El último clavo a la democracia * Morena se enfrenta no sólo a la oposición, sino también a sus partidos aliados, PVEM y PT
MARCO ANTONIO FLORES***
Desde junio de 2025 lo habíamos advertido en esta su revista política IMPACTO. Los últimos bastiones de nuestro régimen democrático constitucional, el INE y el TEPJF, ya se encontraban moribundos y la inminente e innecesaria reforma electoral será “el último clavo” de su sepultura.
A partir de 2024, cuando el INE y el TEPJF otorgaron la mayoría calificada al partido en el poder, inició la debacle. El proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador (al estilo chavista venezolano), de concentrar el poder, se empezó a concretar.
Nulificaron los contrapesos del Poder Ejecutivo con la desaparición de los organismos constitucionales autónomos. Gobiernan 24 entidades federativas, los Poderes Legislativo y Judicial están controlados y cooptados por el Ejecutivo.
Ahora, con la reforma electoral, se dará la “puntilla” a los cimientos y estructura de la plataforma democrática-electoral que nos llevó décadas construir.
Y como dijera el clásico “Y nadie hace nada”. La oposición política está acotada, las fuerzas políticas divididas y desorientadas. A los factores reales de poder no les afecta, sino todo lo contrario: El Ejército, con más poder y concesiones que nunca; los grandes empresarios son intocables y con más ganancias que en el neoliberalismo; la Iglesia a veces tiene voz, pero no pesa en la balanza del poder.
La mayoría electoral (los más pobres y con menores niveles educativos) está asegurada y satisfecha con las dádivas en que han convertido los programas sociales, además esa mayoría cree la narrativa y las promesas de que vivimos una “transformación” y que pronto saldrán de la pobreza.
Las condiciones están dadas para convertirse en la “tormenta perfecta”. La próxima negociación del T-MEC y el más bajo crecimiento económico en 40 años son los ingredientes que convierten la reforma electoral de un asunto político en uno también económico.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado la necesidad de reducir el costo de las elecciones, el financiamiento público que se entrega anualmente a los partidos y el tamaño del Poder Legislativo.
La Comisión Presidencial de la Reforma Electoral afina la propuesta que será enviada al Congreso en la primera semana de febrero.
Es cierto que los costos del sistema político electoral son altos, pero los costos políticos e incluso económicos pueden ser exponencialmente más costosos.
En 2026, el presupuesto para este rubro es del orden de 40,000 millones de pesos si se consideran los 7,700 millones que se entregará a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario; otros 7,000 millones que reciben los partidos a nivel estatal; el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de 14,099 millones de pesos en 2026, un año sin elecciones federales; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ejercerá 3,749 millones de pesos; los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a los que los estados destinan alrededor de 10,000 millones de pesos anualmente, y los 32 tribunales electorales de los estados que cuestan alrededor de 2,400 millones de pesos.
Como referencia de comparación, apuntamos que los costos de las obras insignia de AMLO (Tren Maya, AIFA, Dos Bocas) superaron significativamente sus presupuestos originales, con sobrecostos reportados de más de 670 mil millones de pesos, alcanzando un costo conjunto cercano a 1.18 billones de pesos, duplicando en algunos casos las proyecciones iniciales, debido a cambios en el alcance, electrificación y falta de transparencia en los controles presupuestales.
La Primera Mandataria ha dado línea en su discurso cotidiano de las Mañaneras del Pueblo para reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones, respaldada por encuestas y consensos al estilo de su antecesor, como ocurrió desde que se suspendió la construcción del aeropuerto Texcoco -capricho que costó 300 mil mdp-.
Otros temas que ha “sugerido” la titular del Poder Ejecutivo son la reducción de las Cámaras del Congreso, actualmente compuestas por 500 diputaciones y 128 senadurías, así como la eliminación de las plurinominales, tema que en los foros de la Comisión ya han descartado, ya que se advertía que implicaba la eliminación de la representación proporcional, que hoy permite la representación de las minorías en el Poder Legislativo. Sin embargo, la Comisión aún no ha llegado a la fórmula definitiva para lograr los dos objetivos: reducir el tamaño y los costos de las Cámaras, y mantener la representación proporcional.
En estos temas, Morena se ha enfrentado no sólo a la oposición, también a sus partidos aliados PVEM y PT, que se han manifestado en contra de la desaparición de los plurinominales y la reducción de las prerrogativas.
Otro tema muy delicado y polémico es la virtual desaparición del INE, ya que se pretende retomar la propuesta de López Obrador: El Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con un Consejo General que se reduciría de 11 a 7 integrantes, ya no designados por la Cámara de Diputados, sino electos mediante voto popular.
