.

Y aquí aparece su provocadora imagen: el mismo “doctor Frankenstein” habría construido tanto la criatura de las Mañaneras como los lineamientos destinados a ordenar el ecosistema mediático.

Más allá de la contundencia de la alegoría, la pregunta que plantea es muy seria. Porque el Estado no puede ser simultáneamente jugador, árbitro y tribunal. No cuando está en juego la libertad de expresión.

¿Y SI NO?

Regresemos entonces al principio. ¿Y si no se aprueban los lineamientos?

El gobierno tendrá que explicar qué hará con el proyecto, qué modificaciones incorporará y, sobre todo, si las miles de observaciones recibidas fueron realmente tomadas en cuenta.

Porque una consulta pública que solamente sirve para legitimar una decisión previamente tomada, dejaría de ser un ejercicio democrático y se convertiría en una formalidad, exactamente como las consultas que en el sexenio anterior puso en marcha el señor de Macuspana y que dieron al traste con los avances que el país venía mostrando en buena parte de su desarrollo.

¿Y si sí? Pero vayamos al otro escenario. ¿Y si sí se aprueban? Entonces comenzará la verdadera discusión.

Habrá que revisar cada artículo; cada facultad; cada procedimiento; cada definición; cada posibilidad de sanción y cada mecanismo de supervisión.

Y, sobre todo, habrá que determinar si las nuevas reglas son compatibles con la Constitución Política, con la libertad de expresión y con el derecho de las audiencias a recibir información plural.

Porque el Estado tiene la obligación de proteger a las audiencias. Pero también tiene la obligación -mucho más delicada- de no convertirse en el protector que termina controlando aquello que dice proteger. Ese es el verdadero dilema.

No se trata de defender a los medios por ser medios. Se trata de defender un principio mucho más grande: que ningún gobierno tenga el poder de decidir qué puede decirse, cómo debe decirse y quién puede decirlo.

Porque hoy puede tratarse de un medio incómodo para el gobierno. Mañana puede ser otro.

Hoy puede ser un periodista crítico. Mañana puede ser cualquiera que decida ejercer su derecho a disentir.

Y por eso esta Mano Memoriosa vuelve al principio:

¿Y si no? Habrá que exigir que la consulta haya sido algo más que una escenografía.

¿Y si sí? Habrá que vigilar, artículo por artículo, que la protección de las audiencias no termine convirtiéndose en protección del poder frente a sus críticos.

Porque en una democracia las audiencias tienen derechos. Los medios tienen obligaciones. Los periodistas tienen responsabilidades. Pero el gobierno también tiene límites.

Y esos límites no los establece una conferencia mañanera, una consulta pública ni un funcionario. Los establece la Constitución.

Así que, al final, la pregunta no es solamente: ¿Y si no? Ni tampoco: ¿Y si sí?

La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿Y si, bajo el pretexto de proteger a las audiencias, terminamos necesitando proteger a la sociedad del poder que pretende protegerlas? Ahí está el verdadero debate.

REFERENCIAS

laaurorademexico.com; oem.com.mx; reforma.com.mx; Portal Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.Gob.Mx; RR.SS.

Fotografías: Portales de Internet; IA; Wikipedia.

El periodismo no necesita que el gobierno le diga cómo informar; necesita libertad e independencia para responder ante los hechos • Diversas voces desde la academia, política, iglesia y sociedad civil, se unen para frenar la iniciativa gubernamental del derecho de las audiencias • A pesar del paso del tiempo, el periodista Renato Leduc sintetizó en cinco reglas de oro el compromiso del periodismo con la verdad

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

“La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, es un derecho del ciudadano”: Walter Cronkite

En medio de la intensa controversia política que ha desatado la iniciativa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en materia del derecho de las audiencias, conviene regresar a un principio elemental del periodismo. No al de las leyes ni al de los reglamentos, sino a la búsqueda de la verdad, la lealtad hacia los ciudadanos y la disciplina de la verificación.

Renato Leduc, cirenaico poeta y periodista, sintetizó ese compromiso en cinco reglas de oro que, pese al paso del tiempo, conservan una vigencia incuestionable: 1) No ser pendejo; 2) darse cuenta de las cosas; 3) analizar de dónde vienen los sucesos y dimensionar su verdadero peso; 4) escribir con absoluta objetividad y sinceridad; y 5) llamar a las cosas por su nombre. “Si un tipo es un auténtico hijo de la chingada, hay que decirlo como tal”, afirmaba sin rodeos.

Más allá de la florida expresión, el fondo del mensaje es contundente: el periodismo no está para complacer al poder, a los intereses económicos o a las mayorías, sino para buscar la verdad y nombrarla con claridad.

