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EL ÁGORA

Negligencia, improvisación y desgobierno

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La pérdida de la gobernanza no es únicamente frente al crimen organizado, sino ante los desastres naturales * Cuando se quiere combatir las corruptelas, se opta por desaparecer a las instituciones y no perseguir a los infractores * Tras la tragedia de Veracruz, sólo el gobierno podía entregar ayudas… con el logo de Morena

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Lo dicho: La 4T no sabe gobernar. Gobernar no sólo es llegar al poder, es representar la figura del Estado, guiar a una población en un territorio determinado.

Es dar protección, seguridad y resguardo a la ciudadanía, a las familias y su patrimonio, es desarrollar políticas públicas que satisfagan las necesidades de la gente y proporcionarles bienestar.

Su inexperiencia en la administración pública ha desgraciado a los mexicanos. No sólo no les garantiza la seguridad, tampoco les da protección.

La pérdida de la gobernanza no es únicamente frente al crimen organizado, sino ante los desastres naturales.

Desde el sismo de 2017, las fallidas administraciones -entonces en manos del PRD- evidenciaron la falta de una verdadera política de protección civil. Los capitalinos recibieron tardía respuesta de parte de las autoridades.

Hasta la fecha, hay edificaciones sin reconstruir. Mientras se derrumbaban las construcciones, afloraba la corrupción, la falta de reglas de protección civil y la negligencia criminal oficial.

Como en el terremoto de 1985, fue la solidaridad de los mexicanos lo que permitió que México siguiera de pie.

Con el paso del tiempo, las cosas no han cambiado. Se echa la culpa a los de antes hasta de los desastres naturales. Se recurre a las acusaciones de corrupción sin pruebas ni detenidos.

Para apoderarse de los recursos del Fonden se arguyó que era fuente de corrupción -cuando se quiere combatir las corruptelas, se opta por desaparecer a las instituciones y no perseguir a los infractores-.

Hace décadas la gente se quejó de la arbitrariedad de algunos agentes del Servicio Secreto… y resulta que el gobierno optó por desaparecerlo en lugar de castigar a los malos elementos.

La bolsa millonaria del Fonden se destinó a los programas sociales, rogando a Dios que no hubiera catástrofes climáticas o movimientos teutónicos.

Se dijo que los dirigentes del Fonden eran corruptos, aunque el último y millonario director después fue candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Querétaro.

 

SHEINBAUM CRITICÓ AL DIRECTOR DEL FONDEN

José María ‘Chema’ Tapia es un político mexicano reconocido por ser el exdirector del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Durante su gestión, fue objeto de críticas debido a sus viajes a Las Vegas, hecho que ‘despertó’ la inconformidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su Mañanera del Pueblo del pasado 15 de octubre, Sheinbaum Pardo criticó la corrupción en el Fonden registrada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y aseguró que mientras ocurrían ciclones, José María ‘Chema’ Tapia apostaba en Las Vegas.

“Vi en las redes una nota que salía en Proceso, traían, hace mucho tiempo, de no me acuerdo de qué huracán o qué tragedia, decían y el director del Fonden, divirtiéndose en no sé dónde en Las Vegas.

“Digo para aquellos que defienden el Fonden. O las corruptelas que hubo”, soltó la Primera Mandataria, quien aseguró que “quien defiende el Fonden es como defender la corrupción”.

Sheinbaum sugirió que estos viajes eran inapropiados para alguien en su posición, especialmente considerando la responsabilidad que conlleva gestionar un fondo destinado a la atención de desastres naturales.

¿Y qué creen? Tapia Franco, tras dejar su cargo como senador por el PRI, fue candidato de Morena-PT-Verde a la alcaldía de Querétaro y ha sido señalado -por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- de comprar una residencia valuada en más de un millón de dólares en Woodlands, al norte de Houston.

