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NACIONAL

Una placa no convierte inmueble en sede diplomática

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El consulado existió, pero dejó de operar en 2018. Desde entonces, durante este lapso, no se realizó ahí una sola gestión consular de Nicaragua

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

La versión difundida sobre la suspensión parcial de un inmueble que se hacía pasar como “Consulado de Nicaragua”, en la alcaldía Álvaro Obregón, omite un elemento fundamental: El inmueble dejó de operar como consulado desde 2018 y, desde entonces, no se ha realizado en ese lugar alguna gestión, trámite o actividad consular del gobierno de Nicaragua.

El representante del propietario del inmueble confirmó que en 2008 sí funcionó ahí el Consulado de Nicaragua tras el nombramiento de Pablo Baltodano Monroy, quien fue designado cónsul de aquel país hasta el 2012. Posteriormente llegó al cargo María Eugenia Baltodano, quien ocupó el inmueble hasta el 2018.

Aunque existió un contrato relacionado con el inmueble, que se mantuvo vigente hasta 2022, esto no significó que el lugar continuara funcionando como sede consular ni que ahí se realizaran actividades de la representación nicaragüense.

Durante los años posteriores, ningún funcionario, ciudadano o usuario acudió al inmueble para realizar trámites consulares de Nicaragua, ni se llevaron a cabo ahí las funciones propias de una representación diplomática.

Entonces, ¿por qué seguía existiendo una placa que identificaba al lugar como consulado?

La explicación es mucho más sencilla, aclara el abogado del dueño: la placa pertenecía a la representación de Nicaragua y no podía ser retirada unilateralmente por el propietario del inmueble. Su retiro correspondía a los propios funcionarios nicaragüenses.

De hecho, subraya que hace aproximadamente tres semanas funcionarios de Nicaragua acudieron al inmueble y retiraron finalmente la placa, poniendo fin a una identificación que correspondía a una actividad que había dejado de existir desde 2018.

El propietario también aclaró que la alcaldía Álvaro Obregón realizó un operativo e intentó suspender las actividades que actualmente se desarrollan en el inmueble, bajo la premisa de que se trataba de una sede consular.

La medida fue impugnada mediante una queja y ya existe una resolución que permite solicitar el retiro de los sellos colocados por la autoridad, por lo que el procedimiento administrativo continúa por las vías correspondientes.

El propietario considera que presentar el inmueble actualmente como un supuesto “Consulado de Nicaragua” distorsiona la realidad y puede generar una percepción equivocada ante la opinión pública.

En pocas palabras: el consulado existió, pero dejó de operar en 2018. Desde entonces, durante este lapso, no se realizó ahí una sola gestión consular de Nicaragua.

Lo que permaneció durante años fue únicamente una placa colocada cuando el inmueble sí funcionaba como representación consular.

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NACIONAL

El crecimiento económico de Yucatán nos abre oportunidades: Jorge Nacer Gobera

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Durante una reunión entre el presidente del grupo educativo y el gobernador Joaquín Díaz Mena, Nacer Global evalúa inversiones en Yucatán

 

ARMANDO GARCÍA

 

Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, y Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global, se reunieron en las instalaciones de El Economista, ubicadas al sur de la capital del país, para evaluar planes de inversión adicionales en el estado yucateco.

Hoy en día Nacer Global, el grupo de universidades privadas más grande de México, opera el Instituto Patria en Mérida, con 6 hectáreas de superficie de terreno y 6 mil metros cuadrados de construcción.

Tiene también presencia a través de Quick Learning, el líder en enseñanza de inglés a escala nacional.

Para septiembre de 2027 se inaugurará la ampliación de las instalaciones del Instituto Patria, que incluirá nuevas aulas, laboratorios e instalaciones deportivas.

“El crecimiento económico de Yucatán abre oportunidades para nosotros. Como grupo especializado en educación y capacitación, podemos y queremos contribuir al desarrollo de Yucatán”, expresa Jorge Nacer.

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NACIONAL

Nuevo León merece ser tratado con responsabilidad y sin distinciones partidistas: Waldo Fernández

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El morenista se desmarca de Movimiento Ciudadano y es uno de los perfiles con mayor aceptación entre ciudadanos, empresarios y comités políticos

 

ILDEFONSO GARCÍA

 

Mientras Morena define a su candidato para la gubernatura de Nuevo León en 2027, Waldo Fernández busca proyectarse como un factor de unidad dentro del movimiento, al tiempo que mantiene una confrontación política con el gobierno de Samuel García.

Ante simpatizantes, el senador con licencia ha reconocido a otros aspirantes y liderazgos de Morena, entre ellos Clara Luz Flores, Andrés Mijes, Judith Díaz, Tatiana Clouthier y Felipe de Jesús Cantú.

Llama a cerrar filas y respetar el resultado del proceso interno de Morena, PVEM y PT, coalición que busca competir por la gubernatura el próximo año.

El legislador con licencia sostiene que la contienda interna permanece cerrada entre cinco aspirantes y que la candidatura deberá definirse mediante las encuestas y los mecanismos establecidos por la dirigencia nacional.

Mientras busca conciliar las distintas corrientes del movimiento, Fernández ha sido respaldado por integrantes del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), empresarios, ciudadanos y comités políticos.

 

SAMUEL GARCÍA NO CUMPLIÓ A NUEVO LEÓN

Waldo Fernández, durante su trabajo en territorio, ha incrementado sus críticas contra el gobernador Samuel García y su administración, particularmente por los problemas que enfrenta Nuevo León en materia de movilidad, finanzas, infraestructura y contaminación.

Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con el transporte público. Ha señalado los retrasos en proyectos como las Líneas 4 y 6 del Metro y sostiene que la crisis de movilidad continúa afectando a miles de ciudadanos.

Fernández también cuestiona el manejo de las finanzas estatales. En las últimas semanas ha señalado presuntos retrasos en pagos a organizaciones civiles y otros sectores, además de advertir sobre un supuesto desorden financiero en la administración estatal.

El también empresario ha reclamado al gobierno estatal por la distribución de recursos y la atención de problemas que, afirma, siguen sin resolverse, pese a los ingresos y capacidades económicas de Nuevo León.

 

SE DESMARCA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

Con estas críticas, Fernández intenta marcar distancia del proyecto de Movimiento Ciudadano, partido que actualmente gobierna el estado, y al mismo tiempo busca evitar una ruptura dentro de Morena.

El aspirante reconoció públicamente a sus contendientes y llamó a respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que calificó como presiones provenientes del extranjero.

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NACIONAL

Busca México extraditar a Emilio Valero Pérez desde EU

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El asunto tiene su origen en un conflicto relacionado con una destacada firma mexicana especializada, entre otras materias, en litigios constitucionales, civiles y mercantiles.

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

La cooperación judicial entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más intensos. Mientras Washington mantiene la presión sobre el gobierno mexicano para capturar y entregar a personas requeridas por su justicia, México ha respondido con tres operaciones extraordinarias que, desde febrero de 2025, han enviado a territorio estadounidense a 92 personas vinculadas con organizaciones criminales.

Sin embargo, la cooperación también tiene pendientes en sentido contrario.

Uno de ellos sería el caso de Emilio Valero Pérez Vargas, abogado mexicano señalado en un proceso penal por el delito de abuso de confianza y quien, de acuerdo con información relacionada con el caso, habría abandonado México, pese a tener restricciones judiciales para hacerlo.

El asunto tiene su origen en un conflicto relacionado con una destacada firma mexicana especializada, entre otras materias, en litigios constitucionales, civiles y mercantiles.

De acuerdo con la información del caso, Valero Pérez Vargas habría cobrado una resolución judicial en representación de la firma litigante, que a su vez representaba a un consorcio español de la industria de la construcción. El monto involucrado ascendería a aproximadamente 2.5 millones de dólares.

A partir de estos hechos se inició un procedimiento penal por presunto abuso de confianza.

 

MEDIDAS CAUTELARES Y LA SALIDA DE MÉXICO

Antes de que se librara la orden de aprehensión referida en el caso, un juez de control habría impuesto distintas medidas cautelares a Valero Pérez Vargas.

Entre ellas se encontraban la obligación de presentarse quincenalmente ante la autoridad judicial, exhibir una garantía económica, el aseguramiento de un inmueble ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México y la entrega de su pasaporte y residencia permanente o “Green Card” estadounidense.

La última medida tenía un propósito particularmente claro: Impedir que abandonara territorio nacional mientras continuaba el procedimiento.

Según la información proporcionada sobre el expediente, Valero Pérez Vargas habría incumplido posteriormente esas medidas y salido del país. Actualmente sería considerado prófugo de la justicia mexicana y existiría una orden de aprehensión en su contra, además de una solicitud de localización internacional.

Registros judiciales públicos consultados permiten confirmar que Emilio Valero Pérez Vargas ha promovido recursos en materia penal ante tribunales federales mexicanos, aunque la documentación pública localizada hasta ahora no permite reconstruir por sí sola todos los señalamientos del procedimiento actualmente referido.

La información del caso sostiene además que el abogado habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos, circunstancia que estaría siendo investigada por autoridades de ese país.

 

NO OLVIDAR QUE 92 PERSONAS FUERON ENVIADAS DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS

El 27 de febrero de 2025, México trasladó a Estados Unidos a 29 personas requeridas por autoridades de ese país. Entre ellas estaban Rafael Caro Quintero y los exlíderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

En agosto de 2025, el gobierno mexicano realizó una segunda operación y entregó a otras 26 personas. Las autoridades mexicanas señalaron entonces que los trasladados tenían órdenes de extradición y acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio, tráfico de personas, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El 20 de enero de 2026 ocurrió un tercer traslado: Otras 37 personas fueron enviadas a Estados Unidos a solicitud del Departamento de Justicia.

Con esa operación, el gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que 92 criminales de alto impacto habían sido enviados a territorio estadounidense durante su administración.

No todos estos procedimientos han sido extradiciones convencionales. Las tres operaciones masivas fueron ejecutadas utilizando mecanismos vinculados con la Ley de Seguridad Nacional y presentadas por el gobierno mexicano como decisiones soberanas dentro de la cooperación bilateral.

La magnitud de las entregas muestra hasta dónde ha llegado México para responder a los requerimientos estadounidenses.

Si un ciudadano mexicano requerido por la justicia de su país se encuentra efectivamente en territorio estadounidense después de haber violado las medidas que le impedían abandonar México, ¿qué tan rápido puede funcionar la cooperación cuando la solicitud viaja de sur a norte?

Washington ha encontrado en México un aliado dispuesto a realizar operaciones extraordinarias para colocar a decenas de personas requeridas directamente frente a tribunales estadounidenses.

Ahora queda por determinar si casos como el de Emilio Valero Pérez Vargas recibirán del otro lado de la frontera una respuesta con la misma eficacia.

 

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