La iniciativa presidencial sostiene que busca “fortalecer los derechos de las audiencias, garantizar una información más transparente y ofrecer mecanismos para que los ciudadanos puedan exigir el cumplimiento de estándares éticos en los medios de comunicación”.

Obliga además a “los medios de comunicación a transparentar sus contenidos, contar con un código de ética y designar personas defensoras de las audiencias”, sin imponer sanciones directas sobre lo que es verdad o falsedad por parte de la información que emite el Estado.

Sus críticos, en cambio, advierten que cualquier disposición que permita al Estado influir, directa o indirectamente, en los contenidos informativos representa un riesgo para la libertad editorial y abre la puerta a la censura o, cuando menos, a la autocensura.

En una democracia, el debate sobre estos temas no debe reducirse a una confrontación entre gobierno y medios de comunicación. El verdadero punto de discusión es cómo proteger simultáneamente dos derechos fundamentales: el derecho de las audiencias a recibir información veraz y el derecho de los periodistas y los medios a ejercer su labor con plena libertad e independencia.

Las palabras de Renato Leduc recuerdan que la mejor defensa del periodismo no está en una ley, sino en la integridad de quienes lo ejercen. Un periodista no necesita que el gobierno le diga cómo informar; necesita libertad para investigar, independencia para publicar y responsabilidad para responder únicamente ante los hechos.

SHEINBAUM PRETENDE ERIGIRSE EN AUDIENCIA PARA PROTEGERSE A SÍ MISMA: JOSÉ CARREÑO

De entre las voces que están inmersas en el debate de los Lineamientos para Proteger los Derechos de las Audiencias, destaca la del académico y periodista José Carreño Carlón, quien asegura que “Claudia Sheinbaum pretende erigirse en audiencia para protegerse a sí misma, a pesar de que en el proceso de comunicación es la principal emisora”.

Recordó que es la propia Presidencia de la República la que “monopoliza desde sus conferencias matutinas junto con los medios públicos, que se convirtieron en partidistas, aunque pertenecen al Estado, la que define la agenda pública”.

En la mesa Conversaciones para Decidir con Libertad de LA AURORA, periódico digital independiente, que conducen los periodistas Pablo Hiriart y Julián Andrade, Carreño destacó que “por esa razón los lineamientos son una iniciativa de control de la comunicación, pues no es la audiencia el principal definidor del proceso de comunicación, es la propia Mandataria”.

Más adelante, Carreño Carlón advirtió que los “lineamientos tienen como propósito imponer normas restrictivas del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión. Esta propuesta, añadió, obedece a un régimen más que autoritario, totalitario, porque busca silenciar a los medios a través de la mano dura”.

Comentó que a lo largo de los años ha habido muchos intentos por regular a los medios de comunicación, pero “no había habido una embestida tan clara contra las libertades de expresión y de los derechos informativos”.

Recordó que hace unos meses la Presidenta Sheinbaum se quejó de la publicación de un periodista y desde entonces advirtió que se preparaba un reglamento de audiencias para que, según la misma Mandataria, los periodistas “no hablen sin comprobar”.

Sobre sus señalamientos, en el sentido de que lo que se pretende es la autorregulación, destaca que el peor camino es que sea el gobierno el que interprete las normas y al mismo tiempo las imponga. “Eso ya no es autorregulación”, resaltó.

Cuestionado sobre si le alcanzará al gobierno para golpear las libertades, el especialista señaló que “hay la impresión en los medios de comunicación de que sacar adelante estos lineamientos es una decisión tomada por quienes controlan el poder político en México”.

Destacó que someter esa propuesta a consulta a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene el claro propósito de darles legitimidad.

“Abre un cálculo quizá optimista, pero también realista del poder político en el sentido de que también hay agravios por parte de la gran industria de la comunicación audiovisual. Es muy antiguo el agravio”, comentó.

Finalmente dijo que la “autorregulación se debilita cuando es el propio Estado, a través de la CRT, el regulador, pues será un organismo dependiente del gobierno el que tenga el monopolio de las decisiones, incluyendo las que tienen que ver con los compromisos de autorregulación de los medios”.

AMENAZA PARA EL PERIODISMO LA CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO AUTOCRÁTICO: CAMPOS ORTIZ

Hace unos días esta MANO REVELADORA acudió a la presentación del libro SOY PERIODISTA, edición que reúne 23 ensayos de comunicadores que plasmaron su preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional.

Con el patrocinio de la Fundación de Comunicadores y Periodistas Latinoamericanos, la obra editorial reunió los trabajos de los profesionales de la información, que a decir del comunicólogo Octavio Campos Ortiz, coautor del volumen, “visualizan un futuro poco halagüeño para una actividad de gran responsabilidad social: mantener enterados a todos los ciudadanos de la actuación de la administración pública y denunciar los abusos del poder”.

