¿Vigilarán también a las Mañaneras del Pueblo? * ¿Y si, bajo el pretexto de proteger a las audiencias, terminamos necesitando proteger a la sociedad del poder que pretende protegerlas? * “La libertad de prensa es la piedra angular de todas las libertades”: James Madison
HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR
¿Y si no? ¿Y si finalmente no se aprueban los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum?
Y la pregunta obligada es la otra: ¿Y si sí?
Porque, en política, tan importante como saber qué puede ocurrir, es preguntarse qué consecuencias tendrá cada escenario.
Veamos.
La consulta pública abierta para recibir opiniones sobre el proyecto concluyó el próximo 21 de agosto. Y, a estas alturas, una parte importante del debate ya no está solamente en el contenido de los lineamientos, sino en la desconfianza que ha generado el procedimiento y, sobre todo, en el temor de que bajo la bandera de la protección de las audiencias termine abriéndose una puerta para una mayor intervención del poder público sobre los contenidos de los medios.
En el medio periodístico, académico y político se han multiplicado las voces críticas.
Y no es un asunto menor.
Porque cuando el Estado comienza a establecer reglas sobre la manera en que deben presentarse las noticias, las opiniones, los contenidos y las posibles rectificaciones, la discusión deja de ser exclusivamente administrativa.
Se convierte en una discusión constitucional.
La libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa no son concesiones del gobierno en turno. Son derechos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales que México comparte.
Por eso la pregunta de fondo no debería ser únicamente qué derechos tienen las audiencias.
También habría que preguntar: ¿Quién vigilará a quienes pretendan vigilar a los medios?
CONSULTA Y DESCONFIANZA
De acuerdo con las cifras publicadas por la autoridad reguladora en la plataforma habilitada para la consulta, diversos ciudadanos, organizaciones y concesionarios han presentado opiniones y observaciones al proyecto.
En un corte al 17 de agosto, la página señala que se han expresado 5,898 “comentarios de la ciudadanía”, y 5,652 “participantes únicos”
Y buena parte de las posiciones conocidas hasta ahora han expresado preocupación por los alcances de la propuesta.
El gobierno, por supuesto, sostiene una posición distinta.
Claudia Sheinbaum ha rechazado que los lineamientos tengan como propósito restringir la libertad de expresión o controlar los contenidos de los medios de comunicación. Ha defendido la protección de los derechos de las audiencias y la autorregulación como mecanismos preferentes.
Y la consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, Luisa María Alcalde, ha señalado que las disposiciones relativas a sanciones y multas todavía forman parte del proceso de consulta y podrían modificarse a partir de las observaciones recibidas.
Para ellas todo parece estar muy bien. Pero queda una pregunta elemental: ¿Usted les cree?
Porque la credibilidad de una política pública no se construye únicamente con lo que dice el gobierno que pretende hacer, sino con las garantías institucionales que existan para impedir que esa política pueda utilizarse para hacer algo distinto.
Y ahí está precisamente el problema.
EL FANTASMA DE LA CENSURA
Nadie debería oponerse a que las audiencias tengan derechos.
El problema comienza cuando el Estado se coloca como árbitro de los contenidos periodísticos.
Porque una cosa es garantizar derechos y otra muy distinta es determinar desde el poder qué debe entenderse por “información adecuada, equilibrada, veraz o suficientemente contextualizada”, como rezan los principios de la propuesta presidencial.
En el periodismo, además, existe un principio elemental: la mejor protección en favor del periodismo es más libertad de prensa, más pluralidad y más competencia; no menos libertad.
Y hay otro asunto que debe revisarse a fondo: Las Mañaneras del Pueblo.
Si los lineamientos pretenden establecer reglas generales para proteger los derechos de las audiencias, la discusión tendría que alcanzar también a los medios públicos. Y ahí aparece una paradoja monumental.
Las conferencias matutinas presidenciales se transmiten diariamente a través de plataformas y medios públicos, y tienen una enorme capacidad de difusión.
Entonces, si una audiencia considera que durante una transmisión se vulneraron sus derechos, ¿podría presentar una queja?
Y si la respuesta es sí, ¿quién resolvería? ¿La misma autoridad? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué procedimiento?
¿Y con qué garantías de independencia?
Porque sería verdaderamente peculiar que el gobierno diseñara reglas para vigilar a los medios privados, mientras sus propios mecanismos de comunicación quedaran fuera del escrutinio que pretende imponer a los demás.
Justo como ocurre ahora con la plataforma “Infodemia Mx” que dirige Genaro Villamil, al igual que la sección “Quién es quién en las mentiras”, de Elizabeth García Vilchis, además del segmento “Derecho de Réplica” que conduce Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia de la República, quienes un día sí, otro también, se lanzan a denostar a los medios que no les son afines.
Si los derechos de las audiencias son universales, deben serlo para todos: Privados y públicos; oficialistas y críticos; Gobierno y oposición.
Ese debería ser el principio rector. Y aquí aparece otro elemento que ha alimentado la suspicacia.
LOS ABOGADOS DEL EJECUTIVO ESTÁN PARA CUSTODIAR LA LEGALIDAD, NO PARA ADMINISTRAR SEÑALAMIENTOS: ERNESTO VILLANUEVA
El pasado 12 de agosto, Luisa María Alcalde difundió desde su espacio “Derecho de Réplica” señalamientos relacionados con periodistas, comunicadores y medios de comunicación a los que vinculó con lo que denominó un “ecosistema digital” y una “red de amplificación” crítica del gobierno.
