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EL ÁGORA

Prensa y democracia

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Preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional * Informar no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos de poder fáctico

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La semana pasada se presentó el libro “Soy periodista”, compilación de 23 ensayos de sendos informadores que plasmaron su preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional.

Bajo el patrocinio de la Fundación de Comunicadores y Periodistas Latinoamericanos, la obra editorial reúne los trabajos de profesionales de la información que visualizan un futuro poco halagüeño para una actividad de gran responsabilidad social: mantener enterados a todos los ciudadanos de la actuación de la administración pública y denunciar los abusos del poder.

Informar no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos de poder fáctico.

Los coautores externaron su preocupación por el devenir de la democracia, el acoso a la libertad de expresión, el detrimento del derecho a la información y el imperativo de profesionalizar y colegiar el periodismo.

Justificado el razonamiento sobre la formación de las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores que enfrentarán un amenazante e incierto panorama laboral y el acecho gubernamental que pretende coartar derechos fundamentales, ejercer el control de los medios, fomentar la autocensura y ser omiso ante el asesinato de comunicadores. No en vano México está catalogado como el país -sin conflictos bélicos- más peligroso para ejercer el periodismo.

Las redes sociales también representan un obstáculo para el ejercicio periodístico y la consecución de informar con veracidad.

El Internet convirtió las benditas redes sociales en frívola herramienta para crear la infodemia y la post verdad.

Las nuevas generaciones de comunicadores deben alejarse del canto de las sirenas cibernéticas para informar con ética y responsabilidad social.

Si bien es cierto que no existe la plena objetividad, la función reporteril se basa en la búsqueda de la verdad, sin posturas ideológicas o pretender quedar bien con los grupos de poder, que se creen poseedores de esa verdad.

 

VATICINIO DE JACOBO ZABLUDOVSKY

Hace algunos años, Jacobo Zabludovsky dijo que “deseaba a las nuevas generaciones de periodistas tener más derechos y más respetados que los que él tuvo, que fueron mucho mejor que los que disfrutaron sus antecesores en el ejercicio del periodismo.

“La lucha democrática -agregó- no se acaba y la mejor forma de defender la libertad del periodista es ejercer esa libertad… Más vale el abuso de la libertad de opinar que el más leve ejercicio de una restricción”.

 

LECTURA OBLIGADA

Es una lectura obligada el libro “Soy Periodista”, con un imperdible prólogo de Víctor Sánchez Baños.

Los escritos de los 23 periodistas representan un baluarte de la defensa de la democracia y del derecho a la libertad de expresión y a la información.

La peor amenaza para el ejercicio periodístico es la consolidación de un gobierno autocrático.

 

APOSTILLA

Funcionarios y políticos ligados al actual Gobierno de Baja California trabajan ya en favor de la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien se encuentra en campaña por Morena, denuncia el exalcalde morenista de Tecate, Darío Benítez.

Dijo que gente como Netza Jáuregui, hombre de mayor confianza de la mandataria estatal, encabeza la lista.

Jáuregui fue secretario del ayuntamiento de Mexicali, luego fungió como secretario de Bienestar de la entidad en la actual administración.

Otro de ese equipo es Jaime Cantón, diputado local por la diversidad, exsecretario particular de la gobernadora, así como de la diputada Alejandra Ang Hernández, quien fuera secretaria de Bienestar en la administración municipal de Mexicali.

Sí, aquella que intentó cruzar la frontera con 40 mil dólares en efectivo sin declararlos, simplemente “porque por error se le olvidó guardarlos en casa”.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, cuyos hijos e hija presuntamente han hecho millonarios negocios a través de prestanombres, cuyas evidencias han publicado medios locales sin que suceda algo.

La edil también realiza ya trabajo político en favor de Julieta Ramírez, afirma el exedil de Tecate.

Darío Benítez destaca que en este grupo también participa el exalcalde priísta mexicalense, Francisco Pérez Tejada, encargado de recaudar fondos en la anterior campaña política para gobernador y actualmente hace lo propio para Julieta Ramírez.