“Informar, puntualizó el especialista, no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también una tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos del poder fáctico”.

SOY PERIODISTA es una lectura obligada en estos tiempos en donde permea la tentación autoritaria por acotar las libertades. Los escritos de los 23 periodistas representan un baluarte en la defensa de la democracia y del derecho a la libertad de expresión e información, valores que están en peligro al interior de la iniciativa gubernamental promovida desde Palacio Nacional.

“La peor amenaza para el ejercicio periodístico es la consolidación de un gobierno autocrático”, sentenció Campos.

NINGUNA AUTORIDAD PUEDE IMPEDIR QUE SE EXPRESEN IDEAS O SE DIFUNDA INFORMACIÓN: EPISCOPADO

El gobierno no tiene por qué determinar quién dice la verdad ni definir qué juicios deben de ser aceptados y cuáles rechazados, reclama la Arquidiócesis Primada de México al integrarse al debate público y dejar claro su rechazo a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que impulsa el gobierno federal.

En su editorial en el semanario Desde la Fe, la Iglesia puntualiza que “ninguna autoridad administrativa puede determinar la veracidad, legitimidad o aceptabilidad de las opiniones”.

Asimismo, la Arquidiócesis planteó que lo que se debería de hacer es ampliar las fuentes de información de los ciudadanos y no intentar afectar la autonomía.

“La libertad de expresión no sólo exige impedir la censura; exige también proteger la capacidad de cada persona para buscar la verdad y formar un juicio libre, sin convertirse en objeto de manipulación o de intereses económicos, ideológicos o tecnológicos”, aseveró.

La iglesia destaca que la comunicación debe contribuir a formar ciudadanos libres, que sean capaces de diferenciar la verdad y que puedan dialogar con respeto, incluso cuando haya diferencias de por medio.

“La diversidad de opiniones sobre un mismo hecho, siempre dentro del respeto a la verdad y los derechos humanos, enriquece la vida democrática y exige de cada ciudadano la responsabilidad de informarse, discernir y formar un juicio propio”, añade.

A lo largo de su editorial, la Arquidiócesis insiste en este punto, ya que señala que “sólo una comunicación fundada en la verdad puede fortalecer la libertad y construir una sociedad auténticamente democrática”.

Sostiene que es importante establecer un compromiso ético compartido por autoridades, medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanos con este propósito.

“El debate no consiste únicamente en definir hasta dónde puede llegar la regulación del Estado, sino en asumir la responsabilidad ética que acompaña toda tarea de comunicar”.

La Arquidiócesis deja en claro que no puede existir censura previa al ejercicio de la libertad de expresión.

“Desde esta perspectiva, ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas o difunda información, pues resulta incompatible con la libertad que corresponde a toda persona”, afirmó.

NECESITAMOS EJERCER NUESTRO DERECHO A ESCUCHAR TODAS LAS VOCES: PODER CIUDADANO MX

En un manifiesto, la organización PODER CIUDADANO MX, integrado por miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil, ha expresado desde su plataforma, la posición que asumen frente al debate del derecho de las audiencias. Aquí el texto:

Una democracia vive a partir de la pluralidad de voces, la libertad de expresión y el derecho de las y los ciudadanos a escucharlas.

No necesitamos tutores, necesitamos ejercer nuestro derecho a escuchar todas las voces.

Sobre los lineamientos de derechos de las audiencias, exigimos una consulta efectiva, no una simulación. Que se amplíe el plazo.

Exigimos un debate público con audiencias, periodistas, medios de comunicación, medios comunitarios e indígenas, medios independientes, academia y organizaciones civiles.

Que cada una de las opiniones se responda de manera pública y que se explique qué se recogió y qué se desechó.

Ninguna autoridad debe calificar la veracidad de los contenidos, tampoco desde las Mañaneras, y mucho menos sancionar por ello.

Exigimos transparencia en la publicidad oficial; acceso pleno a la información pública, sin reservas injustificadas; protección real a las y los periodistas.

Defendemos nuestro derecho a escuchar la diversidad de voces, a opinar y a expresar nuestras ideas y convicciones sin permiso de nadie.

REFERENCIAS

Fotos Wikipedia y portales informativos. Con información de: “Soy un hombre de pluma y me llamo Renato”. Artes e Historia de México, 1a edición. 189 pp. México, 2013; laaurorademexico.com; elpais.com, y RRSS. SOY PERIODISTA. La verdad no necesita permiso. Lebrí Editorial y Fundación de Comunicadores y Periodistas Latinoamericanos A.C. con prólogo del periodista Víctor Sánchez Baños. México 2026, 120 pp.