 

LA SOBERBIA E IGNORANCIA EN PROTECCIÓN CIVIL

Sin dinero, con respuestas tardías, negligencia gubernamental, soberbia y sin conocimientos sobre la protección civil, se pretendió enfrentar los estragos de los huracanes que azotaron el Pacífico, especialmente Acapulco. Las consecuencias todavía las padecen los porteños. A ello, habría que añadirle la soberbia del entonces mandatario que con el pretexto de no ir a la zona “sólo a tomarse la foto”, se negó a coordinar la ayuda gubernamental.

Cuando quiso hacerlo, por la presión social, le salió el tiro por la culata, porque se atascó el vehículo militar y no pudo bajarse ni mojarse los zapatos.

Para no desentonar, la actual administración evidenció negligencia criminal al no prevenir a la población de la catástrofe que se avecinaba y que con la nueva semántica de la 4T se justificó cínicamente con un “desbordamiento leve del río…” que sepultó a comunidades enteras de Poza Rica y Álamo, en Veracruz, y otras localidades en cuatro estados más.

No sólo faltó un plan de protección civil, pasmó a las autoridades y sacó a flote su inexperiencia en la administración pública.

La muy cuestionada gobernadora de Veracruz canceló un seguro estatal contra riesgos naturales para “acabar con la corrupción y los gastos excesivos”. A cambio, creó un organismo gubernamental sin capital, sin infraestructura y sin experiencia en materia de seguros.

Sobrada de sí misma, redujo sus torpezas a una frase: “No todo es dinero”.

No son buenos para ayudar a la población, pero sí para capitalizar las tragedias. Las primeras horas después de las inundaciones, los damnificados estuvieron solos y a su suerte. Recibieron la ayuda de sus vecinos, que no la pasaban mejor.

Cuando la sociedad civil se organizó y quiso auxiliar a los afectados, las Fuerzas Armadas impidieron el ingreso de despensas porque la instrucción era que únicamente el gobierno podía entregarlas, ¡y cómo no¡, si las usaron con fines propagandísticos y electorales.

Un ejército de “servidores de la nación” rápidamente etiquetó alimentos y colchonetas con el logotipo de Morena y esa ayuda se convirtió en una marea guinda.

También los mercenarios del Partido Verde hicieron lo propio con sus huestes y entregaron despensas en bolsas… ¡adivinó!, verdes. Actuaron tarde y exclusivamente con fines políticos.

El gobierno se hizo “de la vista gorda” cuando con una logística más eficaz, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo pronta entrega de ayuda a los damnificados.

Ante la indignación de la sociedad civil, la respuesta desde Palacio Nacional sólo fue “dónde está la ayuda de los que critican”, sabedora de que las Fuerzas Armadas controlaron la ayuda para ser etiquetada.

Hoy los “servidores de la nación”, con sus chalecos de color guinda, levantan tardío y lento censo de damnificados para saber de sus carencias y necesidades, cuando es evidente la pérdida de su patrimonio y la urgencia de restablecer los servicios públicos y la construcción de diques que impidan nuevas inundaciones, aunque sea a toro pasado.

Lo que urge es que se actualice el Atlas de Riesgos y se cumplan sus recomendaciones. Lo que no se puede medir no se puede controlar, y parece que las mediciones son la némesis de la 4T.

Definitivamente la 4T es un desgobierno.

EL ÁGORA

Ya es complicado convencer al pueblo de que “vamos bien”

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Humor social e idiosincrasia nacional * Las nuevas inversiones no se materializan e incluso algunas empresas, automotrices y tecnológicas, empiezan a migrar, mientras el comercio informal soporta casi el 60 por ciento de la economía nacional * Los comicios del próximo año serán críticos para la democracia mexicana, afirma Eduardo Vázquez Rossainz

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Diversos eventos económicos, políticos y sociales han afectado la imagen de la 4T.

Cada día se complica más imponer un modelo de comunicación que convenza a la gente de que vamos bien y que el bienestar generalizado ya toca la puerta.

Se habla de cifras récord en inversión extranjera y empleo, pero no se aclara que mucho de ese capital es reinversión de utilidades y no dinero fresco, como tampoco se dice que la mayor parte de las fuentes de trabajo están en el comercio informal, el cual no paga impuestos, no otorga prestaciones a los empleados y no cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Las nuevas inversiones no se materializan e incluso algunas empresas, automotrices y tecnológicas, empiezan a migrar, mientras el comercio informal soporta casi el 60 por ciento de la economía nacional.