Esto es algo que ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el Partido Acción Nacional (PAN) hicieron en sus años de gobernar la entidad, tampoco Jaime Bonilla como mandatario morenista llegó a esos extremos.

El exgobernador con su nuevo partido, el Partido del Trabajo (PT), dijo que no aceptará una alianza política con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como sucedió en las dos elecciones pasadas, y que en este caso llevará candidata propia en la figura de la también cuestionada expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero.

Tampoco admitirá si por género la candidatura recae en un hombre, a quien apoya Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, el alcalde de Tijuana con licencia, Ismael Burgueño.

EL ÁGORA

A un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli

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  • Sin Estado de Derecho no hay democracia
  • No olvidar que en los tiempos del priato, el titular de la Secretaría de Gobernación se convirtió en el todopoderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

México presentó un nuevo retroceso en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project al ubicarse en el lugar 125 de 143 naciones y ocupar el puesto 28 de 32 países de Latinoamérica y el Caribe.

El estudio mide el grado de libertades ciudadanas en el espacio cívico, tales como la libertad de opinión y de expresión, de reunión y asociación, participación ciudadana e influencia del Poder Ejecutivo sobre el sistema de justicia civil y penal, el debilitamiento institucional, el control y equilibrio sobre el poder gubernamental y la rendición de cuentas.

La métrica internacional nos pone en el sitito 139 de 143 en materia de justicia penal, el 135 en corrupción y justicia civil, así como el 132 en orden y seguridad.

El reto, según la organización mundial, es lograr el fortalecimiento institucional, la transparencia gubernamental y avanzar en la protección de derechos fundamentales.

Es evidente el debilitamiento del Estado de Derecho.

A ello ha contribuido el propio gobierno al acabar con los contrapesos constitucionales y la división de Poderes por tener un Congreso abyecto, sumisos e ignorantes jueces que sólo cumplen instrucciones y optar por la opacidad.

La estructura de poder formal dinamitó la democracia y su ciudadanización al cooptar al árbitro electoral con corruptos, pero leales consejeros, además de claudicar en la función primigenia de dar seguridad a los gobernados y dejar parte de la gobernanza en manos del crimen organizado.

Aunque la narrativa oficial se esfuerza por imponer, con argumentos falaces, una realidad cada vez más difícil de sostener.

Se privilegió el autoritarismo en la figura del Ejecutivo sobre cualquier consenso, aun cuando se criticaba el presidencialismo priísta.

Es curioso que ahora se quieran deslindar de la expresidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, a quien el propio sistema la hizo omnipotente y omnímoda para anular, en una institución colegiada, a sus pares para que pudiera tomar decisiones cupulares, con el riesgo, ahora evidente, de cometer actos en beneficio propio o de prevaricato.

Es evidente la corrupción de gente afín a la 4T, como ella, a pesar de los vanos intentos por deslindarse de su empatía política y partidista para hacerla aparecer como producto del pasado.

Bajo esa lógica, muchos de los gobernadores y legisladores con antecedentes priístas debieran ser llevados a la picota y no defenderlos por ser ahora militantes del régimen.

La crisis en el órgano encargado de organizar con imparcialidad los comicios en todo el país no sólo vulnera el Estado de Derecho, sino que destruye el sistema democrático y se pierde la credibilidad y confianza en la efectividad y respeto al sufragio ciudadano.

Eso sólo beneficia al presidencialismo que cada vez cobra más fuerza y se abroga el poder de decidir por los ciudadanos quién debe gobernarlos.

Hay que recordar que, durante el priato, era el propio gobierno el que organizaba las votaciones e imponía los resultados más allá de la duda razonable.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) se convirtió en el todopoderoso que sancionaba la jornada electoral y el propio Congreso, erigido en colegio electoral, se autocalificaba y protestaban como legisladores.

Parece que estamos a un tris de regresar a la Comisión Federal Electoral de Bucareli… muchas señales así lo indican.

Como bien marca el estudio del WJP, el reto para México es enorme.

