El Consejo Universitario defiende al exrector y al exdirector de la FES Aragón * La Máxima Casa de Estudios argumenta que ambos actuaron conforme a la normatividad universitaria y en cumplimiento de su deber al investigar posibles violaciones a la integridad académica

ILDEFONSO PEREYRA

El pleno del Consejo Universitario de la UNAM rechazó la sentencia emitida por la Jueza Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito, Flor de María Hernández Mijangos, que obliga al exrector Enrique Graue Wiechers y al exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, a pagar 15 millones de pesos por daño moral a Martha Rodríguez, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. La resolución se dio en el contexto del caso de presunto plagio de tesis de la ministra.

A través de un comunicado, la UNAM defendió a sus exfuncionarios, argumentando que ambos actuaron conforme a la normatividad universitaria y en cumplimiento de su deber al investigar posibles violaciones a la integridad académica.

Señalaron que la sentencia vulnera el derecho a la información de la ciudadanía, el cual está protegido por el Artículo 6 de la Constitución y tratados internacionales, y advirtieron que representa una intromisión inadmisible en la autonomía universitaria.

El Consejo Universitario manifestó su preocupación por el uso del sistema judicial con fines intimidatorios, considerando que la sentencia podría sentar un precedente negativo para la autonomía de las instituciones académicas.

Insistieron en que la Universidad debe mantener su capacidad de aplicar sanciones en casos que atenten contra la ética y la integridad académica.

Asimismo, exigieron al Poder Judicial de la Ciudad de México y a la Séptima Sala de lo Civil que emitan una resolución justa y apegada a derecho en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia.

La UNAM reiteró su compromiso con la transparencia y la integridad académica, asegurando que continuará defendiendo sus principios institucionales.

“La Universidad de la Nación ha sido y seguirá siendo un referente ético en la formación de los futuros profesionistas del país”, dice el comunicado, reafirmando su postura en defensa de la integridad académica y su autonomía.

Hizo lo que la justicia no quiso hacer, expresan usuarios en redes sociales y muestran apoyo a doña Carlota * El apoyo hacia la mujer también generado cuestionamientos sobre el peligro de justificar la justicia por mano propia * Expertos advierten que la falta de confianza en funcionarios puede derivar en más casos de violencia y linchamientos sociales

ILDEFONSO PEREYRA

El caso de doña Carlota, la mujer, de 74 años de edad, que asesinó a dos hombres tras exigirles desalojar su vivienda en Chalco, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales.

Lejos de ser vista como una criminal, miles de usuarios la defienden como una víctima del sistema judicial y la corrupción, argumentando que actuó ante la inacción de las autoridades.

El respaldo a doña Carlota se basa en el sentimiento de impunidad que viven muchos ciudadanos ante la ocupación ilegal de viviendas.

En comentarios en redes sociales, usuarios destacan que la tercera edad y la falta de recursos legales dejan a muchas personas vulnerables ante los llamados “paracaidistas”, grupos que invaden inmuebles y que, en algunos casos, operan bajo la protección de organizaciones delictivas.

“Si las autoridades hicieran su trabajo, esto no pasaría”, escribió un usuario en X (antes Twitter), mientras que otros justificaron su acción al señalar que las víctimas podrían estar vinculadas al Sindicato 22 de Octubre, señalado por supuestos despojos en el Estado de México.

Para muchos, doña Carlota encarna la frustración de quienes han perdido su patrimonio ante la burocracia y la corrupción, además de los casos donde parece que se defiende más a los criminales que los ciudadanos.

“Es una señora de 74 años, ¿de verdad creen que quería disparar? La orillaron a eso”, comenta una usuaria.

UN PROBLEMA DE JUSTICIA SELECTIVA

Los casos de personas que han intentado recuperar sus casas de forma legal y han enfrentado largos procesos judiciales sin resultados han sido citados por quienes apoyan a doña Carlota.

“Ella no es la delincuente, los delincuentes son los que permiten que existan invasores”, señalan.

Además, la rapidez con la que fue detenida también despertó críticas.

“A los delincuentes los sueltan en horas, pero a ella la agarran de inmediato”, expresaron, comparando su caso con otros donde criminales con antecedentes quedan en libertad.

Sin embargo, el apoyo hacia la mujer también ha generado cuestionamientos sobre el peligro de justificar la justicia por mano propia. Expertos advierten que la falta de confianza en las autoridades puede derivar en más casos de violencia y linchamientos sociales.

Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México avanza en la investigación, el caso de doña Carlota se ha convertido en un símbolo del hartazgo ciudadano frente a un sistema judicial que, según muchos, protege más a los agresores que a las víctimas.

VINCULADA A PROCESO…. PERO RECUPERA SU CASA

Durante la audiencia que se realizó por la tarde-noche del pasado viernes 4 de abril en la sala 4 de juicios orales del Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Chalco, se determinó que doña Carlota ‘N’ y sus dos hijos quedaran en prisión preventiva justificada.

La juez del caso empezó por señalar que la detención de la llamada abuelita sicaria, Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’ se llevó en estricto apego a la ley, por lo que ahora enfrentarán los cargos por su responsabilidad en el homicidio de dos hombres luego de dispararles supuestamente para recuperar su casa que fue invadida.

Durante el juicio, se presentaron testigos que indicaron que Mariana ‘N’ habría enfrentado previamente a los supuestos invasores para que desalojaran el domicilio ubicado en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe en el Chalco, Estado de México.

Luego de amenazar a la familia, la señora se retiró y regresó con mamá y hermano que fue cuando empezaron a disparar contra dos hombres por órdenes de la hija de la abuelita sicaria. “Mátalos, mamá, párteles de su mad$%&” fue la instrucción que se dio.

ABUELITA SICARIA PODRÍA SALIR LIBRE

La defensa legal de doña Carlota y sus hijos solicitó que sus clientes pudieran enfrentar el juicio por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa desde su hogar porque padecen enfermedades que deben ser atendidas.

La señora, dijo el abogado, padece de diabetes, por lo que debe recibir su medicamento cada 4 horas, mientas su hija tiene ataques de esquizofrenia y psicóticos.

La juez pidió revisar médicamente el caso de cada uno para ver si obtienen la prisión domiciliara, pero será hasta la próxima audiencia del 9 de abril cuando se determine dicha solicitud.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que efectivamente había una denuncia previa por la invasión de un predio en el municipio de Chalco, la cual fue hecha por la hija de doña Carlota ‘N’ el pasado 27 de marzo.

Pero fue hasta el otro día que las autoridades acudieron al inmueble para realizar una inspección, pero a nadie encontraron en el domicilio y la puerta de la entrada estaba cerrada con cadena y candado.

Y tras las investigaciones, el 4 de abril, las autoridades acordaron que la casa sería devuelta a Mariana ‘N’ luego de que los hechos de asesinato ya habían sucedido.

“El día de hoy, 4 de abril, a partir de la información recabada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el agente del Ministerio Público determinó conceder la posesión del inmueble en favor de la denunciante, no obstante, su representante legal rechazó la recepción del bien argumentando que por el momento no era de su interés. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continuará con los actos de investigación correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, expuso la autoridad en un comunicado.

Los hechos sangrientos se registraron en Lomas de Chapultepec * Los dueños, ligados a controversias

ILDEFONSO PEREYRA

El pasado sábado 5 de abril, alrededor de las 9:00 pm., antes de la apertura del antro “Alma”, en Lomas de Chapultepec, un hombre armado irrumpió en el establecimiento y comenzó a disparar contra los empleados que se preparaban para iniciar su jornada.

El ataque dejó un saldo de cinco personas heridas, entre ellas dos mujeres, dos hombres y un guardia de seguridad, quien posteriormente falleció tras recibir cinco disparos.

El agresor, que llegó en motocicleta, logró escapar y la policía capitalina ya investiga el incidente.

Los propietarios, José González Díaz (conocido como “Pepe Díaz”) y Héctor Rubén Alcántara Nava (conocido como “Héctor Alcántara”), también dueños del lugar conocido como “Phonique”, han estado involucrados en diversas controversias legales.

Díaz fue detenido en 2019 por evasión fiscal, acusado de un adeudo de 2.6 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda, y pagó 5.4 millones de pesos para obtener su libertad.

Por su parte, Alcántara ha sido señalado en prácticas de extorsión, específicamente en el cobro de “piso” a empresarios del sector nocturno.

En 2019, se reportó que Alcántara solicitaba pagos mensuales de 200 mil pesos a dueños de bares a cambio de “garantizar” que sus negocios no serían molestados ni cerrados.

Otro punto controversial es que estos tres antros operan con licencias de restaurante, lo cual es incompatible con la normativa que regula a los bares y antros.

El licenciado Rodrigo Muñoz Dromundo ha sido el principal denunciante de estas irregularidades y ha solicitado al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, que revise y suspenda la operación de estos lugares por no cumplir con las normativas correspondientes.