En el sector salud se inauguran nuevas clínicas y hospitales, e incluso se habla de la cobertura universal para el año próximo, pero siguen saturados los servicios médicos y de especialidades, además persiste el desabasto de medicamentos, falta material de laboratorio y quirúrgico, hay escasez de quirófanos.

No es suficiente la construcción de nuevos nosocomios, se necesita presupuestar a futuro infraestructura y equipamiento, recursos humanos, materiales médicos, de laboratorio, para estudios especializados como resonancias magnéticas, ultrasonidos, tomografías, densitometrías, medicina nuclear, medicamentos y vacunas.

¿Habrá dinero para ello? Un sistema sanitario como el actual, colapsado, no puede garantizar un esquema de salud de calidad ni atender la demanda universal.

La falta de empleo, la inflación que no cede e impacta en el gasto familiar, el estancamiento de la economía que asfixia el mínimo crecimiento, la ausencia de educación pública de calidad, la percepción de inseguridad que todavía resienten los ciudadanos, las agresiones a periodistas y la violencia política debieran provocar un humor social negativo, de hartazgo, de reclamo y hasta de rebeldía.

Pero la idiosincrasia del mexicano hace que aguantemos carros y carretas.

Nacimos para el sufrimiento; la apatía puede más que la insurgencia, somos agachones y conformistas, normalizamos tragedias y desgobiernos.

Aquí, en un futuro inmediato, no habrá otro 68, no provocaremos una primavera árabe ni la generación Z tomará las calles.

La crisis política que vive el partido en el poder, la inconformidad social que se manifiesta en varias entidades federativas por la inestabilidad gubernamental que provocan las acusaciones de la Casa Blanca y las agencias de seguridad norteamericanas sobre la connivencia de mandatarios y funcionarios con el crimen organizado no afectará el establishment mexicano.

Puede haber todos los casos Rocha Moya, el huachicoleo que sea, la corrupción evidente, actos por encima de la ley que a nadie parece importar, las encuestas diluyen el humor social.

Normalizamos los efectos de la desventura. No nacimos para la verdadera democracia ni tenemos alma de héroes. ¡Es la idiosincrasia, estúpido!

 

APOSTILLA

El experto en seguridad e inteligencia para el combate a la delincuencia, Eduardo Vázquez Rossainz, advirtió sobre el riesgo de que en las elecciones de 2027 -las más grandes en la historia de México-, jóvenes criminales lleguen a los gobiernos municipales y se imponga una oclocracia criminal -poder delictivo-, en un país donde, diversas fuentes, reconocen su influencia en el 40 por ciento del territorio nacional.

Al presentar su libro “Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos”, el especialista y académico enfatizó que los comicios del próximo año serán críticos para la democracia mexicana, por la posibilidad de que miembros estructurales del crimen se incorporen a los partidos políticos como candidatos y se hagan gobierno, sobre todo a nivel municipal.

El mayor riesgo, agregó Vázquez Rossainz, está en regidores, alcaldes y diputados locales, ya que un cabildo infiltrado, por disposición del Artículo 115 Constitucional, es quien nombra al titular de Seguridad Pública municipal. Aunque recordó que también tienen cooptados a marinos, militares y policías.

El también exfuncionario federal y diplomático recordó que hay evidencia de que en las votaciones de 2021 y 2024 hubo filtración del crimen en gubernaturas y se incrementó la violencia política.

Reiteró el riesgo de tener “candidatos estructuralmente vinculados, es decir, criminales que no tienen ninguna investigación abierta, jóvenes de 23 o 24 años que pueden convertirse en actores políticos y de gobierno”.

Sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos dijo que México no puede concebir un país seguro sin la colaboración americana; por el carácter trasnacional del crimen organizado, el terrorismo y los riesgos cibernéticos; es necesaria la alianza en materia de inteligencia, más allá de Interpol o Europol.