Si no se acota el poder del Ejecutivo, se regresa a la verdadera división de Poderes, se fortalecen las instituciones de justicia penal y civil, se respetan los derechos humanos y se administra con transparencia, se impondrá el autoritarismo como antesala de un régimen dictatorial que compartirá la gobernanza con la delincuencia.

Ello cancelará la certeza jurídica y vulnerará las garantías individuales y sociales, lo que afectará no sólo a la democracia como sistema de vida, sino que retrasará el verdadero desarrollo nacional.

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Ya es un año sin operaciones del Grupo CUDEC

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  • En perjuicio de 7 mil estudiantes de todos los niveles educativos, del personal académico y de proveedores
  • En México diariamente mueren 22 mujeres, mayores de 20 años, de cáncer de mama por diagnósticos en etapas avanzadas o tardías, cuando es nula la posibilidad de recuperación

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

A un año de que la vida académica y administrativa del Grupo CUDEC -institución educativa privada de gran prestigio en la zona poniente del Estado de México- viera vulnerados sus sistemas de acceso a expedientes y controles cotidianos de la administración, en perjuicio de 7 mil estudiantes de todos los niveles educativos, del personal académico y de proveedores, lo que afectó fuertemente su operatividad y el resguardo de datos, las investigaciones de las autoridades de procuración de justicia presumen que los delitos de robo de cajas fuertes, documentación fiscal, papelería oficial, facturas y dinero en efectivo se efectuaron por y en complicidad  de dos de las directivas más reconocidas por la comunidad escolar.

Después de fallidos intentos por querer asumir completamente el control del centro educativo mediante el desmantelamiento de los sistemas que daban coherencia y solidez a la vida institucional, la entonces rectora Angélica Patricia Olvera García, junto con su hija Angélica Malpica Olvera, ingresaron por la fuerza a las instalaciones escolares acompañadas de nueve personas que sustrajeron ilegalmente, sin autorización del Consejo de Administración del grupo académico -que cuenta con matrícula de primaria hasta Universidad-, documentación oficial, actas constitutivas de empresas, equipos de cómputo, cajas fuertes con documentos bancarios y fiscales, dispositivos de acceso a cuentas bancarias, contratos, facturas de vehículos y dinero en efectivo, hechos ilícitos que también vulneraron la integridad física del personal y la comunidad académica por lo violento del ingreso.

La denuncia penal aportó los elementos suficientes para que la representación social determinara la comisión de conductas criminales como robo de documentación oficial, de facturas de autos, cajas fuertes y comprobantes fiscales en perjuicio de 7 mil alumnos y la comunidad académica y administrativa.

Además, Alfonso Malpica Olvera, hijo de la presunta responsable, detectó -con antelación a estos hechos violentos- diversas irregularidades financieras y administrativas que encubrieron ambas directivas; conductas que atentaban contra la ética de la institución, lo que acreditó ante las autoridades en su carácter de presidente del Consejo Administrativo de Grupo CUDEC y dio inicio a la recuperación de los sistemas digitales académicos y financieros de la institución, para regularizar expedientes en procesos a favor de los alumnos y del personal académico.

De forma paralela, durante diciembre, la contadora Juana Aideé Reséndiz Cruz, gente de confianza de la rectora, realizó transferencias por quince millones de pesos de las cuentas de los colegios de Grupo CUDEC a la cuenta personal de Angélica Patricia Olvera García. La denuncia de este desvío y la aportación de las pruebas se efectuó ante la FGJEM y se espera que en las próximas semanas la Fiscalía mexiquense obtenga de un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.

Como argucia legal, madre e hija se otorgaron mutuamente el perdón por estos hechos, estrategia que buscó blindarse entre ellas y proteger al proveedor del servicio en la web, quien cerró los accesos en favor de ellas.