El hecho generó cuestionamientos desde distintos sectores. Y conviene hacer una precisión: una cosa es que un funcionario responda públicamente a una crítica y otra que desde una posición de poder se identifique o exhiba a periodistas y medios como integrantes de una supuesta red adversaria.
La diferencia no es menor. En una democracia, el gobierno tiene derecho a responder a sus críticos.
Pero los periodistas también tienen derecho a criticar al gobierno sin convertirse por ello en adversarios del Estado.
Porque cuando el poder comienza a etiquetar públicamente a quienes lo cuestionan, el problema deja de ser solamente político.
Puede convertirse en un asunto de libertad de expresión, seguridad y garantías para ejercer el periodismo.
El especialista en temas de Derecho a la Información, doctor Ernesto Villanueva, advierte que “si fue una lista o no, es semántica. La discusión jurídica no depende de cómo se llame. Hay un problema de competencia; hay un tratamiento de datos sensibles cuya base, finalidad y necesidad deben justificarse; y hay un posible efecto inhibitorio que debe examinarse a la luz de la Convención Americana.
“La aclaración -enfatizó- fue que no era una lista. La que jurídicamente importaba era otra: con qué facultad se hizo. Esa no llegó. Y la única disponible, el apoyo jurídico al Presidente, prueba lo contrario: los abogados del Ejecutivo están para custodiar la legalidad, no para administrar señalamientos; no cuentan con facultades legales parta exhibir a medios, periodistas y políticos”.
EL DOCTOR FRANKENSTEIN CONSTRUYÓ LA ‘CRIATURA’ DE LAS MAÑANERAS: JOSÉ CARREÑO
El periodista y académico José Carreño Carlón ha colocado una pieza clave en este rompecabezas.
En una reciente columna publicada en La Aurora de México, plantea, en esencia, una paradoja: la llamada “Mañanera” concentra simultáneamente funciones de comunicación gubernamental, enorme capacidad de difusión y una plataforma desde la cual el poder responde y confronta a sus críticos.
Carreño Carlón advierte que, bajo esa lógica, los nuevos lineamientos podrían terminar cerrando un círculo en el que el poder público no solamente comunica, sino que también pretende convertirse en referente para determinar cómo deben comportarse los demás emisores.
Y aquí aparece su provocadora imagen: el mismo “doctor Frankenstein” habría construido tanto la criatura de las Mañaneras como los lineamientos destinados a ordenar el ecosistema mediático.
Más allá de la contundencia de la alegoría, la pregunta que plantea es muy seria. Porque el Estado no puede ser simultáneamente jugador, árbitro y tribunal. No cuando está en juego la libertad de expresión.
¿Y SI NO?
Regresemos entonces al principio. ¿Y si no se aprueban los lineamientos?
El gobierno tendrá que explicar qué hará con el proyecto, qué modificaciones incorporará y, sobre todo, si las miles de observaciones recibidas fueron realmente tomadas en cuenta.
Porque una consulta pública que solamente sirve para legitimar una decisión previamente tomada, dejaría de ser un ejercicio democrático y se convertiría en una formalidad, exactamente como las consultas que en el sexenio anterior puso en marcha el señor de Macuspana y que dieron al traste con los avances que el país venía mostrando en buena parte de su desarrollo.
¿Y si sí? Pero vayamos al otro escenario. ¿Y si sí se aprueban? Entonces comenzará la verdadera discusión.
Habrá que revisar cada artículo; cada facultad; cada procedimiento; cada definición; cada posibilidad de sanción y cada mecanismo de supervisión.
Y, sobre todo, habrá que determinar si las nuevas reglas son compatibles con la Constitución Política, con la libertad de expresión y con el derecho de las audiencias a recibir información plural.
Porque el Estado tiene la obligación de proteger a las audiencias. Pero también tiene la obligación -mucho más delicada- de no convertirse en el protector que termina controlando aquello que dice proteger. Ese es el verdadero dilema.
No se trata de defender a los medios por ser medios. Se trata de defender un principio mucho más grande: que ningún gobierno tenga el poder de decidir qué puede decirse, cómo debe decirse y quién puede decirlo.
Porque hoy puede tratarse de un medio incómodo para el gobierno. Mañana puede ser otro.
Hoy puede ser un periodista crítico. Mañana puede ser cualquiera que decida ejercer su derecho a disentir.
Y por eso esta Mano Memoriosa vuelve al principio:
¿Y si no? Habrá que exigir que la consulta haya sido algo más que una escenografía.
¿Y si sí? Habrá que vigilar, artículo por artículo, que la protección de las audiencias no termine convirtiéndose en protección del poder frente a sus críticos.
Porque en una democracia las audiencias tienen derechos. Los medios tienen obligaciones. Los periodistas tienen responsabilidades. Pero el gobierno también tiene límites.
Y esos límites no los establece una conferencia mañanera, una consulta pública ni un funcionario. Los establece la Constitución.
Así que, al final, la pregunta no es solamente: ¿Y si no? Ni tampoco: ¿Y si sí?
La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿Y si, bajo el pretexto de proteger a las audiencias, terminamos necesitando proteger a la sociedad del poder que pretende protegerlas? Ahí está el verdadero debate.
REFERENCIAS
laaurorademexico.com; oem.com.mx; reforma.com.mx; Portal Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.Gob.Mx; RR.SS.
Fotografías: Portales de Internet; IA; Wikipedia.