El libro fue comentado por la periodista y exasesora de la Casa Blanca, Ana María Salazar, quien propuso que México abandone el viejo esquema de la seguridad centrado en la soberanía, cuando se enfrenta a organizaciones violentas con presencia internacional y control de facto en territorios. Preguntó la especialista, ¿el crimen organizado son grupos guerrilleros, terroristas? No son bandas que controlen dos o tres cuadras, tienen presencia internacional.

La analista enfatizó: el problema es que las autoridades tratan el tema como un problema de seguridad pública, cuando es una amenaza al Estado de Derecho… y si no se frena, se termina en una guerra clandestina.

Destacó del autor, Eduardo Vázquez Rossainz, su advertencia de caer en una oclocracia criminal por falta de visión de largo plazo para atacar un conflicto con una nueva estructura jurídica que contemple los problemas de seguridad nacional más allá de un obsoleto concepto de soberanía.

 

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EL ÁGORA

Estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad

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La terca realidad contradice la narrativa oficial * Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

La terca realidad contradice la narrativa oficial. Según las autoridades, somos autosuficientes en la atención especializada para la población mexicana e incluso se justificó el arribo de médicos cubanos con el pretexto de que a los doctores nacionales no les interesaban las plazas en el sector salud.

Más aún: se cuestionó el sistema de las universidades privadas que imparten la carrera de medicina y de enfermería porque convertían a los estudiantes en mercenarios de su profesión, encarecían la atención médico-hospitalaria y hacían elitista el acceso a la salud.

También las instituciones públicas de educación superior salieron raspadas con el discurso político ante la demanda de más campos clínicos para ejercer las especialidades.

El argumento era lo contrario: al haber más galenos especializados, se abarata la profesión. Alentaron a las parteras y desdeñaron a los gineco-obstetras.

El burocratismo, la corrupción, la inexperiencia y la opacidad de funcionarios del sector salud, encargados de otorgar las Opiniones Técnicas Administrativas (OTA), para después tramitar los RVOEs ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), impiden que las universidades privadas impartan no sólo las carreras de medicina y enfermería, sino preparar a los doctores en las casi 30 especialidades que hasta el momento hay en el ámbito de la salud.

Las universidades públicas también sufren el burocratismo y los intereses políticos que impiden la creación de más campos clínicos para impartir las especialidades.

Tanto en Salud como en Educación Pública se han cerrado las puertas a las organizaciones educativas que buscan formar y certificar a los cirujanos especialistas que demandan más de 134 millones de mexicanos.

La terca realidad demuestra que estamos lejos de brindar el derecho a la salud de calidad para todos los compatriotas y que la corrupción, los intereses personales y políticos, la inexperiencia en la administración pública y la opacidad que existe en la Dirección General de Educación en Salud -de la Secretaría de Salud- y en la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos  para la Salud (CIFRHS) -con la participación de la SEP-, propician actos de corrupción y extorsión a rectores de universidades privadas al realizar los  trámites o solicitudes.

Denuncian formalmente a la doctora Magdalena Delgado Bernal, subordinada de la directora general Laura Cortés Sanabria, quien además de retrasar los dictámenes técnicos, mantiene como espada de Damocles la autorización o negativa de las OTAs sin motivar o fundamentar el rechazo y “condiciona” el fallo favorable a cambio de dinero.

Así lo manifestó ante las autoridades el apoderado legal del Instituto de Ciencias Médicas, Sociales y Humanidades de México, quien dio a conocer una llamada de extorsión por un millón 200 mil pesos para recibir la aprobación de su trámite, de lo contrario sería rechazada la solicitud, independientemente de la integración correcta del expediente.

Actualmente sólo hay 120 mil especialistas en todo el país y un déficit de más de 100 mil enfermeras para atender las necesidades de los pacientes.

Hoy en día se requieren médicos con especialidad y subespecialidad en Anatomía Patológica, Anestesiología Pediátrica, Medicina del Dolor, Neuroanestesiología, Cardiología Intervencionista, Cirugía Vascular y Angiología, Neurocirugía, Cirugía Oncológica, Dermatología, Endocirugía, Genética Médica, Biología de la Reproducción Humana, Infectología, Medicina Interna y de Urgencias, Neurología, Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría, Urología y Reumatología, entre otras especialidades.