Alfonso Malpica también detectó el bloqueo de la plataforma académica de la Universidad, que afectó trámites de titulación de estudiantes de posgrado y retrasó su graduación hasta el presente año, en el que se subsanaron los accesos a expedientes, e incluso se certificó al Grupo en sus Sistemas de Gestión de Calidad, tanto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como de las áreas administrativas, para recuperar el prestigio de los fundadores de la escuela, como el de su padre, ingeniero Alfonso B. Malpica Cárdenas, durante más de medio siglo.

En este diferendo familiar, se percibe que la figura más cauta y callada, la hija de la ex rectora, es quien tuvo la capacidad operativa y logística de instrumentar los despojos y otros delitos, ya que apoya a su madre en mantener activas las sesiones de “constelaciones familiares” que implementaron durante varios años en la escuela, como un segundo negocio, y que ahora esos ejercicios seudoterapéuticos los venden en las redes sociales como equipo de madre e hija.

 

APOSTILLA

En México diariamente mueren 22 mujeres, mayores de 20 años, de cáncer de mama por diagnósticos en etapas avanzadas o tardías, cuando es nula la posibilidad de recuperación.

Por ello, en el mes del cáncer de mama, es importante impulsar la cultura de la prevención y la utilización de biopsias menos invasoras y de corta duración, lo que inhibe la reticencia de la población femenina a esos estudios, los cuales consideran traumáticos, riesgosos, dolorosos, de intervención quirúrgica prolongada y con anestesia.

La tecnología ha cambiado la forma de estudiar las lesiones mamarias. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama -19 de octubre-, una de las técnicas que cobra relevancia es la biopsia mamaria asistida al vacío.

Este procedimiento permite obtener múltiples muestras de tejido mediante una técnica mínimamente invasiva y ofrece mayores comodidades para la paciente, ya que se realiza con anestesia local y de manera ambulatoria.

Su finalidad es obtener tejido de una lesión sospechosa para determinar si se trata de cáncer o de una lesión benigna.

Becton Dickinson (BD), compañía global de tecnología médica, cuenta con un sistema de biopsia mamaria asistida al vacío para apoyar la obtención del tejido que necesita el equipo médico y avanzar hacia un diagnóstico preciso.

En México, durante 2025 se registraron 8,125 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama, según cifras preliminares del INEGI.

El dato recuerda la importancia de contar con herramientas que acompañen con precisión esta etapa del diagnóstico.

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EL ÁGORA

La política económica se hace por decreto

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  • Freno al avance económico porque se estableció una errónea estrategia salarial que no dio beneficios concretos a la clase trabajadora y sí colapsó la actividad empresarial
  • No bastan los “jugosos” aumentos al salario mínimo porque no los saca de la pobreza laboral, aunque las cifras oficiales tengan otros datos

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Llevamos ocho años en los que la economía, las estadísticas, el crecimiento y el desarrollo se manejan por decreto.

Basta con que, desde las oficinas de Palacio Nacional, las dependencias hacendarias, del Banco Central y hasta del INEGI digan que vamos requetebién para que sea casi ley. Parece que regresamos a los tiempos del echeverriato cuando se decía, en 1973, “la economía se maneja desde Los Pinos”, muy a pesar del entonces titular de Hacienda, Hugo B. Margain.

Ante los hechos públicos, regresamos al populismo setentero, con las consecuencias que ello implica.

La política económica actual, sin planificación ni indicadores financieros sustentables, se hace desde el escritorio o por decreto, pero la terca realidad se impone.

Difícilmente nuestro país volverá a estar en el top ten de las economías del mundo, donde llegamos a estar en octavo lugar.

Las organizaciones internacionales especializadas vaticinan que al término del sexenio no alcanzaremos un crecimiento mayor al 2.2 por ciento, y este año será del 1.5 por ciento. Uno de los problemas que ha frenado el avance económico de nuestro país es que se estableció una errónea estrategia salarial que no dio beneficios concretos a la clase trabajadora y sí colapsó la actividad empresarial.

Durante dos administraciones se han otorgado incrementos extraordinarios al salario mínimo, sin ningún respaldo en la productividad empresarial ni en el desarrollo económico; el criterio fue aumentar los sueldos por encima de la inflación, la cual no ha sido controlada.