La propuesta también planteaba la desaparición de los 32 OPLE. Hasta el momento no hay una propuesta definitiva. Con la elección de los consejeros del INE, a la presidenta Guadalupe Taddei y demás consejeros que apoyaron incondicionalmente la elección del Poder Judicial, se les daría una “sopa de su propio chocolate”.
El financiamiento de partidos y campañas es otro tema delicado, que, de cambiarse, puede abrir la puerta para facilitar el financiamiento empresarial o de grupos del crimen organizado.
La reforma tendría que discutirse y aprobarse entre febrero y marzo, para ajustar las leyes secundarias en el mes de abril. El límite legal para la aprobación de cambios a las leyes electorales es el 31 de mayo, para que puedan entrar en vigor en las elecciones federales intermedias de 2027, cuando también se renovarán 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.
La tormenta que se avecina en este 2026 también es advertida por la “Consultora Integralia”, que pone como los primeros riesgos políticos de este año a la reforma electoral, la renegociación del T-MEC y el intervencionismo de Estados Unidos.
En un informe, la consultora destaca que los 10 riesgos son propiciados por tres condiciones del entorno político que hacen de 2026 un año de riesgo político elevado: “La concentración de poder en la coalición gobernante, el lento crecimiento de la economía y los obstáculos estructurales que enfrentan las empresas”.
La consultora coloca a la reforma electoral como el principal riesgo, pues se prevé que la mayoría de Morena-PT-PVEM apruebe una enmienda que vulnere la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianzaría la concentración de poder del oficialismo.
El informe indica que -aunque la reforma electoral no afecta de forma directa e inmediata el clima de negocios- “sí contribuiría a elevar el riesgo político, ya que habría una mayor concentración de poder, lo que a su vez aumentaría la incertidumbre de los agentes económicos y podría ahuyentar aún más la escasa inversión del país”.
Aparte de la división del país que se ha cultivado desde el sexenio pasado, entre buenos (los gobiernistas) y malos (los conservadores), en realidad tenemos un país dividido en dos bandos: la élite y el pueblo.
Por un lado, la élite, integrada por los privilegiados del poder político y los del poder económico, que son una minoría, que no llega a los 3 millones de personas, van de la mano y tienen una sólida alianza, más fuerte que en toda la era del neoliberalismo.
Por otro lado, todo el pueblo, 127 millones de personas, integrado por: 34 millones que, de manera clientelar, apoyaron en 2024 el proyecto de la “transformación”; 22 millones que votaron en contra del proyecto ganador y 44 millones de abstencionistas que no se expresaron en la última elección presidencial.
Hay otros 30 millones que no figuran en el padrón electoral. A las élites económica y política parece no preocuparles el nulo crecimiento de la economía, ni la destrucción de la democracia.
Mientras unos disfrutan su poder político y otros sigan teniendo las mejores ganancias, no dirán nada.
En el momento de una eventual crisis, sólo apretarán un botón y sus capitales saldrán hacia un país seguro, económicamente hablando.
Tal vez sus hijos y nietos que permanezcan en México pagarán los costos económicos sociales y políticos en el futuro.
AMLO y su movimiento de “transformación”, ahora en el segundo piso, ha logrado una exitosa e irónica fórmula al afirmar “primero los pobres” al tiempo de sellar alianza con la “mafia del poder”.
Además, de manera transexenal, sigue imponiendo todas y cada una de las reformas constitucionales, que dio a conocer en febrero de 2024.
De esas iniciativas, destacan las más destructivas, la mal llamada “reforma del Poder Judicial”, la desaparición de organismos autónomos y la “reforma electoral”.
De las anteriores mencionadas, sólo falta completar la innecesaria reforma electoral, pero su próxima aprobación es inminente.
Todavía hay esperanza de que, en medio de un horizonte nublado y una tormenta en formación, la capitana del barco en que navegamos 130 millones de mexicanos, la Presidenta Sheinbaum Pardo, trace la ruta correcta, enderece el rumbo y salgamos bien librados del temporal que se avecina.
¿O será que los mexicanos -el pueblo sabio- quieren volver a los 70s; que el gobierno controle el Padrón Electoral y las credenciales del INE? ¿Que sea el gobierno y no los ciudadanos los que cuenten los votos? ¿Será que añoran ser gobernados por el gran Tlatoani que tiene todo el poder en sus manos? A ver qué dicen las “encuestas”.
***Académico y consultor.