Nadie puede creer que sin suficientes médicos especializados ni infraestructura necesaria se puede contar con un sistema sanitario que garantice el derecho a la salud de calidad.

 

APOSTILLA

Posponer casos delicados de lo familiar y no resolver conforme a derecho en favor de menores de edad, puede convertirse en práctica común en Juzgados de Tlalnepantla, al trasladar a otros jueces expedientes que llevan mucho tiempo en litigio, en detrimento del bienestar de hijos e hijas de familia inmersos en la separación de sus padres.

Son varias las voces de abogados que han llevado toda su vida asuntos del orden de lo familiar -rama del Derecho muy delicada y de urgente resolución-, quienes denuncian que los titulares de los Juzgados de lo Familiar han caído en prácticas dilatorias muy similares, tanto en la CDMX como del Estado de México, en particular en el distrito judicial de Tlalnepantla.

Estos abogados coinciden en señalar la recurrente práctica de posponer los casos y, con diversas argucias, no resolverlos para pasarlos a otro togado en una actitud “escapista” y extender los tiempos legales, con lo que, al final, los hijos de familia involucrados quedan en una indefinición legal y se pone su vida en completa incertidumbre, tanto en lo material como psicológico.

Atribuyen esta práctica dilatoria al juez segundo Familiar de Tlalnepantla, Humberto García Villegas, quien lejos de dictaminar la resolución de casos de familias que llevan años en litigio, los traslada a otros colegas, lo que afecta la vida y el desarrollo óptimo de menores de edad.

En la mayoría de las ocasiones, donde hay infantes y adolescentes involucrados, la justicia debiera ser expedita e impartida en los plazos y términos que dicta la Ley.

Por ello, juzgadores como García Villegas, que pareciera no comulga con esos preceptos, busca evadir su obligación de impartir justicia, después de retardar varios meses diversos expedientes.

Los tribunales deben garantizar la verdadera administración de justicia y están obligados a impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes y emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

En la próxima entrega, comentaremos el libro “Seguridad Nacional: enfoques para enfrentar riesgos”, de Eduardo Vázquez Rossain, quien advierte sobre la posible infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales en las elecciones de 2027.

La obra es prologada por la exconsejera política de la Casa Blanca, Ana María Salazar.

 

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EL ÁGORA

Eliminando los contrapesos constitucionales se implementa una presidencia imperial

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El siguiente paso es aplicar la autocensura y libertad de expresión * La narrativa oficial no acepta contradicciones, es la verdad absoluta basada en falacias * Apelan a la autoridad, “porque lo digo yo”, “tengo otros datos”, “el pueblo bueno y sabio me apoya”

 

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

 

Una de las consecuencias del modelo de comunicación política de un régimen cuasi autocrático es la confrontación social y el control de la prensa.

La narrativa oficial genera la polarización y la ideologización de los mensajes gubernamentales para justificar su permanencia en el poder.

No hay una política pública que defina la comunicación con los gobernados, pero sí tiene claro su objetivo de trascender con un esquema populista basado en la administración de la pobreza y el uso electorero de los programas asistencialistas.

La 4T ha sabido implementar una presidencia imperial y eliminado los contrapesos constitucionales.

Sometidos los Poderes de la República, desaparecida la transparencia en la función pública, enseñoreada la opacidad y alentada la división ciudadana, el siguiente paso es intentar el control de la prensa.

La narrativa oficial no acepta contradicciones, es la verdad absoluta basada en falacias. Apelan a la autoridad, “porque lo digo yo”, “tengo otros datos”, “el pueblo bueno y sabio me apoya”.

Imponen la infodemia y la posverdad, el pensamiento uniforme.

La prensa, el cuarto poder, no sólo es un poder fáctico, sino interlocutor de la sociedad y contrapeso que exige la rendición de cuentas a los servidores públicos, lo que es un peligro para un régimen autárquico.

Por eso, recientemente la conversación pública ha girado en torno de la libertad de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información y la regulación de los medios.