Por ello, acertadamente, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó una pausa a la política “antiinflacionaria”, la cual ha provocado incrementos en los costos laborales, el cierre de empresas y la desaceleración del empleo formal. Hay que recordar que la informalidad soporta casi el 60 por ciento de nuestra economía.

La iniciativa privada busca revertir la obligación de elevar los emolumentos de sus empleados por encima de la inflación.  Es imposible mantener aumentos de dos dígitos. Desde 2019 el salario mínimo ha subido en 250 por ciento. Esos incrementos posibilitan que el asalariado pueda adquirir hasta dos canastas básicas al mes, pero no necesariamente lo saca de la pobreza laboral, aunque las cifras oficiales tengan otros datos.

De continuar con esa política caeremos, como en la “docena trágica”, en una escalada interminable de precios.

El nuevo esquema gubernamental afecta al emprendedor con gastos como el incremento de vacaciones pagadas y la reducción del horario laboral. La industria maquiladora ha perdido 60 mil fuentes de trabajo.

Por ello los empleadores piden preservar la calificación crediticia, reducir el déficit fiscal, frenar el endeudamiento y hacer crecer la economía, a pesar de las barreras arancelarias.

Esa es la realidad y la economía no puede manejarse desde un escritorio o por decreto.

 

APOSTILLA

Una nueva estrategia comercial entre la empresa portuguesa Sovena Group -principal productor de aceite de oliva en el mundo que generó en 2024 mil 700 millones de euros- y la Aceitera La Española -compañía líder en la comercialización del producto mediterráneo- busca fomentar la cultura del uso del producto del árbol del olivo en la gastronomía y la cocina mexicana.

México representa una oportunidad de crecimiento para la industria del aceite de oliva, aunque en el mercado nacional su consumo todavía es reducido y se concentra en segmentos específicos, restaurantes y consumidores que buscan ingredientes diferenciados.

El consumo anual en México ronda los 135 gramos por persona, equivalentes a aproximadamente 0.15 litros. En contraste, España registra estimaciones de entre 3.11 y 6.7 litros por habitante al año, mientras que Portugal mantiene niveles de consumo significativamente superiores al nuestro.

La alianza entre Aceitera La Española y Sovena Group pretende combinar el conocimiento del mercado mexicano con la experiencia internacional y la capacidad industrial de ambas compañías para impulsar la distribución, diversificar la oferta y ampliar el alcance de sus productos.

Para Pedro Romero, CEO de Aceitera La Española, y Vasco Campos, Mananging director Latam, uno de los principales retos consiste en cambiar la percepción de que el aceite de oliva es un producto reservado para restaurantes, tiendas especializadas o consumidores de alto poder adquisitivo.

Por su parte, Rodrigo Palini, director comercial para Latinoamérica de Sovena, destaca la importancia de adaptar la estrategia comercial a las particularidades del mercado nacional.

“México tiene un gran potencial para el aceite de oliva, pero desarrollar este mercado exige entender al consumidor y sus hábitos de compra y de cocina”, añade.

La diversidad de la cocina mexicana permite incorporar el aceite de oliva en ensaladas, aderezos, pescados, verduras, marinados y diversas preparaciones, tanto en frío como en la cocina diaria.

Su versatilidad y sus características nutricionales pueden contribuir a ampliar su atractivo entre los consumidores. Por su contenido de grasas monoinsaturadas, el aceite de oliva puede favorecer un mejor perfil de grasas en la alimentación cuando sustituye a otras fuentes con mayor proporción de grasas saturadas.

El aceite de oliva virgen extra también aporta compuestos antioxidantes, dentro de una dieta equilibrada.

El objetivo es ampliar la base de consumidores y generar condiciones para que el aceite de oliva gane presencia en los hogares mexicanos.

El reto consiste en convertir el potencial del mercado en crecimiento sostenido.

Para lograrlo, las marcas deberán combinar calidad, precios competitivos, confianza y disponibilidad, en un entorno donde el gasto familiar influye directamente en las decisiones de compra.

 

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