Una acción sin precedentes * La acción fue tomada por el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de “disminuir la violencia en el país, los delitos de alto impacto, combatir la impunidad y garantizar la seguridad nacional”
ARMANDO GARCÍA
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), calificó el traslado de 29 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos como una acción sin precedentes, misma que, aseguró, fue realizada en coordinación, cooperación y en respeto a la soberanía de ambos países.
Tal y como lo adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo del viernes pasado, fue en un breve pronunciamiento junto al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, donde el titular de la SSPC brindó los primeros detalles sobre la polémica acción en materia de cooperación bilateral.
Reveló que la acción fue tomada por el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de “disminuir la violencia en el país, los delitos de alto impacto, combatir la impunidad y garantizar la seguridad nacional”.
Indicó que las 29 personas, que se encontraban recluidas en nueve centros penitenciarios federales y dos locales, contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas, secuestro, entre otros.
“Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataque a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia, a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”, argumentó García Harfuch.
Por otra parte, detalló que en el traslado de los 29 capos participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), SSPC, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la FGR.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana calificó el traslado de los 29 narcotraficantes como un “acto sin precedentes, resultado de la política de cero impunidad”.
“Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, eran una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, por lo que se procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, añade Omar García.
Piden una clara investigación de parte de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, y de Adrián Rubalcava, diirector del STC Metro
ILDEFONSO LÓPEZ
Una familia de la Ciudad de México denunció públicamente irregularidades al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de señalar que un trabajador identificado como Luis Gonzalo “N” habría continuado recibiendo su salario durante varios meses, mientras permanecía detenido en el marco de una investigación relacionada con un delito.
La denuncia se sustenta, además, en documentación oficial del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Entre los documentos se encuentra una solicitud de vacaciones a nombre de Luis Gonzalo “N”, fechada el 20 de noviembre de 2025, en la que se establece un periodo de 17 días hábiles de vacaciones, con inicio el 24 de noviembre y reanudación de labores el 31 de diciembre. El documento cuenta con la firma del trabajador y con la rúbrica del Ing. José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso, identificado como Gerente de Instalaciones Electrónicas del STC Metro.
De acuerdo con los familiares, esta documentación constituiría uno de los elementos que permiten advertir que el trabajador mantenía una situación administrativa activa dentro del organismo durante el periodo en el que, según su denuncia, se encontraba detenido.
La familia sostiene que el trabajador habría permanecido privado de su libertad entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026, periodo durante el cual, aseguran, habría continuado recibiendo percepciones correspondientes a su cargo dentro del Metro.
Ante ello, los familiares solicitan que se revisen de manera puntual los registros laborales, de asistencia, vacaciones y pagos, a fin de determinar si efectivamente se realizaron depósitos o pagos de salario durante el periodo de detención y, en su caso, establecer bajo qué condiciones administrativas se autorizaron.
La familia cuestiona particularmente la actuación de José Ramón Vázquez del Mercado Reynoso, titular de la Gerencia de Instalaciones Electrónicas, y pide que se esclarezca si el funcionario tenía conocimiento de la situación jurídica del trabajador y si existió alguna omisión administrativa que permitiera que continuara percibiendo recursos públicos durante el periodo referido.
Los familiares consideran que el caso debe ser investigado a fondo, tanto por la naturaleza de los señalamientos como por tratarse de recursos provenientes de una institución pública. Por ello, solicitan que se determine si los pagos realizados durante ese periodo se apegaron a la normatividad aplicable o si existieron posibles irregularidades y responsabilidades administrativas.
Ante esta situación, los familiares hicieron un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y al director general del Metro, Adrián Rubalcava, para que se revise el caso y se ordene una investigación interna que permita esclarecer los hechos y, de ser procedente, determinar las responsabilidades correspondientes.
El legislador llama a privilegiar el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos * El espíritu de integración regional debe mantenerse vigente, ya que durante más de tres décadas el libre comercio ha contribuido al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos en México, Estados Unidos y Canadá, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
En un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hace un llamado a privilegiar el diálogo, la cooperación y la construcción de acuerdos que permitan preservar uno de los instrumentos comerciales más importantes para la economía de la región.