Nada nuevo si consideramos que la libre manifestación está consagrada desde la Carta Magna de 1917, que la Ley de Imprenta data también de principios de la centuria pasada y que la garantía sobre el acceso a la información está desde los setenta.

No debiera extrañarnos que los medios cuenten con una regulación, incluidos la radio y la televisión.

Sin embargo, las “benditas redes sociales” dieron un buen pretexto a las autoridades para pretender socavar la función social de todos los medios.

La polarización, la interpretación maniquea de la realidad y la imposición de una narrativa ideologizante son gran “caldo de cultivo” para satanizar a periodistas, dueños de medios, opinadores e intelectuales. La labor de zapa empieza a dar resultados.

Los dueños de diarios o concesionarios, que ven amenazados sus negocios -en ocasiones diversos a la información-, han optado por prescindir de colaboradores críticos.

El acoso fiscal y la falta de publicidad provocan el cierre de espacios y las soterradas reprimendas han alineados a los grandes consorcios que, además, ven peligrar sus concesiones y demás empresas.

Pero también se ha incrementado la autocensura periodística. Ves las barbas de tu vecino cortar… pero no sólo es por las amenazas o acciones gubernamentales, también es el miedo a ejercer la labor informativa independiente y veraz por el asesinato de comunicadores.

No en vano se dice que México es el país más peligroso para la profesión periodística.

Muchos medios ya no tienen secciones policiacas u optan por la cobertura light de las notas informativas. Nada policiaco, nada político.

También los comentócratas acuden a la antigua máxima de no hablar mal del presidente, del Ejército o de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué será más dañina para la democracia: La acción avasalladora de un gobierno autárquico o la claudicación resignada de los periodistas?

 

APOSTILLA

Con el objetivo de avanzar en la cultura de la prevención contra los incendios y que el fuego no apague una vida, la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio (AMRACI) y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendios (Conapci) demandaron un marco normativo y regulatorio moderno, homologado y nacional que no se quede solo en leyes, sino se promulguen códigos y reglamentos de estricto cumplimiento.

En México se registra un incremento del 10 por ciento anual de incendios en casas, comercios e industria.

Los organizadores de la expo fire mx & safety -Víctor Espínola (director de AMRACI y Conapci), Esteban G. Martínez y Yazmín K. Rodríguez- precisaron que la actual Norma Mexicana 02 data de 2010 y no contempla los avances tecnológicos ni obliga a que edificios muy altos, grandes unidades habitacionales o industrias que manejan materiales más flamables, cuenten con equipos fijos de extinción y no sólo extintores o mangueras.

En 2025, el 43 por ciento de los siniestros se registraron en hogares y casi el 60 por ciento en industrias y almacenajes. En 2012, 124 mil personas sufrieron quemaduras y por cada deceso, hubo 220 sobrevivientes con secuelas permanentes; el tratamiento para un menor con heridas es superior al medio millón de dólares.

La falta de una cultura de prevención contra los incendios se refleja en que menos del 5 por ciento de las casas está asegurada y no llega al 20 por ciento las pequeñas y medianas empresas con seguro.

Hay pérdidas anuales por 34 mil millones de pesos y las aseguradoras pagan 33 millones de pesos diarios por daños en empresas aseguradas.

El 70 por ciento de los siniestros ocurren en los hogares y provocan más víctimas al año que un sismo.

Las compañías de seguros desembolsan 12 mil millones de pesos por siniestros al año.

La prevención no sólo evita la pérdida de vidas, que es prioritario, protege también inversiones, continuidad operativa, cadenas de suministro y competitividad del país. Los incendios, además, emiten 10 mil toneladas de CO2, lo que impacta al medio ambiente.

El 25 y 26 agosto se llevará a cabo la expo fire en el WTC y contará con especialistas de 15 países y la asistencia de 4 mil personas.

La industria contra los incendios crea 20 mil empleos y aporta un valor de mercado de mil millones de dólares al año.

En el evento se propondrá que el 8 de octubre se declare Día Nacional de la Prevención de Incendios. La consigna: un México más seguro.

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