En su columna titulada “T-MEC a revisión”, de El Universal, el legislador panista subraya que el proceso actualmente en marcha no representa el fin del tratado, sino un mecanismo previsto dentro del propio acuerdo para actualizar sus reglas y adaptarlas a las nuevas condiciones económicas internacionales.
La revisión del T-MEC forma parte del diseño institucional del tratado y puede extenderse mediante negociaciones periódicas, manteniendo vigente el acuerdo mientras continúan las conversaciones.
Vargas del Villar destaca que, más allá de las diferencias políticas que puedan surgir entre los gobiernos de los tres países, los equipos técnicos continúan avanzando en temas estratégicos como las cadenas de suministro, el acero, el aluminio y la sustitución de importaciones provenientes de Asia, asuntos que serán determinantes para mantener la competitividad de Norteamérica frente a otras regiones del mundo.
Enrique Vargas sostiene que el espíritu de integración regional que dio origen al TLCAN y posteriormente al T-MEC debe mantenerse vigente, ya que durante más de tres décadas el libre comercio ha contribuido al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleos en México, Estados Unidos y Canadá.
También enfatiza que la actualización permanente de un tratado comercial no debe interpretarse como una señal de debilidad, sino como una herramienta para responder a un entorno económico global cada vez más dinámico, donde la innovación tecnológica, las nuevas cadenas de valor y la competencia internacional obligan a revisar constantemente las reglas del comercio.
Vargas considera fundamental que el sector productivo participe activamente en este proceso, aportando propuestas y acompañando las negociaciones para que las decisiones finales beneficien a las economías de los tres países y otorguen mayor certidumbre a los inversionistas.
El legislador recuerda que la colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá durante el evento de futbol más importante del mundo es una muestra de que la cooperación entre las tres naciones puede traducirse en beneficios económicos y sociales de gran alcance.
El vicecoordinador de los senadores panistas expresa confianza en que las mesas de negociación continúen avanzando durante los próximos meses y concluyan con acuerdos que fortalezcan la integración económica de Norteamérica, preservando al T-MEC como un instrumento clave para la competitividad y el desarrollo compartido de la región.
La alcaldesa promete castigo ejemplar * La también activista y feminista afirma que acompañará a la víctima y buscará que el responsable enfrente la ley
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, manifiesta que las víctimas deben ser la prioridad en los casos de violencia contra menores y afirma de manera categórica que el presunto responsable de un caso de abuso contra una niña deberá enfrentar la justicia.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria expresa que “quien abuse de una niña va a enfrentar la ley” y sostiene que su administración dará seguimiento al caso para que se apliquen las sanciones que correspondan conforme al marco jurídico.
Rojo de la Vega Piccolo también dirigió un mensaje de respaldo a la víctima al señalar: “No estás sola. Justicia”, reiterando su postura de acompañamiento en este tipo de casos.
MENSAJE EN REDES SOCIALES
El pronunciamiento fue acompañado por un video publicado en sus cuentas oficiales de Instagram, X, Facebook y TikTok, en el que la alcaldesa fija su posición sobre el caso y refrenda su compromiso de respaldar a las víctimas de delitos contra menores.
Hasta el momento, la funcionaria no revela la identidad de la víctima ni del presunto agresor, ni ofrece detalles adicionales sobre la carpeta de investigación, en atención a la protección de datos y a la naturaleza del caso.
INVESTIGACIÓN CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES
La integración de la carpeta de investigación y la determinación de responsabilidades corresponden a las autoridades ministeriales y judiciales competentes, quienes deberán establecer los hechos y, en su caso, ejercer las acciones penales previstas por la legislación vigente.
Los delitos sexuales cometidos contra menores son investigados por las fiscalías especializadas y pueden derivar en sanciones penales cuando existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los imputados.
Es así como la alcaldesa Ale Rojo reitera su compromiso y con hechos combatir los casos de abuso infantil, pues tiene como convicción luchar por las víctimas y buscar todo el peso de la ley contra los agresores.